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Co-creando políticas: Mesa provincial de Gobierno Abierto en Córdoba

Durante los pasados miércoles 12 y 19 de abril, la Dirección de Gobierno Abierto de la Provincia de Córdoba convocó a organizaciones de la sociedad civil en una mesa de diálogo. Esto, en el marco de la elaboración de la meta provincial que formará parte del Plan de Acción Nacional de Argentina ante OGP durante los años 2017 a 2019.

En el marco de la Alianza para Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), Argentina deberá presentar este julio de 2017 un nuevo Plan de Acción Nacional que deberá contemplar nuevos compromisos en materia de trasparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

La Alianza para el Gobierno Abierto fue lanzada en 2011 para proveer una plataforma internacional para reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoraren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Desde entonces OGP ha pasado de 8 países participantes hasta contar con los 64 países que se indican en el mapa inferior. En todos esos países, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. 

El concepto de “gobierno abierto” se basa en 3 pilares fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. Implica un nuevo paradigma, bajo el cual los tomadores de decisión ponen a los ciudadanos en el centro de la política pública y los incluyen en su diseño, entendiendo que una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas contribuye a un gobierno más abierto y que rinde cuentas a la ciudadanía.

El último plan de acción presentado por nuestro país fue en el año 2015, e incluyó compromisos asumidos tanto por la administración de Cristina Fernández, como por la actual gestión de Mauricio Macri. Para este 2017, desde el Ministerio de Modernización de la Nación, se decidió incorporar una sección en el plan que esté conformada por compromisos subnacionales.

A este respecto, las provincias están invitadas a sumar una meta a este nuevo plan. Durante finales del año 2016, desde el poder ejecutivo nacional se organizaron encuentros federales en los que se explicó la metodología para la elaboración de compromisos. En este sentido y de acuerdo con el proceso explicado, las metas debían ser co-creadas con la sociedad civil.

La relevancia del Gobierno Abierto como nuevo paradigma cultural en la esfera de la gestión estatal, radica en la posibilidad de incorporar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del gobierno. Una administración más transparente y que rinda cuentas a la sociedad, se traduce en instituciones más fuertes y legítimas.

Los pasados miércoles 12 y 19 de abril, desde la Secretaría de la Gobernación de la Provincia de Córdoba, se convocó a organizaciones de la sociedad civil para la participación en dos mesas de diálogo. Durante ambos encuentros se trabajó en la creación del compromiso que asumirá la Provincia de Córdoba en el Plan de Acción Nacional de Argentina ante OGP 2017-2019.

Dentro de las organizaciones que concurrieron a estas mesas se encuentra la Asociación AGA, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, El Foro Ambiental de Córdoba, FUNDEPS, el Instituto Federal de Gobierno, Open Data Córdoba, entre otras. El debate rondó esencialmente sobre la necesidad de lograr la institucionalización del paradigma de Gobierno Abierto dentro del gobierno de la Provincia de Córdoba. Asimismo, se debatió acerca de la posibilidad de crear un Portal de Gobierno Abierto perteneciente a la provincia.

Desde FUNDEPS consideramos a éste, como un paso importantísimo en el avance hacia el establecimiento de políticas de Gobierno Abierto en la provincia. La institucionalización de espacios con éstas características lograría, en un futuro, mayores y mejores mecanismos de participación ciudadana. En consecuencia, aumentarían los niveles de rendición de cuenta y transparencia de la gestión gubernamental en Córdoba.

Más información:

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Informe de actividades 2016

El pasado 2016 fue un año de gran crecimiento para nuestra fundación, no solo por el desarrollo de nuestras múltiples agendas de trabajo, sino también, por la consolidación de nuestro equipo de voluntarios.

Diversificamos aún más nuestras agendas de trabajo, logramos potenciar nuestra incidencia social, pudimos posicionarnos en redes e incrementamos la colaboración con nuevos socios.

Como lo hicimos año tras año, continuamos realizando investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con múltiples organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Agradecemos a todos los que formaron parte y confiaron en FUNDEPS. Esperamos que el 2017 nos siga encontrando y trabajando en conjunto en pos de nuestro principal objetivo: continuar creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Los invitamos a leer el resultado de un gran año de trabajo, haciendo click en nuestro informe 2016 en el siguiente link bit.ly/FUNDEPS2016; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

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Estudios dan cuenta de degradación ambiental y desatención gubernamental en Chacras de la Merced

Durante el mes de diciembre de 2016, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables decidió llevar a cabo un proceso de encuestas en el barrio Chacras de la Merced, con la finalidad de obtener información precisa acerca del estado de situación de la comunidad allí radicada.

