En defensa del derecho a acceder libremente a cursos de agua y del ambiente como bien colectivo, el pasado viernes 20 de noviembre, FUNDEPS junto a un grupo de vecinos organizados presentó un Amicus Curiae ante la Justicia de Alta Gracia.

El viernes 20 de noviembre FUNDEPS presentó formalmente un Amicus Curiae en la causa “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A. c/ Provincia de Córdoba – Ordinario” que se tramita ante el Juzgado de 1ª Nominación de Alta Gracia a cargo de la jueza Graciela Vigilanti.

El juicio se enmarca en una problemática de larga data en Córdoba que involucra intereses particulares en desmedro de derechos fundamentales de todos los habitantes. El cercamiento de ríos, arroyos y lagos de dominio provincial por parte de los propietarios de los fundos colindantes con los mismos, constituye un claro acto ilegítimo que viola entre otros el derecho al libre tránsito, el uso, goce y aprovechamiento de aguas dominio público y el constitucionalmente reconocido derecho humano de acceso al agua.

En la ciudad de Alta Gracia los vecinos vienen defendiendo sus derechos en diferentes instancias y desde el año 2011 el colectivo Todos x nuestros Arroyos tomó la posta en esta lucha en la que propietarios y emprendimientos inmobiliarios comenzaron a alambrar las márgenes de diferente tramos de arroyos y ríos del ejido municipal. Tal es el caso del Country Potrerillo de Larreta, el cual actualmente tiene cercado 4 km del arroyo Los Paredones impidiendo el paso de los vecinos alegando principalmente razones de seguridad.

La participación de FUNDEPS se canalizó a través de la figura de amicus curiae, que permite que terceras personas acerquen recomendaciones en un proceso judicial. Creemos necesario defender aquellos derechos vulnerados más aun cuando de nuestra Constitución Nacional, de los tratados internacionales, del Código Civil y Comercial de la Nación y del Código de las Aguas para la Provincia de Córdoba podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. El uso de las aguas públicas es un derecho inalienable e irrenunciable.

2. Los ríos, arroyos y lagos, bien entendidos como sus aguas superficiales, sus cauces, sus materiales y el terreno hacia el interior de la línea de ribera, es un bien público.

3. Consecuentemente, está prohibido instalar alambrados que cierren el acceso público a esas bienes. Quien lo hace se estaría atribuyendo como propio terrenos que son públicos.

4. Por lo tanto también es ilegítimo impedir que las personas circulen por el interior de la línea de ribera.

5. El ambiente, como bien colectivo, incluye elementos como el paisaje como la recreación en espacios naturales.

Desde FUNDEPS realizamos esta presentación esperando contribuir a una adecuada protección del ambiente como bien colectivo y de la priorización de derechos colectivos por encima de derechos individuales.

 

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Yamile Najle – Área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org

El Plenario del Consejo Asesor de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba se congregó por segunda vez con vistas a invitar a las diferentes comisiones que lo conforman a trabajar interdisciplinariamente. Además, se trazaron los lineamientos para abarcar nuevos ejes temáticos.

El 1 de septiembre de septiembre del corriente, a través de la Resolución Ministerial Nº 45, se dio origen al Consejo Asesor de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. Dicho Consejo tiene como objetivo asesorar  sobre todos los aspectos relativos al cambio climático que atentan contra el desarrollo sostenible. FUNDEPS junto a más de  40 instituciones es parte de este nuevo consejo, que fue calificado como  “un gran desafío” por parte de las autoridades. Entre las instituciones participantes se encuentran diversos sectores del gobierno provincial y nacional, universidades, colegios profesionales y ONGs, entre otros.

El jueves 29 de Octubre se reunió por segunda vez el Plenario del Consejo Asesor de Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. En la reunión se marcó la importancia del trabajo transversal e interdisciplinario de las comisiones que conforman el consejo. Las comisiones que hoy se encuentran trabajando son: Agricultura y Ganadería, Comunicación y Educación, Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Normativa e Institucionalidad, Promoción I+D, Salud, Eficiencia Energética y Medidas Estructurales.

FUNDEPS, como parte del Consejo, propuso trabajar con un enfoque de Derechos Humanos en la “comisión de normativa e institucionalidad”, de la cual participa activamente. La comisión realizará una primera sistematización y diagnóstico de la legislación explícita e implícita en Cambio Climático a nivel nacional y provincial, para poder así tener noción del estado de situación sobre el marco jurídico existente y poder comenzar a trabajar.

La necesidad de trabajar sobre la gestión de riesgo en el territorio, la seguridad climática como uno de los nuevos conceptos de amenaza a la seguridad internacional y su vínculo con la economía y el  desarrollo, fue otro de los temas que se discutieron en el plenario.

 

Contacto:

Yamile Najle / Coordinadora del Área de Derechos Humanos

yamilenajle@fundeps.org.

El pasado 27 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la demanda en que la tabacalera Nobleza Piccardo cuestionaba la constitucionalidad de una ley de la Provincia de Santa Fe. Esta ley estableció una prohibición completa de publicidad de tabaco para una mejor protección del derecho a la salud.

La provincia de Santa Fe sancionó en el año 2006 la ley 12. 432 que su artículo 7º sostiene “Prohíbase, en todo el territorio de la provincia la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco destinados al consumo humano a través de la acción de fumar, cualquiera sea su medio de difusión”. La industria del tabaco entendió que esta norma era inconstitucional y entabló una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Provincia de Santa Fe.

En el año 2011, con la entrada en vigencia de la ley nacional 26.687 de control de tabaco que estableció una prohibición de publicidad en el ámbito nacional, el tribunal consultó a las partes si era necesario continuar con el litigio. La tabacalera Nobleza Piccardo entendió que sí se debía continuar porque consideraba que la Provincia de Santa Fe había legislado sobre la base de una competencia de materia exclusiva de la Nación y  que la ley provincial, al prohibir completamente la publicidad de tabaco, contradice el Artículo 6 de la ley 26.687 que permite como excepción la publicidad en puntos de ventas, publicaciones en revistas especializadas para aquellos que se encuentren dentro de la producción del tabaco y publicidad directa a mayores de 18 años. Asimismo, la tabacalera entendió que había una afectación irrazonable a la libertad de empresa y de la libertad de expresión.

La Corte Suprema de Justicia en su composición actual falló de forma unánime considerando que la Provincia de Santa Fe tiene las facultades para legislar en materia de salud por ser esta facultad no delegada y concurrente con la nación. En segundo lugar se consideró que La tutela del derecho a la salud es un mandato consagrado por la Constitución Nacional, contemplado en las constituciones provinciales y por los tratados internacionales de derechos humanos que tienen tal jerarquía. En esta línea de pensamiento, la Corte consideró que través de la ley de control de tabaco, la provincia de Santa Fe ha prestado especial atención a un grave problema de salud pública, con el objeto de disminuir en la población la mortalidad causada por el uso de tabaco en cualquiera de sus formas de forma.

La CSJN reconoce que existe una tendencia en el derecho comparado de considerar como válidas las medidas legislativas tendientes a limitar, e incluso prohibir, la publicidad comercial de productos de tabaco. Estas restricciones son constitucionales en tanto protegen directamente el derecho a la salud, disminuyendo el nivel de consumo y evitando que personas comiencen a fumar.

Es necesario destacar el voto particular del Dr. Lorenzetti, quien coincidió con la mayoría pero entró en un análisis pormenorizado del conflicto de derechos planteados por la industria tabacalera, introduciendo la cuestión de los derechos de los consumidores y destacando la extensa bibliografía que da muestra del daño que produce el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.

En definitiva, la CSJN sostuvo que la Provincia de Santa Fe está habilitada para proteger la salud de su población a través de una prohibición completa de promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco. Así, abre la puerta para que otras provincias puedan avanzar en medidas de protección de la salud de la población más allá de los estándares de la ley nacional 26.687.

Desde FUNDEPS celebramos y saludamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional, es un gran paso de nuestro país en el control del tabaco como así también para la protección de la salud. En esta misma línea, exhortamos a los gobiernos provinciales a implementar leyes que prohíban de manera completa la promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco en orden de proteger la salud de los ciudadanos.

 

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Juan Miguel Litvachkes – Área de Derechos Humanos

juanlitvachkes@fundeps.org

Este folleto ofrece una breve reseña sobre la labor del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID y el procedimiento para presentar una solicitud. Organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, comunidades y grupos de personas que se vean perjudicados por un proyecto del Banco pueden utilizar el MICI para abordar su solicitud. Este folleto explica brevemente cómo utilizar el Mecanismo.El documento ha sido elaborado conjuntamente por FUNDEPS y SOMO, y es parte de una serie de folletos sobre mecanismos de quejas producidos en el marco del Proyecto Human Rights & Grievance Mechanisms de SOMO (ver: http://grievancemechanisms.org/resources/brochures).

Fundeps participó en las distintas mesas de debate y en la organización de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Luego de una semana de trabajo, elaboramos junto con el Grupo Regional Sobre Financiamiento e infraesctructura, del que formamos parte, algunas reflexiones y conclusiones.

Desde el 5 hasta el 12 de octubre en Lima, Perú, se llevaron a cabo las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ante ese encuentro, Fundeps como parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), co-organizó un evento alternativo a esas reuniones, que concluyó con una marcha de protesta que unió a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos sociales. En ocasión de estos eventos, Fundeps, participó en numerosas mesas de discusión en temas de protección del ambiente, respeto a derechos humanos y participación. Como resultado de la semana de trabajo en Lima, junto con el GREFI, compartimos algunas reflexiones frente a la experiencia, los procesos en marcha y los desafíos que tenemos en adelante como organizaciones de la sociedad civil:

 1. En primera instancia, queremos agradecer los esfuerzos de muchísimas personas e instituciones que hicieron del foro alternativo un espacio desde donde discutir el rol de instituciones financieras internacionales en nuestra región y el mundo.

2. Generamos una instancia en el que participaron miles de personas, muchas organizaciones y movimientos sociales y que esperamos haya podido generar redes de contacto para continuar esa colaboración.

3. Ese espacio nos permitió hacer escuchar otra mirada sobre las dinámicas de financiamiento para el desarrollo que implican fuertes impactos en el ambiente y en el derecho de las personas y que consolidan un proceso de toma de decisión alejado de las personas a las que supuestamente busca beneficiar.

4. Creemos que uno de los principales méritos de este esfuerzo compartido fue justamente el de conectar demandas de diferentes niveles y de diferentes actores. Así, se hicieron reclamos sistémicos respecto del modelo extractivista y de procesos de toma de decisiones globales sin participación ni rendición de cuentas.

5. Se conectaron las dinámicas de debilitamiento de estándares socio-ambientales en el marco de instituciones financieras internacionales con similares procesos a nivel local, donde las garantías legales de protección social y ambiental o se han debilitado considerablemente o no se implementan efectivamente generando una gran cantidad de conflicto socio ambientales en el marco de los cuales son vulnerados todo tipo de derechos.

6. En este contexto, destacamos también la multitudinaria marcha de protesta, que mostró otro mensaje a las reuniones oficiales, haciendo llegar una variedad de reclamos.

Respecto de los desafíos a los que nos enfrentamos, esperamos que podamos seguir haciendo el esfuerzo de conectar las discusiones globales con las necesidades locales y regionales. Esperamos esto en particular de la discusión de las políticas de salvaguardas del Banco Mundial.

En este punto, y conectado con lo anterior, nos preocupa especialmente la dinámica de competencia por debilitar esos marcos de protección, en una carrera que acentúa el carácter de entidad financiera del Banco Mundial, mucho más que su rol como un actor de políticas de desarrollo. Además, en contextos nacionales y regionales de debilitamiento de marcos legales, nos preocupa la decisión de apoyarse en los sistemas de país sin generar mecanismos de revisión de su implementación efectiva.

Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, creemos que parte de la estrategia de discusión y rechazo de las salvaguardas sociales y ambientales incluyó una fragmentación sectorial de los temas en debate, que quizás debilitó nuestra capacidad de oposición.

Quizás esto sea una de las razones que explique por qué el Banco ha seguido avanzando en este proceso, a pesar de las múltiples y variadas muestras de rechazo. Tal vez la experiencia de Lima, en el que logramos conectar reclamos muy variados en una sola estrategia de oposición y conectamos esos reclamos con los contextos locales y regionales pueda servir como punto de partida para futuros esfuerzos colectivos.

 Más información: www.grefi.info

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Gonzalo Roza /Coordinador del Área de Gobernabilidad Global 

 gon.roza@fundeps.org

Juan Carballo / Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Delegados de los 20 países firmantes de la declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, se reunirán en Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015 para continuar con la negociación de un acuerdo regional sobre estas materias.

La Segunda Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, bajo la organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Panamá, tendrá lugar en la Ciudad de Panamá del 27 al 29 de octubre de 2015. Se negociarán aspectos sustantivos del instrumento regional, en especial el preámbulo y los artículos 1 a 10 del documento preliminar elaborado por la CEPAL. Además se trabajarán las propuestas realizadas por los diferentes países, como también las de los insumos recibidos por el público.

Desde Ginebra, a través de una declaración pública (22 de octubre de 2015) un grupo de expertos[1] en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su firme apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para lograr un instrumento regional que garantice los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Consideraron que “esta negociación es uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional y proporcionará un modelo para que se tomen pasos similares en otras regiones y países”. Reconocieron la transparencia del proceso y la amplia participación pública en todo momento de las deliberaciones, resaltando esta modalidad como una buena práctica internacional relativa a la participación de diferentes actores en procesos intergubernamentales.

Los expertos afirmaron que un instrumento regional robusto sobre los derechos de acceso fortalecerá las legislaciones nacionales que implementan acuerdos multilaterales ambientales y las políticas nacionales en otras áreas, como el cambio climático, la gestión de productos químicos y residuos y la diversidad biológica.

Sin embargo, advirtieron que si bien la mayoría de los países han expresado su intención de concluir un instrumento jurídicamente vinculante, aún no han adoptado una decisión formal sobre el tema. Respecto a este último tema, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, en representación de los expertos dijo, “Instamos a los negociadores a que adopten un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la sociedad civil”.

Desde Fundeps continuamos participando como observadores de este proceso regional a fin de lograr el más alto nivel de fortalecimiento e implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Así también, consideramos valioso y oportuno el aporte realizado por los expertos en derechos humanos de la ONU, ya que un instrumento jurídicamente vinculante proporcionará herramientas legales que aseguren el disfrute efectivo de los derechos de acceso.


[1]Los expertos forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

 

 

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María Elena Martinez – Área de Derechos Humanos

malemartinez@fundeps.org

En medio da las tragedias y las luchas en contra de la violencia hacia la mujer, los hombres también alzan su voz manifestando la  urgente necesidad de decir BASTA.

Cientos de mujeres mueren asesinadas cada año en nuestro país, y cientos de miles son violentadas física y psicológicamente. En lo que va del año han muerto 21 mujeres en la provincia de Córdoba, en la mayoría de los casos en manos de hombres con los que tenían o habían tenido vínculos afectivos y sentimentales.

No sólo las mujeres se levantan para visibilizar y terminar con la violencia, sino que los hombres también lo hacen para acompañar y demostrar que para avanzar en este camino, se necesita la fuerza de todos/as los/as ciudadanos/as. Frente a estas personas que atentan contra la vida de otras por razones sexistas, el grupo Hombres por la Igualdad se organizó para sumarse a la lucha de las mujeres por sus derechos, en contra del flagelo que el machismo nos trae como sociedad. Son hombres que se manifiestan por la paz y la igualdad porque sostienen que «la violencia no puede ser un problema de las víctimas que la sufren, sino que es una cuestión que afecta a toda la sociedad».

 Con la igualdad y la lucha contra el sexismo como motores, este grupo de varones organiza distintas actividades, entre ellas las «ruedas de hombres». Se trata de actos a la luz de las velas, en los que los hombres forman un círculo contra la violencia machista. Tras la lectura de su manifiesto invitan a las compañeras presentes a unirse en un círculo común de personas. De esa manera, además de sumar los varones a la batalla, se busca posicionar públicamente esta acción de los hombres en contra de la violencia machista

Desde Córdoba, Hombres por la Igualdad y Fundeps invitan a varones comprometidos a una concentración silenciosa contra la violencia hacia las mujeres. Dicha concentracion se llevará a cabo el próximo 5 de noviembre en la esquina de San Juan y Vélez Sarsfield (Patio Olmos) a las 20 hs.

Contacto:

Virginia Pedraza – Coordinadora del área de Derechos Humanos / vir.pedraza@gmail.com

La ciudad de Mar del Plata, los días 10, 11 y 12 de octubre, albergó alrededor de 60.000 mujeres en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, en el que se realizaron más de 60 talleres de discusión y debate y una gran marcha de reclamo y visibilización.

Participaron un sinnúmero de mujeres de diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos, esparciéndose por toda la ciudad con la esperanza de lograr un avance en el ejercicio de sus derechos, en el de sus hermanas, madres, amigas, compañeras e hijas. Este ha sido el encuentro más multitudinario de nuestra historia, y es un espacio que sigue generando avances en el intercambio de experiencias, que dan lugar a la conformación de estrategias y promoción de políticas que respeten los derechos humanos de las mujeres; así podemos combatir la violencia de género, la trata de mujeres, la mortandad materna por abortos clandestinos, la desigualdad en la participación, en el acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, entre otras.

No puede dejar de nombrarse como principal evento a la imponente marcha que duró más de tres horas, y que fue una oportunidad para el reclamo, el encuentro y la invitación a participar de estos espacios por la lucha, que todavía continúa. Sin perjuicio de ello, el machismo no dejó de oírse en la represión sufrida por mujeres, niñas, niños y jóvenes frente a la Catedral de la ciudad, y por los 9 femicidios sucedidos en la última semana, dos de ellos en Mar del Plata en medio del transcurso del encuentro, y las situaciones de patoteo, agresiones y abusos que no dejaron de suceder.

Sin embargo las mujeres siguen de pie, diciendo BASTA a la violencia machista y femicida, exigiendo la respuesta de las autoridades, garantes de sus derechos, que hacen agua ante los aberrantes hechos cotidianos que son impuestos a todas. Estamos en duelo, pero también acompañamos en la construcción colectiva que propone el Encuentro Nacional de Mujeres y celebramos para que el próximo año siga multiplicándose la participación en Rosario, nueva sede para el año 2016.

 

Contacto:

Virginia Pedraza / Co-coordinadora del área de Derechos Humanos

vir.pedraza@fundeps.org

Se espera que el fallo sea conocido mañana sobre la ley provincial 9526 que prohíbe la explotación minera a cielo abierto.

Se aguarda que mañana sea conocido el fallo del Tribunal Superior de Justica (TSJ) de Córdoba sobre la constitucionalidad o no de la Ley provincial 9.526 que es el instrumento legal que impide la explotación minera a cielo abierto de metales y de sustancias radiactivas, aspecto que genera una importante atención ya que hubo un recurso aceptado que planteó la deficiencia de la norma. Fue sancionada en 2008 por unanimidad en la Legislatura provincial y, posteriormente, en 2009, la Cámara Minera efectuó una presentación para que se dejara sin efecto a ese instrumento.

En el proceso, se hizo la presentación de Amicus Curiae, por parte de la docente especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Alicia Morales Lamberti, quien brindó argumentos técnico-jurídicos de peso para echar luz en relación a esta norma. Según explicó Agustín Fillipi, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, «lo que está en juego acá son las sierras de Córdoba, las montañas, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y el Parque Nacional Condorito donde hay mucha cantidad de uranio y podría efectuarse una explotación altamente destructiva y contaminante. Otro lugar es la zona de Ongamira y Copacabana por la presencia de oro».

Fuente: Cba24n

Link: http://www.cba24n.com.ar/content/tsj-definiria-constitucionalidad-de-norma-sobre-megamineria

Como parte del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), FUNDEPS organiza un taller de Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil en Lima.

Este evento se organiza en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, que tienen lugar en Lima del 6 al 12 de octubre del presente año.

Los mecanismos de queja independientes (MQI) de las bancas multilaterales se crearon con el objetivo de resolver reclamos presentados por comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales generados por la ejecución de proyectos de desarrollo con financiamiento proveniente de estos organismos.

La experiencia muestra que uno de los obstáculos para activar dichos mecanismos es el escaso conocimiento que existe por parte de la sociedad civil sobre éstos y su funcionamiento, de tal manera que puedan ser integrados a estrategias integrales de defensa de derechos frente a proyectos de desarrollo.

En este contexto, el taller tiene como objetivo promover el diálogo con los encargados de diferentes mecanismos de queja y representantes de la sociedad civil, con el fin de dar a conocer distintos MQIs presentes en la región; su funcionamiento; y fomentar un intercambio de experiencias y perspectivas relacionadas a los mecanismos.

El taller contará con la presencia de representantes del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera y el Panel de Inspección (PI) del Banco Mundial, del Mecanismo de Queja del Banco de Inversión Europea y del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, participan diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil y de movimientos sociales de la región.

 

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