La última semana de septiembre la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que preside el senador Eduardo Costa (UCR) de forma sorpresiva decidió la designación provisoria de un nuevo Defensor del Público: Eduardo Jesús Alonso.

La decisión de nombrar un Defensor Provisional fue acordada por el oficialismo con desconocimiento de la oposición. La reunión de Comisión fue convocada para tratar la situación anómala que sufre la Defensoría y para poder analizar el proceso de designación. La designación misma no formaba parte del orden del día. La sorpresa entonces, fue la designación de Alonso, a quien la mayoría de la Comisión no conocía: ni su nombre, ni su trayectoria, ni su curriculum, ni las razones por las cuales se lo propone como Defensor Provisional.

Finalmente, como no se dio lugar a no votar la designación, todos los bloques legislativos acordaron el nombramiento de Alonso que estará vigente hasta que se designe al Defensor/a titular, en un plazo de 60 días. Cabe destacar, que desde la presidencia de la Comisión se aclaró que la designación provisional tiene como fin el cumplimiento de funciones operativas y administrativas de la Defensoría y no podrá tomar ninguna resolución de carácter institucional

Por lo pronto, lo único que se conoce del nuevo Defensor del Público es que se trata de un joven abogado de 32 años que, con la asunción de la nueva gestión en 2015, entró a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia.

La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre de 2016 cuando, ante el término del mandato de la Lic. Cynthia Ottaviano, la Comisión Bicameral del Congreso decidió no designar a un/a nuevo/a defensor/a ni renovar el mandato de la defensora saliente. Desde ese momento, la abogada María José Guembe, Directora de Protección de Derechos de la Defensoría, fue referente interina.

La institución de la Defensoría del Público es fundamental pues oficia de intermediaria entre los actores de comunicación y el público, en representación de los intereses y derechos de las audiencias. En las últimas semanas, hemos llevado adelante una denuncia por violencia mediática ante el ente. Desde la Defensoría, nos informaron que se encuentran con problemas para dar respuesta a los trámites y reclamos y aclaran que “La demora responde a que la Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización de la cual depende este organismo, ha decidido designar a una nueva persona a cargo de la Defensoría del Público hasta tanto se regularice la situación de acefalía y se elija a un/a nuevo/a Defensor/a del Público. “

De esta manera, la continuidad de esta acefalía desde hace ya 3 años, vulnera a la ciudadanía ya que sus derechos no pueden hacerse valer completamente sin el accionar pleno de este organismo. Mientras no se concurse y designe un/a nuevo/a Defensor/a, los derechos de las audiencias, siguen en riesgo.

 

Autora: Emilia Pioletti

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Los comentarios machistas y discriminatorios de Baby Etchecopar dichos en su programa radial “El ángel del mediodía” por Radio 10, generaron un gran repudio de los movimientos sociales y de mujeres, a partir de los cuales se interpusieron varias denuncias, entre ellas una penal por infringir la ley nacional 23.592 que penaliza los actos discriminatorios.  La normativa impone una pena de prisión de uno a tres años a quien realice propaganda basados en ideales o teorías de superioridad de un grupo de personas.

 

En virtud de los actos de Violencia Mediática y Simbólica contra las mujeres generada por los comentarios de Etchecopar, desde el Equipo de Género de FUNDEPS interpusimos una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en repudio por la difusión de estos mensajes que promueven la discriminación contra las mujeres, legitimando la desigualdad de trato y reproduciendo patrones socioculturales de desigualdad y generadores de violencia contra las mujeres.

Los dichos misóginos que motivaron nuestra denuncia se dieron el día 10 de Septiembre en el marco de una discusión telefónica con Silvia Ponce, dirigente del movimiento Evita, quien se encontraba en una protesta social contra el ajuste y las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

En ese contexto, el conductor radial le preguntó si ella era beneficiaria de algún plan social, a lo que ella respondió que sí. Por lo que seguidamente le preguntó si ella trabajaba. Cuando Silvia contestó de nuevo afirmativamente y dijo que trabajaba todos los días en su casa, el Sr. Baby Etchecopar la interrumpió diciéndole: “No no, pero en tu casa no. Vos contéstame lo que yo te pregunto porque casete no. ¿Vos trabajas o no trabajas?”.

Consideramos que tal expresión resulta totalmente discriminatoria, machista y que invisibiliza el trabajo de las mujeres, ya que la actividad doméstica es trabajo, aunque no sea remunerada. De hecho, es una de las principales causas de desigualdad entre hombres y mujeres.

De acuerdo a datos del INDEC, 9 de cada 10 mujeres dedican parte de su día a ese tipo de tareas, que incluye el cuidado y mantenimiento del hogar. También, el 76% de los trabajos domésticos no remunerados en Argentina son realizados por mujeres. Incluso aquellas que trabajan full time le dedican más tiempo de su vida a estas actividades que los hombres que están desempleados. Tal hecho implica menos tiempo de ocio para las mujeres, de capacitación y desarrollo profesional. Lo que se traduce en menor ingreso, más precariedad de los trabajos y el llamado “techo de cristal” que nos impide acceder a los puestos jerárquicos de poder.

Por último, y luego de sacar del aire a la Dirigente Silvia Ponce, Baby Etchecopar expresó: “Tengo seis hijos. ¿Quién te manda a coger, boluda? Dejate de joder”. Repudiamos tal expresión no sólo por el nivel de agresión, sino por configurar un claro ejemplo de violencia de género: y según la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485, como violencia mediática, entendida como “toda publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres y legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Baby Etchecopar con sus dichos avala y replica los modelos de dominación y tutela sobre el cuerpo de la mujer.

Por estos mismos hechos que generaron nuestra denuncia es que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 18, especializada en Violencia de Género de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo interinamente de Federico Villalba Díaz, decidió imputarlo por discriminación en contexto de violencia de género.

La fiscalía pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). A su vez, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) también inició un sumario contra Etchecopar para determinar si se violó la Ley 26.522, que busca evitar la violencia de género y proteger a las audiencias más vulnerables.

Los medios de comunicación tiene una responsabilidad innegable en la construcción de ciudadanía, ya que no sólo son formadores de opinión, sino que además avalan y legitiman prácticas de la sociedad. Celebramos la intervención de dichas instituciones en este caso y continuamos exigiendo el pleno cumplimiento y respeto de las leyes que protegen a las mujeres para seguir construyendo una sociedad más igualitaria.

 

Autora:

Valentina Montero

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Virginia Pedraza

vir.pedraza@gmail.com

 

 

El día 19 de septiembre durante la transmisión de Arriba Córdoba, el noticiero matinal de Canal 12 de Córdoba, su conductor, Jorge Cuadrado, mostró en pantalla una foto de la actriz y cantante Jimena Barón, titulada “Jimena Barón, otra vez disponible”. El tratamiento del tema, en tono jocoso y claramente cosificador de la mujer, resulta repudiable.

“Disponible”, según la RAE  significa: 1. Adj. Dicho de una cosa: Que se puede disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse.3. Adj. Dicho de una persona: Libre de impedimento para prestar servicios a alguien.  De esta manera, ubican a una mujer como una cosa de la cual se puede disponer libremente, está lista para usarse, y está libre de impedimento para prestar servicios. Ya que se usó el término “disponible” para hace referencia a que está soltera y dado que Jimena es heterosexual, se deja entrever que el sujeto que puede “disponer”, es un hombre.

