La presente infografía brinda información acerca de la responsabilidad que les corresponde a comerciantes de productos alimenticios y bebidas analcohólicas que presentan sellos de advertencia y/o leyendas precautorias, tal cual surge de la incorporación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable al sistema normativo nacional de alimentos, como así también a principios internacionales que rigen la actividad empresarial.
Este informe brinda información acerca de la responsabilidad que les corresponde a comerciantes de productos alimenticios y bebidas analcohólicas que presentan sellos de advertencia y/o leyendas precautorias, tal cual surge de la incorporación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable al sistema normativo nacional de alimentos, como así también a principios internacionales que rigen la actividad empresarial. En ese sentido, resulta fundamental el compromiso del sector a fin de poder garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en cuestión y proteger la salud de la población.
Sabemos que en pocos días toca volver a las urnas, esta vez a la elección de presidencia y legisladores nacionales, según lo que se vote en tu provincia. La información que circula es mucha, y la desinformación también. Por eso, te dejamos acá un test para que puedas identificar red flags (banderas rojas, alertas) sobre las propuestas de los distintos espacios y candidatos/as y pensar tu voto desde los derechos humanos. ¿Te animás a contar las que encontrás en las ideas de tu candidato/a?
1. Amenaza a la gratuidad de servicios esenciales: Argentina es un modelo a seguir por su educación pública de calidad y su cobertura de salud universal y gratuita. Si bien en algunos casos depende de las provincias y seguramente hay mucho espacio para mejorar, la garantía de derechos tan básicos es parte fundamental de nuestra calidad de vida. ¿Vos o alguien cercano fue a una escuela pública o pública de gestión privada? ¿O asististe alguna vez a una clínica pública u hospital? ¿Cómo sería tu vida o la de tu gente cercana sin esas posibilidades?
2. Cuestiona el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: uno de los consensos más fuertes de la vuelta de la democracia es que no queremos nunca más gobiernos autoritarios ni terrorismo de Estado. Los procesos de investigación, con evidencia judicial y científica, y los juicios a las juntas, dieron cuenta del plan sistemático de las fuerzas armadas para exterminar activistas estudiantiles, sindicales y a través de la persecución política, el secuestro, la desaparición de personas, la creación de centros clandestinos de detención, tortura y asesinato durante los 70s y 80s. No hay lugar a discusión sobre los crímenes cometidos por los militares y sus cómplices civiles de entonces.
3. Niega la evidencia sobre el cambio climático: el planeta se está incendiando, en Córdoba esto es literal. Durante las últimas décadas es abrumadora la evidencia científica en relación a que el comportamiento humano y los niveles de consumo redundan en más gases de efecto invernadero en la atmósfera, subidas de las temperaturas globales y consecuencias negativas como inundaciones, sequías, tormentas y fenómenos climáticos extremos. Negar esto sólo nos deja más vulnerables a lo que es inminente. El cambio climático ya está acá y hay que adaptarnos a él, mientras mitigamos sus efectos.
4. Subestima las políticas que promueven la igualdad de oportunidades: las brechas salariales y las desigualdades de género son una realidad. El premio Nobel de economía de este año lo recibió una mujer que se dedicó a demostrar esto. Por más que el mercado laboral tome conciencia de la dimensión de las brechas, las políticas públicas todavía son necesarias para avanzar en la reducción de estas y otras desigualdades. Es fundamental que el Estado valore el aporte de las mujeres para el cuidado de las vidas, garantice servicios de cuidados y alivie la carga de tareas de las cuidadoras, y que también promueva su participación en la economía
5. Desconoce la violencia de género: entre enero y agosto de este año se registraron en nuestro país 224 víctimas de violencia de género – 204 femicidios, 3 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños – según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano». En ocho meses casi se alcanza el total de casos del año 2022. Esto demuestra la importancia y la urgencia de que el Estado reconozca la dimensión de la problemática, y fortalezca todas las regulaciones y medidas que protejan especialmente a estas poblaciones que han sido histórica y sistemáticamente vulneradas.
6. Desconoce los acuerdos internacionales: Argentina está integrada al mundo a través de múltiples organismos, tratados y acuerdos. El sistema de Naciones Unidas tiene amplio reconocimiento internacional como foro de cooperación entre países y para el avance de los derechos. El Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible son marcos de gobernanza global que han demostrado ser útiles y la tendencia es hacia su cumplimiento, no hacia su desconocimiento y desintegración de los sistemas de gobernanza globales.
Si encontraste que un candidato o candidata tiene una o más red flags, lamentablemente, tu voto no es con el cuidado de la democracia y los derechos, ni con la sostenibilidad de las vidas humanas y del ambiente. A continuación te invitamos a reflexionar al respecto.
¿Y si nadie me convence y quiero que se rompa todo de una vez?
Primero y principal, es importante que ejerzas tu derecho al voto. Puede que ninguna opción te convenza del todo, o que estés completamente decepcionade de las opciones para la presidencia. Sin embargo, nuestra democracia de apenas 40 años necesita de nuestra participación y en contextos tan revueltos, tu voto no da lo mismo. Este domingo andá a votar e incentivá a otres a que lo hagan, cada voto vale.
Está claro que tenemos muchos problemas en lo económico y que las condiciones de vida empeoran a causa de la inflación, empleo informal, bajos salarios y altos niveles de endeudamiento en los hogares. Y todo esto duele, porque precariza nuestras vidas, nuestro acceso a los alimentos y a la vivienda. Las respuestas radicales pueden sonar tentadoras en este contexto, pero los costos en materia de derechos son muchos y son altos, por eso te invitamos a votar y a pensar tu voto.
También te invitamos a que puedas involucrarte y discutir reformas del Estado, porque sabemos que no alcanza, que mucho de lo que existe hoy en día no funciona, que en ocasiones reproduce desigualdades en lugar de reducirlas. La democracia que supimos construir y lo público es de todos, todas, todes (como más te guste) y hay que cuidarla. No da lo mismo romper todo que pensar futuros comunes posibles, participar como ciudadanía activa en distintos espacios civiles, políticos o en organizaciones sociales, y en este contexto particular, votar opciones que no atenten contra nuestros derechos fundamentales.
Si querés saber más sobre las distintas propuestas, te compartimos algunas iniciativas de organizaciones de sociedad civil que las condensan o ponen foco en algunas:
- #MeRepresenta: te cuenta las propuestas de cada candidato/a con juegos e información general de las elecciones, ¡es muy divertida!
- Si te interesan los temas ambientales, entrá a yovotoambiente
- Si querés saber quiénes proponen avances, dan continuidad o plantean retrocesos en materia de igualdad y violencias de género, mirá mujeresenelpoder
- Si querés enterarte sobre algunas desinformaciones que circulan en este período electoral, entrá a contextual.la
El equipo de Fundeps
El 3 de octubre el gobierno nacional presentó el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue aprobado por Argentina en 2020 y busca efectivizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la Justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
La Secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación fue designada para avanzar hacia la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. Este recorrido se diseñó en dos etapas: la primera, orientada a realizar un diagnóstico para determinar el estado de cumplimiento del Acuerdo en nuestro país, del cual surgieron recomendaciones: y la segunda estuvo enfocada en diseñar el Plan. Para eso, se realizó una consulta pública, encuentros virtuales y presenciales colaborativos, mesas de diálogo regionales y un buzón de propuestas. En total se recibieron 533 aportes de la ciudadanía en el diseño del Plan y la mayoría (65%) de las personas que participaron fueron mujeres. Desde Fundeps acompañamos todo este proceso brindando aportes en las distintas instancias participativas.
El Plan se estructura en 6 ejes: acceso a la Información pública ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales, defensoras y defensores de derechos humanos en cuestiones ambientales, fortalecimiento de capacidades, sistema de gobernanza para la ejecución y seguimiento de la implementación del Acuerdo. Se establecen también objetivos e indicadores, que son muy importantes para la evaluación del avance en la implementación. La ejecución del Plan será en un período de 3 años y estará a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
El proceso de creación del Plan fue un proceso abierto, participativo y transparente, centrado en asegurar la participación ciudadana y construir los consensos necesarios para atender las necesidades de las comunidades y hacer efectivo el Acuerdo. Celebramos la presentación de este Plan, que significa un hito hacia la consolidación de la aplicación del Acuerdo de Escazú en Argentina y brinda herramientas concretas para facilitar su implementación. Ahora instamos al estado nacional y a las provincias a hacer efectiva su puesta en marcha y a la ciudadanía a exigir su efectiva aplicación para lograr el fin último del Acuerdo de Escazú: el cumplimiento del derecho a un ambiente sano.
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Autora
Manuela Fernández Grassani
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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
Durante la semana pasada, acontecieron en Marruecos las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, se organizó una contra cumbre que dio espacio a sociedad civil y movimientos sociales para discutir las políticas neoliberales impulsadas por estas instituciones. A continuación, algunas reflexiones sobre estos eventos, sus limitaciones y potencialidades, y la situación particular de Argentina.
Las Reuniones Anuales, que este año se dieron entre el 9 y 13 de octubre en la ciudad de Marrakech, son espacios donde se organizan paneles con directores y staff del FMI, a la par que sociedad civil tiene su propios foros y espacios de exposición y discusión. Al mismo tiempo, ocurren innumerables reuniones cerradas y en paralelo a toda la agenda oficial. Todo esto tiene por objetivo poder discutir cómo se organiza la arquitectura financiera internacional, que determina bajo qué condiciones se prestan fondos principalmente a los países del sur global. El rol de la sociedad civil en estos espacios es traer sus preocupaciones y representar las voces de las personas afectadas por esta compleja infraestructura de préstamos.
Por ejemplo, la Coalición para los Derechos Humanos en Desarrollo, presentó un informe donde de 38 proyectos evaluados, en 36 se identificaron represalias a personas que defendían derechos y reclamaban en contra de dichos préstamos. Esto demuestra que, aunque las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) hacen proclamas de alto nivel al respecto de la importancia de los derechos humanos, no hay medidas ni un abordaje real de las consecuencias negativas sobre defensores y defensoras que sufren el abuso de las fuerzas de seguridad y la policía, la persecusión judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia, y violencia de género y acoso sexual en el caso particular de las defensoras.
Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso en un panel sobre la estrategia climática del FMI acerca del caso argentino. Se visibilizó cómo la necesidad de divisas provenientes de la exportación están empujando al modelo extractivista de combustibles fósiles y yendo en contra de las metas de mitigación del cambio climático del país. El ejemplo emblemático es el de Vaca Muerta, que de explotarse en su totalidad usaría el equivalente al 11.4% del presupuesto de CO2. En este caso, se puede ver cómo las necesidades de balanza comercial exterior a corto plazo pasan por encima de cualquier análisis de impactos ambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta.
Frente a esto, en general las autoridades y staff de las IFIs presentes en los paneles insisten en que las políticas existentes son las que funcionan, desestiman a los planteos de la sociedad civil con sus propios datos y se muestran poco receptivos a cualquier crítica. Por esto mismo, es que aparecen espacios como la Contra Cumbre, dónde la conversación fluye de manera más crítica y sincera al respecto de qué está pasando con los impactos de los préstamos y proyectos, permitiendo un espacio para unir voces en miras a cambiar las injusticias que hoy afectan a tantos países y comunidades.
La Contra Cumbre se inauguró el 12 de octubre con una marcha, y durante los dos días siguientes hubo tanto sesiones de discusión en grupos pequeños así como plenarios. Finalmente, el domingo 15 en plenario se cerró con una lectura de las conclusiones, entre las cuales se incluían las cancelaciones de las deudas ilegítimas, políticas que respeten los límites planetarios, la justicia climática y social y promuevan la soberanía alimentaria.También, que se termine el colonialismo financiero, que haya financiamiento para proyectos que permitan adaptación al cambio climático, cobertura de seguridad social y salud universal, y una especial proclama por los derechos de las mujeres que son quienes más se ven impactadas negativamente por las políticas de austeridad.
Argentina y su vínculo con el FMI
Según Noemí Brenta, Argentina tiene una relación muy particular con el FMI, ya que es el país de ingresos medios que más tiempo ha estado bajo sus acuerdos dirigiendo las políticas económicas y fiscales. Hoy no sólo tiene casi el 30% de la cartera de préstamos del FMI, sino que es una buena alumna: a lo largo de todos estos años y de 22 acuerdos, solo 5 fueron suspendidos por el organismo. Por ende, se puede afirmar que los lineamientos recomendados por este organismo han tenido gran influencia en las decisiones de los distintos gobiernos.
Sin embargo, el cumplimiento de las políticas ha implicado una notoria desmejoría para la calidad de vida de las personas. Por un lado, las condicionalidades imponen que los ingresos que el país tiene se destinen a pagos a los acreedores (es decir, al FMI y a otros deudores también), lo cual implica a su vez que se recorten gastos sociales y no haya inversión para el desarrollo. Por otro lado, se profundiza el modelo extractivista a través de la producción agroindustrial de commodities, la explotación de combustibles fósiles y la minería –hoy muy en boga la de litio por su potencial de contribución a una transición energética hacia otras fuentes renovables. Esto tiene consecuencias negativas en el ambiente, no contabiliza los impactos en el uso de recursos escasos y no renovables como el agua, y limita el desarrollo de las comunidades que habitan en los territorios explotados.
Mariano Féliz plantea que los impactos en el mercado de trabajo remunerado tienen claros sesgos de género, ya que son las mujeres quienes tienen que hacer frente a las tareas no remuneradas y reproductivas intensificadas, al mismo tiempo que reciben menos servicios públicos. Las políticas del FMI que impulsan la participación de las mujeres en la actividad económica, lo hacen desde una perspectiva instrumental porque mejora indicadores macroeconómicos y provee mano de obra que suele aceptar peores condiciones laborales. No obstante, a la par que aumentó la tasa de empleo para mujeres adultas, se redujo la tasa de empleo para varones, especialmente jóvenes. Todo esto, solo redunda en la tendencia capitalista de sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidados para sus propios hogares y sus comunidades, por ejemplo, a través de la organización de ollas populares.
Para las lógicas de los acuerdos de financiamiento y los gobiernos, los derechos humanos son un ideal difícil de cumplir antes que una obligación. El panorama entonces en Argentina hace que tengamos que pensar en cómo se construye un movimiento político contra las deudas insostenibles e ilegítimas, contra las condicionalidades abusivas que van en detrimento de los derechos fundamentales y las vidas de las personas.También nos obliga a reflexionar cómo estos niveles de endeudamiento y de precarización de las vidas se vinculan con el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, que en última instancia promueven también discursos y prácticas antidemocráticas.
Los desafíos son muchos, son complejos e implican mucha articulación política. No obstante, el contexto urge, ya que no hay sostenibilidad de la vida posible bajo las políticas de austeridad, empobrecimiento y extractivismo. Nos toca seguir construyendo narrativas colectivas, movilizar y dar soporte a las comunidades defendiendo sus territorios.
Contacto
Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org
Junto a la Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia presentamos una acción de amparo por mora en contra de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, por no haber respondido a un pedido de información pública que realizamos sobre la obra de provisión de agua potable para el Country Club “El Potrerillo de Larreta”.
Desde hace meses, la Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia (MAyA), integrada por personas de la comunidad, intenta obtener información certera acerca del acueducto que se pretende llevar adelante para proveer de agua potable al Country Club “El Potrerillo de Larreta”. Según se ha podido constatar, este acueducto se desprende del caño maestro que lleva agua a toda la localidad y tendría 160 milímetros, por lo que podría abastecer a 20 mil personas aproximadamente pero el country tiene solo 347 lotes.
Recordemos que el mismo country mantiene hace más de 10 años un alambre de 4 kilómetros en el arroyo Los Paredones que es el principal afluente del arroyo Chicamtoltina (o arroyo de Alta Gracia), impidiendo el acceso de la comunidad y violando normativas que establecen el derecho al uso común de las aguas terrestres.
La preocupación por la construcción y posterior funcionamiento de este acueducto radica en que actualmente el caño maestro provee de agua a toda la comunidad de Alta Gracia y a otras localidades como Falda del Carmen y Villa del Prado, quienes en distintas épocas del año padecen de graves problemas de abastecimiento. Por lo que, de llevarse a cabo esta obra de conexión al caño maestro, la problemática se incrementará en el futuro, provocando que parte de la ciudadanía acceda al agua potable mientras que otra gran porción no. Lo que implicaría la violación de un derecho humano fundamental.
Ahora bien, ante esta situación, la Mesa por el Agua y el Ambiente presentó diversos pedidos de acceso a la información pública a las distintas reparticiones que estarían involucradas en el desarrollo de la obra. La Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias Alta Gracia respondieron los pedidos realizados. Dijeron que únicamente tenían conocimiento de que en el año 2018 ingresó una solicitud de autorización de uso de la vía pública para la construcción de una obra que buscaba proveer de agua al Potrerillo De Larreta. Además expusieron que en el año 2021 se solicitó autorización para el comienzo de la obra, dando lugar a las inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación.
También realizaron un pedido de información sobre esta obra a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), repartición que ejerce la titularidad de los recursos hídricos de la provincia. Ante la falta de respuesta, desde Fundeps y la comunidad vecinal, presentamos un amparo por mora para la entrega de la información solicitada.
¿Qué es un amparo por mora? ¿Qué respondió la Administración Provincial de Recursos Hídricos?
Un amparo por mora es una acción judicial que tiene por única finalidad obtener, por medio del Poder Judicial, la información que no ha sido otorgada anteriormente.
Una vez presentada la acción, la Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación, intimó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que otorgue la información que había sido solicitada. Recién el 6 de septiembre de 2023 respondió manifestando que, en el año 2014, la entonces Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia había otorgado el visado técnico para llevar a cabo la construcción del acueducto. Este proyecto prevé abastecer al country Potrerillo de Larreta una dotación de 1000 lts por conexión y en el año 2017 se le dio visado técnico a una planta de potabilización.
Denegación a la Democracia Ambiental
Ante la falta de información confiable al respecto, en primer lugar debemos decir que ha sido sistemáticamente vulnerado el derecho a acceder a la información pública de forma completa y veraz. Tampoco la Administración Pública cumplió con el deber de, en caso que no tenga la información que se solicita, redirigir la solicitud al organismo competente. Asimismo resulta sumamente cuestionable que haya sido necesario recurrir a la justicia para obtener información ya que esto provoca un desgaste jurisdiccional, e insume tiempos y recursos que limitan el acceso al derecho a la información.
El derecho a solicitar y acceder a la información pública se encuentra garantizado en diversas normativas:
- la Constitución Provincial.
- Ley Provincial N° 8803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
- Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, Ley N° 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley N° 25.675 General del Ambiente.
- Ley N° 27566 mediante la cual Argentina aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
En definitiva, la conducta de los distintos organismos involucrados implica una seria denegación de derechos de la ciudadanía que debe ser corregida ya que acceder a la información pública permite conocer y participar en todos los procesos políticos, gubernamentales y administrativos en donde se encuentre comprometido el ambiente.
Autora
Ananda Lavayén
Contacto
Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
*Foto extraída de la cuenta de Facebook «Mesa por el Agua y el Ambiente de Alta Gracia»
Durante los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre estuvimos participando de distintas actividades vinculadas al Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Cuestiones Ambientales de América Latina y el Caribe. Este Foro es organizado por la CEPAL en su rol de Secretaría del Acuerdo de Escazú.
América Latina y el Caribe continúa siendo la zona más peligrosa del mundo para llevar adelante la defensa del ambiente. El año pasado asesinaron a 177 personas defensoras del ambiente y el 88 % de los homicidios ocurrieron en Latinoamérica. Es por ello que los Estados deben realizar más y mejores esfuerzos para garantizar la seguridad y propiciar un entorno seguro para el desarrollo de esta tarea.
Recordemos que el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia – conocido como Acuerdo de Escazú – es el primer tratado regional ambiental en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras. Específicamente el artículo 9 prevé que los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
En ese contexto, junto a comunidades indígenas y personas defensoras de toda la región, nos reunimos en Panamá para realizar aportes sobre la propuesta de borrador del Plan de Acción Regional sobre Defensores que se presentará el año que viene en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3). Se trata de una verdadera oportunidad de incidencia en las cuestiones ambientales que afectan a nuestra región.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que cuenta con espacios de diálogo abiertos y horizontales. Estos procesos participativos son una verdadera herramienta para la construcción colectiva de políticas públicas.
El principal reclamo por parte de las comunidades es la urgente ratificación del Acuerdo por parte de todos los estados de la región. Por otra parte quedaron expuestas las violencias que continuamente atraviesan los grupos y personas que protegen el ambiente, más aún en el contexto de cambio climático. En este sentido, es esencial poner especial atención a las situaciones de violación de derechos humanos en el contexto de procesos extractivos vinculados a la transición energética.
Por otra parte, se solicitó principalmente la incorporación transversal de perspectiva de género y de interculturalidad al Plan, dando reconocimiento específico a las comunidades indígenas, quienes históricamente han sido guardianas de nuestros bienes comunes.
Esperamos que más estados de la región ratifiquen en un corto plazo el Acuerdo y que los reclamos que fueron reiterados por las comunidades sean considerados e incluidos en el Plan.
Más información
- Recursero sobre Acuerdo de Escazú | Fundeps
Contacto
María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
Desde Fundeps, junto con IDEJUS y Católicas por el Derecho a Decidir, presentamos “Rompiendo esquemas: un Conversatorio sobre Litigio Feminista” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogamos con un panel internacional de abogadas con destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
El viernes 15 de septiembre, en el marco de la materia opcional “Litigio Feminista: Estrategias Jurídicas para la Igualdad de Género” que se dicta este semestre en la Facultad de Derecho, tuvo lugar el primer conversatorio sobre litigio feminista. La materia aborda cuestiones conceptuales sobre litigio estratégico y críticas feministas al derecho, con una parte práctica en la que se estudian casos y experiencias. El equipo docente está integrado por abogadas de Fundeps, CDD y el IDEJUS.
Con la participación de Lucía de la Vega (CELS), Soledad Deza (Mujeres x Mujeres), Mariela Galeazzi (Amnistía Internacional), Patricia Sotile (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y Natalia Acevedo Guerrero (Instituto O´Neill para el Derecho y la Salud Global y Nacional de la Universidad de Georgetown),conversamos sobre su experiencia en organizaciones sociales y en el desarrollo de litigios estratégicos, los obstáculos para el ejercicio de la abogacía con perspectiva feminista y su réplica a todo tipo de controversias judiciales. Resaltaron la importancia del trabajo colectivo e interdisciplinario para abordajes integrales y la necesidad de formación en perspectivas feministas y de derechos humanos en el ámbito jurídico.
Con un repaso por aquellas causas en las que participaron, se analizó el avance de la integración de las perspectivas para un acceso real a la justicia y la importancia de su promoción y difusión.
A través de estas instancias, en consonancia con lo conversado con el panel y con el apoyo institucional de la Facultad de Derecho, apostamos a la contribución a la formación de profesionales del derecho con perspectiva de género.
Autora
Luz Baretta
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
Del 22 al 24 de agosto se llevó adelante la XV Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, Jefes de Estado de los países miembro (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas siglas forman el acrónimo) se reunieron en un foro de alto nivel para discutir asuntos claves para las economías emergentes más destacadas.
Durante la XV cumbre, se reunieron los Jefes de Estado con integrantes del sector empresarial en diálogo con el Nuevo Banco del Desarrollo, para delinear los ejes principales que guiarán la política del BRICS. Entre los temas de agenda este año se incluyó la potencial “desdolarización” del comercio global, con China y el yuan a la cabeza de esta ambición, así como los posibles efectos de la guerra ruso-ucraniana sobre la cooperación entre los países miembros. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto sobre la expansión de los BRICS para incluir a los países que han presentado solicitudes oficiales de membresía: Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto.
Finalmente, durante la cumbre, Argentina, al igual que el resto de los países mencionados, fue invitada formalmente a participar de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Por tratarse de un foro internacional que no implica un proceso de integración supranacional, la decisión de ingresar quedará a discrecionalidad del Poder Ejecutivo que asuma el 10 de diciembre. Parte de les candidates presidenciales, como Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) han manifestado posturas críticas frente a la adhesión, alegando una fuerte diferencia con el accionar internacional de los países pertenecientes a los BRICS, especialmente en referencia a sus violaciones al derecho internacional, como durante la guerra en Ucrania.
En este sentido, es posible identificar algunos elementos claves sobre las implicancias que tendría la participación Argentina en los BRICS. Principalmente, se hace referencia a la dimensión cuantitativa del grupo BRICS, que concentra el 40% de la población mundial y el 25% del PBI del mundo, un porcentaje que, en conjunto, iguala al de Estados Unidos (World Bank Data Center). A estos números se suman aquellos que vinculan a Argentina específicamente con los países fundadores: los principales receptores de exportaciones argentinas incluyen a Brasil, China e India; mientras que sus principales importaciones provienen de China y Brasil (OEC).
El rol del Nuevo Banco de Desarrollo
El factor económico toma más relevancia si se tienen en cuenta las posibilidades de financiamiento por parte del Nuevo Banco del Desarrollo (NBD). El banco de desarrollo de los BRICS fue fundado por las naciones integrantes del bloque en 2014, durante la sexta cumbre celebrada en Fortaleza, Brasil. Este banco internacional se posiciona como alternativa al FMI y el Banco Mundial, con créditos orientados principalmente a proyectos de infraestructura y que, según el sitio oficial, priorizan “operaciones de alto impacto que son ambientalmente inteligentes, resilientes, integradas tecnológicamente y socialmente inclusivas”.
