En tiempos de #NiUnaMenos, pañuelos verdes y condenas inéditas por abuso sexual, el mundo publicitario también busca «deconstruirse». Ese fue el eje de uno de los paneles del Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad, que terminó este viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

En el marco de este encuentro, organizado por la Asociación Civil de Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), referentes de la industria explicaron qué están haciendo para lograr contenidos con perspectiva de género.

En este camino hacia la deconstrucción, empezaron a aparecer spots que intentan romper con los clichés y estereotipos de género, diluyen los clásicos roles hombre-mujer en una pareja, redefinen el concepto de mujer, borran tabúes y narran el deseo sexual femenino.

Por ejemplo, Mariana Iesulauro, directora general de cuentas de Young & Rubicam, una empresa internacional con más de 50 años en el rubro, explicó el cambio drástico que hizo la agencia con las campañas para Alto Palermo.

«El shopping venía con el claim ‘pasión de mujeres’, con el que durante muchísimo tiempo las campañas fueron súper exitosas, pero trabajaban narrando a la mujer por cómo se veía o la mostraba como ‘loca por las compras’, en una época en la que la mujer se sentía muy identificada con este tipo de mensajes –explicó Iesulauro–. Pero pasó el tiempo y dijimos: ‘Tenemos que replantear la mirada’, y empezamos a trabajar sobre el concepto ‘Nacimos sin etiquetas'».

En los últimos tiemposla agencia empezó a encargar estudios para «aggiornarse», que le brindaron varios hallazgos que fueron incorporando a sus campañas, como la maternidad en el trabajo o el fin del amor romántico.

Mariano Pasik, vicepresidente del Consejo Publicitario Argentino y titular de la agencia Liebre Amotinada se refirió a las dificultades que atraviesa la industria. «La serie Mad Men es una fantasía que terminó», sentenció. Muchas agencias hoy son pymes y por eso «es muy complicado influir sobre la mirada de género de un anunciante». Sin embargo, destacó que los cambios de a poco se están produciendo: «El tema del género está cambiando todas las estructuras: los anunciantes, las agencias y los medios».

Una de las últimas publicidades representativas en materia de perspectiva de género fue lanzada para el Día de la Mujer y narra la historia de Aldana Chini, una ingeniera química que trabaja en el área de Perforación del yacimiento Vaca Muerta.

Otro ejemplo de este cambio que no se abordó en el panel, pero puede verse hoy en la TV y en las redes, es la campaña de la marca de limpieza Mr Músculo, que pone en debate el intercambio justo de tareas domésticas entre hombres y mujeres.

Tomás Balduzzi, director de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, describió la situación de los estudiantes con preocupación al señalar que en ese centro de estudios «casi el 60% son alumnas mujeres» que al ingresar en el mercado laboral «terminan durando muy poco». «Nosotros sabemos que las preparamos bien, pero todavía hay bastante machismo en el rubro y de eso hay que hacerse cargo», concluyó.

Fuente: Clarín

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El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en el marco de la causa de autos caratulados «Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables c/ Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la Pcia. de Cba. – Amparo Por Mora (Ley 8803) – Recurso de Casación», emitió un fallo que conlleva características de singular importancia para el fortalecimiento de un derecho ciudadano esencial.

El pronunciamiento del máximo tribunal cordobés puso especial énfasis en exigir al Estado provincial que garantice a toda persona –por su sola condición de ciudadano– el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Atiende, así, a los principios consagrados en el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos, el art. 19 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica). Todas estas son normas convencionales con rango constitucional a mérito de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.

Asimismo, el fallo del TSJ hace una correcta intelección de los artículos 14, 22 y 33 de la Carta Magna federal, evidenciando que el derecho de peticionar información pública a las autoridades –a través de las cuales el pueblo delibera y gobierna– es uno de los derechos fundamentales no enumerados, pero reconocidos de forma indeleble por el plexo constitucional, como ha quedado asentado con la sanción de la ley nacional 27.275 cuyo objeto es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Lineamientos que se vislumbran, a su vez, en las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Córdoba, la cual en su área preambular asume el carácter participativo de democracia, en su art. 2 instituye la forma representativa, republicana y democrática de gobierno, y en su art. 15 dispone el carácter público de los actos del Estado. De allí que la ley provincial 8.003 –que establece el derecho de acceso al conocimiento de los actos del Estado– no podría tener una interpretación jurisdiccional divergente a la normativa convencional y constitucional citada, sin caer en una flagrante contradicción de derechos.

El fallo del TSJ se alinea así con sendos pronunciamientos jurisprudenciales que, en la misma orientación, emitieron oportunamente tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en los casos Olmedo Bustos y otros vs. Chile de 2001, Herrera Ulloa vs. Costa Rica de 2004, Palamara Iribarne vs. Chile de 2005 y Claude Reyes y otros vs. Chile de 2006), como de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (en los precedentes Asociación Derechos Civiles c/ EN PAMI – dto. 1172/03- s/ amparo Ley 16.986 de 2012, CIPPEC e/ EN MO Desarrollo Social – dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986 de 2014, Giustiniani, Rubén Héctor C/ Y.P.F, S.A. s/amparo por mora en 2015, Garrido, Carlos Manuel el EN – AFIP si amparo ley 16.986 de 2016 y, recientemente, en Savoia, Claudio Martín c/ EN – Secretaría Legal y Técnica -dto. 1172/03 – s/ amparo ley 16.986 de 2019).

La importancia de este fallo del TSJ estriba en reafirmar, de manera operativa, que el derecho de acceder a información pública no puede quedar a expensas de la arbitraria discrecionalidad de un funcionario público, quien –por otra parte–  tiene entre los deberes que hacen a su responsabilidad la obligación de garantir a la ciudadanía el acceso a la información respecto de los actos y procedimientos del Estado.

Esa información, por ser pública – en el sentido que indicaba Norberto Bobbio, es decir no solo entendiendo el adjetivo “público” como antónimo de “privado” si no, fundamentalmente, como antónimo de “secreto” – debe ser visible, asequible y expuesta sin trabas a los ciudadanos, ya que ellos pertenece. Razón por la cual debe ser puesta a su disposición de manera completa, inmediata, oportuna y efectiva. Tanto en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, como con relación a organismos descentralizados, entes autárquicos, órganos de control, empresas y sociedades del Estado o con participación estatal y empresas privadas concesionarias de servicios públicos, acreditando en todos los casos que se atienda el principio de máxima divulgación.

Podemos decir, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es una herramienta  jurídico – política de raigambre republicana y esencia democrática. La que se constituye, en la medida de su utilización extendida, en un poderoso punto de convergencia para mejorar la participación y la deliberación de la ciudadanía en los asuntos públicos, facilitar la libertad de expresión, transparentar la actividad estatal, fortalecer el control ciudadano de la legalidad de los actos de gobierno, purgar la corrupción, legitimar la representación política, procurar el cumplimento de otros derechos humanos y cooperar con la actividad administrativa.

El derecho de acceso a la información pública se trata, en definitiva, de un instrumento para continuar la perpetua tarea cívica de democratizar el poder del Estado en favor de los ciudadanos.

Fuente: Perfil

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La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, han elaborado en conjunto un Acuerdo Compromiso en Políticas de Género para el periodismo y la publicidad. El objetivo es que actores de estos sectores firmen el documento, y así cerrar el Foro Nacional de políticas de género, que se realizará los días 12 y 13 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires.

La historiadora Cecilia Bustos Moreschi, coordinadora del área de género y diversidad sexual de Fundeps, en diálogo con este medio, explicó que el documento es resultado de años de investigación sobre políticas públicas de comunicación y género.

Durante el Foro Nacional de políticas de género en periodismo y publicidad se pondrán en debate ejes problemáticos de ambas industrias informativas. Moreschi comentó que trabajadores y referentes de esos sectores participarán de las charlas.

Con respecto al acuerdo, la historiadora explicó que se invita a los actores que forman parte de las industrias de la publicidad y de la comunicación a adherir al mismo. Se busca que reflexionen sobre las prácticas laborales que existen hacia su interior y desarrollen e implementen políticas de género concretas, formales y sustentables. 

“No es más que una invitación a que medios, agencias de publicidad , sindicatos, asociaciones profesionales, cámaras empresariales e instituciones educativas vinculadas a la comunicación desarrollen e implementen políticas de género, adaptadas a sus realidades, que garanticen la igualdad de oportunidades y la eliminación de violencias de género dentro de sus estructuras laborales”, sostuvo la investigadora Moreschi.

La historiadora explica que si bien hay sectores más comprometidos con la perspectiva de género, otros carecen de la misma. Por eso apuntan sobre todo a esos grupos, para que adhieran al acuerdo compromiso.

“No es una ley, no es un tratado vinculante. Nos gustaría que lo fuera pero nos conformamos con que firmen la mayor cantidad de actores posibles, y que den cuenta de su intención de transformar su realidad interna, sus estructuras laborales, porque justamente entendemos que eso va a dar como resultado una transformaciòn en los contenidos”, expresó Moreschi.

Para Fundeps y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, si las políticas de género  se piensan, desarrollan, implementan y evalúan, pueden generarse ámbitos laborales más democráticos, diversos e inclusivos. Por ese motivo invitan a firmar el acuerdo compromiso, y a participar del Foro Nacional de políticas de género en periodismo y publicidad, los días 12 y 13 de septiembre.

Fuente: El Resaltador

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