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Argentina, ¿seguirá apostando por la modalidad de contrato APP?

Con la ley 27.328 aprobada en el 2017 sobre la modalidad de contrato de Participación Público Privada, el anterior Gobierno argentino pretendía, entre otros objetivos, reducir el déficit en infraestructura del país, a la vez que apalancar la inversión privada. Tras haberse confirmado tan sólo un puñado de proyectos de los inicialmente planteados, y teniendo en cuenta las críticas existentes en otros países y regiones respecto a este tipo de contratación, la pregunta que surge es qué tan efectiva ha resultado hasta el momento esta modalidad de contratación, y qué decisión tomará el nuevo Gobierno respecto a la continuidad o no tanto de los proyectos confirmados y  pendientes; como de la propia decisión de impulsar las APPs para potenciar la infraestructura en el país. 

La modalidad de contrato de Asociaciones Público Privadas (APPs) o Participación Público Privada  (PPP) son acuerdos a mediano o largo plazo entre el Estado y una empresa del sector privado. Las APPs se aplican a proyectos relacionados con la infraestructura pública y la provisión de servicios sociales que tienen déficit en su financiamiento. Por lo que,  junto a agentes privados y gubernamentales participa en la provisión de servicios como agua, transporte, infraestructura vial, energía, entre otros. (Más información sobre APPs)

La necesidad de capital, tecnología y recursos ha sido y es necesario en nuestro país debido al déficit que existe en  infraestructura. Por ello, la modalidad de contrato APPs se ha presentado como una alternativa para terminar o disminuir este desbalance.  Desde el año 2000, Argentina cuenta con un marco legal que regula las APP, uno es el Decreto N°1299 del año 2000 y el otro es el Decreto N° 967 del año 2005. Sin embargo, debido a los cambios en la economía internacional, estos instrumentos quedaron obsoletos, por lo que en 2017 se aprobó una nueva ley que se encarga de regular la aplicación de la PPP, la Ley N° 27.328 y su Decreto 118/2017. La diferencia entre este instrumento y los anteriores, es que el actual excluye o limita las prerrogativas de derecho público de la Administración como la capacidad de modificar de manera unilateral el contrato, imposibilitando al contratista privado la posibilidad de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, entre otros.

La Subsecretaría de PPP es el órgano encargado de regular este tipo de modalidad de contrato. Esta dependencia, antes de la asunción del actual gobierno, tenía a su cargo 5 Direcciones Nacionales: la Coordinación Ejecutiva de Proyectos de PPP, de Proyectos de Energía y Minería, de Proyectos de Transporte, Comunicaciones y Tecnología, la de Proyectos de Agua, Saneamiento y Vivienda, y la de Salud, Justicia y Educación. Actualmente, con motivo del cambio de gobierno, se están llevando a cabo modificaciones en esta dependencia. Por lo que ahora, la Subsecretaría de PPP tiene a su cargo 3 direcciones nacionales: la dirección nacional de Información y seguimiento de proyectos de PPP, la dirección nacional de Evaluación Técnica de proyectos de PPP y la dirección nacional de Análisis Legal y regulatorio de proyectos de PPP.

Es importante mencionar, que también se implementó el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (MRAN) en la Licitaciones PPP que colabora con la Oficina Anticorrupción. Este mecanismo es una herramienta de prevención de la corrupción y/o de comisión de irregularidades éticas. Pretende proporcionar a las compañías del sector privado y otras partes que se encuentren participando del proceso licitatorio, un canal confiable, específico y conocido por todos para reportar situaciones de alerta como comportamientos anti-éticos y oferta de sobornos. 

En cuanto a los proyectos, una vez que la ley entró en vigencia, se presentó un Plan del gobierno argentino que contemplaba la realización de 60 proyectos de PPP entre 2018-2022 por un valor de USD 26 mil millones. En este marco, desde Fundeps se han realizado pedidos de información al Estado nacional para consultar por mayor información sobre esta modalidad de contrato como la estructura organizativa que lo avala,  los entes encargados de realizar el monitoreo, y cuáles son los proyectos que se encuentran en marcha y en qué sectores. 

