El analista internacional en derecho y en salud pública asegura que los países de la región están más ocupados en abrir hospitales que en frenar el avance del tabaquismo y de la obesidad.

Oscar Cabrera es contundente en afirmar que las enfermedades crónicas no transmisibles son una bomba de tiempo. El tabaquismo, la obesidad y el consumo de alcohol se traducirán en un aumento de muertes tempranas y, a la larga, en un incremento en los costos de salud.

Sin embargo, para este investigador del Instituto O’Neill de la Universidad de Derecho de Georgetown, Estados Unidos, “nuestros políticos están más preocupados en abrir hospitales y sacarse una foto” que en atender problemáticas cuyo impacto se verá a mediano y largo plazo.

Invitado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Cabrera trabajó con organizaciones cordobesas en la articulación del derecho y de la salud pública.

El diálogo con La Voz, subrayó que la Justicia debe intervenir cuando ciertos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, se ven vulnerados por determinados grupos de poder.

–Por lo general, se piensa que los litigios en salud se limitan a casos puntuales en los que algunas personas no pueden acceder a determinados medicamentos. Acá se discute sobre la independencia de poderes. Hasta qué punto el poder judicial entiende los costos de las decisiones que toma y el impacto que pueda tener en una obra social. Pero existe otra dimensión más amplia en la que la Justicia interviene para garantizar políticas públicas. Ya sea porque no se garantizan derechos o porque determinados grupos de poder intentan poner barreras.

–¿Cuáles deben ser las prioridades en salud?

–Hoy existe un movimiento, motivado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para tratar de establecer una cobertura universal. No se trata de decir a los países lo que tienen que hacer, sino de establecer reglas claras sobre qué debe cubrir el Estado y las obras sociales y cuáles serán las excepciones. Tampoco se puede cubrir todo al infinito. A veces, nuestros políticos se enfocan en reducir enfermedades para bajar los costos en salud, pero se olvidan de detener el impacto de las crónicas no transmisibles.

–¿Cuál es el riesgo?

–¿Por qué cree que cuesta que la prevención sea prioridad?

–Porque estas medidas tienen resultados a mediano y largo plazo. Un político no quiere hacer un trabajo para que el próximo que venga se lleve los beneficios. Ellos están más ocupados en lograr ventajas de alto impacto, como abrir hospitales, que cambiar normas sociales con resultados que se verán en el tiempo.

–Las leyes nacionales y provinciales no siempre representaron costos para el Estado. Sí se avanzó en fiscalizar lugares libres de humo o en dotar de ciertas infraestructuras, pero estas políticas no representaron un costo significativo. Más bien tuvieron ganancias a través de los impuestos. Los países que implementaron normas completas de control de tabaco vieron los resultados muchos años después. Tomó tiempo reducir el cáncer o el infarto. Pero en los países de la región, el juego político pasa por la inmediatez.

–Córdoba tuvo problemas con Tucumán cuando intentó regular el consumo de azúcar.

–Lo que ocurre con las enfermedades crónicas es que hay intereses económicos muy fuertes que terminan limitando el accionar el Estado. Cuando Estados Unidos intentó regular la publicidad de comida chatarra dirigida hacia los niños, hubo intereses tan grandes que ni siquiera se aprobaron normativas de carácter voluntario. Lo mismo pasa con la industria del tabaco y del alcohol, que pueden llegar a afectar el desarrollo de una política pública.

–Las provincias deben decidir si adhieren a las normas nacionales ¿Cree que esto termina limitando?

–El federalismo no debiera ser una limitación, pero se termina articulando de esa manera. Muchos grupos conservadores o sectores económicos usaron ese argumento para tratar de generar confusión. Para retrasar la implementación de normas y crear inseguridad. Pero el federalismo debiera ser lo contrario. La Nación fija un piso mínimo, un estándar de derecho y cada provincia, si verdaderamente lo quiere, puede avanzar a partir de allí.

–¿Qué diagnóstico hace sobre el aborto en Córdoba?

–Ese es un ejemplo de cómo se usan subestructuras legales para afectar derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En Argentina, con el fallo F.A.L., la Corte Suprema de Justicia estableció un piso mínimo e incorporó estándares de derecho internacional. Pero hay grupos que, con discusiones muy técnicas sobre lo legal, terminan afectando el goce efectivo de derechos, como pasó en Tucumán con una niña de 11 años.