Consideramos que es un claro caso de Violencia Mediática y Violencia simbólica de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.  Además vulnera y transgrede todo lineamiento estipulado en las distintas Guías para el Tratamiento Periodístico Responsable de casos de Violencia contra las Mujeres. Por ello, el día 20 de septiembre, hemos realizado la denuncia correspondiente ante el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres). Este órgano
aún no ha respondido a nuestra denuncia, por lo que resulta preocupante con relación a los compromisos asumidos por el INAM en cuanto al abordaje sobre la violencia mediática presentado en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra Las Mujeres.

Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos.  Su rol en la construcción de sentido es fundamental y deben cumplir las leyes y evitar prácticas que promuevan la discriminación, cosificación y estereotipación de las mujeres.

En un contexto de cambio de época y avances para desarmar las estructuras discriminatorias por razón de género, tratamientos periodísticos de este tipo, no hacen más que restar en la necesaria evolución social y abonar a reforzar los ordenamientos patriarcales violentos.

Así mismo, instamos a todos los entes públicos abocados a recibir denuncias por violencia mediática, a cumplir su rol institucional de estar al servicio de la ciudadanía, a responder a dichos casos en tiempo y forma, y a comprometerse seriamente con esta lucha.

Autora
Emilia Pioletti

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

El jueves pasado, Córdoba amaneció con carteles de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas en la vía pública y colectivos urbanos. La consigna nació hace algunas semanas, cuando se discutió la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral en el plenario de comisiones del Congreso de la Nación. En aquella oportunidad, un grupo opositor se manifestó para impedir que se avance con esta legislación, arguyendo que la Educación Sexual Integral no podía convertirse en “adoctrinamiento” por ideología, dando origen a la consigna de esta campaña.

Una reforma necesaria

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) N° 26.150, vigente desde el 2006, nunca tuvo un cumplimiento nacional efectivo. Durante los meses en que estuvo en debate la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Educación Sexual Integral fue mencionada como política urgente tanto por quienes impulsaban la legalización del aborto como por quienes se oponían. En las pruebas Aprender 2017, 8 de cada 10 estudiantes del último año de secundaria dijeron que educación sexual y violencia de género son temas que la escuela debería abordar y no lo hace.

El 4 de septiembre (Día Mundial de la Salud Sexual), se logró dictamen de mayoría en el plenario de comisiones que trataba un proyecto de reforma de la ley de ESI. Se busca reforzar la ley para que quede claro que la misma es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada, más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”. De esta manera, se profundizará el acceso a un derecho humano fundamental que cuenta con reconocimiento legal desde hace 12 años.

Esa confabulación sí se puede ver

Sin embargo, los sectores opositores no tardaron en hacerse escuchar y comenzaron con una campaña en redes sociales con declaraciones como “con los chicos no”, “los hijos son de los padres, no del Estado” y “no a la ideología de género en la escuela”. Definen “ideología de género” como aquel “conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura”. Afirman que “la deconstrucción del ser humano lo llevará al caos y extinción, como ya hemos hecho con la naturaleza y otras especies.” y en sus documentos presentan conceptos falsos sobre qué es el sexo, el género, la orientación sexual y la identidad de género, con declaraciones como “solo existen dos géneros”, “nadie nace en el cuerpo equivocado” y que las personas trans “sufren de Disforia de Género”.

El rol de la Municipalidad en materia de publicidad en el espacio público

Esta campaña engañosa y maliciosa no sólo circuló por redes sociales. Cientos de afiches con la consigna “#ConMisHijosNoTeMetas – Sí a la educación sexual, no a la ideología de género” aparecieron en espacios de dominio público municipal en la ciudad de Córdoba, en flagrante violación a los artículos 1°, 15° inciso a) y 40° inciso e). de la Ordenanza N° 10378 de “Regulación de la publicidad efectuada mediante anuncios publicitarios en la Ciudad de Córdoba”.

Por eso, junto a la Fundación Córdoba de Todos, y con el apoyo de más de 50 organizaciones sociales, hicimos una presentación requiriendo a la Municipalidad el retiro inmediato de las publicidades. Argumentamos, por un lado, que la campaña atenta contra el espíritu de la ordenanza, que tiene por objeto “regular la publicidad efectuada mediante anuncios publicitarios en espacios o lugares del Dominio Público Municipal o susceptibles de ser percibidos directamente desde los mismos, con el propósito de salvaguardar la seguridad y moralidad pública, como así también preservar y promover los valores culturales, estéticos, paisajísticos, urbanísticos e históricos dentro del ejido municipal”. Por otro lado, la ordenanza establece en su artículo 15 que los anuncios no podrán ser contrarios a la ley, afectar la moral o las buenas costumbres, o ser discriminatorios. Esto rige tanto para los carteles de la vía pública como para los anuncios móviles, es decir, aquellos que fueron montados sobre vehículos del Servicio Público de Transporte (artículo 40).

Numerosos medios hicieron eco de nuestro reclamo. Apenas un día después, supimos que la empresa Coniferal, concesionaria del servicio de transporte, decidió retirar la publicidad de la luneta de sus coches.

Un derecho humano fundamental

La Educación Sexual Integral es un derecho humano del cual las niñas, los niños y adolescentes de nuestra ciudad son titulares inalienables. Así lo ha reconocido el Relator Especial para el Derecho a la Educación, que en su informe a la Asamblea General de Naciones Unidas afirmó “El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos”.

Esto va en consonancia con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 y aprobada por la Ley Nacional 23.849 en nuestro país un año después, que obliga a los Estados parte a respetar los derechos enunciados y a asegurar su aplicación “a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (artículo 2). Asimismo, les ordena adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención, y en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales “hasta el máximo de los recursos de que dispongan…” (artículo 3).

Es una obligación indelegable del Estado construir las condiciones para el cumplimiento y ejercicio activo de todos los derechos, y este no puede ser una excepción. El ejercicio de este derecho de niñas, niños y adolescentes no puede verse obstaculizado por una campaña que malinterpreta y confunde lo que debe entenderse por Educación Sexual Integral, menos en espacios de Dominio Público Municipal.

Decir “ConMisHijosNoTeMetas” implica reducir el ejercicio de este derecho exclusivamente al ámbito familiar. Pone a niños, niñas y adolescentes en un lugar pasivo, contrario al paradigma actual que debe respetarlos/as como sujetos de derecho. Entendemos que las familias son clave en el camino de la educación, y su papel es insoslayable, pero también es absolutamente necesario que existan políticas públicas para garantizar este derecho humano.

¿Y ahora?

Aún aguardamos una respuesta favorable de la Municipalidad de Córdoba, que declaró en los medios que el tema está en estudio y que se analizará en los próximos días.