Uno de los proyectos de mayor envergadura que se está desarrollando actualmente es la ‘Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP- Etapa 1’ que comenzó en junio de 2018, adjudicándose a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de distintos Corredores Viales Nacionales. Solo por mencionar, en este proceso se contó con la participación de 10 consorcios compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales que presentaron 32 ofertas en total. 

Sin embargo, al consultar por la participación en este tipo de proyectos  de alguna de las instituciones financieras internacionales como el BID, BID Invest o Banco Mundial, desde Nación no pudieron brindarnos tal información, a pesar de que existen en las propias páginas web de dichas instituciones, información vinculada a la realización de obras con ese tipo de modalidad. 

Sin dudas, el poco tiempo de vigencia del nuevo régimen, así como su escasa implementación en tan solo un puñado de proyectos al día de la fecha, sumado al contexto de crisis económica que ha atravesado el país en los últimos años, hacen imposible poder hacer un balance certero acerca de qué tan efectiva o no ha resultado esta modalidad de contratación para alcanzar los objetivos planteados.  

Con el nuevo gobierno, habrá que hacer seguimiento a los proyectos que están en marcha y observar qué posición tomará de acuerdo a los proyectos que aún restan por comenzar, ya que el paquete de proyectos abarca desde el año 2018 a 2022. A su vez, cabe plantearse si el nuevo gobierno seguirá los pasos de su antecesor, buscando impulsar este tipo de modalidad de contratación para llevar adelante obras de infraestructura y atraer la inversión privada o si, por el contrario, recurrirá ya sea a opciones más tradicionales que se sustenten en una fuerte participación y financiamiento del sector público; o replanteando de alguna forma la modalidad APP.

Independientemente de ello, y contando ya con una legislación que permite este tipo de modalidad de contratación, desde Fundeps consideramos prioritario que, a la hora de pensar e impulsar este tipo de proyectos se tomen en consideración los problemas y déficits que han tenido en el pasado y tienen actualmente las APPs en otros países de la región y el mundo. Problemas que se encuentran ampliamente documentados y que pueden servir como lecciones aprendidas para evitar los perjuicios y potenciar los beneficios de esta modalidad de contratación para potenciar la infraestructura nacional.

*La información brindada ha sido modificada de acuerdo a la página web de Jefatura de Gabinete donde la nueva gestión de Gobierno ha modificado la cantidad de direcciones nacionales. Es importante aclarar que aún se encuentran actualizando los contenidos del sitio de acuerdo al Decreto 7/2019.

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Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Inician las consultas públicas sobre la nueva política ambiental y social del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio inicio al proceso de consultas públicas sobre el nuevo Marco de la Política Ambiental y Social. El mismo contará con instancias tanto presenciales como virtuales y se extenderá a lo largo de todo el año 2020.  

Con un comunicado en su página web, el BID anunció el inicio de las consultas públicas virtuales y presenciales sobre el borrador del nuevo marco de la política ambiental y social. De acuerdo al banco, este nuevo marco tiene por propósito reforzar la sostenibilidad ambiental y social de las operaciones del banco y, a su vez, ser más eficaces en la respuesta a los desafíos que enfrentan los países de la región para lograr el tan ansiado crecimiento sostenible.

El Marco de la Política Ambiental y Social contempla políticas de salvaguardas, lecciones aprendidas y buenas prácticas acumuladas a través de los años. Además, en la política se menciona el compromiso del banco con la sostenibilidad ambiental y social, y las 10 normas de desempeño que los países miembros prestatarios han de cumplir.

También, el borrador de la política contempla los riesgos e impactos de carácter ambiental y social y remarca avances en cuanto a derechos humanos, igualdad de género, no discriminación y participación de partes interesadas.

Según el plan de consulta aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, el proceso de consulta pública será significativo, incluyente y transparente. Sin embargo, gran parte de la sociedad civil que ha venido trabajando en agendas vinculadas al BID en el transcurso de los últimos años dudan que sea realmente así, guiándose por las malas experiencias de las más recientes consultas públicas llevadas adelante por la institución, que se caracterizaron por sus falencias en términos de participación pública y transparencia.

Los procesos de consultas presenciales tendrán lugar en la Sede del Banco en Washington D.C. y en algunos países de América Latina y el Caribe, Europa y Asia. Los interesados en participar de las consultas presenciales podrán hacerlo registrándose aquí. 