–¿Cree que faltó voluntad política?

–No conozco en detalle la realidad de Córdoba, pero creo que, si verdaderamente hubiera voluntad política de garantizar derechos fundamentales, ya lo habría hecho.

Convenio para estudiantes de abogacía

Estudiantes avanzados de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba pueden acceder a una pasantía rentada durante enero, febrero y marzo para trabajar en Washington DC. El convenio se realiza todos los años entre Fundeps, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la UNC.

Para más información, escribir a info@fundeps.org.

Solicitaron que se les aporte información sobre si se cumplen los procedimientos que sostienen la habilitación de la empresa; adelantaron que esta presentación es el paso previo a una denuncia.

Los vecinos del barrio Las Acacias que reclaman por la radicación de La Marchesina en ese lugar, enviaron un pedido de informes al secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, solicitándole detalles sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa en ese sector de la ciudad.

La presentación ante la Provincia se hizo conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), una ONG ambientalista de Córdoba.

“Conseguimos respaldo y asesoramiento de Fundeps, que a partir de toda la información que nosotros les proveímos sobre los reclamos a la Municipalidad por la localización de La Marchesina, han redactado tres notas de pedidos de información: una al intendente Martín Gill, otra al director de Ambiente de la Municipalidad, Germán Tisera; y una al secretario de Ambiente de la Provincia”, explicaron los vecinos.

“Le dirigimos un pedido al secretario de Ambiente provincial, cansados de no obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. Los vecinos venimos desde hace unos años reclamando a las autoridades locales su intervención en esta problemática que vulnera nuestros derechos, habiendo solicitado reuniones con la Intendencia y concejales, sin haber tenido respuesta alguna o respondiendo siempre con evasivas”, indicaron.

“En la nota enviada a Britch le contamos que en 2001 se instaló el emprendimiento industrial La Marchesina SRL, dedicado a la elaboración y comercialización de hormigón elaborado y al tratamiento de áridos, en el barrio Las Acacias, donde algunos habitamos desde hace 10 años, y desde entonces sufrimos el impacto ambiental y el deterioro en nuestra calidad de vida por la actividad de dicha empresa, ubicada a escasos metros de nuestros hogares”, señalaron los vecinos.

“Nos preocupa que la instalación de una industria de semejante envergadura -el predio ocupa aproximadamente 25.000m2- haya sido autorizada en una zona residencial en continuo crecimiento, en manifiesta violación a la normativa de uso de suelo de Villa María”, afirmaron.

“La actividad de tratamiento de áridos desarrollada por la empresa, de lunes a lunes de 7 a 18, perjudica gravemente a los vecinos, ya que el ruido continuo y la dispersión de material volátil que produce perturba la normalidad de la vida cotidiana en el barrio”, aseguraron.

“Se observan hechos que preocupan a la comunidad por los impactos que pudieran ocasionar en el ambiente, la salud y calidad de vida de las personas que residen allí, como contaminación sonora y visual; lavado de camiones y máquinas con residuos de construcción que llega a las viviendas en forma de una fina llovizna, con probabilidad de contaminación al ambiente y a los recursos hídricos; casas resquebrajadas por el uso de maquinaria de gran envergadura y el movimiento de suelo que provocan, entre otras cosas”, detallaron.

“Motivados por esta problemática ambiental, sabiendo que es un conflicto que afecta a las más de 50 personas que residen allí, y que existe una falta de transparencia y de rendición de cuentas en todo lo que se refiere a La Marchesina por parte de las autoridades locales y provinciales, nos vemos obligados a presentar este formal pedido de información”, remarcaron los vecinos.

Puntos solicitados

Entre lo solicitado a la Secretaría de Ambiente provincial se encuentra la información sobre si la actividad de la empresa fue debidamente autorizada, indicando número de expediente administrativo, fecha de habilitación y actividad autorizada.

Además, que provea información acerca de si La Marchesina ha cumplido en forma adecuada con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), esto es estudio de impacto ambiental, auditoría ambiental y audiencia pública, de conformidad a la Ley 7.343 y Decreto 2.131/00.

También le piden que explique si la empresa ubicada en prolongación Sabattini y Los Cipreses ha cumplido en los últimos cinco años con su obligación de presentar el Plan de Gestión Ambiental con la propuesta de auditoría ambiental, conforme a lo exigido por ley, indicando en su caso años de presentaciones, etapas cumplidas, cumplimiento de la normativa sobre estándares de aire y fecha de control por parte de la Provincia, observaciones efectuadas y no conformidades planteadas.

Por otra parte le pidieron que detalle si La Marchesina se encuentra habilitada para la actividad de tratamiento de áridos, indicando en su caso número de expediente, fecha de autorización y si cumplió con la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria establecida por las leyes 7.343 y 10.208.

Otro punto que reclamaron conocer es si la Provincia realizó auditorías ambientales a la empresa en los últimos cinco años y, de ser así, que indique los resultados y conclusiones, es decir, si la empresa cumple con los criterios ambientales y normativas vigentes.

Finalmente, pidieron que se les informe si La Marchesina cumple y se adecua a los estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico, de conformidad al Decreto 847/16.

Paso previo

“Le solicitamos esta información a Ambiente de Córdoba porque la radicación de este tipo de industrias debe cumplir con un protocolo de la Provincia. La Municipalidad tiene injerencia en el uso del suelo, pero todo está regulado por leyes provinciales, y la Secretaría de Ambiente de Córdoba es la que interviene cuando el municipio va en contra de esas leyes provinciales de ambiente”, aclararon.

Los vecinos agregaron que las tres notas enviadas son parecidas, y que piden información sobre los procedimientos que sostienen la habilitación de la empresa en Las Acacias.

“Esta presentación sería el paso previo de una denuncia ante la Secretaría de Ambiente. Si la empresa está irregularmente habilitada, como sospechamos, pediremos la nulidad de la habilitación”, concluyeron.

Fuente: El Diario

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Organizaciones de todo el país sumaron aportes a texto del proyecto, que plantea la necesidad de que se garantice el acceso a la información pública y la transparencia.

Luego de más de un año de demora en el cumplimiento de un compromiso que asumió la provincia de Salta en materia de transparencia, finalmente las organizaciones lograron destrabar la discusión y acceder al anteproyecto de ley de Estado Abierto. Se trata de un compromiso que Urtubey asumió en el marco del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un plan de trabajo firmado en 2017 junto a áreas del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso, el Consejo de la Magistratura y otras 10 provincias que sumaron compromisos subnacionales.

“Salta no cuenta aún con una ley que garantice el acceso a la información pública y la transparencia. Si el Gobierno cumple con su compromiso, y se sanciona la ley de Estado Abierto, habremos dado un paso significativo en materia de calidad institucional y democrática”, afirma Gonzalo Guzmán Coraita, director de Salta Transparente.

El proyecto de ley persigue el objetivo de regular el acceso a la información y la transparencia en la provincia, una de las pocas que no cuenta con esta normativa. Desde la sociedad civil se plantea la necesidad de que el proyecto sea ley, y para ello “debe llegar finalmente a la Legislatura y que el debate sea abierto y de cara a la ciudadanía para continuar participando del proceso de formación de la ley, para garantizar que la normativa sea completa e integral, como se propone”. En este sentido, sostienen que “es fundamental que la normativa alcance como sujetos obligados a todos los poderes del Estado provincial, que ponga a disposición no sólo información administrativa sino también la relativa al trabajo particular de cada área y que queden claras las funciones y autonomía del órgano garante, cómo se constituirá y se elegirán sus miembros”.

Salta Transparente, organización local que encabeza el trabajo de la sociedad civil en temas de transparencia, acceso a la información y ética pública viene trabajando junto a la Fundación Directorio Legislativo y organizaciones provinciales, en el monitoreo de compromisos asumidos por los gobiernos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Trabajaron en recomendaciones y aportes junto a organizaciones de distintos puntos del país como Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Fundación Nuestra Mendoza, Fundación Conocimiento Abierto, Fundeps, CLADH , Escuela de Fiscales, FEIM, Fundación Transparencia Ciudadana, entre otras.

Fuente: Parlamentario

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