Actualmente, el Nuevo Banco de Desarrollo financia proyectos en sólo 6 países (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y Bangladesh) por un total de 32,8 mil millones de dólares. Según fuentes como Ámbito Financiero, Argentina ya se encontraría negociando con Dilma Rousseff, quien ocupa la presidencia, una posible línea de crédito que ayudaría a aliviar la presión sobre las deudas con el FMI. Para concretar su incorporación al NBD, Argentina debe hacer un aporte de capital de “US$250 millones en bonos soberanos en manos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de otras vías” (La Nación). Un elemento clave de la participación en el NBD es que en su estrategia general se comprometen a otorgar el 30% de sus préstamos en moneda local del país receptor, para mitigar el riesgo de la inversión extranjera (NBD). En el caso de Argentina, esto podría diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia al dólar y al FMI. Sin embargo, continúa preocupando la transparencia del banco y la posibilidad de acceso a consultas públicas o información sobre el proceso de inversión (Diálogo Chino).
BRICS se ha posicionado desde su creación como un foro de cooperación multilateral alternativo para las economías emergentes, que enfatiza la multipolaridad y un posicionamiento “desideologizado” priorizando el diálogo informal y el intercambio comercial. En este sentido, el ingreso de Argentina al foro presenta un espacio de acercamiento con las grandes economías del mundo que están disputando un modelo alternativo de financiamiento al desarrollo.
Más información:
- Visualizing the BRICS Expansion in 4 Charts – Marcus Lu (2023)
- ¿Argentina cada vez más cerca del BRICS? – Fundeps (2020)
- Análisis del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS – Fundeps (2020)
- Consejo de las Américas: Patricia Bullrich y Javier Milei prometieron romper con los BRICS | Tras el ingreso de la Argentina al bloque económico – Página 12 (2023)
- Nuevos Bancos de Desarrollo Multilaterales | Fundeps
- ¿Le conviene a la Argentina integrar el Brics? – LA NACION – Federico Merke y Oliver Stuenkel (2023)
- Cómo funciona el Nuevo Banco de Desarrollo que ilusiona al Gobierno – LA NACION – Paula Urien (2023)
- New Development Bank – Sitio Oficial Nuevo Banco del Desarrollo
- Argentina (ARG) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC – The Observatory of Economic Complexity – OEC
- New perspectives on the new BRICS bank – Diálogo Chino (2023)
Autora
Lourdes Álvarez Romagnoli
Contacto
Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org
*Fuente de la imagen: El Cronista
Entre el martes 5 y el jueves 7 de septiembre se llevó a cabo en Tallin, Estonia, la 8° Cumbre Global de Gobierno Abierto (OGP Global Summit). Reunió a integrantes de la Alianza Global de Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés) tanto de gobiernos, como de sociedad civil de todo el mundo, que trabajan esta agenda en sus países y localidades. En esta edición, la Cumbre se centró en el gobierno abierto en la era digital, el potencial de la tecnología para hacer que la gobernanza y la formulación de políticas sean más transparentes y responsables, así como en la preservación de la democracia.
Desde Fundeps formamos parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado Abierto, que acompaña la adhesión de Argentina a la Alianza por el Gobierno Abierto. Además contribuimos en los procesos de creación tanto de los Planes Nacionales de Gobierno Abierto, como el de la provincia de Córdoba y la Legislatura de Córdoba.
A partir de ello, dentro de la Cumbre Global 2023, participamos en la Sesión “Construyendo coaliciones nacionales-locales para el gobierno abierto” y compartimos panel con distintas referencias de gobierno y sociedad civil de Brasil, Marruecos, Ucrania y Filipinas. Se compartieron experiencias de coaliciones entre los gobiernos federales o nacionales con gobiernos o sociedad civil de trabajo local o municipal. En nuestro caso, compartimos el Programa Federal de Gobierno Abierto (PFGA) que fue el fruto de una construcción entre la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, la Dirección de Capacitación Municipal y distintas organizaciones de la sociedad civil que colaboramos en su diseño y seguimiento en el 4° y 5° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. El PFGA consiste en acompañar distintas iniciativas de transparencia, innovación, rendición de cuentas, participación y colaboración impulsadas por gobiernos provinciales y municipales de nuestro país.
Luego asistimos a otras charlas, talleres y conferencias relativas a experiencias de participación y transparencia fiscal; transparencia en el sector extractivo; cambio climático y transición justa; entre otras. Sin dudas que la Cumbre de OGP 2023 fue un espacio muy enriquecedor para compartir e intercambiar experiencias y realidades entre toda la comunidad de gobierno abierto. Si bien subsisten y se renuevan los desafíos en esta agenda.
Desde Fundeps apostamos a seguir colaborando en el fortalecimiento de iniciativas que tiendan a generar gobiernos cada vez más transparentes, permeables, con genuinos espacios de participación y que atiendan a las demandas sociales de forma colaborativa.
Conocé:
- Todas las Sesiones que hubo en la Cumbre: acá.
- Las iniciativas premiadas en la Cumbre: acá.
- El Plan Nacional de Gobierno Abierto: acá.
- El Plan de OGP Local de la provincia de Córdoba: acá.
- El Plan de Parlamento Abierto de la Legislatura de Córdoba: acá.
Contacto
Victoria Sibilla: ninasibilla@fundeps.org
«Desmitificando la financiación del desarrollo» ofrece una visión reveladora de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y su profundo impacto en el mundo. Desde el dinero que invierten hasta las normas que establecen, estos bancos influyen en nuestras vidas y en el bienestar del planeta de un modo que a menudo subestimamos.
En los últimos años, los BPD han abogado por desempeñar un papel aún más importante para hacer frente al cambio climático, la pobreza mundial y otras crisis. Sin embargo, los estudios de casos y la evidencia presentada en este informe demuestran que, en realidad, los BPD están agravando problemas que dicen resolver. El empuje hacia la privatización, el enfoque extractivista y de arriba hacia abajo, y las limitaciones de las salvaguardias sociales y medioambientales a menudo profundizan las desigualdades, provocan violaciones de derechos humanos, alientan el cambio climático y aumentan la deuda.
Elaborado por más de 100 activistas de la sociedad civil, este análisis conjunto pretende abrir un debate muy necesario sobre el papel que desempeñan los bancos de desarrollo en la economía mundial actual y sobre lo que podemos hacer para que rindan cuentas.
Desde Fundación Sanar, Fundeps y Fagran lanzamos “Construyamos una escuela más saludable”, materiales dirigidos a la comunidad educativa. Tienen como objetivo promover la implementación de la ley de etiquetado en los entornos escolares y reflexionar sobre la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
La Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado, es una política integral que busca proteger y promover el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud, en especial de niños, niñas y adolescentes. Para lograrlo plantea un paquete de medidas que buscan transformar los entornos donde crecen y se desarrollan, limitando la oferta de productos no saludables en escuelas y la exposición al marketing, educando en aspectos alimentarios y nutricionales, y promoviendo el acceso equitativo a alimentos saludables.
En este marco, las escuelas constituyen un espacio clave para la implementación de la ley y tienen regulaciones específicas que cumplir. Allí niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su tiempo y por lo tanto, es un lugar propicio para promover hábitos saludables.
A un año del comienzo de la aplicación de la ley, aún quedan muchos desafíos para su implementación dentro de las instituciones educativas, considerando también las diversas realidades que encontramos en todo el país.
En este contexto, el proceso de adecuación a la norma requiere una comunidad educativa acompañada e informada. Por eso, desde Fundeps, Fundación Sanar y Fagran lanzamos el kit de materiales “Construyamos una escuela más saludables”.
El objetivo es brindar herramientas para fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa en la promoción de prácticas alimentarias más saludables y sostenibles. Incluye materiales para que cada integrante pueda repensar su rol dentro del proceso y convertirse en agente de cambio de la alimentación en las escuelas.
¿Qué materiales integran el kit?
- Un documento con información sobre la ley como una política pública integral. Brinda información acerca de la evidencia que la respalda y el propósito de cada uno de sus ejes. A su vez acerca una actividad práctica de carácter reflexivo para lograr un trabajo colaborativo entre los integrantes de la comunidad.
- 3 Vídeos: uno dirigido a autoridades y tomadores de decisión del ámbito educativo, otro a responsables de niñeces y adolescentes; y uno para niñeces (que puede ser de utilidad en el aula).