Con nuestro reclamo no buscamos limitar la libertad de expresión, pese a que no compartimos el ideario de quienes impulsan la campaña. Entendemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, pero, ¿podemos decir cualquier cosa amparándonos en este derecho? ¿O existe un límite cuando las palabras vulneran otros derechos humanos? La publicidad, así como los medios de comunicación, es uno de los agentes determinantes en la transmisión de pautas culturales, y puede colaborar tanto en el la promoción de valores respetuosos de los derechos humanos, como en la perpetuación de las desigualdades. La regulación del contenido que se promueve en el espacio público, como la ordenanza municipal en la que basamos nuestro reclamo, marca ese límite. Además, como explicamos en nuestra presentación a la Municipalidad, no corresponde que se haga uso de espacios de dominio público municipal para difundir mensajes que “debilitan canales de diálogo, describen en forma peyorativa posicionamientos avalados incluso por órganos oficiales de protección de derechos humanos, e incitan a la violencia y la intolerancia democrática”.

También creemos que es indispensable que desde el gobierno se impulse una campaña fortaleciendo su compromiso con la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad disponemos de escuelas públicas municipales donde las expresiones de la campaña publicitaria en cuestión pueden haber generado confusión y conflicto.

Es importante entender que lo que está en conflicto es la Educación Sexual Integral, entendida desde un enfoque de derechos humanos y de respeto por la diversidad sexual y de género, coherente con nuestro marco legal vigente y con los estándares internacionales que regulan la materia. Es esta educación sexual, como derecho fundamental de nuestros/as niños, niñas y adolescentes, la que debemos defender.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

En colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, realizamos varias presentaciones de informes ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) para su período de sesiones N° 64. A través de ellos  pretendemos acercar observaciones críticas y recomendaciones en temas vinculados a DESC que han sido parte de la agenda de trabajo de nuestra organización, y así dar una actualización del reporte presentado en la instancia de sesiones del Grupo de Trabajo preparativo, en 2017.

Argentina ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), comprometiéndose así a cumplir con las obligaciones derivadas de este pacto.  El PIDESC, como otros tratados de derechos humanos, establece un órgano para el monitoreo de su nivel de cumplimiento: el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC). En este sentido, la Corte Suprema ha reconocido a este comité como “intérprete autorizado” del Pacto, que a su vez tiene jerarquía constitucional.

El mecanismo de monitoreo establecido en el mismo incluye, a su vez, la posibilidad de participación de la sociedad civil en diferentes etapas, a través de la presentación de informes: el Comité recibe reportes tanto del Estado como de la sociedad civil y los evalúa, para luego emitir sus Observaciones Finales. La importancia de estas observaciones radica en que la mismas se constituyen como herramientas para exigir a los estados el cumplimiento de estándares de derechos humanos en materia de DESC.

En este marco, hemos presentado varios reportes alertando sobre situaciones de afectación de derechos en diferentes ámbitos.

Salud:

  • Situación de las enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina:

Recomendamos instar al Estado la adopción de algunas medidas para reducir el consumo de productos de tabaco y alimentos no saludables. Entre ellas, la limitación de publicidad dirigida a niños y niñas, la adopción de un etiquetado nutricional más sencillo y entendible, la suba de impuestos, la ratificación por parte del Estado argentino del Convenio Marco de Control de Tabaco y la adopción de medidas que protejan especialmente a grupos vulnerables.

 

  • Situación actual respecto a las prácticas de mercadeo de fórmulas de leche:

En este sentido, recomendamos instar al Estado argentino a que regule y restrinja las estrategias de marketing de fórmulas de leche materna, a que continúe promoviendo la lactancia materna más allá de las campañas de concientización, a que impida la interferencia de la industria en los procesos relativos al ámbito de la salud pública y a que promueva la transparencia en el patrocinio de eventos e investigaciones académicas.

  • Situación de las regulaciones de residencias geriátricas:

Recomendamos la sanción de una ley nacional que establezca presupuestos mínimos a garantizarse en todas las residencias geriátricas del país, conforme los derechos y el paradigma establecido en la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, así como también leyes locales que recepten dicho paradigma. Asimismo, se recomienda instar al Estado Argentino a dar publicidad a los datos relativos a las habilitaciones y controles de dichas residencias.

  • Falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos:

Es preocupante la situación de bajo acceso a anticonceptivos y a las prácticas de aborto en los casos permitidos por la ley. Recomendamos entonces instar al Estado a proveer los insumos necesarios para dar cumplimiento a los derechos sexuales y reproductivos, así como garantizar que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso a los mismos. Por último, recomendamos instar al Estado a que capacite a los y las profesionales de la salud, de acuerdo a los estándares internacionales fijados por la OMS para el acceso al aborto seguro, y la promoción de la discusión legislativa para la legalización del aborto.

Democracia

  • Situación actual de la Defensoría del Pueblo:

Esta institución continúa acéfala desde hace 11 años, lo que se configura como un debilitamiento del sistema de protección de DESC. En este sentido, hemos recomendado entre otras cosas, designar lo más pronto posible a una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación y  reformular los procedimientos de selección del mismo.

  • Acceso a la información pública en materia ambiental:

Recomendamos al Comité instar al Estado a garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental frente al avance de los grandes proyectos de infraestructura, las industrias extractivas e inversiones chinas; promoviendo la creación de instancias y/o mecanismos de participación ciudadana. Además de promover la protección de aquellas personas que en defensa de sus derechos y opuestas al avance de grandes proyectos de infraestructura.

  • Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos:

Recomendamos que el Estado se abstenga de impulsar el Anteproyecto de Ley de acciones colectivas ante el Congreso Nacional y promueva una regulación que se ajuste a los estándares internacionales y constitucionales vigentes en materia de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad.

Ambiente

  • Uso y aplicación de agroquímicos:

Advertimos sobre las afectaciones al derecho a la salud derivadas del uso de agroquímicos; recomendando la adopción de una normativa nacional que regule el uso y aplicación de agroquímicos  y solicitando la revisión y adaptación de normativas nacional y provinciales a las nuevas categorías fijadas por la OMS en materia de clasificación de productos fitosanitarios. Además, se recomienda la adopción de medidas para minimizar el impacto del uso de agroquímicos y la realización de evaluaciones epidemiológicas periódicas.

Más información

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Agustina Mozzoni: agustinamozzoni@fundeps.org

Carolina Tamagnini: carotamagnini@fundeps.org

Del 3 al 5 de septiembre se realizó en la Universidad Nacional de Villa María el XX° Congreso de REDCOM y Iº Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNVM. “Comunicaciones, poderes y tecnologías: de territorios locales a territorios globales”. Desde FUNDEPS presentamos una ponencia dando cuenta de los datos obtenidos en nuestras investigaciones sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación en sus ámbitos de trabajo.

El XX° Congreso de REDCOM es un espacio construido a fin de integrar la perspectiva latinoamericana a los debates académicos, sociales y políticos sobre la comunicación, promover el diálogo de los distintos espacios en la construcción del derecho humano a la comunicación, y profundizar cada dimensión temática a través de la diversificación de medios para su expresión, entre otros.

En este marco, presentamos los resultados obtenidos en la investigación realizada junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, “Organizaciones de medios y género: Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”. Este informe tuvo como objetivo principal indagar sobre el acceso a la igualdad de oportunidades de las mujeres y la comunidad LGTTBIQ+ en los ámbitos laborales de los medios de comunicación.

Las desigualdades en el acceso a las oportunidades laborales, desde una perspectiva de género, tiene múltiples causales, y requiere de la implementación de mecanismos de cambio sociales, culturales y políticos para su real prevención y erradicación.

Pero en ciertos ámbitos, la desigualdad conlleva además otras consecuencias, como lo es en el ámbito de la comunicación. Si entendemos a los medios de comunicación como formadores de opinión y de valores socioculturales, la falta o poca representación de los diversos colectivos de nuestra sociedad, también da lugar a que dicha representación desigual se plasme en los contenidos mediáticos, reproduciendo los mismos valores que dan lugar a la discriminación.

En este sentido, para lograr una real y democrática representación de las voces de toda la sociedad en los medios (reconociéndoles el carácter de agente formador de opinión) es necesario empezar a combatir las desigualdades en el acceso a las oportunidades de trabajo y al desarrollo profesional de todas las personas, con foco en las mujeres, la comunidad LGBTTIQ+, y en los grupos históricamente vulnerados.

Celebramos el espacio otorgado por la UNVM y la REDCOM, a la comunidad académica y a las organizaciones de la sociedad civil, para debatir y visibilizar las necesidades de construir a la comunicación en nuestro país desde una perspectiva inclusiva, de género y de derechos humanos.-

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

El #8A es el corolario de un camino largo, lleno de logros pero también de obstáculos. Con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia, la Cámara de Senadores/as, revisora del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, rechazó la media sanción proveniente de Diputados luego de la maratónica sesión del 13 y 14 de junio.

Más de 1 millón y medio de personas pobló la Plaza del Congreso en Buenos Aires y unas 25.000 estuvieron en la vigilia en la diagonal Yrigoyen de la ciudad de Córdoba. Las calles se llenaron de verde una vez más: cantos, abrazos, emociones de una multitud de activistas que aguardaban expectantes el resultado de la votación, pero que también estaban ahí para dar un mensaje al Senado: que sea ley.

El proyecto en cuestión

Durante la última sesión del Plenario de las tres comisiones (Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales), los sectores a favor de la legalización buscaron que el proyecto modificado consiguiera la mayoría para obtener dictamen. Se trataba del proyecto que nació como “la opción Córdoba” propuesta por la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO), y los senadores Ernesto Martínez (UCR) y Carlos Caserio (PJ). Esta propuesta luego fue respaldada por Miguel Pichetto y el Bloque del PJ, y se convirtió en la alternativa para juntar voluntades y evitar el rechazo total.

El proyecto con modificaciones proponía algunos cambios como bajar de 14 a 12 semanas, eliminar el delito que castigaba a médicos/as que se nieguen a practicar abortos, y dar lugar a la objeción de conciencia institucional para clínicas confesionales, entre otros. Este dictamen finalmente no logró la mayoría necesaria y la Cámara de Senadores/as trabajó con el proyecto de ley de IVE sin modificaciones, es decir, tal como había salido de la Cámara Baja.

En la previa a la votación, hubo varios indicios del resultado final por el rechazo total: al poroteo que ya sumaba 36 votos en contra se sumaron el cambio de voto de la senadora Larraburu días antes de la votación y la repentina definición por el rechazo del senador tucumano Alperovich. La Legislatura de Tucumán había decidido días antes declararse “Pro Vida”.

Las mujeres se siguen muriendo

El 4 de agosto se conoció la muerte de Liliana Herrera en un hospital de Santiago del Estero, como consecuencia de una hemorragia intrauterina producto de un aborto clandestino. Tenía 22 años y dos hijas, de 3 y 6 años. Sin embargo, esta situación no logró revertir el voto de los/as tres senadores/as santiagueños: los tres votos fueron negativos.

El día previo al debate se dio a conocer otra tragedia: una mujer en Mendoza, madre de 5 hijos, está internada con un coma inducido después de una hemorragia de 3 días por un aborto clandestino. La senadora mendocina Pamela Verasay las recordó en su exposición y dijo: “Les pido a todos los senadores abran sus corazones, las mujeres se están muriendo. No hablen para nosotros, hablen para las futuras generaciones.”

Aún en una coyuntura que evidencia la problemática de salud pública que el aborto clandestino representa, primó el rechazo al proyecto de ley sin proponer una alternativa que apunte a resolver ni la problemática, ni las causas de fondo de los embarazos no deseados.

Un debate lleno de tensiones

Durante la jornada surgieron varias cuestiones que llamaron la atención. Por un lado, no se permitió a medios alternativos y autogestivos estar presentes y hacer la cobertura periodística desde el recinto. Rechazar su acreditación de forma arbitraria y claramente discriminatoria es un grave hecho en contra de la libertad de expresión. En nombre del rigor formal también se negó el acceso a varias Diputadas que, semanas antes y a raíz de su iniciativa, lograron la media sanción. Lo mismo sucedió con Nora Cortiñas, referente de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

También hubo momentos de tensión entre la presidenta del Senado al momento de moderar las exposiciones. Por un lado, se intentaba apurar los tiempos de la discusión, argumentando cuestiones de seguridad que debían ser provistas desde el Ministerio de Seguridad. Siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar las condiciones para que el debate pueda desarrollarse con normalidad, la presión por cuestiones “horarias” y de “seguridad” dan cuenta de la injerencia de este poder en los asuntos legislativos. Por otro lado, en general se dejó extender en sus exposiciones a las personas que hablaban en contra del proyecto de ley, mientras que lo contrario ocurría con quienes daban argumentos a favor, haciendo hincapié en el reglamento del debate, independientemente del partido al que pertenecían los/as expositores/as.

 

Al Medioevo no volvemos

Frente a exposiciones plagadas de argumentos falaces y vetustos que dejaron mucho que desear para un parlamento en el año 2018, la claridad y altura de los/as senadores/as comprometidos/as con los derechos de las mujeres fueron esperanzadoras, y sientan las bases para seguir argumentando a favor de la ampliación de derechos.

«Con ley, los abortos serán cuidados, con pastillas y en servicios de salud. Sin ley, los abortos seguirán siendo clandestinos, quirúrgicos y riesgosos» sentenció la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara. Y cerró con la lectura de una carta de un padre cordobés a su hija feminista: “Ojalá jamás estés en la encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá (vos, todas) jamás tengas que siquiera pensarlo. Pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas de la vida alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital, cuidada, contenida y abrazada, con ecografías, controles y pastillas.”

La senadora Mirkin, única legisladora de Tucumán que votó a favor del proyecto, también fue contundente en su exposición.A mí me votaron para legislar y la ley no es pétrea, la ley se puede cambiar, se puede mejorar y mejorarle así las condiciones de vida a las ciudadanas», subrayó.

Llamó la atención la intervención de algunos varones. Por su parte, el senador de Chubut, Alfredo Luenzo, aseguró que estamos frente «a una sociedad patriarcal» y que «somos machistas en recuperación». “Cuando en una difícil y muy personal decisión la mujer elige no ser madre no hay ley, Estado, ética, nada que lo frene, y a esa realidad asistimos», concluyó.

El senador cordobés Ernesto Martínez fue muy claro respecto a la separación que debe tener este debate de todo tinte religioso. “Éste es el Código Penal Argentino. No es ni la Biblia, ni La Torá, ni el Corán, ni el Talmud… Los fanáticos confunden pecado con crimen” […] el Código Penal que se busca modificar es la voluntad del legislador laico que vela por el bien común que no es nunca propiedad de un solo sector”, dijo, luego de ironizar sobre las expresiones del arzobispo porteño Mario Poli.