Desde el año 2015, FUNDEPS ha estado trabajando con el recientemente mencionado barrio de la Ciudad de Córdoba, en relación a la problemática de la planta de tratamiento de líquidos cloacales (EDAR). El probado mal funcionamiento de la planta, radicada en la zona desde 1984, ha causado numerosos problemas en la población cercana, a la vez que en el ecosistema allí presente.

El objeto de este proceso de encuestas, ha sido poder descubrir la percepción de los vecinos del barrio respecto de la planta, al mismo tiempo que de otras problemáticas que ellos pudieran identificar con carácter de emergencia. El instrumento utilizado estuvo destinado a recopilar la percepción de la comunidad de Chacras de la Merced acerca del funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la situación medioambiental de la zona, el desempeño de las autoridades gubernamentales para con el barrio y su interés de involucrarse en actividades de control.

En este sentido, dentro de los resultados obtenidos, a continuación se presentan aquellos de mayor relevancia.

Un 83% (44 familias) no se siente tranquilo con la situación medioambiental del barrio Chacras de la Merced.

Se mencionaron 5 problemáticas y se pidió a los encuestados que proporcionaran un orden de prioridad entre ellas, estableciendo del 1 al 5 la urgencia con la que creían que debían ser solucionadas por las autoridades gubernamentales. Del total de familias encuestadas, 34 (64%) de ellas otorgaron el número 1 de prioridad y urgencia a la contaminación provocada por la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Luego se preguntó a los encuestados si conocían o no el trabajo que EDAR realiza y un58,8% dijo no conocer con certeza el trabajo y funcionamiento de EDAR. Un 50,9% aseguró estar muy mal informado respecto de los temas que refieren al funcionamiento de la planta. En consonancia con lo anterior, un 79,2% de los vecinos aseguró que no confía en la información que brinda la municipalidad de Córdoba sobre el funcionamiento de la planta.

No obstante la falta de conocimiento, un 86% considera que la planta no funciona correctamente; y opinaron en referencia al factor que consideran provoca el mal funcionamiento. Un 37,2% de los encuestados opinó que la planta no funciona correctamente por falta de controles municipales que verifiquen el correcto funcionamiento. Asimismo, el 46,5% considera que el mal funcionamiento de la planta provoca la inmediata contaminación del río.

Se preguntó acerca de la confianza que tenían los encuestados en ciertas instituciones y organizaciones. Los empresarios, el gobierno provincial, el gobierno municipal, la policía, el poder legislativo, el poder judicial, los partidos políticos, los sindicatos y el gobierno nacional, reciben nada de confianza de parte de los vecinos de Chacras de la Merced. Las universidades privadas y públicas; las organizaciones ambientales, las organizaciones sociales, las instituciones religiosas y los medios de comunicación son receptores de mucha confianza por parte de los vecinos. Los vecinos opinaron, de manera indiscutida con un 77% (41 familias), que no confían en EDAR. 

Es importante destacar que Un 76,9% de los vecinos no tiene/tuvo información acerca del proceso de licitación llevado a cabo por la provincia para la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Asimismo, en lo que respecta a la opinión acerca de la ampliación de la planta, sorprende que a pesar de la declarada desconfianza en las autoridades y la información que estas brindan; el 58,5% de los vecinos confía en que la obra redundará en la mejora de la calidad de vida de la comunidad.

El 88,7% de los encuestados cree que sí se debería (gente del barrio con organizaciones de la sociedad civil)participar en espacios de monitoreo a las acciones del estado en materia del control ambiental. Se consultó también acerca de la inclinación hacia la participación en espacios de monitoreo de las acciones de la municipalidad y la provincia en el proceso de construcción de la nueva planta. Un 56,6% expresó que estaría dispuesto a participar en estos espacios si surgieran.

La encuesta también apuntó a conocer acerca del historial de salud de los vecinos, consultando acerca de síntomas y enfermedades que hayan tenido, su frecuencia, el diagnóstico brindado y el tratamiento indicado. A este respectoel 69% aseguró haber padecido de alguno de los síntomas listados.