Por otra parte, aquellos que quieran participar de las consultas virtuales, pueden enviar comentarios sobre el borrador de la nueva política a través de la página web www.iadb.org/es/mpas o enviando un correo electrónico a bid-mpas@iadb.org. La primera fase de comentarios podrá realizarse hasta el 17 de abril.

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones.

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región, actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los actores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

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Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

Fundeps envió a la Municipalidad 10 recomendaciones para su gestión

La organización detalló una serie de puntos relevantes a la hora de diseñar políticas desde la Municipalidad de Córdoba para los próximos años.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) emitió una carta abierta a la nueva gestión municipal de Córdoba. Según se lee en el escrito, el objetivo es “acercar nuestras consideraciones en materia de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos“.

En este marco, la fundación enumeró 10 puntos, que no son exhaustivos ni excluyentes de otras problemáticas, pero que consideran “relevantes a la hora de diseñar las políticas para los próximos años”.

Los 10 ejes son:

  1. Emergencia ambiental y sanitaria en el Barrio Chacras de la Merced. En dicho barrio, ubicado al este de la ciudad de Córdoba, se localiza la planta depuradora de aguas residuales (EDAR) Bajo Grande. Desde su instalación, la planta ha funcionado de manera deficiente: las aguas cloacales que ingresan a la planta salen prácticamente en las mismas condiciones, contaminando el río Suquía y todo su entorno.
  2. Residuos Sólidos Urbanos. En este punto, Fundeps resalta la importancia que se promueva la educación ambiental de la ciudadanía mediante campañas de concientización y sensibilización, para reducir la generación de residuos y mejorar su gestión domiciliaria. Además, diseñar nuevos métodos para la disposición final de los residuos sólidos.
  3. Planeamiento y desarrollo urbano. En este punto, la organización propone revisar las zonas designadas para los diferentes usos de suelo, de modo tal que el crecimiento y desarrollo económico industrial no impliquen la afectación de los derechos de aquellas comunidades que, por habitar próximas a dichas zonas, ven disminuida su calidad de vida, en tanto no deban abandonar forzosamente sus viviendas.
  4. Paridad de géneros en el gabinete. “Es necesario que la gestión entrante cuente con la voluntad política necesaria para lograr un gabinete con paridad y generar mecanismos para brindar información pública acerca del cumplimiento de las medidas de equidad y paridad política mediante informes, estadísticas y datos de fácil acceso”, explicaron desde Fundeps.
  5. Inclusión laboral trans y ley de cupo. Frente a la desigualdad y a la falta de oportunidades resulta necesario generar políticas de discriminación positiva e integrales para lograr un real acceso y goce del derecho al trabajo para todas las personas.
  6. Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en los Centros de Atención Primaria. En los Centros de Atención Primaria de Salud de la ciudad de Córdoba se garantizan consejerías, se entregan métodos anticonceptivos y se consiguen las dosis necesarias de misoprostol, medicamento que se usa para concretar la interrupción del embarazo de manera ambulatoria. En tanto, aseguran que esta práctica “debe sostenerse y fortalecerse”.
  7. Aplicación de la ley Micaela. Si bien la Municipalidad de Córdoba aprobó la adhesión a esta ley, aún no hubo información de que haya comenzado la capacitación. “Es necesario que esta nueva gestión tenga como prioridad la capacitación y sensibilización en cuestiones de género y violencia contra las mujeres de sus agentes”, indicaron.
  8. Acceso a la información pública. La Municipalidad de Córdoba sancionó la ordenanza N° 11877 que regula este derecho y ha creado varios portales de difusión activa de algunos datos en manos de la Municipalidad. A pesar de esto, Fundeps sostiene que “es casi imposible acceder a información solicitada”. La propuesta sobre este punto es poner en funcionamiento la Oficina de Acceso a la Información Pública a los fines de que cumpla con las funciones asignadas por la ordenanza mencionada.
  9. Entornos escolares saludables. Dado que la institución educativa es un escenario privilegiado para promover la salud y el desarrollo de una alimentación y estilo de vida saludables, a partir de estándares internacionales se considera fundamental propiciar los entornos escolares saludables a través de una política integral, que defienda los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que les provea una protección sustancial.
  10. Ambientes libres de humo y protección de la persona no fumadora. La Municipalidad de Córdoba se encuentra facultada para monitorear y fiscalizar el cumplimiento de tales disposiciones. Es por ello que solicitan a las autoridades municipales que, a través de la debida fiscalización, “garanticen el derecho de la ciudadanía no fumadora a respirar aire libre de la contaminación ambienta”.

 

Fuente: El Resaltador

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“Precios Cuidados” que descuidan

El 7 de enero del 2020 el gobierno nacional dio a conocer la lista actualizada de productos incluidos en el programa de “Precios Cuidados” que contempla 310 artículos de diversas categorías de consumo. Analizamos el programa considerando especialmente la falta de concordancia entre la elección de alimentos y bebidas y el grado de malnutrición actual de nuestro país, liderado por el sobrepeso y la obesidad. 

La nueva lista de precios cuidados incluye más galletitas dulces que cereales enteros. Contiene sólo una clase de legumbres, numerosas opciones de bebidas azucaradas y alcohólicas, azúcar de mesa. Únicamente cuatro vegetales y un tipo de fruta, cortes de carne con alto contenido graso y productos derivados de la misma altamente procesados como medallones de carnes industriales y salchichas. También ofrece yogures y postres lácteos con alto contenido de azúcar y caldos industriales altamente procesados, excedidos en sodio principalmente.

Dicho programa contempla diversos productos incluidos en la canasta básica de alimentos, cuya estructura data de información provista por la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares (ENGHo) 1996/97, re validada con el patrón de consumo arrojado por la misma encuesta 2004/05. Dicha canasta, si bien refleja patrones de alimentación de la población argentina, refuerza el consumo de alimentos menos saludables y fuertemente afianzados en las mesas familiares actualmente.

Este tipo de políticas públicas económicas, por la naturaleza de su impacto, también configuran parte de las políticas alimentarias. En este sentido, deberían planificarse y diseñarse sin dejar de integrar los estándares propuestos en materia de alimentación saludable por organismos de derechos humanos y reconocidas instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En línea con estas recomendaciones, es necesario incentivar el consumo de cereales enteros y legumbres así como de frutas y verduras siendo que son los alimentos de menor consumo en nuestro país a pesar de su alta calidad nutricional. También contribuir a aumentar el consumo de pescados y carnes magras ante productos cárnicos altamente procesados y estimular asimismo el consumo de agua potable en lugar de gaseosas y jugos excesivamente azucarados.

El programa de “precios cuidados”, así como sus versiones anteriores, no respeta bajo ningún aspecto los lineamientos que desde organizaciones como la OPS, la OMS y la FAO se están recomendando en pos de mermar con la actual epidemia de sobrepeso y obesidad que a pasos agigantados va creciendo. Actualmente en nuestro país, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019) un 67,9% de la población adulta cursa con exceso de peso al igual que un 41,4% de la población infantil. 

Asimismo, estos acuerdos de precios otorgan un rol preponderante a la industria de productos ultraprocesados en la definición de las políticas alimentarias. El Estado, entendiendo el alarmante panorama de exceso de peso en nuestra población, debe regular basándose en evidencia científica e impulsar el consumo de alimentos de calidad, desalentando al mismo tiempo el consumo de productos no saludables.  

De esta manera, las políticas deben pensarse de manera integral, aún cuando el programa “Precios Cuidados” esté destinado a contener el proceso inflacionario y disminuir el impacto del mismo. Tal como sostiene el médico Luis María Delupi, se trata de:

“…Una medida meramente económica que surge del Ministerio de Economía, no del de salud y que busca ponerle un precio ancla a la mayoría de los “alimentos” que eligen la mayoría de los argentinos y que están reflejados en la canasta básica familiar, buscando resolver la emergencia desde lo económico. Pero está muy lejos de ser un estímulo al consumo de alimentos saludables y nutritivos”.

Concluyendo en base a todo lo expuesto, se afirma que esta política promueve el consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares, sodio y harinas refinadas; pobres en vitaminas, minerales y fibra y de muy mala calidad nutricional. Se torna así menos conveniente y menos accesible consumir alimentos reales, de calidad, sin envoltorio, con pocos ingredientes y nutritivos. Entonces, ¿Qué podemos exigir de hábitos y costumbres saludables a una población cuyo consumo se ve fuertemente vulnerado por un entorno desfavorable a la hora de acceder y elegir opciones más sanas? 

Autora

Agustina Enei

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

La agenda ciudadana de las ONG para Llaryora

Organizaciones del tercer sector le enviaron una carta al intendente con sus principales inquietudes.

¿Cuál es la agenda en materia de políticas públicas que plantea el tercer sector para la nueva administración municipal?

Esta semana media docena de organizaciones sociales –Fundeps, Open Data Córdoba, Oajnu, Cuerpo de Abogadas Feministas, Desarrolla Digital y Terravida– le hicieron llegar al intendente Martín Llaryora una carta donde le sugieren 10 puntos para que tenga en cuenta en la gestión.

“La agenda que marcamos no es excluyente de todas las otras problemáticas que tiene la ciudad, sino que tiene que ver con las que trabajamos desde estas organizaciones. Nos pareció interesante participar de manera propositiva para un acercamiento amigable con la nueva gestión y esperamos poder sentarnos en una mesa de diálogo”, apuntó Carolina Tamagnini, presidenta Fundeps.

Algunos señalamientos apuntan a la necesidad de soluciones estructurales a problemas que el municipio evidencia desde hace tiempo, otros en cambio apuntan a reforzar las políticas que se implementaron en otros gobiernos.

“El cambio de gestión no tiene que implicar un retroceso en los derechos adquiridos. Por eso es que hacemos referencia las políticas que se habían llevado bien en los últimos años”, agregó Tamagnini.

Emergencia ambiental

El primer punto que señala la carta es la grave situación ambiental y sanitaria que vive el barrio Chacra de la Merced, que sufre las consecuencias de la contaminación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande.

“Las aguas cloacales que ingresan a la planta salen prácticamente en las mismas condiciones, contaminando el río Suquía y todo su entorno”, dice la carta. Y solicita que se tomen acciones “reales” que tiendan a sanear el problema y le piden al municipio el cumplimiento del fallo judicial que le exige minimizar el daño ambiental.

Uno de los primeros anuncios que realizó la nueva gestión fue que la Provincia fondeará las obras necesarias para la reparación de Bajo Grande y que además buscará implementar un mecanismo para unir esa estación con la nueva planta que se construye contiguamente.

A mediados de febrero vence la emergencia ambiental decretada por el exintendente Ramón Mestre.

Residuos Sólidos Urbanos

Las ONG le plantean al municipio la necesidad de trabajar sobre dos ejes. El primero, implementar prácticas e incentivos que tiendan al reciclado y, en segundo término, elaborar una solución para el enterramiento definitivo de residuos sólidos urbanos de la Capital.

A fines del año pasado la Justicia provincial falló en contra de la instalación del complejo ambiental propuesto por Cormecor en la localidad de Villa Parque Santa Ana.

La Cámara Contencioso Administrativa N° 1 objetó el enterramiento sanitario por no cumplir con la distancia recomendada de 4 kilómetros y no respetar el estudio socioambiental. La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Planeamiento y desarrollo urbano

“La planificación urbanística sustentable debe contemplar tanto aspectos ecológicos como factores de inclusión socioeconómica”, remarca el texto de las organizaciones.

Este pedido se refiere a una regulación sobre el uso del suelo en la ciudad –pone la lupa sobre los convenios urbanísticos–, para lograr un crecimiento organizado que permite la eficiencia del transporte público y el acceso a los servicios de saneamiento.

Paridad de género

La carta plantea que también haya paridad en los cargos políticos de la gestión. “Es necesario que la gestión entrante cuente con la voluntad política necesaria para lograr un gabinete con paridad y generar mecanismos para brindar información pública acerca del cumplimiento de las medidas de equidad y paridad política mediante informes, estadísticas y datos de fácil acceso”, comenta.

El gabinete municipal cuenta con dos mujeres entre los 16 cargos más importantes: la secretaria General, Verónica Bruera; y la secretaria de Modernización, Alejandra Torres.

Cupo de personas trans

Una de la últimas polémicas que se dio en el anterior Concejo Deliberante fue el cupo laboral para personas trans. Finalmente no se aprobó.

“En este sentido, y frente al último fracaso de aprobación de un proyecto de cupo laboral trans y su remisión a comisiones a los fines de intentar unificar propuestas, creemos necesario que esta nueva gestión habilite y garantice los escenarios políticos necesarios para la discusión”, explican las organizaciones.

Además demandan que en caso de aprobarse se arbitren los medios para su implementación.

Acceso a la ILE

En la anterior gestión los casos de Interrupción Legal del Embrazo (ILE) recibieron atención en los centros de salud municipal.

“A través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, se garantizan consejerías, se entregan métodos anticonceptivos y se consiguen las dosis necesarias de misoprostol, medicamento que se usa para concretar la interrupción del embarazo de manera ambulatoria”, destacan las organizaciones, que piden que se mantenga esta política como forma de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Adhesión a la Ley Micaela

“El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó por unanimidad en mayo del año pasado la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria de Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Hasta ahora no contamos con información acerca de la implementación de la adhesión y del comienzo de las capacitaciones”, puntualizan las ONG.

Señalan que la capacitación en género debe ser además un elemento a la hora de tomar personal.

Acceso a la información pública

Las organizaciones le solicitan al municipio que facilite el acceso a la información pública a través de la creación de una oficina específica como establece la ordenanza.

A su vez le piden que conserve los canales que se desarrollaron durante la gestión anterior como el portal de Datos Abiertos.

“Garantizar este derecho humano fundamental, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando a la ciudadanía en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las mismas”, señalan.

Entornos escolares saludables

La Municipalidad cuenta con 37 escuelas y cinco parques educativos. En la anterior gestión, se sancionó la ordenanza 12.256 donde se implementó el Programa Cantinas Escolares Saludables que abarca a 28 establecimientos y consiste en brindar una oferta variada de alimentos con alta calidad nutricional en los quioscos.

“Dado que la institución educativa es un escenario privilegiado para promover la salud y el desarrollo de una alimentación y estilo de vida saludables, a partir de estándares internacionales se considera fundamental propiciar los entornos escolares saludables a través de una política integral, que defienda los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que les provea una protección sustancial”, reza la carta.

Ambientes libre de humo

Córdoba fue una de las primeras ciudades en el país en prohibir fumar en lugares cerrados y semicerrados. Las organizaciones piden mayores controles para que se mejore el cumplimiento de la ordenanza.

Fuente: La Voz

Derribando mitos: alimentación, pobreza y obesidad

La comida sana, rica y nutritiva no es una cuestión de clase ni una mercancía, es un derecho humano fundamental.

El contenido del derecho a la alimentación ha evolucionado a través del tiempo: hoy entendemos que es más amplio que el derecho a no pasar hambre, y comprende el acceso a una alimentación adecuada y de calidad. Decir entonces que la vulneración de este derecho ocurre sólo cuando no se tiene algo para comer, es invisibilizar parte del problema. Este derecho se vulnera, también, cuando la comida saludable no está al alcance del bolsillo de la población, cuando el producto final está contaminado o cuando no sabemos qué estamos consumiendo porque la información que acompaña es inentendible.
Los productos ultraprocesados, término técnico que describe a los alimentos comúnmente conocidos como “comida chatarra”, invaden nuestra dieta y es casi imposible librarse del consumo de azúcar y harinas. Papitas, galletas, gaseosas, chocolates y caramelos son una constante en nuestro día a día. Comer sano se vuelve una tarea titánica, cuando no imposible. La alimentación se torna, definitivamente, en una causa política.

Cifras en Argentina. La evidencia científica da sobradas cuentas acerca de la conexión entre el consumo de los productos ultraprocesados y el desarrollo de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2019, dos de cada tres adultos/as presentan malnutrición por exceso. Los datos que arroja la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, también de 2019, no son menos preocupantes: el exceso de peso en niños y niñas de entre 5 y 17 años es del 41,1 por ciento, y en menores de 5 años es del 13,6 por ciento.

A su vez, la cantidad de frutas y verduras consumidas diariamente se encuentra por debajo de lo recomendado; la mitad de niños y niñas menores de 6 meses no sostiene la lactancia materna; y las escuelas, en lugar de promover hábitos alimenticios saludables, favorecen el consumo cotidiano de productos ultraprocesados.

Malnutrición por exceso y pobreza. En los países de medio y bajo ingreso, el crecimiento de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se da aun cuando la desnutrición no ha sido erradicada. La malnutrición por exceso crece de manera sostenida, afectando mayormente a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Las dietas saludables tienen un costo mayor que las dietas con alimentos ultraprocesados y menos nutritivos: frutas, verduras, lácteos, pescados y carnes son los que menos se compran cuando se tienen ingresos bajos.

Por el contrario, los de alto contenido de grasas, azúcares y harinas refinadas son los que más se consumen en esos contextos, por ser más baratos. Sin embargo, lo barato sale caro: la dieta basada en ultraprocesados aumenta las probabilidades de padecer problemas de salud a lo largo de la vida. Así, la desigualdad sólo aumenta. Por eso, hablar de obesidad y desnutrición como dos fenómenos separados –uno para ricos y otro para pobres– ya no es correcto. Constituyen dos caras de la misma problemática y un denominador común: los sistemas alimentarios disfuncionales.

Necesidad de políticas públicas. La malnutrición debe ser mirada desde un sentido amplio, pensando las políticas desde un nuevo enfoque. El Estado debería aprobar políticas públicas basadas en evidencia científica y en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales de salud.

Las deudas pendientes en nuestro país incluyen un etiquetado de alimentos claro y simple para que saber qué se come. También se deberían establecer límites a la publicidad engañosa para niños y niñas. En esa línea, deberíamos pensar nuestras escuelas como una oportunidad para promover menús saludables, agua potable accesible y kioscos sin comida chatarra.

Actualmente, los patrones alimentarios en Argentina son muy precarios. Pero para que la respuesta a este contexto de emergencia alimentaria no sea sólo un parche social, es necesario que el debate acerca de cómo afrontarlo incluya un examen radical de las acciones en todas las etapas de los sistemas alimentarios. Y sobre todo, es necesario repensar el modelo sobre el cual, históricamente, el Estado argentino ha intentado dar solución a esta problemática: a través de la profundización del modelo agroexportador y de la delegación en la industria alimentaria de aquello que nos llevamos al plato.

El potencial de momentos de crisis y emergencia como el que atravesamos, radica en la posibilidad de revisión del modelo imperante y en la oportunidad para construir circuitos de producción, comercialización y consumo que desafíen a las lógicas actuales. Una alternativa que reivindique al alimento. Porque la comida sana, rica y nutritiva no es una cuestión de clase ni una mercancía; es un derecho humano fundamental.

Fuente: La Voz

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CARTA AL INTENDENTE MARTÍN LLARYORA: Necesitamos políticas que atiendan las problemáticas de nuestra ciudad

A raíz de la oportunidad que representa el cambio de gestión a nivel municipal, queremos expresarnos sobre temas claves para el futuro de nuestra ciudad. Por eso, nos dirigimos de manera conjunta con otras organizaciones cordobesas al nuevo intendente de Córdoba, Martín Llaryora, con el objetivo de hacer recomendaciones en torno a las problemáticas estructurales que causan graves perjuicios en materia de derechos humanos.

En el marco de la asunción de la nueva gestión municipal, hay situaciones desatendidas por años que necesitan respuesta urgente. A través de una carta abierta, damos a conocer en diez puntos cuáles son estas problemáticas y nos ponemos a disposición del nuevo gabinete para trabajar de manera articulada.

Los diez puntos se resumen en:

  1. Emergencia ambiental y sanitaria en el Barrio Chacras de la Merced
  2. Residuos Sólidos Urbanos
  3. Planeamiento y desarrollo urbano
  4. Paridad de géneros en el gabinete
  5. Inclusión laboral trans y ley de cupo
  6. Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en los Centros de Atención Primaria
  7. Aplicación de la ley Micaela 
  8. Acceso a la información pública
  9. Entornos escolares saludables
  10. Ambientes libres de humo y protección de la persona no fumadora

Se trata de 10 puntos, que no son exhaustivos ni excluyentes de otras problemáticas, pero requieren una respuesta urgente por las situaciones críticas que representan. Esperamos que en los próximos 4 años podamos articular un trabajo mancomunado para continuar avanzando en el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad cordobesa. 

Acceder a la carta completa

Contacto

Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org