El último en tomar la palabra fue el senador Luis Naidenoff, de la provincia de Formosa, que preside el Interbloque de Cambiemos. “El aborto es una situación no deseada. El camino punitivo fracasó estrepitosamente y profundizó la clandestinidad. Toda muerte evitable, cuando el Estado puede intervenir, nos moviliza» estableció. Y concluyó: “No hay nada más indigno que mirar al costado y no hacer absolutamente nada […] Los que apoyamos sabemos que el Estado debe hacerse cargo. El rechazo a la ley es mirar para el costado.

Y ahora, ¿cómo seguimos?

El rechazo del proyecto es un hecho parlamentario y de decisión política que no deslegitima las conquistas del movimiento feminista y sobre todo que no elimina los 354.627 abortos que se realizan por año, los 41 abortos por hora, ni las 43 mujeres que murieron durante 2017 producto de abortos clandestinos. A fuerza de militancia, de ocupación del espacio público, de alianzas legislativas, de campañas digitales y de periodismo comprometido, el movimiento feminista logró instalarse en la agenda nacional, regional e internacional. El mundo se hizo eco de nuestro reclamo y  mujeres de varios países, grabaron videos de acompañamiento a la lucha por el aborto en Argentina, organizaron de forma paralela marchas y concentraciones durante el miércoles 8 de agosto en distintos puntos del mundo.

El debate sobre la interrupción legal del embarazo logró atravesar el tejido social y romper barreras partidarias, religiosas y de intereses. El mapa de puentes tendidos entre legisladores/as de fuerzas partidarias antagónicas, las reuniones entre diputados/as que nunca antes habían hablado, las alianzas y complicidades entre periodistas, militantes, empleados/as del Congreso, asesores/as de prensa y cada persona involucrada, revalorizó el rol de la militancia de base y del diálogo y el consenso como herramientas útiles para hacer política. El micro-cabildeo en cada casa, la charla con amigos/as, el intentar “convencer” a familiares, las charlas en la mesa, la circulación de mensajes en grupos via Whatsapp muestran cómo se va armando la arquitectura legislativa para que el “que sea ley” sea posible. Y es posible porque seguiremos luchando para ello.

Pero ayer esta fuerza inmensa no logró derribar uno de los poderes más instalados en nuestro país. Uno de los sectores que más operó de forma contundente en la recta final, fue(ron) la(s) Iglesia(s). Los sectores católicos y evangélicos conservadores fueron quienes presionaron a legisladores/as, convocaron a marchas donde la idea de Dios fue central en sus carteles e invitaron a hablar a expositores que desinformaron en la misma línea.

De esta forma, un tema que apareció de forma colateral y no planeada, fue la separación de la Iglesia y el Estado. Paralela y complementariamente a la lucha por el aborto legal, se fue abriendo camino la lucha por una deuda democrática: el verdadero Estado Laico. La creación de un nuevo pañuelo -esta vez de color naranja- como símbolo y el comienzo de una nueva lucha que va de la mano con la de la libertad de nuestros cuerpos, está tomando forma.

Hoy y siempre, las mujeres seguiremos abortando porque la separación del placer y la reproducción es fundamental. Porque la maternidad es una elección y no una obligación o un castigo estatal hecho bajo amenaza de cárcel o temor a la muerte.

Hoy y siempre, las mujeres seguiremos abortando porque somos dueñas de nuestro futuro, nuestros planes de vida y nuestros cuerpos. Ahora, hoy, el año que viene y siempre las mujeres seguiremos luchando.

Clandestinas nunca más, la lucha continúa.

Autora:

Mayca Balaguer
Carolina Tamagnini
Emilia Pioletti

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

 

 

Presentamos el informe completo y el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la  Fundación Heinrich Böll. Los resultados finales son producto de la investigación realizada durante el 2017 en Córdoba y Buenos Aires en la que se realizaron 50 entrevistas a empresas de medios de comunicación, sindicatos e institutos de formación periodística.

La investigación se realizó En base a los los Indicadores de Género para medios de comunicación de la UNESCO (2014) y de los objetivos planteados por la Plataforma de Acción de Beijin (1995), con  el fin de conocer la estructura laboral y las políticas de género de las empresas de medios  de comunicación, asociaciones profesionales de medios y universidades vinculadas a la comunicación  en Argentina.

La investigación ofrece los resultados del análisis de la información recabada de 30  empresas de medios, 7 sindicatos de prensa, 12 instituciones educativas, 22 trabajadoras/es de  prensa, 10 especialistas en género, 7 pedidos de acceso a la información en ambas regiones (Córdoba y Buenos Aires),  y búsquedas en páginas web y bibliotecas.

La preocupación sobre la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+ tiene especial importancia al referirnos a los medios de comunicación. Hemos llegado, por ejemplo, a conclusiones que reclaman especial atención: del total de las personas empleadas en los medios de comunicación analizados en Córdoba y Buenos Aires, las mujeres representan sólo el 30,35%. Las cifras se tornan más problemáticas al observar los cargos gerenciales y de propiedad dentro de estas empresas: el 78,28% de estos cargos son ocupados por varones. El techo de cristal existe y se contabiliza en una brecha de género del 56,56% en los cargos de mayor relevancia en los medios de comunicación, exponiendo así la perspectiva androcéntrica que atraviesa estos espacios.

Estas cifras son una señal de alerta debido al poder comercial y cultural que ostentan los medios de comunicación, destacando su rol como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.

Los resultados evidencian una desigualdad de poder no sólo dentro de estas empresas de medios sino también en las organizaciones relacionadas a la comunicación (sindicatos y universidades) en las que los estereotipos de género se reproducen.

En los sindicatos, el porcentaje de mujeres afiliadas en ambas regiones es de poco más de un 24%, el cual se reduce al contabilizar su presencia en las dirigencias gremiales donde participan en un 23,29%.  

Sin embargo, esta tendencia se revierte en los espacios académicos de formación de profesionales de la comunicación: el 64,02% de las personas egresadas de estas carreras son mujeres.

Entonces si bien muchas mujeres estudian carreras relacionadas con la comunicación, superando ampliamente a los varones, esto no se refleja en una participación mayoritaria en las empresas de medios y menos en los sindicatos.

Estas desigualdades de género se hacen visibles en el techo de cristal, en la división sexual del trabajo y en la falta de una perspectiva de género traducida en políticas institucionalizadas en los casos de los medios de comunicación y sindicatos. De la misma manera, las universidades presentan falencias en asignaturas específicas y obligatorias sobre género y en planes de estudios con una perspectiva de género transversal.

La incorporación de los medios de comunicación, sindicatos y universidades de la ciudad de Córdoba enriquecen el análisis, ya que se desprenden datos que muestran cómo estas brechas de género se acentúan y amplían en la región. Del total de las personas empleadas en las empresas de medios analizadas, sólo el 23,29% son mujeres y no hay ninguna persona trans. Aún más preocupante es la situación el los altos mandos donde la presencia de mujeres se reduce a un 12%. Las cifras ofrecidas por las empresas de medios de Córdoba, se encuentran muy por debajo del promedio al analizar la participación de mujeres dentro de sus estructuras laborales. Sin embargo, el 69,04% de las personas egresadas de carreras de comunicación son mujeres, lo que en este caso supera el promedio presentado.