Los resultados extraídos del proceso de encuestas demuestran que la comunidad de Chacras de la Merced se encuentra en una grave situación de vulnerabilidad por la confluencia de numerosos factores que desembocan en la violación de sus derechos más básicos. Álida Weht, directora de la organización de base Las Omas que tiene por objeto la mejora de la calidad de vida de los vecinos, ha opinado que: “los resultados constituyen la visibilización de una situación de contaminación que data de varias décadas y de una comunidad que se ha visto inmersa en una inmesidad de problemáticas por ese mismo tiempo.

En el marco de los recientes eventos relacionados con el volcamiento en el Río Suquía, tanto de residuos de empresas como de líquido cloacal crudo, es necesario remarcar la emergencia en la que se sitúa el barrio Chacras de la Merced.

Informe de completo de las encuestas

Más información:

Participamos de la audiencia regional de la CIDH en pos del cumplimiento de los DESCA

Intercambio de miradas en torno al proyecto de Bajo Grande

Pedidos de información pública por la planta Bajo Grande

Contacto:

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

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Participamos de la audiencia pública por la instalación de Cantera Colombo en Chacras de la Merced

Preocupados por la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la comunidad de Chacras de la Merced, participamos en la audiencia pública con un informe técnico legal que da cuenta de las irregularidades del proyecto de instalación de una nueva cantera.

El pasado miércoles 12 de abril la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático convocó a audiencia pública a los fines de tratar el proyecto de instalación de “Cantera Colombo” en inmediaciones del Barrio Chacra de la Merced. El proyecto Cantera Colombo se ubicaría al Este de la localidad de Córdoba, fuera del ejido urbano de la ciudad, en el lugar conocido como Corazón de María, siendo el centro poblacional afectado por la obra la localidad de Chacra de la Merced. Se trata de una Cantera seca a cielo abierto, donde se efectuaría la extracción de áridos sin uso de explosivos, para luego trasladar el material a la planta clasificadora propiedad del titular denominada Canteras Ruiz, ubicada en Camino Chacra de La Merced, Km. 7.

Dentro las principales consideraciones que realizamos en el Informe referido al estudio de impacto ambiental “Cantera Colombo” cabe mencionar que no tuvo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad de Chacra de la Merced debido al impacto acumulado que afecta de manera progresiva y negativa en el derecho a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano. Entre las causas principales que explican la transformación de lo que era el “Cinturón verde de la ciudad de Córdoba” encontramos a: la instalación de emprendimientos inmobiliarios, explotación de canteras, instalación y omisión en los controles sobre los establecimientos de curtiembres, mal funcionamiento y la sobresaturación de la planta depuradora de aguas residuales (EDAR Bajo Grande), lagunas generadas por las explotaciones de antiguas canteras. Asimismo dentro de las irregularidades que surgieron del análisis del estudio de impacto ambiental encontramos que:

-La integralidad del proyecto tendrá significativos y en su mayoría impactos negativos e irreversibles en el ambiente, en especial en la calidad del agua, suelo, aire, salud y calidad de vida.

-No cumple con el contenido mínimo detallado en el art. 19 de la ley 10.208 (línea de base en salud teniendo en cuenta que se emplazará a 300 mts de una escuela y a 150 mts del río Suquía, servicios públicos afectados como transporte público).

-Toma líneas de base desactualizadas (población afectada, censo 2008).

-No cita fuentes confiables.

-No detalla las medidas de recomposición y mitigación de los impactos.

Por todo ello, desde FUNDEPS recomendamos una profunda evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente como órgano de contralor del presente proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, y disponiendo de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con los parámetros legales y ambientales esperados a fin de proteger los derechos fundamentales de los vecinos de Chacra de la Merced.

Más información
Informe de FUNDEPS por instalación Cantera Colombo.pdf

Video situación Chacras de la Merced

Autores

María Pérez Alsina, Virginia Corradi y Male Martínez Espeche.

Contacto

Male Martínez Espeche / Coordinadora Equipo de Ambiente

malemartinez@fundeps.org

La Corte de Colombia eliminó la censura sobre una campaña a favor de la salud

El fallo deja sin efecto la prohibición que pesaba sobre “Tómala en serio”, una campaña destinada a concientizar sobre los efectos de las bebidas azucaradas. Esto sienta un precedente en la defensa de los derechos a la información, a la salud y a una alimentación adecuada.

Bogotá.- “No te hagas daño tomando bebidas azucaradas”, dice el comercial de Educar Consumidores que muestra las consecuencias del exceso de azúcar sobre la salud. Sin embargo, luego de una denuncia realizada por Postobón -una de las empresas de bebidas más grandes de Latinoamérica-, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la suspensión inmediata de la difusión de toda la campaña. Además, debían remitirse a la SIC las piezas publicitarias relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas que desearan transmitirse a futuro.

El pasado 5 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia dejó sin efecto esta resolución en una sentencia que significó un avance en la defensa de los derechos de los consumidores. Esto sentó un precedente ya que por primera vez se reconoció el derecho de las personas a acceder a la información sobre temas relacionados con la salud y la alimentación.

Educar Consumidores es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que en septiembre del año pasado lanzó la campaña ¨Cuida tu vida – Tómala en Serio¨. La misma está destinada a mostrar las consecuencias para la salud del consumo de ciertas bebidas. Tras la denuncia, la SIC prohibió la difusión de los comerciales alegando que se trataba de “publicidad engañosa” por no contar con soportes científicos ni médicos, pese a que la organización emisora remitió los documentos que avalaban sus afirmaciones. La prohibición constituyó una violación a la libertad de expresión, al derecho a la salud y al derecho a la información.

Ante esta situación, se presentaron dos acciones judiciales: una del organismo emisor de la campaña, enfocada en su derecho a la libertad de expresión, y otra desde Dejusticia junto con una coalición de ONGs, orientada en el derecho de acceso a la información.

La segunda acción fue rechazada en primera y segunda instancia hasta llegar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia, que falló a su favor. La Corte argumentó que la SIC debió permitir la participación de los consumidores en una decisión que los afectaba, y que al no hacerlo violó el derecho de los mismos al debido proceso.

Además, aludió al derecho de los usuarios a tomar decisiones basadas en el consentimiento informado, y a la importancia de acceder a la información para que el mismo se configure. Asimismo, sostuvo que con fundamento en el derecho nacional e internacional, especialmente el Sistema Interamericano y el Sistema de Protección de Naciones Unidas, Colombia tiene la obligación de respetar los derechos allí consagrados, y en este caso la SIC faltó a esa obligación.

Desde FUNDEPS acompañamos acciones como las de Educar Consumidores que buscan empoderar a las personas para que puedan adoptar decisiones informadas. También celebramos la disposición tomada por la justicia colombiana. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en el mundo. Es deber del Estado respetar, garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos, sobre todo cuando se tratan de temas fundamentales como la protección de la salud.

Comercial de Educar Consumidores

Autores

Maga Ailén Merlo Vijarra, Federico Piccioni y Agustina Mozzoni.

Contacto

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

Maga Ailén Merlo Vijarra – magamerlov@fundeps.org

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Participamos de la audiencia regional de la CIDH en pos del cumplimiento de los DESCA

Fuimos parte de una de las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevada adelante los días 17, 18, 20, 21 y 22 de marzo del corriente en Washington.

En el marco las audiencias públicas, aquella que nos convoca se trata sobre “Derecho de acceso a la información relevante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Ésta fue solicitada a la CIDH por en conjunto con organizaciones de la región como Fundación Construir (Bolivia); Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur, Uruguay); Alianza Regional Por la Libre Expresión e Información (Uruguay); ARTICLE 19 (Brasil); Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo, Uruguay); Fundar – Centro de Análisis e Investigación (México); y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, Argentina).

La audiencia de la que fuimos parte, expuso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) la necesidad de consolidar estándares acerca de la producción y el acceso a información que permitan avanzar hacia la efectiva implementación y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Existen compromisos internacionales y regionales en este ámbito que muestran claras obligaciones respecto a la producción y el acceso a la información, de necesario cumplimiento para poder avanzar en la exigibilidad y ejercicio de estos derechos. Sin embargo, en los países de la región subsisten serias falencias en su cumplimiento.

Diversos organismos internacionales no han encontrado información necesaria para poder determinar si los DESCA se respetan en los países de la región. Específicamente, han notado deficiencias relativas a la recopilación y sistematización de información sobre el ejercicio de los derechos a la educación, al empleo, a la salud y a la seguridad social de mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas; afrodescendientes y trabajadores migratorios y sus familiares. En esta misma línea, es que han precisado que es una obligación estatal la de producir información a partir de la cual sea posible la validación de indicadores y, en general, el acceso a muchas de las garantías cubiertas por cada derecho social.

Argentina y Córdoba no son la excepción en este aspecto. El caso de contaminación por la planta de EDAR Bajo Grande, que afecta a la comunidad Chacras de la Merced, es un ejemplo claro de las vulneraciones de derechos humanos agravadas por la deficiencia en acceso a la información. Desde el Estado no se proveen datos sobre los niveles de contaminación de aire y suelo, así como tampoco la información relevada sobre afectaciones a la salud a la gente del barrio, principalmente a mujeres, niños y niñas. De esta manera, se ponen trabas a la exigibilidad de los derechos de las personas afectadas.

Es por ello que resulta fundamental fortalecer la implementación de estándares en torno al alcance de las obligaciones estatales de producción, disponibilidad y acceso oportuno a información sobre DESCA. Esto último, además de ser esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, permite robustecer las estrategias de exigibilidad de la sociedad civil, generando las condiciones para que muchas vulneraciones de derechos sean reparadas.

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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

 

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Discusiones en avances en el marco legal que conecta empresa y derechos humanos

El Grupo de Bancos de Thun publicó un documento sobre las implicaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para la banca corporativa y de inversión. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil criticamos públicamente esos pleanteos. 

Ante los riesgos que implicaba el documento del Grupo Thun, un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicaron una carta abierta criticando muchos de los planteos de ese documento. Firmamos la carta 34 organizaciones académicas y de la sociedad civil de 17 países, entre ellas BankTrack, SOMO, Oxfam, Greenpeace, Global Witness y OECD Watch.

El documento del Grupo Thun desarrolla un marco conceptual para la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos para los bancos en un contexto de banca corporativa y de inversión. En este documento se realiza una interpretación errónea del principio 13.

La carta solicita que el Grupo de Thun demuestre que está preparado para participar en el Proyecto de la Agenda Proactiva de la OCDE de buena fe, modificando el documento que publicaron y dejando claro que reconoce y respeta el consejo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los principios rectores son un conjunto de directrices acordadas por la comunidad internacional como una guía que orienta tanto a los Estados en su labor de protección de los derechos humanos, como a las empresas en su deber de respetarlos. Este trabajo fue liderado por el el Profesor Ruggie. Estos principios fueron aprobados el año 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En este contexto el 21 de febrero el Profesor Ruggie de Harvard respondió fuertemente al documento del Grupo Thun. Está «profundamente preocupado» por el documento y plantea puntos similares a los de la carta abierta. «Pueden socavar los intentos de los bancos y otros para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos». Además, agrega que:

«Es ejemplar que un grupo de grandes bancos está llevando a cabo un importante trabajo sobre la aplicación de las UNGP a su sector. Pero me temo que la mala interpretación de los elementos básicos de las UNGPs y sus implicaciones en este documento puede dañar seriamente y arriesgar el establecimiento de parte del trabajo innovador que estamos viendo de los bancos individuales. Por lo tanto, insto al Grupo a que reflexione sobre estas cuestiones y considere la posibilidad de publicar un futuro documento más acorde con los elementos básicos de las UNGPs».

El 23 de febrero el coordinador del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que promueve la aplicación de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos, también respondió invitando a los bancos del Grupo Thun a revisar el documento «para alinearlo con las UNGPs”. El Grupo de Trabajo considera que el documento de debate ofrece consideraciones prácticas útiles, para las situaciones en la que los bancos puedan afectar derechos humanos a través de productos o servicios financieros que presten a terceros.

«Los esfuerzos del Grupo Thun para explorar las implicaciones prácticas de las UNGPs son bienvenidos (…) Sin embargo, estos instrumentos de práctica que buscan interpretar el significado de las UNGPs en un contexto específico del sector deben estar sujetos a un proceso de consulta y revisión por parte de otras partes interesadas con el fin de garantizar la exactitud, solidez y legitimidad.»

El Grupo de Trabajo cree que si no se aborda, esto puede causar confusión innecesaria sobre las UNGPs, lo que puede socavar los intentos de los bancos y otros para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Cabe resaltar que el documento de discusión del Grupo Thun fue aprobado por Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank, ING, JPMorgan, RBS, Standard Chartered, UBS Group AG y UniCredit.

El 28 de febrero Christian Leitz en nombre del Grupo Thun respondió al grupo de OSC, al profesor John Ruggie y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Manifiesta estar tratando de generar una discusión constructiva entre los bancos y otras partes interesadas pero no ha indicado ninguna voluntad de revisar el documento. Y espera continuar con las partes interesadas en los próximos foros de múltiples interesados discutiendo el documento.

Se ha programado una reunión abierta a todos los signatarios de la carta para el 19 de junio en donde tendrá lugar un diálogo más amplio con el Grupo Thun. El profesor Ruggie ha dicho que considerará participar en esta reunión si se retractan de la premisa de que los bancos no pueden contribuir a dañar a través de sus relaciones con los clientes.

En la contrarrespuesta, desde las organizaciones de la sociedad civil se expresan dos preocupaciones respecto a la reunión de junio. Por un lado, definir una estrategia de participación de los interesados como se comprometió a hacerlo el Grupo Thun en su última reunión pública. Y en segundo lugar, que retire y reconsidere su reciente documento.

Desde FUNDEPS seguimos este proceso y esperamos un cambio en la respuesta que ha brindado el Grupo Thun. Los Principios Rectores sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos se crearon para «proteger, respetar y remediar» derechos humanos y esperamos cooperación de los estados, los sectores privados y la sociedad civil para cumplir los compromisos asumidos.

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Thun Group of Banks releases new Discussion Paper on implications of UN Guiding Principles for corporate & investment banking; commentaries provided

Leading banks under fire for misrepresenting human rights responsibilities

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Victoria Gerbaldo / Encargada de Proyectos del Área de Gobernabilidad Global

victoriagerbaldo@fundeps.org

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Se conformó el Grupo Consultivo Externo del MICI

En febrero de este año el MICI concluyó el proceso de selección de integrantes de su Grupo Consultivo Externo. Juan Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS ha sido seleccionado para integrarlo.

Luego de un proceso de selección, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo seleccionó a ocho integrantes que conformarán su Consejo Consultivo Externo (GCE).

La finalidad del GCE consiste en apoyar el compromiso del MICI en torno al cumplimiento de su mandato de rendición de cuentas de manera creíble, eficaz y transparente.

Juan Carballo, nuestro Director Ejecutivo, ha sido seleccionado para integrar el GCE junto a Ana-Mita Betancourt (Estados Unidos), Maximiliano Brandt (Costa Rica), Leonardo Crippa (Estados Unidos), Manuel Morales (Ecuador), Paulina Ibarra (Chile), Andrea Repetto (Estados Unidos) y Melanie Salagnat (México). Los miembros van a participar en forma voluntaria, sin remuneración y el mandato inicial será por un período de dos años.

El GCE tiene planeada su primera reunión para la primera mitad de este año. Esperamos que se tengan presentes en el accionar del grupo las recomendaciones y sugerencias en relación a la membresía, la composición y los objetivos y funciones del GCE que presentamos en su momento.

Desde FUNDEPS, compartiremos con sociedad civil en general las oportunidades de monitoreo e incidencia que brinde el GCE.

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Juan Carballo / Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Instancias de participación en la planificación estratégica de la CIDH

El pasado 10 de febrero, hemos participado del proceso de consulta abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las organizaciones de la sociedad civil, en Washington, DC. Esto se lleva a cabo en el marco de la realización de su planificación estratégica para el período 2017-2020.

Durante la primera parte de la jornada, se destinó el espacio a las organizaciones presentes para que dieran su postura al respecto de los desafíos en temas de derechos humanos a tener en cuenta para los próximos años. Entre los temas mencionados están los derechos de los migrantes, de las mujeres, de las personas LGTBIQ, de las personas con discapacidad, los pueblos indígenas. En la segunda parte de la consulta, se revisaron por grupos de trabajo los objetivos que la Comisión redactó a modo de borrador.

Los desafíos que identificamos a futuro para los derechos humanos en la región están relacionados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que han sido ampliamente reconocidos como derechos humanos pero no abordados lo suficiente desde los organismos hemisféricos. Otro punto relevante en la agenda es el acceso a la información, fundamental para los sistemas democráticos, y declarado como un derecho humano relacionado a la libertad de expresión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la información es de suma importancia ya que impacta directamente en el ejercicio de los demás derechos humanos, incluyendo también los DESCA.

Por otro lado, destacamos la vinculación entre derechos humanos y empresas, por la creciente tendencia a la captura corporativa de los Estados alrededor del mundo. En este sentido, los Estados deben tomar mayor papel, evitando ceder ante los compromisos de autorregulación del sector privado y la injerencia de las empresas en sectores de políticas públicas sensibles. Para esto, se deben promover iniciativas para aumentar los niveles de rendición de cuentas del sector privado, sin olvidar la responsabilidad de los Estados. Por último, expresamos nuestra preocupación por la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, siendo América Latina una de las regiones más peligrosas para este grupo y propusimos instancias de participación fuera de las capitales nacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Los procesos de revisión de las actividades de este organismo, como el de planificación estratégica, son de gran relevancia para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la agenda de la sociedad civil en el continente.

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Intervención de FUNDEPS en el proceso de Plan Estratégico

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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8 DE MARZO: FUNDEPS acompaña el Paro Internacional de Mujeres||

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base formado y organizado por mujeres de 35 países como respuesta a la violencia social, jurídica, política, moral, mediática y verbal que experimentan a diario las mujeres en todo el mundo.

El 3 de octubre de 2016  -siguiendo el ejemplo de las islandesas, las primeras mujeres que convocaron a un paro nacional en 1975-, las mujeres polacas convocaron a un paro en lo que se conoció como “Lunes Negro”.

En nuestro país, el 19 de octubre de 2016, en respuesta a una semana en la que sucedieron 7 femicidios y luego de un fin de semana en el que las mujeres fueron reprimidas en la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres; se lanzó una convocatoria en las redes sociales para adherir a un paro de una hora y a movilizaciones masivas. Así, de manera autoconvocada, las organizaciones de mujeres y feministas, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, se sumaron a la medida que se replicó en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

En Polonia, el 24 de octubre se dio el segundo “paro polaco” contra la violencia por parte del Estado en las problemáticas de las mujeres. Las mujeres polacas establecieron contacto con otras mujeres en Corea del Sur, Rusia, Irlanda, Israel, Italia y Argentina. Al final de octubre de 2016, este grupo – ya bajo el nombre del Paro Internacional de Mujeres – decidió el lema “Solidaridad es nuestra arma” y un llamamiento al paro traducido a varios idiomas. Allí se decidió que el 25 de noviembre de este año, Día Internacional contra la Violencia de Género, será la primera acción solidaria mundial y se eligió este 8 de marzo para el Paro Internacional de Mujeres.

De esta manera, se propusieron abordar un nuevo activismo global e interpretar los hechos de violencia desde una coyuntura común. Formaron así una unión para luchar contra la opresión institucionalizada que supone el sistema patriarcal y que sufren los hombres, las mujeres y la sociedad en general, desde el Estado, la Justicia y los medios de comunicación.

En Argentina, el paro fue promovido desde el Colectivo Ni Una Menos y las principales centrales sindicales de trabajadores (CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma) llegaron a un acuerdo político de unidad en articulación con agrupaciones, organizaciones y activistas autoconvocadas. La medida de fuerza, busca denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta la feminización de la pobreza, la violencia económica, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brecha salarial en relación a los sueldos masculinos, precarización laboral, vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, igual salario por igual trabajo, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión: desde cese de actividades a partir del mediodía hasta asambleas en los lugares de trabajo.

Desde FUNDEPS extendemos nuestra preocupación a todas las formas de violencia que sufren las mujeres a diario en todo el mundo cuyo máximo exponente son los femicidios. Acompañamos la lucha, invitamos y adherimos al Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2017.

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Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Grave falta de transparencia en el presupuesto del Consejo Nacional de Mujeres

Desde FUNDEPS expresamos nuestra preocupación por el la falta de transparencia y claridad en el manejo del presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres anunciado en el último Boletín Oficial.

El día 11 de enero del corriente año, la modificación presupuestaria para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género (PNA) quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hasta diciembre de 2016, existió un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que incluía una partida para el CNM y el PNA por 47 millones de pesos, a lo que se sumó un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto original previsto para el CNM. La Ley de Presupuesto 2017 fue promulgada entonces con ese incremento de 96 a 116 millones para 2017. En la actual decisión administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete, solo se designó el monto de 96 millones para el CNM lo cual implica una reducción de 67 millones de pesos del presupuesto asignado.

 

A partir de esta confusa situación, fue presentada una acción de amparo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. Las organizaciones realizaron una presentación ante la Justicia para que declare inconstitucional la reducción de los fondos asignados al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, demandando al Estado por la violación de la división de poderes y el uso discrecional de “superpoderes”.

Las autoridades del Consejo Nacional de la Mujer, intentaron desmentir esta información mediante un comunicado de prensa oficial  y diversas declaraciones en los medios de comunicación, asegurando que se trató de un “error”  y que la partida presupuestaria, si bien no estaba debidamente publicada en el Boletín Oficial, estaba garantizada por el Ministerio de Hacienda.

Resaltamos la importancia de realizar la asignación presupuestaria conforme los procedimientos establecidos, a los fines de no debilitar la calidad institucional y respetar los procesos democráticos. Por otro lado, si la eliminación de estos fondos en la Decisión Administrativa fue producto de un error, para tener validez el mismo debe ser rectificado y publicado en el Boletín Oficial, conforme se rige el proceso formal. Al día de hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde la publicación de dicha Decisión Administrativa, aún no se ha hecho oficial. Esto pone de manifiesto la gravedad de la situación y del manejo poco claro y transparente de presupuesto por parte de la Jefatura de Gabinete.

Siendo la partida presupuestaria anunciada en el PNA uno de los puntos en que se avanzó en la protección hacia las mujeres, expresamos nuestra preocupación ante esta evidencia de fragilidad institucional, falta de claridad y de transparencia que logra debilitar los logros alcanzados en contra de la violencia de género. Esta situación vulnera los derechos de las mujeres y niñas, en un país donde cada 18 horas una mujer muere víctima de violencia.

Sumamos también nuestro reclamo por una mayor transparencia en los mecanismos de monitoreo de los fondos públicos para la ejecución presupuestaria y mayor claridad en las decisiones que se toman desde organismos del Estado que afectan la vida de millones de mujeres.

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Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

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La Corte Suprema debilita fuerza normativa de los tratados de derechos humanos

La reciente decisión de máximo tribunal argentino afirma que no se ve obligada a cambiar sus decisiones, aun cuando las mismas sean reconocidas como violatorias de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 14 de febrero de 2017 la Corte Suprema argentina desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido que la Corte Suprema de Argentina debía dejar sin efecto una condena civil contra dos periodistas que se entendió como una violación de la libertad de expresión.

El nuevo criterio jurisprudencial de la Corte Suprema representa una preocupante modificación en la sostenida jurisprudencia que había permitido posicionar al derecho argentino en un lugar de vanguardia a nivel regional con respecto al alcance y valor normativo de los tratados internacionales de derechos humanos. Según el nuevo criterio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para ordenar revisar los fallos de la Corte Suprema que sean violatorios de derechos humanos.

Se trata de un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos, que debilita el valor del sistema de protección interamericano y coloca a la Corte Suprema prácticamente por fuera de la estructura estatal, sin posibilidad de que sus decisiones sean revisadas en esa instancia supranacional. De esta forma, la Corte Suprema plantea que sus decisiones serían los únicos actos estatales ajenos al control de tribunales de derechos humanos, limitando aún más su rendición de cuentas.

Este cambio jurisprudencial de la Corte Suprema confirma los temores expresados por muchas organizaciones, académicos y expertos en derechos humanos, entre ellas FUNDEPS, cuando hace poco más de un año presentamos objeciones a las candidaturas de los Dres. Rosenkrantz y Rossatti. Parte de las críticas que hicimos en ese momento apuntaban a sus posiciones doctrinarias contrarias a la plena vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos.

En definitiva, rechazamos el criterio de nuestro máximo tribunal y esperamos que se modifique para evitar el debilitamiento del sistema de protección de derechos humanos en nuestro país.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo