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Gasoductos Troncales y la dificultad para acceder a información pública en la provincia

Con motivo de la finalización de la Obra de Gasoductos Troncales en la provincia de Córdoba, el año pasado realizamos 5 pedidos de información a dependencias provinciales. Al no obtener ninguna respuesta, presentamos un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Las dificultades que hemos encontrado para acceder a información sobre este proyecto han sido constantes desde el inicio del mismo.

Desde el año 2014, hemos realizado diversas solicitudes de información sobre este emblemático proyecto tanto al Gobierno Provincial, como al Gobierno Nacional. Con motivo de la finalización del proyecto, el año pasado entre Agosto y Octubre realizamos una serie de pedidos de información a tres dependencias de la Provincia de Córdoba involucradas directa o indirectamente en el proyecto, a saber: la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -ACIF-, el actual Ministerio de Obras Públicas, ex Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y a la actual Secretaría de Ambiente, ex. Min. de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

A fines del 2019, al no haber obtenido respuesta de ninguna de las dependencias provinciales por los pedidos de información realizados y habiéndose finalizado el plazo de respuesta, decidimos realizar un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente. 

Es importante aclarar que una vez que los organismos provinciales reciben una solicitud de información tienen 10 días para responder y solo puede prorrogarse por 10 días más siempre y cuando se informe dentro del plazo. Ante respuesta incompleta o falta de respuesta, como fue en este caso, se puede presentar un pronto despacho. Este recurso es el mismo pedido de información, pero se detalla la fecha y los detalles del pedido que se había realizado, sumado a un apercibimiento de iniciar acciones legales, es decir un amparo por mora. Cualquier dependencia provincial posee un plazo de 10 para responder el pronto despacho, con posibilidad de prorrogarlo 10 días más al igual que con las solicitudes de información. En nuestro caso, el pronto despacho fue realizado a mediados de diciembre del 2019, sin embargo la Secretaría de Ambiente nos respondió recién en febrero de 2020, es decir el plazo estaba más que vencido. 

Gracias al pronto despacho realizado, recibimos la respuesta del pedido de información realizado en agosto de 2019. En el pedido se solicitó información sobre el trazado definitivo del proyecto, localidad y cantidad de habitantes, comercios e industrias beneficiados por las obras y el estado de situación del proyecto. Acorde a la información brindada, la totalidad de los Sistemas Regionales se encuentran finalizados con recepción provisoria y/o definitiva de obra. 

Además, consultamos sobre las empresas y/o Unidades Transitoria de Empresas (UTEs) que participaron del proyecto como también cuáles eran los detalles y las características del plan de conexión de la unidades domiciliarias a los Sistemas Troncales  Respecto a esta última consulta, la dependencia provincial respondió que mediante Convenio protocolizado N° 024/2017 suscripto por la provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba y la Distribuidora de Gas del Centro S.A. fue aprobado el “Fondo para el Financiamiento de las Redes Domiciliarias de Gas Natural”. En ella se establecieron las pautas y exigencias que deben cumplir los municipios que adhieran para permitirle a los vecinos la posibilidad de obtener financiamiento para afrontar los costos de la conexión al gas natural en las redes domiciliarias. En línea con lo anterior, se consultó sobre el origen del financiamiento del Plan Provincial Conectar Gas Industria que posibilita la conexión al servicio de gas natural a Comercios, PyMES, Industrias, Parques Industriales, entre otros. Este Programa tiene una línea de financiamiento del Banco de Córdoba de $200.000.000, monto que es prestable hasta el 100% del valor de la obra de acuerdo con la clasificación del cliente. También, el Programa tiene financiamiento de $100.000.000 del Consejo Federal de Inversiones. 

La mayor parte de la información solicitada ya había sido solicitada previamente  en solicitudes de información que realizamos en años anteriores pero en los que no obtuvimos respuesta alguna. Información que hubiera sido óptima tenerla mucho tiempo antes. 

La falta de respuesta en las solicitudes de información como el incumplimiento de los plazos estipulados por la Ley Provincial  8803 de Acceso a la Información Pública (denominada Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado) deja entrever, nuevamente, no solo la gran dificultad existente en la actualidad para poder acceder a información de carácter público en manos del gobierno de la Provincia, sino también lo desactualizada que se encuentra esta ley que data del año 1999. En consecuencia, el año pasado junto a organizaciones sociales solicitamos a través de un documento  la actualización de esta Ley provincial de acuerdo con los lineamientos de la Ley modelo Interamericana y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. 

El Acceso a la información pública es una derecho humano que fortalece la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública y la gobernabilidad democrática. Por ello, es necesario actualizar la Ley provincial en esta materia en pos de solucionar las falencias que posee incorporando los más altos estándares y garantizando mecanismos de control que supervisen su cumplimiento. 

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Autor/a

  • Gonzalo Roza 
  • Sofía Brocanelli

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CARTA AL INTENDENTE MARTÍN LLARYORA: Necesitamos políticas que atiendan las problemáticas de nuestra ciudad

A raíz de la oportunidad que representa el cambio de gestión a nivel municipal, queremos expresarnos sobre temas claves para el futuro de nuestra ciudad. Por eso, nos dirigimos de manera conjunta con otras organizaciones cordobesas al nuevo intendente de Córdoba, Martín Llaryora, con el objetivo de hacer recomendaciones en torno a las problemáticas estructurales que causan graves perjuicios en materia de derechos humanos.

En el marco de la asunción de la nueva gestión municipal, hay situaciones desatendidas por años que necesitan respuesta urgente. A través de una carta abierta, damos a conocer en diez puntos cuáles son estas problemáticas y nos ponemos a disposición del nuevo gabinete para trabajar de manera articulada.

Los diez puntos se resumen en:

  1. Emergencia ambiental y sanitaria en el Barrio Chacras de la Merced
  2. Residuos Sólidos Urbanos
  3. Planeamiento y desarrollo urbano
  4. Paridad de géneros en el gabinete
  5. Inclusión laboral trans y ley de cupo
  6. Acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en los Centros de Atención Primaria
  7. Aplicación de la ley Micaela 
  8. Acceso a la información pública
  9. Entornos escolares saludables
  10. Ambientes libres de humo y protección de la persona no fumadora

Se trata de 10 puntos, que no son exhaustivos ni excluyentes de otras problemáticas, pero requieren una respuesta urgente por las situaciones críticas que representan. Esperamos que en los próximos 4 años podamos articular un trabajo mancomunado para continuar avanzando en el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad cordobesa. 

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Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org

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Participamos de la consulta pública sobre la revisión de la política de acceso a la información del BID

El 11 de diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo en Washington D.C. una consulta presencial sobre el perfil de su nueva Política de Acceso a la Información, que se encuentra actualmente bajo revisión.  Además de haber participado presencialmente de la consulta en Washington, junto con otras organizaciones de la sociedad civil enviamos comentarios virtuales respecto a dicho Perfil de Política. 

El Grupo BID se encuentra actualmente revisando algunas de sus políticas operativas más relevantes, entre ellas las políticas ambientales y sociales y la política de acceso a la información. A su vez, el BID Invest, brazo privado del Grupo BID, está finalizando procesos similares de sus propias políticas socioambientales y de acceso a la información.

En cuanto a la Política de Acceso a la Información del BID, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó en noviembre pasado el inicio de la revisión de la política y posteriormente realizó una consulta pública presencial sobre el Perfil de la nueva Política (un documento que establece las líneas esenciales que el Banco plantea incluir en el borrador de la nueva política). La misma fue realizada el 11 de diciembre pasado en la ciudad de Washington y contó con la participación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundeps. En dicha consulta pudimos expresar algunas de nuestras preocupaciones iniciales respecto al documento de Perfil y respecto al proceso de revisión encarado por el Banco. Preocupaciones y recomendaciones que luego enviamos al Banco en un documento elaborado de manera conjunta con un grupo de organizaciones aliadas, en el marco de la consulta virtual del Perfil de Política (Ver: Recomendaciones al borrador del Perfil de la Política de Acceso a la Información del BID).

Entre las recomendaciones generales que las OSC realizaron al perfil de la política se puede destacar la necesidad de reconocer el derecho a la información como un derecho humano el cual debe ser el pilar de la nueva política. 

También, se instó a que el Banco elimine del borrador del perfil de la nueva política la excepción donde se permite que los países se opongan a la divulgación de información específica concerniente al país. Esta excepción es incompatible con el principio básico de transparencia según la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE). Además, se evidencian problemas de inconsistencia con la política de acceso general de Acceso a la Información como la dificultad en definir cuál información es potencialmente dañina y cuál no. 

A su vez, al analizar el borrador del Perfil de la Política, se observaron y señalaron algunos espacios vacíos. Solo por mencionar algunas de las lagunas encontradas, en lo concerniente a la Seguridad y Protección, se recomendó que se contemple a los individuos, grupos y/o comunidades ya que son las más expuestas a padecer de represalias al buscar acceder a información cuando los proyectos financiados por el BID se están ejecutando en sus territorios. En adición, se recomendó que la Política incluya aquellas disposiciones que  se encuentran en concordancia con las mejores prácticas internacionales en cuanto a la protección de denunciantes. 

En cuanto a la confidencialidad de la información financiera y empresarial, se recomendó evitar que la nueva Política tenga un lenguaje vago, amplio y discrecional lo cual deja a decisión de países miembros, terceras partes y otras entidades el acceso de este tipo de información.

Por último, se instó al Banco a no eliminar de la Política la referencia en la cuál se informa que la comunidades pueden realizar quejas al MICI por posible violación de la Política. Además, al no eliminar de la política esta referencia, permite que las comunidades afectadas por proyectos del BID puedan exigir la reparación de daños a través del mecanismo, así como conocer de la existencia de este mecanismo, en caso de desconocimiento. 

Habiendo concluido la instancia de consultas acerca del Perfil, los siguientes pasos contemplan la publicación del Borrador de Política (que incorporará, de acuerdo al Banco, los comentarios y recomendaciones recibidos en las consultas presencial y virtual mencionadas) y una subsiguiente instancia de consulta pública que incluirá consultas presenciales en algunos países de la región y una consulta virtual que se extenderá por 120 días.

Invitamos a la sociedad civil y, sobre todo, a las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Banco, a participar activamente de este proceso de revisión aportando sus experiencias y recomendaciones, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el acceso a la información del BID Para participar del proceso, puede acceder al este enlace provisto por el Banco. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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Presentación conjunta sobre el perfil de la política de acceso a la información del BID

Con motivo de la consulta pública sobre el borrador del Perfil de la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizaciones de sociedad civil, incluida Fundeps, han realizado comentarios y recomendaciones al Banco en pos de generar una política mas eficaz y eficiente. El presente documento enviado al BID se encuentra únicamente en inglés.

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El BID actualizará su política de acceso a la información en 2020

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó el 4 de noviembre pasado el inicio del proceso para la revisión de su política de acceso a la información, cuya última actualización fue en el año 2011. Dicho proceso será abierto a consulta pública virtual y presencial, y se extenderá hasta mayo de 2020.

En 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Invest , llevó a cabo una actualización de su política de acceso a la información.En 2020, será el turno del BID, encargado del financiamiento al sector público. De acuerdo al Banco, dicha actualización se llevarán a cabo en dos fases de consultas públicas:  la primera, inició el pasado 13 de noviembre, durará 45 días y al finalizar se elaborará un documento llamado “Perfil de Política de Acceso a la Información”. La segunda fase contará con 120 días para su revisión donde se incorporarán los comentarios de las consultas y se elaborará un “Borrador de Política”. Finalizado el plazo, dicho documento será presentado para la consideración y aprobación del Directorio previsto para el mes de julio del 2020.

Las consultas son abiertas y libres para toda persona que quiera participar de manera virtual respondiendo las preguntas presentadas por el BID aquí o para una participación abierta enviando un correo electrónico a consultapai@iadb.org

Por otro lado, las participaciones presenciales serán únicamente con invitación en la Sede del Banco en Washington DC y para la segunda fase se espera celebrar reuniones en países miembros prestatarios durante los meses de febrero y marzo de 2020, pero aún no se han confirmado. 

Con respecto al desempeño del Banco en cuanto a su política de acceso a la información y transparencia, de acuerdo al índice publicado anualmente por Publish What You Fund denominado “ Aid Transparency Index”,  el BID se encuentra dentro de la categoría más alta. Sin embargo, se evidencia que se encuentra en el mismo puesto desde el año 2015, por lo que no ha habido mejoras desde ese año. Esto resulta inquietante teniendo en cuenta que en el período 2011-2015 el BID escaló desde la 14° posición en el ranking hasta la 9°posición, estancandose en la 7° posición desde 2015 hasta la actualidad.

Se considera que la última revisión de la política llevada a cabo por el Banco en 2011 derivó en la aprobación de una política con altos estándares de acceso a la información y transparencia, a pesar que posteriormente la implementación de dicha política no ha resultado efectiva. Esta nueva actualización en 2020 abre una puerta para que el BID no solo fortalezca y mejore la política de 2011, sino también que avance en una mejor implementación de la misma. Sin embargo, también existe el riesgo de que la actualización derive en un debilitamiento y/o dilución de los estándares de la política actual, algo que el BID debe procurar evitar.  

Teniendo en cuenta el rol que juegan las Instituciones Financieras Internacionales como el BID en la sociedad y el impacto que generan los proyectos que financian, resulta primordial que éstas cuenten con una política de acceso a la información actualizada, eficaz y acorde a los más altos estándares internacionales en la materia; de tal manera que permita fortalecer su transparencia y gobernabilidad institucional.

Así, se espera que este proceso de actualización de la política de acceso a la información del BID culmine de manera exitosa incorporando realmente las demandas manifestadas en las consultas públicas para que dicha revisión logre aumentar los estándares y buenas prácticas del derecho de acceso a la información, que no sólo constituye un derecho humano en sí mismo; sino que también resulta fundamental para instrumentar otros derechos.

Desde Fundeps invitamos a participar del proceso y quedamos a la espera de más información respecto a las consultas públicas presenciales en Washington y el resto de los países de América Latina y el Caribe; y participaremos activamente de este proceso de actualización buscando no sólo evitar una dilución de la política sino, por el contrario, promover su fortalecimiento y perfeccionar su implementación.

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Autora

Florencia Harmitton

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción: Necesitamos de políticas públicas integrales

La corrupción impacta negativamente en la calidad de nuestra democracia y afecta la vigencia de los derechos humanos, particularmente de aquellos grupos y comunidades más vulnerabilizados. Al reducir la cantidad y calidad de recursos públicos disponibles, se ven especialmente menoscabados los derechos económicos, sociales y culturales de la población. 

En materia de lucha contra la corrupción, nuestro país aún tiene pendiente numerosas reformas. Entre ellas, podemos mencionar como puntos ineludibles la modificación de la ley de ética pública, la sanción de un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, implementar políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejorar los organismos de control, implementar políticas de transparencia en los mercados y flujos financieros. También es necesario institucionalizar espacios de participación ciudadana, no solo en materia de lucha contra la corrupción, sino para garantizar una democracia más inclusiva.  

En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, las organizaciones de la sociedad civil resaltamos que para poder prevenir, detectar y sancionar la corrupción de manera exitosa son necesarias políticas públicas integrales, destinadas a los distintos sectores del Estado y los actores privados. Para eso, es necesario generar consensos amplios y robustos entre los diversos actores sociales. En este sentido, el Acuerdo Social Anticorrupción, elaborado por un grupo diverso de organizaciones y especialistas, tiene como finalidad trazar una hoja de ruta de las políticas públicas que se debieran implementar para construir un país con menos corrupción y, por ende, más justo e igualitario. 

Es posible acceder al documento en www.acuerdoanticorrupcion.org.

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Recomendaciones a las normas de implementación de la política de acceso a la información de BID Invest

El presente documento tiene por propósito acercar observaciones y comentarios realizados por organizaciones de la sociedad civil a las normas de implementación de la Política de Acceso a la Información del BID Invest.

 

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Periodistas y ONGs se encuentran para charlar sobre transparencia y acceso a la información

El día 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo la 2° reunión anual de la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC) en la ciudad de Córdoba. En este marco, se realizó un encuentro con periodistas para charlar sobre corrupción y acceso a la información. 

El tema central que nos convocó fue el pedido de actualización de la ley de acceso a la información pública en Córdoba, apoyado por la ROCC y otras ONGs de Córdoba. En el encuentro se conversó sobre el estado de situación de este derecho a nivel de las provincias y a nivel nacional, y las diferencias entre la existencia de una normativa y la aplicación de la misma. Periodistas y ONGs concluyeron en la necesidad de un trabajo colaborativo conjunto para poder trabajar en materia de acceso a la información pública.

¿Cuál es la situación en Córdoba?

Las conclusiones del encuentro evidencian la necesidad, en la mayoría de los casos, de tener que judicializar pedidos de acceso a la información pública en Cördoba, y tener que esperar a los tiempos judiciales. 

Córdoba, no solo necesita actualizar su ley de acceso a la información, sino que además la normativa que existe está lejos de poder aplicarse correctamente. Fundeps solo recibió respuestas del 5% de los pedidos de información presentados en 2019 al municipio y a la provincia; y cuando judicializó un caso, el TSJ lo resolvió 10 años después. 

¿Y en las otras provincias?

Desde las organizaciones de Mendoza, CLADH (Centro Latinoamericano de Derechos Humanos) y Nuestra Mendoza se resaltó que hubo claros avances en relación al acceso a la información pública en su provincia, sobre todo legislativos. Desde 2018 cuentan con una nueva ley de AIP y en 2019 se reglamentó. La misma contempla cuestiones de transparencia activa e incluso una oficina que dedicada a su implementación, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Sin embargo advierten que ésta no funciona correctamente y que sería útil un sistema de contralor, interprovincial por ejemplo, a los fines de que éste rinda cuentas ante un tercero. 

Por su parte tanto la organización de Salta como la de Santa Fe, Salta Transparente y Acción Colectiva respectivamente, dieron a conocer que su situación legislativa es la más preocupante. Salta no cuenta a nivel provincial con una ley de acceso a la información pública, sí a nivel municipal de la ciudad de Salta con una ordenanza que contempla, entre otras cuestiones, la transparencia activa y sanciones para el caso de incumplimiento de la misma. Por su parte en Santa Fe, el próximo intentarán por novena vez ingresar la ley a la Legislatura el proyecto de ley sobre acceso a la información pública. 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de la ciudad autónoma de Buenos Aires, adelantó que está confeccionando un informe sobre la aplicabilidad de la ley nacional de AIP, que se publicará a comienzos del año 2020. 

¿Cómo continuó el evento de la ROCC?

En el encuentro, se invitó a otras organizaciones de la sociedad civil de Córdoba para que expusieran sus proyectos en materia de Gobierno Abierto. Asistió Virginia Romanutti de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, quien expuso su trabajo en el marco del Plan de Metas de la Municipalidad de Córdoba. Asimismo asistieron representantes de PARES que trabaja alrededor de tres ejes estratégicos: género, ciudadanía y desarrollo; y Minka que se dedica a temas vinculados a derecho y tecnología. 

En relación a la Red de Organizaciones contra la Corrupción, se hizo un balance de las actividades del 2019, destacándose:

  • La nota que se presentó el 25 de enero al presidente de la nación en relación al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó sobre Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.
  • Aporte de comentarios a la presentación del Anteproyecto de Ley de Estado Abierto en Salta. 
  • Participación activa en el Consejo Federal para la Transparencia.
  • El Acuerdo Social Anticorrupción.

Y, se plantearon algunas acciones para llevar adelante el próximo año como: 

  • Participar del Consejo Federal para la Transparencia. 
  • Realizar campañas de concientización sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública. 
  • Fiscalizar las obras de infraestructura a nivel nacional por constituirse éstas en unos de los nichos más importantes de corrupción. 
  • Trabajo con miras a regularizar el lobby. 
  • Consolidar un plan de trabajo sobre usos indebidos de recursos públicos. 
  • Exigir una ley sobre ética pública en provincias o municipios que no posean una. 

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Presentamos acción de amparo en contra de la Provincia por falta de información

A fines de octubre de este año presentamos una acción de amparo por mora, en el marco de la ley N° 8803 que regula el derecho al acceso al conocimiento de los actos del Estado, en contra del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, por no haber respondido a una solicitud de información pública presentada el 6 de agosto. 

En el marco de nuestro trabajo de monitoreo y promoción de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos, con especial interés por el acceso a los servicios de salud en materia de salud sexual y reproductiva en la provincia de Córdoba, hicimos pedidos de información al Ministerio de Salud de Córdoba y a los/as directores/as de los principales hospitales provinciales. 

La información solicitada se enfocaba en los servicios que brinda el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con preguntas sobre la cantidad de pacientes que recibieron atención, la cantidad de capacitaciones que se hicieron en la provincia sobre la temática,  el presupuesto destinado al Programa, entre otras. Además, se incluyeron preguntas sobre los servicios de Interrupción Legal del Embarazo específicamente, y sobre la reglamentación aplicada a los casos de objeción de conciencia. 

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, un mes después de haber despachado la solicitud, presentamos un pedido de pronto despacho, pero tampoco obtuvimos ningún tipo de respuesta. Vale aclarar que el plazo que prevé la ley N° 8803 para que el Estado provincial conteste este tipo de solicitudes es de 10 días hábiles. A fines de octubre, por encontrarse largamente vencido este plazo, decidimos iniciar acción de amparo por mora, la cual se encuentra actualmente en trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de la justicia provincial. 

Las dificultades de acceder a la información en Córdoba

El derecho de toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública, es un derecho humano fundamental para garantizar la participación ciudadana, el fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia de la gestión pública y la efectiva vigencia de otros derechos. 

A lo largo de este año, desde Fundeps presentamos un total de 62 pedidos de información pública a diversas dependencias públicas provinciales y municipales. Todos se encuentran con el plazo vencido, y sólo obtuvimos 3 respuestas. 

Es lamentable que tengamos que recurrir a la vía judicial para poder acceder a información que es pública. Es necesario que la Provincia revise la normativa y sancione una ley que contemple los estándares mínimos para la vigencia efectiva de este derecho, por eso solicitamos que se actualice la ley de acceso a la información pública. 

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Mayca Balguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Organizaciones piden actualizar la ley de acceso a la información de Córdoba

Organizaciones de Córdoba y de distintos puntos del país solicitamos, a través de un documento, la actualización de la ley provincial de acceso a la información pública, de acuerdo a los estándares internacionales y a la ley nacional sancionada en 2016.

Córdoba cuenta con una ley denominada “Ley de Acceso al Conocimiento a los Actos del Estado” del año 1999, que no contempla los estándares mínimos para la vigencia efectiva del derecho de acceso a la información pública. En este marco, organizaciones sociales solicitamos la actualización de la normativa, siguiendo los lineamientos de la Ley modelo Interamericana y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Entre sus falencias, la ley provincial actual no establece cuáles son los principios claves por los cuales se rige el derecho de acceso a la información pública, define de forma muy restrictiva a la “información pública” y a los “sujetos obligados” a brindar información. Por ejemplo, no incluye entes que reciban fondos públicos, como partidos políticos o sindicatos, o contratistas del Estado para brindar un servicio público.

A su vez, la normativa tampoco tiene un ente encargado del cumplimiento de la ley ni establece qué información debe ser publicada por el Estado de forma proactiva, fortaleciendo, de esta manera, la democracia y la participación ciudadana.

Pedir información pública en Córdoba

A lo largo de 2019, desde Fundeps presentamos un total de 62 pedidos de información pública a diversas dependencias públicas provinciales y municipales, de los cuales obtuvimos sólo 3 respuestas satisfactorias. De esas 62 solicitudes, 54 fueron no respondidas y, de los 5 restantes, obtuvimos “respuestas” de las más diversas, en algunos casos poco claras o incompletas, y en otras respuestas tan insólitas como “no vamos a responder”. Estos pedidos de información contemplaron distintas temáticas vinculadas a otros derechos humanos, como la salud, el medio ambiente, el desarrollo, entre otros. 

Lo anterior hace imperioso prever mecanismos de supervisión y cumplimiento de la ley, a través de una entidad independiente. Así se podrían centralizar todos los reclamos ante incumplimiento, establecer pautas claras de actuación a quienes deben brindar la información y concientizar en cuestiones de transparencia, rendición de cuentas y de acceso a la información.

Necesitamos que Córdoba sancione una nueva ley de acceso a la información pública que garantice la efectiva vigencia del derecho de acceso a la información pública, clave tanto para el fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia de la gestión pública y la efectiva vigencia de otros derechos. 

Organizaciones solicitantes

Fundeps Argentina – CLADH – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Córdoba de Todos, Desarrollo Digital, Directorio Legislativo, Foro Ambiental Córdoba, Minka, Nuestra Mendoza, PARES, Poder Ciudadano, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Salta Transparente, ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Acción Colectiva.

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Contacto

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Córdoba, una propuesta de actualización de la ley de acceso a la información pública

Organizaciones de Córdoba y de distintos puntos del país solicitamos, a través de este documento, la actualización de la ley provincial de acceso a la información pública, de acuerdo a los estándares internacionales y a la ley nacional sancionada en 2016.

 

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Organizaciones y especialistas convocan a un “Acuerdo Social Anticorrupción”

Desde Fundeps adherimos a la iniciativa de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en pos de políticas públicas que prevengan y sancionen la corrupción con enfoque en derechos humanos.

Un grupo diverso de especialistas y organizaciones de la sociedad civil elaboraron un «Acuerdo Social Anticorrupción»,  documento en el que identifican un conjunto de propuestas de políticas públicas que Argentina debería implementar para asegurar las capacidades estatales en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción.

El documento está disponible en www.acuerdoanticorrupcion.org y se encuentra abierto a adhesiones desde el miércoles 16 de octubre del 2019.

El Acuerdo sienta las bases para un debate público centrado en el impacto de la corrupción en la desigualdad, los derechos humanos y la calidad de la democracia. Las reformas que se impulsan están destinadas a los distintos poderes del Estado. 

El grupo que impulsa esta iniciativa está integrado por Roberto Carlés​, Manuel Garrido​, Ricardo Gil Lavedra​, Natalia Volosin​, ACIJ​, Acción Colectiva​, CIPCE​, Directorio Legislativo​, Poder Ciudadano​, Cambio Democrático​, CLADH, Democracia en Red​, Nuestra Mendoza y Salta Transparente​.

El documento contiene un total de 74 propuestas​, que forman parte de 16 ejes temáticos​, presentados en las siguientes 6 secciones​: “​Un nuevo sistema nacional de integridad​”; “​Investigación y sanción de la corrupción pública y privada​”; “​Prevención de la corrupción en situaciones típicamente críticas​”; “​Políticas de transparencia​”; “​Fortalecimiento institucional​”; y “​Participación ciudadana​”.

Entre los ejes temáticos que se proponen se encuentran la reforma en materia de ética pública, un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, mejoras procesales para la persecución de la corrupción, políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejoras en los mecanismos y organismos de control, transparencia en los mercados y flujos financieros, así como la apertura de instancias de participación de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.

Las instituciones argentinas padecen de deficiencias estructurales, producto de las cuales la corrupción afecta la plena vigencia de los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulnerabilizados. Este fenómeno, en el que ocupan un rol central tanto el Estado como el sector privado, impacta en la calidad y disponibilidad de los bienes y servicios públicos y menoscaba la confianza en las instituciones de la democracia.

Para que estas propuestas de políticas públicas sean efectivas, las autoridades deben promover su implementación a través de la plena participación de la ciudadanía, de forma transparente y a través de un proceso constante de rendición de cuentas. Para esto, es fundamental establecer indicadores que permitan conocer la evolución de estas políticas y su efectivo impacto en la lucha contra la corrupción.

En función de ello, el Acuerdo Social Anticorrupción es una convocatoria a todos los actores de la vida social argentina, y particularmente a los partidos, referentes políticos y autoridades de todos los poderes del Estado, a adherir a este documento y utilizarlo como disparador de nuevos debates, a fin de generar los consensos estructurales y de largo plazo que necesitamos alcanzar para la construcción de un país con menos corrupción y, en particular, más justo e igualitario.

Desde Fundeps dimos nuestro apoyo, sumá tu adhesión. 


Contacto:

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org