A partir de estos resultados, la importancia de este abordaje se fundamenta al reconocer las desigualdades de género presentes y arraigados en los medios de comunicación, pero también al reconocer su agencia democrática, los cuales deberían reflejar la diversidad de la ciudadanía, que sólo se logrará a partir de la inclusión de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+. Un mundo más justo e igualitario que aún está construcción.

Más información:

Organizaciones de medios y género

Resúmen de investigación: Organizaciones de medios y género

Contacto:

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Más de 30 organizaciones cordobesas nos dirigimos mediante un documento a las/os senadoras/es de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio y Ernesto Félix Martínez para expresar la importancia de su voto a favor de la sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con el voto positivo de la Cámara de Diputados/as.

Ante algunas expresiones de los senadores y la senadora frente a este debate, en que manifestaron que adoptarían una postura distinta, presentando su propio proyecto, numerosas organizaciones de la sociedad civil consideramos importante presentar argumentos para resaltar los motivos por los cuales entendemos que su voto debe ser en apoyo proyecto de ley, tal como fue aprobado por la Cámara Baja.

En primer lugar, este proyecto es constitucional y respeta las disposiciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que está obligado el Estado argentino. Ni la Constitución Nacional ni los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino son un obstáculo para la despenalización y la legalización del aborto, por lo que es dable sostener la constitucionalidad y la convencionalidad del proyecto ley. De hecho, estas normas imponen al Estado obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos que están garantizados en este proyecto.

Además, sostenemos que la objeción de conciencia no puede ser institucional. La objeción de conciencia individual, tal como está planteada en el proyecto de ley, es una solución razonable basada en la libertad de conciencia y religiosa. Pero reconocer la pretensión de instituciones privadas de eximirse de la provisión de servicios de interrupción del embarazo es impensable, teniendo en cuenta las restricciones que genera en la libertad de conciencia individual de los profesionales que trabajan en estos establecimientos, la afectación a la libertad y derecho a la salud de las pacientes, y los costos y problemas para el sistema de salud.

Por otro lado, presentamos argumentos para sostener que el plazo de 14 semanas es un plazo razonable. Permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta este plazo no implica riesgos y está en consonancia con lo regulado por otros países que han ido mejorando sus marcos normativos.

Es importante también mencionar que la legalización del aborto no importa un problema presupuestario. Los costos de una práctica legal son mucho menores a los costos que implican las complicaciones por abortos inseguros que incluyen desde intervenciones quirúrgicas con internación y anestesia hasta varios días en terapia intensiva.

Finalmente, consideramos que este proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es coherente con la totalidad del sistema normativo vigente y es la ley que falta en una destacable lista de regulaciones en materia de derechos humanos en nuestro país.

Pero fundamentalmente, destacamos el amplio apoyo que tiene este proyecto de ley en la provincia de Córdoba. Un millón de personas nos convocamos frente al Congreso y miles en las calles a lo largo de todo el país. En Córdoba capital y en numerosas localidades provinciales nos encontramos de manera masiva en cada pañuelazo, manifestando nuestra postura.

No puede negarse que la sanción de esta ley es esperada por el pueblo cordobés, la ciudadanía argentina y la comunidad latinoamericana.

Los/as senadores/as tienen la oportunidad de convertir este proyecto en ley, consolidar derechos humanos largamente postergados, satisfacer los estándares internacionales en esta materia a los que está obligado el Estado argentino y marcar un avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.

El proyecto de ley nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Senadores/as cordobeses/as: QUE SEA LEY.

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Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

El 28 de junio se celebra el día internacional del orgullo LGBT+ en conmemoración a una serie de hechos conocidos como “disturbios de Stonewell” que marcan el comienzo de la lucha por los derechos del colectivo.

Una redada policial que perseguía a personas homosexuales que frecuentaban el bar Stonewall Inn de Nueva York dio lugar a las manifestaciones que, en 1969, fueron el hito más visible e icónico de la época en la lucha de la comunidad LGBT+.

Este 28J encuentra al colectivo continuando y profundizando esta lucha. Las organizaciones travestis y trans celebran esta fecha con la convocatoria a la tercera marcha nacional bajo la consigna: “Basta de travesticidios y transfemicidios”. Habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.

Dos sucesos importantes acompañan este día. En primer lugar, el fallo inédito e histórico del 18 de junio que condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen contra la activista travesti de derechos humanos Diana Sacayán. Fue la primera vez que la Justicia utilizó el  término “travesticidio” en los expedientes. En la sentencia, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió violencia de género. Por otro lado, el mismo día, la Organización Mundial de la Salud excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales, marcando un gran avance en el reclamo histórico del colectivo LGBT+ por la despatologización total de la transexualidad y de la diversidad humana.

Además, hoy a las 14 hs. se presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca la promoción del empleo formal para personas trans y travestis en el ámbito provincial. Esta iniciativa local se enmarca en Campaña Nacional por la Inclusión Laboral trans y travestis que se lanzó en el año 2016.

En un contexto sociocultural de cada vez más respeto y tolerancia hacia los colectivos oprimidos y las minorías, aún queda mucho por hacer. Si bien no hay cifras oficiales, las organizaciones cuentan más de 40 víctimas de travesticidios y transfemicidos en lo que va del año. También preocupa el promedio de vida de la comunidad trans, que roza apenas los 35 años.

“Salimos a las calles para gritar basta de travesticidios y transfemicidios, basta de crímenes de odio, basta de muertes evitables, basta de exclusión, basta de persecución y criminalización, basta de negarnos el acceso al trabajo, exigimos la ley de cupo laboral en todo el país, por la efectiva aplicación y respeto de la ley de identidad de género, sobre todo en el ámbito de la salud, porque se entregue la medicación a personas viviendo con VIH-SIDA, y por la aprobación de una ley de reparación histórica para personas travestis y trans víctimas de la violencia institucional” manifiestan las consignas en este día del orgullo.

Autora:

Mayca Balaguer

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Tras un año de trabajo de investigación entre FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, presentamos en Córdoba y Buenos Aires los resultados parciales obtenidos sobre la participación de mujeres y personas LGTBI en las empresas de medios de comunicación, universidades y sindicatos. Las cifras alertan sobre su escasa participación en estos sectores y la necesidad de transformar las rígidas estructuras sindicales y empresariales que dificultan su acceso y permanencia.

En el marco de unas intensas semanas en las que el movimiento de mujeres llenó de color las calles y alzó su voz reclamando derechos durante tanto tiempo postergados, el viernes 8 de junio presentamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación algunas conclusiones que visibilizan la permanencia de violencias de género dentro de uno de los ámbitos que más relevancia tienen en cuanto a su rol social: las empresas de medios.

En esta instancia, se sumaron las especialistas Pate Palero (periodista, integrante de la Red PAR), Silvana Zanelli (periodista y sindicalista CISPREN), Sandra Chaher (periodista y directora de Comunicación para la Igualdad), Rossana Rodriguez (sindicalista SATSAID seccional Córdoba), Paula Morales (docente e investigadora especialista en género y comunicación), Analía Barrionuevo (directora del Programa de Género de la UNC) y Virginia Pedraza (abogada y coordinadora del equipo de género de FUNDEPS).

Durante la charla, se debatió sobre la situación actual de las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI en el acceso a la igualdad de oportunidades profesionales en los medios de comunicación, y sobre los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los puestos de toma de decisiones y a cargos directivos. También se propusieron posibles acciones para revertir la situación de desigualdad desde distintos espacios como las empresas de medios, sindicatos e instituciones educativas relacionadas a la comunicación y las medidas que puede tomar el Estado para abordar la problemática.

Algunos de estos puntos fueron presentados como resultados de nuestra investigación con el fin de visibilizar los ejes más problemáticos y de ponerlos en discusión durante la jornada.

Techo de cristal: las mujeres que no acceden a  cargos jerarquicos

“(…) En las primeras 1500 empresas que cotizan en Wall Street, hay más directores llamados John, Robert, William o James que mujeres directoras”. (D´Alessandro, 2017, p. 101).

La escasez de mujeres en los cargos de decisión dentro de las empresas, es un rasgo que se vislumbra en muchas de las empresas de América Latina: sólo un 4,2% ocupa direcciones ejecutivas y un 8,5% juntas directivas, mientras que la mayoría de los países la región, las mujeres participan en casi un 30% en cargos gerenciales. Las empresas de medios de nuestro país no escapan a esta tendencia.

De las 30 empresas de medios analizadas en Buenos Aires y Córdoba, las mujeres participan de un 27,72% de la propiedad y de los cargos gerenciales. Sin embargo, este porcentaje se torna más desfavorable en el caso de Córdoba: tan sólo el 12% de las mujeres ocupan estos puestos.

El panorama de los sindicatos refleja cifras igualmente preocupantes. En Córdoba, las dirigencias gremiales de sindicatos que abarcan a trabajadoras/es de medios están ocupadas por un 17,79%. Cifras preocupantes si consideramos que, en el año 2016, las mujeres egresadas de carreras periodísticas constituyeron el 69,04%, pero actualmente sólo conforman el 23,29% de las trabajadoras de los medios analizados en la ciudad de Córdoba.

En cuanto a personas trans, se pudo relevar que sólo una trabaja en medios, lo que evidencia los problemas estructurales que atraviesan a este colectivo y lo convierten uno de los más vulnerados, marginados y precarizados. Las personas trans son las más afectadas porque tienen mayores impedimentos estructurales que les dificulta obtener un trabajo digno y culminar con sus estudios. En algunos medios, hay políticas de inclusión de la diversidad para personas con discapacidad, pero no para personas trans.

Por su parte, los institutos de formación periodística evidenciaron sus falencias en cuanto a asignaturas específicas y obligatorias sobre género y de planes de estudios que contemplen la perspectiva de género como un eje transversal a todos los contenidos.

¿Por qué no hay más mujeres en los cargos jerárquicos de las empresas de medios ni en los sindicatos? ¿Qué barreras componen este techo de cristal que dificulta el acceso de mujeres a estos cargos?

Una de las falencias que se detectó dentro de las empresas de medios analizadas, es la carencia de perspectiva de género y de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, así como su traducción en políticas institucionalizadas y sustentables que sean capaces de transformar las estructuras laborales. Esto lleva a invisibilizar y reproducir violencias, especialmente la violencia simbólica que es la que atraviesa silenciosa y latente las prácticas cotidianas dentro de las empresas de medios.

Estas violencias se hacen palpables en prácticas como la selección y promoción de personal. La falta de capacitación de las áreas de Recursos Humanos perpetúa violencias naturalizadas dificultando el ingreso, pero particularmente el ascenso de mujeres a puestos de jerarquía. En este marco, el lobby (realizado entre los mismos que ya ocupan cargos jerárquicos, la mayoría, varones) y la falta de criterios claros de promoción, son algunos de los factores que más pesan al momento de seleccionar personal para puestos de decisión.

Otra de las barreras que conforman este techo de cristal, es la división sexual del trabajo y su reproducción hacia el interior de las empresas de medios y sindicatos. Así, las mujeres ocupan cargos feminizados o se encargan de temas “blandos”, ligados a las tareas de asistencia y cuidado (y a la frivolidad) con las que se las ha asociado. Hablamos de mujeres secretarias personales, productoras, en Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, en las redacciones de áreas como salud, espectáculos y género, en Secretarías de Cultura, de Comunicación y de Género. Este tipo de tareas y temas son considerados de menor jerarquía respecto a aquellos en los que predominan los varones.

Esto dificulta que las mujeres accedan a otros que les permitan adquirir experiencia y ascender, incluso a aquellas que tienen una formación profesional superior a la de sus pares varones. De esta manera, el techo de cristal y la división sexual del trabajo imponen roles, estereotipos y prejuicios de género que son internalizados por las mujeres generando un círculo vicioso que afecta a su confianza, autoestima e iniciativa personal que desmotiva y reduce la posibilidad de hacer carrera dentro de estas empresas.

También es sabido que el trabajo en el hogar y la maternidad son los principales andamios que configuran este techo de cristal. Es esta división sexual del trabajo la que permite que los hombres se perpetúen en los espacios laborales, brindándoles más experiencia, oportunidades y posibilidades de crecimiento profesional, pero también sobrecargándolos con las presiones laborales y económicas que esto implica.

Esto es posible porque las mujeres son las más importantes y grandes sostenedoras de un sistema y de un mercado laboral de matriz patriarcal que las obliga a relegar en un segundo plano su carrera profesional para dedicarse a otro trabajo no remunerado: el del hogar. Las  mujeres que son madres y en quienes recaen las tareas de cuidado, demandan mayor flexibilidad a través de licencias extendidas, prácticas como el flex time o home office y la reducción de horas que, en algunos casos, implica una reducción salarial e inseguridad laboral. El resultado: pocas mujeres se presentan a concursos en las empresas de medios o forman parte de listas en los sindicatos para acceder a cargos de mayor jerarquía, tienen menos posibilidades que los varones, y se quedan, en el mejor de los casos, en los mandos medios o en puestos desvalorizados, teniendo salarios inferiores a los de los varones.

Inequidad de género y posibilidades de transformación

Los datos obtenidos de esta investigación demuestran la persistencia de desigualdades estructurales de género que se reproducen dentro de las empresas de medios y de los sindicatos. Sin embargo, estos espacios revelaron, en su mayoría, un claro interés por revertir esta situación. Ahora el interrogante es ¿cómo lograr espacios laborales y de activismo gremial más igualitarios? ¿cómo transversalizar la perspectiva de género en empresas de medios, sindicatos e institutos de formación periodística?

Existen problemas estructurales que le compete al Estado contrarrestarlos. Sin embargo, es importante que haya una articulación y compromiso entre diferentes ámbitos. En primer lugar, es necesario que haya políticas públicas efectivas y con perspectiva de género que aborden y contrarresten las desigualdades estructurales de género.

En segundo lugar, se requieren políticas proactivas por parte de las empresas de medios de comunicación que impliquen la incorporación de perspectiva de género que se logren institucionalizar. Es decir, que se creen oficinas de género desde donde se implementen mecanismos para denunciar los casos de violencia de género, que visibilicen la problemática y le den un correspondiente tratamiento.

