En el presente documento se analizan aquellas cuestiones que han sido incorporadas y los aspectos que no se han incorporado y/o modificado a partir del proceso de consulta pública que llevó adelante el BID. Especialmente, se hace énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTTTQ+ para que efectivamente se respeten y se garanticen los derechos humanos de todas las personas.
Junto al Espacio de Economía Feminista Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, realizamos un ciclo de 5 encuentros virtuales para visibilizar y debatir sobre la existencia de otras economías que pongan en el centro a la vida humana y no humana y a los cuidados que las hacen posibles.
El Ciclo de webinarios sobre Economía Feminista (EF) inició el 30 de septiembre y se extendió a lo largo de dos meses. Participaron especialistas en Economía Feminista, Economía Popular, Economía Ecológica y Economía Social y Solidaria, integrantes de diversos espacios autogestivos y activistas que apuestan y trabajan en pos de otras economías, que reemplacen el afán de lucro por el cuidado y sostenibilidad de las vidas humanas y no humanas.
El panel del primer webinar estuvo conformado por Ariana Cervantes y Vanessa Ullua (integrantes del Estudio contable Virginia Bolten) y Shams Selouma de la Incubadora Feminista Latinoamericana. En ese encuentro se ofrecieron herramientas jurídicas, tributarias y administrativas para organizaciones autogestivas y comunitarias. A su vez, se presentó el Recursero Herramientas para la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida.
El segundo webinar, llamado “Hacia la sostenibilidad de la vida. Diálogos entre las experiencias de América Latina y España”, sentó las bases y lineamientos teóricos de la Economía Feminista desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida, a fin de reflexionar y discutir nuevas formas de pensar y organizar el trabajo, producir, distribuir y consumir, que subviertan las lógicas capitalistas y heterocispatriarcales. El espacio buscó establecer una conversación entre miradas teóricas y experiencias desde América Latina y España. En este encuentro participaron especialistas en la temática: Astrid Agenjo Calderón, Patricia Laterra y Natalia Quiroga Díaz.
A este encuentro le siguió otro que abordó el tema de los cuidados como condición para el sostenimiento de la vida. En el webinar “Lo esencial es invisible al mercado. Corresponsabilidad, comunidad y cuidados”, participaron Corina Rodriguez Enriquez, Gabriela Marzonetto y Paola Bonavita, quienes expusieron sobre políticas de cuidado actuales y cuidados comunitarios en Argentina y específicamente Córdoba.
Finalmente, los últimos dos webinaros se propusieron plantear y debatir, desde un enfoque teórico primero y empírico después, las posibilidades de construir y sostener otras economías que articulen las propuestas de la Economía Social y Solidaria, la Economía Popular, la Economía Ecológica con la Economía Feminista.
Las reflexiones teóricas fueron planteadas en el webinar “Otra(s) economía(s). Diálogos entre la Economía Feminista y las economías Popular, Solidaria y Ecológica”, gracias a los aportes de Ariana Ortega y Magalí Magnani del Área de Ecofeminismo del Taller Ecologista de Rosario, Florencia Partenio, Karina Tomatis. Las tensiones y dilemas, así como las propuestas teóricas planteadas en este encuentro, fueron puestas en diálogo con experiencias autogestivas de la ciudad de Córdoba, que participaron del último webinar “La otra economía existe y sostiene la vida. Conversatorio con organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba”.
En este último encuentro participaron integrantes de la cooperativa Corteza del Chañar, cooperativa Wallmarx, la Textil del Encuentro de Organizaciones y de la Feria Agroecológica de Córdoba, que compartieron experiencias concretas que visibilizan la existencia de otras economías, vislumbrando un real horizonte en el que estas sean posibles.
Creemos, y el contexto actual particular lo está evidenciando cada día, que la sostenibilidad de la vida debe estar en el centro del debate, que debemos seguir pensando y construyendo colectivamente qué economía queremos y necesitamos para sostener nuestras vidas y todas las vidas que habitan este planeta de una manera digna de ser vivida.
Sabemos que aún queda un largo camino para deconstruir y transformar una economía constituida a partir de una lógica productivista, de acumulación de capital, de deterioro del ambiente. Por eso se torna urgente y necesario visibilizar y fortalecer teorías y experiencias de otras economías, construidas desde la autogestión y a partir de los debates feministas, poniendo en el foco el buen vivir y que apuestan cada día a otro mundo posible.
Para revivir los encuentros, hacé click en los siguientes enlaces:
- Herramientas para organizaciones autogestivas y comunitarias. Recursos jurídicos, tributarios y administrativos
- Hacia la sostenibilidad de la vida. Diálogos entre las experiencias de América Latina y España
- Lo esencial es invisible al mercado. Corresponsabilidad, comunidad y cuidados
- Otra(s) economía(s). Diálogos entre la Economía Feminista y las economías Popular, Solidaria y Ecológica
- La otra economía existe y sostiene la vida. Conversatorio con organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba
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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
La discusión iniciará en la Cámara de Diputados, con reuniones informativas de las comisiones durante toda la semana. Luego del fin de semana largo vendría la votación en el recinto. Se discutirá sobre la base del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo hace dos semanas, y del proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en el 2019. ¿Qué dice cada proyecto?
Este martes 1 de diciembre el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Legislación General, Mujer y Diversidades y Salud recibirá a integrantes del Poder Ejecutivo (de la cartera de Salud, Desarrollo Social y Legal y Técnica). Luego se dará inicio a exposiciones de científicos/as, sanitaristas, profesionales de la salud y juristas a favor y en contra de la ley, con la expectativa de llegar a un dictamen el próximo viernes.
Luego de haberlo anunciado en la apertura de las sesiones legislativas, el 1 de marzo, finalmente el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso de la Nación. Lo hizo junto al proyecto de ley que instaura el llamado “Plan de los mil días”, que propone la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad durante la gestación y hasta los tres primeros años de vida del niño o niña.
De esta manera se habilitó nuevamente el debate por la legalización del aborto, uno de los puntos principales en la agenda de los derechos humanos de nuestro país desde su discusión en el Congreso en el 2018, que culminó en agosto con el rechazo en el Senado. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito había presentado en mayo de 2019 su proyecto, el cual cuenta aún con estado parlamentario, por lo que se espera que durante el debate en comisiones se tengan ambos en consideración.
En este documento presentamos un análisis comparativo de ambos proyectos, contrastándolos con el dictamen que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en el 2018. Consideramos que el Congreso de la Nación tiene el deber de dar la discusión legislativa con los aprendizajes adquiridos en ese entonces, y tomando como insumo ambos proyectos.
El Congreso tendrá nuevamente la oportunidad de sancionar una ley que consolide derechos humanos largamente postergados, respetando los estándares internacionales que regulan esta materia a los que está obligado el Estado argentino, marcando un avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.
Una ley que garantice la Interrupción Voluntaria del Embarazo nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.
Que sea ley.
Descargar Análisis comparativo – Proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
El presente documento propone un análisis comparativo entre el proyecto de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo que fue tratado en la Cámara de Diputados en el año 2018 y obtuvo media
sanción; el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
presentado en el año 2019 en el Congreso y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en
noviembre del 2020.
En la sexta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrollaron las negociaciones sobre el segundo tratado jurídicamente vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales. Aún resta tiempo para que este instrumento entre en vigor, por lo que continúa siendo importante que Argentina finalice con la revisión de su Plan Nacional de Acción en Empresas y Derecho Humanos para que el Estado ejerza su responsabilidad de divulgar e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han erigido como un estándar global para que las empresas y los gobiernos prevengan y aborden las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas.
El próximo año, los Principios cumplen 10 años, por tal motivo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU, encargado de elaborar un tratado jurídicamente vinculante en esta materia, ha lanzado a mediados de este año un nuevo proyecto ‘UNGPs10+/NextdecadeBHR’ con el propósito de delinear los pasos a seguir para los próximos 10 años en materia de empresas y derechos humanos. Además, realizará un balance de los logros obtenidos hasta el momento y analizará los desafíos futuros y las brechas existentes.
Sin embargo, los Principios Rectores han funcionado y funcionan como guías para los Estados y las empresas sobre cómo proteger y respetar los derechos humanos y cómo reparar a la víctimas. Pero, a menudo, la distancia entre lo que los Principios dispones suele dista de la normativa interna de cada Estado. Por ello, muchos países han desarrollado Planes de Acción Nacionales -PAN- para que los Estados sean responsables en la difusión e implementación de los Principios Rectores. También, los PAN sirven de instrumentos de cambio capaces de adecuarse al contexto local pero no responsabilizan a las empresas transnacionales por violaciones hacia los derechos humanos, por ello es relevante contar con un tratado jurídicamente vinculante en esta materia.
Así, los esfuerzos por elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresa y derechos humanos comenzó en el 2014. Desde entonces, el Grupo de Trabajo Intergubernamental ha trabajado en el perfeccionamiento de este instrumento mejorando el contenido, alcance, naturaleza y forma del instrumento. El año pasado, se publicó el Borrador revisado del tratado vinculante y se discutió en el Foro anual celebrado en octubre del 2019. En agosto de este año, el presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental publicó el Segundo Borrador Revisado del instrumento jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas y en octubre se realizará el sexto período de negociaciones entre las partes involucradas.
Sin embargo, hasta la aprobación y adopción del Tratado por los Estados, continúa siendo necesaria la elaboración y aplicación de los PAN. Entonces, ¿cómo está Argentina en esta cuestión?
En la página web de The Danish Institute for Human Rights se observa un mapa que detalla cuáles son los países que ya cuentan con PAN, cuáles lo están desarrollando y en cuáles hay otras iniciativas no estatales. Argentina se encuentra en el grupo de países que todavía está desarrollando su Plan de Acción Nacional. En consecuencia, y debido a la importancia de contar con un PAN, en septiembre realizamos una solicitud de información al gobierno nacional consultando sobre el estado de situación del Plan de Acción Nacional argentino sobre empresas y derechos humanos. La respuesta fue brindada en dos partes, primero a finales de septiembre y luego se completó la información a mediados de octubre.
El PAN Argentino ya está elaborado y para que entre en vigor es necesario un decreto del presidente de la Nación. Sin embargo, desde Nación informaron que el Proyecto de Decreto de aprobación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos se encuentra en revisión por las autoridades gubernamentales. Es más, aún no se ha definido si se permitirá la participación de la sociedad civil a través de consultas públicas, lo cual es necesario para lograr mayor compromiso en garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas transnacionales y el efectivo remedio a las víctimas.
Al consultar sobre la postura del Gobierno nacional respecto al instrumento jurídicamente vinculante, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron que Argentina se abstuvo de la Resolución 26/9 del año 2014 en la cual se aprueba la constitución de un Grupo de Trabajo Intergubernamental con el propósito de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas comerciales respecto a los derechos humanos. Sin embargo, Argentina ha participado de todas las sesiones realizadas por el grupo de trabajo y estuvo presente en la última sesión de octubre de este año.
Entonces, no solo es necesario y urgente que el Grupo de Trabajo de la ONU avance en la elaboración y conclusión del Tratado, también urge que Argentina haga lo mismo con su Plan Nacional de Acción en empresas y derechos humanos. Como los planes están orientados de acuerdo a los Principios Rectores, elaborados de acuerdo al contexto de cada Estado, tienen que ser producto de procesos transparentes, participativos y abiertos al diálogo. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno Nacional revise de manera conjunta con la sociedad civil, academia, sindicatos y otras partes interesadas, el borrador del PAN para que efectivamente sirva de instrumento en la eliminación de obstáculos y en la promoción de buenas prácticas en el cumplimiento de los derechos humanos relacionado con las actividades empresariales.
Desde Fundeps seguiremos monitoreando el proceso de elaboración del PAN Argentino como del Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
Más información
- 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos – Fundeps
- Se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe – Fundeps
- Cuando el discurso se diluye: derechos humanos y empresas transnacionales – Camila Bocco
- National Action Plans on Business and Human Rights – The Danish Institute for Human Rights
- Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos: Comentarios de Fundeps y el nuevo Borrador revisado – Fundeps
- The second revised draft legally binding instrument on business activities and human rights – OHCHR
- Plan Nacional de Acción argentino en Empresas y Derechos Humanos (borrador) – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Autora
- Sofía Brocanelli
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- Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El pasado 24 de noviembre, nos reunimos con integrantes de la delegación de Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para dialogar sobre los hechos de discriminación perpetuados en los colegios de la red educativa Fasta.
Luego de remitirles la denuncia presentada en octubre ante el Ministerio de Educación por las situaciones de violencia y discriminación vividas por integrantes de las comunidades educativas de la red de Fasta, la delegación cordobesa del INADI nos concedió una audiencia para conversar sobre los casos de discriminación denunciados.
La institución se comprometió a involucrarse con la denuncia, solicitando información al Ministerio de Salud. Además, asumió el compromiso de continuar articulando con organizaciones de la sociedad civil, previendo nuevas instancias de encuentro y diálogo.
Más información
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- Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
El día de hoy, La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley Yolanda de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Senadores. La normativa prevé la formación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente para quienes desempeñen la función pública en todos los niveles y jerarquías del Estado (Nacional).
El objetivo de la ley se centra en garantizar la formación de agentes estatales en la perspectiva de desarrollo sostenible, a partir de los valores sustentables y ambientales. Para el cumplimiento de este importante objetivo, prevé en su Art. 6 los ejes sobre los cuales deberán asentarse los planes formativos, como así también otros ejes desarrollados en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos se incorporan cuestiones vinculadas al derecho ambiental, a la economía circular, al impacto ambiental de las políticas públicas, al cambio climático, a la gestión de residuos sólidos urbanos, a las problemáticas ambientales, entre otros.
A modo de garantizar y controlar el efectivo cumplimiento de los programas de capacitación, se prevé un mecanismo web en la cual se podrá visibilizar el grado de cumplimiento de cada poder del Estado. De igual modo, se prevé un mecanismo sancionatorio de tipo disciplinario para quienes incumplan de dicho compromiso. Finalmente, es necesario aclarar que no se trata de una ley de presupuestos mínimos por lo que su ámbito de aplicación se limita a quienes forman parte del Estado Nacional. Por ello, esta ley invita a las provincias a la adhesión de la ley.
La ley constituye un avance importante a los fines de procurar la adopción de la perspectiva en desarrollo sostenible y ambiental en la adopción de las políticas públicas que sin dudas poseen un gran impacto en el ambiente. Sin embargo, la adopción de esta perspectiva en los agentes de cambio estatales es complementaria de aquél deber que sobre ellos pesa desde la reforma constitucional de 1994. El propio Art. 41, dispone la obligación de preservar el ambiente y de garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado con perspectiva intergeneracional y sostenible. Lo trascendente es que la voluntad política, en lo sustancial y procedimental, tenga en cuenta los deberes que la Constitución Nacional y normas de presupuestos mínimos imponen a quienes ponen en marcha las políticas públicas, mucho mejor si lo hacen sabiendo el alcance e incluso la existencia de tal deber.
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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org
Desde hoy hasta el miércoles 18 de noviembre, se realiza de manera virtual el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy y hasta el miércoles, se realiza el 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debido a la pandemia, este año, el Foro se realizará de manera virtual, permitiendo una mayor participación de organizaciones y comunidades de distintas partes del mundo. En circunstancias normales, la participación presencial a este foro se dificulta por las distancias y cuestiones económicas, por lo que significa un gran avance su realización en un formato virtual.
El tema del evento de este año es la “Prevención de los abusos de los derechos humanos relacionado con las empresas: la clave para un futuro sostenible para las personas y el planeta”. En el Foro se reúnen empresas, inversores, representantes de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, sindicatos, academias y medios de comunicación.
Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el Foro considerará cómo los Estados y la comunidad empresarial deben responder a ella de manera que respete y proteja los derechos humanos así como la necesidad de construir a una recuperación sostenible y centrada en las personas.
Más Información
- 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos – Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- Se realizó el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe – Fundeps
- Concept Note – 9° Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos
- Forum on Business and Human Rights 2020 – UN Web TV
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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
La Cumbre Finance in Common (“Finanzas en Común”), llevada a cabo desde el 9 al 12 de noviembre, es la primera cumbre global que contó con la presencia de todos los bancos de desarrollo e instituciones multilaterales del mundo. Organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones nos hemos manifestado ante la ausencia de los derechos humanos y las voces de las comunidades en la agenda del evento.
Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2020 se realizó la Cumbre Finance in Common, que contó con la presencia de 450 Bancos Públicos de Desarrollo del mundo, instituciones multilaterales, jefes de Estado, representantes del sector privado, sociedad civil, academia, entre otros. El evento fue una iniciativa de la Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo -FEMIDE- y del International Development Finance Club -IDFC-. Fue patrocinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y por la Agencia Francesa de Desarrollo -AFD; y contó con la participación del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.
La cumbre se centró en el rol crucial que poseen los Bancos Públicos de Desarrollo como actores capaces y necesarios para brindar una respuesta colectiva a los desafíos globales, acordando medidas de recuperación sostenible a corto plazo sobre la crisis del COVID-19 y con un impacto a largo plazo en el medio ambiente y en las sociedades. Sin embargo, en la agenda de la Cumbre no se abordaron los derechos humanos, derechos constantemente vulnerados y violados por las inversiones de los bancos de desarrollo. Así, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades locales, defensores y defensoras de derechos humanos no tuvieron un espacio para exponer sus inquietudes y preocupaciones.
Esto, a pesar que en el mes de septiembre, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo enviaron una carta a la Agencia Francesa de Desarrollo solicitando que se incluyan y se prioricen los principios de un desarrollo que esté centrado en los derechos humanos. Debido a la falta de respuesta, las OSC emitimos una Declaración Conjunta haciendo un llamado a los Bancos Públicos de Desarrollo -BPD- para que inviertan sus recursos financieros en la construcción de un futuro justo, equitativo, inclusivo y sostenible para todas las sociedades del mundo.
Esta cumbre debería ser una oportunidad para que los bancos de desarrollo modifiquen su forma de operar y coloquen como eje de sus acciones a la democracia, la inclusión, la igualdad, la solidaridad y el bien común. Es urgente que los BPD se comprometan a financiar en pos de un desarrollo justo, equitativo y sostenible, promoviendo y garantizando los derechos humanos para todos y todas, sin dejar de lado las comunidades vulnerables y marginadas.
Más Información
- Finance in Common Summit – Coalition for Human Rights in Development
- Carta a la Agencia Francesa de Desarrollo – Coalition for Human Rights in Development
- Finance in Common
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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Carolina Tamagnini, Directora Ejecutiva de Fundeps, resultó elegida como integrante suplente durante el último proceso de elecciones para el Comité Ejecutivo de la Red Argentina de Cooperación Internacional.
RACI es una federación compuesta por más de 150 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina que trabaja constantemente para fortalecer y promover acciones coordinadas con el sector. Fundeps forma parte de este espacio desde 2016 y este año decidimos renovar nuestro compromiso al postularnos para formar parte de su Comité Ejecutivo.
Durante la última Asamblea de Miembros de RACI se dieron a conocer los resultados de las elecciones de las personas integrantes para el nuevo Comité Ejecutivo. Dicho Comité es el encargado de llevar adelante acciones políticas en línea de la estrategia de mediano y largo plazo, así como contribuir a la implementación de la planificación anual de la Red. En esta oportunidad, Carolina obtuvo los votos necesarios para comenzar a formar parte de dicho espacio, y estará ocupando un rol de suplente para el período 2020-2022.
Celebramos la renovación de las autoridades de RACI y poder acompañar su continuo crecimiento y su proceso de federalización, contribuyendo así al fortalecimiento de la sociedad civil en Argentina.
Más información
Nuevo Comité Ejecutivo de RACI
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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org
Dos encuentros virtuales para aprender sobre el mundo de las IFIs, sus mecanismos de rendición de cuentas, y compartir herramientas útiles con organizaciones feministas de la región.
Las instituciones financieras internacionales -IFIs- son uno de los actores más importantes para los países de América Latina y el Caribe en lo que a financiación de proyectos se refiere. Sin embargo, es necesario que las IFIs cuenten con Políticas de Género y transversalicen la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y ejecución de los proyectos que financian, y consideren los impactos diferenciados por género que éstos ocasionan.
Por tal motivo, lanzamos dos encuentros virtuales en el que aprenderemos sobre las IFIs y compartiremos herramientas útiles para que, organizaciones constituidas por feminidades e identidades diversas y disidentes, construyan capacidad para monitorear los proyectos financiados por éstas.
En el primer encuentro, nos aproximaremos al mundo de las IFIs y sus mecanismos de rendición de cuentas. Tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 16h. Argentina.
En el segundo encuentro, brindaremos herramientas para obtener información y monitorear proyectos financiados por instituciones financieras de desarrollo. Se realizará el 17 de noviembre a las 16h.
Con 64 votos positivos y 3 negativos, el Senado argentino le dio media sanción al proyecto de etiquetado frontal de advertencia. Con la aprobación de la Cámara de diputados, se convertiría en ley.
El debate sobre el texto se dio en el marco de una extensa sesión que se llevó a cabo el jueves 29 de octubre y que incluyó diferentes temas. El proyecto, que entiende al etiquetado como la puerta de entrada para la adopción de otras políticas en materia de alimentación, está basada en los mejores estándares reconocidos por organismos de derechos humanos e instituciones de salud pública.
Entre los puntos destacables del texto del proyecto se encuentran:
- Utilización del sistema de advertencia de octógonos negros, con la leyenda “exceso en”
- Inclusión del sistema de perfil de nutrientes de OPS
- Prohibición de todo tipo de publicidad en productos que lleven al menos un sello negro; incluyendo el uso de personajes animados, premios o regalos y la restricción en la utilización de claims
- Inclusión de la leyenda: “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” “contiene cafeína, evitar en niños/as”.
- Prohibición de la promoción, ofrecimiento y comercialización de productos que tengan al menos un negro en entornos escolares.
El próximo paso es la discusión del texto en la Cámara de Diputados. Les pedimos a los y las integrantes de la Cámara baja que acompañen este proyecto, le den apoyo al texto sin modificaciones para así alcanzar la sanción definitiva y consolidar este avance histórico en el derecho a la salud y la alimentación adecuada.
Accedé al proyecto con media sanción
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org