En tercer lugar, adquiere importancia la capacitación interna en temas de género, lo que involucra no sólo a sindicatos y empresas de medios, sino a las instituciones educativas dedicadas a la formación de profesionales de la comunicación. Estas instituciones tienen el rol de formar profesionales que luego construirán y comunicarán interpretaciones de realidades. Grandes avances se han visto en materia educativa respecto a la incorporación de la temática de género. Sin embargo, en el caso de Córdoba, si bien se está trabajando, queda pendiente la creación de planes de estudio con perspectiva de género y de materias obligatorias que traten la temática de forma puntual.

Por último, los sindicatos cordobeses deben potenciar su rol de voceros de trabajadoras/es de las empresas de medios, focalizándose en las presiones que deben realizar hacia estas empresas, en cuanto a la oferta de capacitaciones y protección de aquellas y aquellos a quienes representa, a fin de garantizar derechos e impulsar medidas superadoras a las ya existentes. Para que esto sea realidad, es necesario que estos espacios rompan también con sus propias estructuras internas machistas

En definitiva, la mayor presencia de mujeres y personas trans en las empresas de medios y en sindicatos, implica que también se implementen  políticas públicas que apunten a alcanzar una equidad de género, la representación y diversificación y democratización de voces , la igualdad de oportunidades, la transformación en las lógicas sexistasimplicadas en la selección de personal y en el mismo mercado laboral, y la (de)construcción de espacios laborales amigables e igualitarios que eliminen la reproducción de violencias de género y la división sexual del trabajo.

Bibliografía y links:

Para ver el video completo del Conversatorio sobre la igualdad de oportunidades en medios de comunicación: https://www.facebook.com/FUNDEPS/videos/1791850930878652/

Autora:

María Cecilia Bustos Moreschi

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Las organizaciones abajo firmantes repudiamos las declaraciones de ciertas instituciones de salud en relación a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El Hospital Privado Universitario de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola se oponen a los artículos de la ley que disponen su responsabilidad de garantizar la práctica y que prohíben la objeción de conciencia institucional. Adhirieron a estos comunicados tres clínicas privadas de la ciudad de San Francisco: el Sanatorio Argentino, la Clínica de Especialidades Enrique Carrá y la Clínica San Justo.

El proyecto de ley establece en su artículo 13 la responsabilidad de los establecimientos de salud de efectivizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin autorización judicial previa, sin requisitos que dificulten el acceso y debiendo garantizar a la mujer o persona gestante la utilización de la mejor práctica disponible según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además dispone que la atención debe ser ágil e inmediata, respetando la privacidad durante todo el proceso.

Por otro lado, el artículo 15 regula la objeción de conciencia. Dispone que la única forma para que el/la profesional de la salud pueda eximirse de su obligación de garantizar el acceso a la práctica es a través de la manifestación previa, individual y escrita de su objeción de conciencia. Esta objeción debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe. No rige la objeción en el caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata. Luego, dispone que cada establecimiento debe llevar un registro de profesionales objetores, y prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

Además, dentro de las modificaciones al Código Penal, se prevé el agregado de un artículo que contempla el delito cometido por las autoridades de los establecimientos salud o profesionales de la salud que dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto cuando está legalmente autorizado. Se reprime esta conducta con prisión de tres meses a un año, y se agrava la pena si como resultado se genera perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.

Los establecimientos de salud se expresaron en contra de la ley en general y de estos artículos en particular, argumentando que quieren “elegir cómo curar y cuidar a los argentinos”, que tienen el deber de defender “los derechos del más débil de la sociedad” y que su trabajo requiere el “respeto a la libertad de conciencia institucional”.

Para empezar, recordamos que los establecimientos de salud, aún los privados, deben respetar y cumplir con reglas y estándares de atención para garantizar el derecho a la salud, en general, de todos sus pacientes, incluida la salud sexual y reproductiva. Esto implica que la actividad médica y el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud son regladas, no libres.

Por otro lado, la pretendida defensa o protección “del más débil” no podría darse en el marco de la negación de una práctica médica autorizada por la ley. Menos cuando el espíritu de la ley es el de remediar el problema de las muertes maternas evitables.

El proceso democrático de sanción de esta ley, aún incompleto, fue hasta ahora ejemplar. Durante dos meses diputados y diputadas escucharon las exposiciones de cientos de expertos y expertas en la materia. Muchas de las personas expositoras pertenecen a la comunidad médica, incluido el actual Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que recomendó la legalización. Igual que él, los ex Ministros de Salud Ginés González García y Daniel Gollán dieron sus argumentos apoyando la ley.  

Por último, remarcamos que la ley aprobada en la Cámara Baja contempla la objeción de conciencia individual. Por lo tanto, profesionales de salud que consideren que la práctica del aborto está en contra de sus creencias religiosas o morales, pueden negarse a hacerla siempre y cuando respeten las disposiciones de la ley. La posibilidad de objetar sólo puede tenerla un individuo con agencia moral, es decir, un individuo que puede realizar actos y darles un significado a los mismos. Una institución, como tal, no tiene agencia moral, y por lo tanto, consideramos acertada la prohibición de la objeción de conciencia institucional que propone la ley.

El hecho de que existan centros de salud que se nieguen a realizar esta práctica de manera absoluta, constituye un obstáculo para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Con estas declaraciones de ejercicio de una pretendida conciencia basada en estatutos jurídicos, las autoridades de centros de salud, además de limitar el derechos, están ejerciendo una clara presión sobre la libertad de conciencia de su planta de profesionales

Las instituciones de salud deben asumir un compromiso con la salud sexual y reproductiva, en consonancia con el proyecto de ley -en caso de entrar en vigencia-, otras leyes relacionadas y vigentes, y las disposiciones que sobre esta materia contienen los tratados internacionales de derechos humanos en temas de salud.

Quien está a cargo de tutelar los derechos de toda la ciudadanía es el Estado, a través de su potestad legislativa, como en este caso, y de políticas públicas que hagan efectiva su aplicación. Las entidades de salud deben, en consecuencia, acompañar estas decisiones.

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba

Córdoba de Todos

Socorristas Córdoba Hilando

SEAP – Servicio a la Acción Popular

Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro

Alternativa por el Cambio Profesional

La Jauretche

MuMaLa – Mujeres de la Matria Latinoamericana Córdoba

Secretaría de Géneros – FUC

Católicas por el Derecho a Decidir

Federación de Estudiantes Secundarios

Corriente Política y Social La Colectiva

Programa Género y Sexualidades, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)

Mujeres Evita

Mujeres Socialistas – Córdoba Capital y Provincia

Muchachas Peronistas

Patria Grande Córdoba

Fundación Mujeres en Igualdad

Mil Flores Frente de Mujeres

CTA Autónoma de Cordoba

ISlyMA CTA (Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente)

Isadora – Mujeres en Lucha

Izquierda Socialista + independientes

Consultorio Salud Integral

Fundación ECOS

Centro Socialista de Córdoba

Martín Fresneda – Legislador Provincial

Cecilia Merchán – Diputada Nacional del Parlasur

Casa de las Mujeres de Córdoba

Colectivo Ni Una Menos – Córdoba
La Bisagra – MPE
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) 
Alianza Nacional de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres
Mujeres X Mujeres (Tucumán)
Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral
Encuentro de Organizaciones (EO)
Insgenar
Red de Profesoras de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA