Listado de la etiqueta: Agroquímicos

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Alta Gracia: denuncian fumigaciones cerca de las viviendas

Luego de observar la presencia de máquinas efectuando fumigaciones en campos cercanos a sus viviendas, vecinos/as del Barrio Reserva Tajamar realizaron una denuncia ante la Unidad Judicial de Alta Gracia.

Con motivo de reiterados episodios de fumigación a escasas distancias de sus hogares, vecinos del Barrio Reserva Tajamar de la ciudad de Alta Gracia, se contactaron con Fundeps mediante nuestro sitio web “Emergencia Agroquímica”. Preocupados por la situación, luego de acceder a la información acerca de las vías de acción, decidieron radicar una denuncia penal ante la Unidad Judicial de la misma ciudad.

De tal modo, el día 28 de octubre denunciaron que en reiteradas oportunidades, en horarios nocturnos y a muy poca distancia de hogares, pudieron observar la presencia de máquinas realizando trabajos de fumigación. Asimismo, manifestaron que dichos campos se encuentran situados a escasos cien metros de sus hogares y que poseen plantaciones de maíz. Según los denunciantes serían 60 las familias que se encontrarían afectadas por las fumigaciones.

A partir de la referida denuncia, se inició una actuación sumarial, la cual fue caratulada, en principio, como “Delito en contra la Seguridad Pública”. Los hechos fueron comunicados a la Fiscalía de Instrucción de competencia múltiple de la ciudad de Alta Gracia, a los fines de que se dé inicio a la investigación penal correspondiente.

Cabe recordar que este tipo de conductas -fumigaciones ilegales- son pasibles de ser sancionadas a partir del Art. 55 y 56 de la ley de residuos peligrosos 24.051, que reprime con pena de prisión a quienes utilizando residuos peligrosos -lease agroquímicos- envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 

Autor

Augusto Lopez

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

 

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Un freno a los agroquímicos

El juez federal de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó «un límite restrictivo y de exclusión»  de 1095 metros para fumigaciones terrestres y 3000 metros para fumigaciones aéreas con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos en la localidad de Pergamino.

El titular del Juzgado Federal Nº 2 que investiga la contaminación con agroquímicos en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, amplió una medida cautelar que había sido dictada en la misma causa, ordenando en esta nueva ocasión, suspender las fumigaciones aéreas en una distancia de 3.000 metros del área urbana y de 1.095 metros para aplicaciones terrestres. La prohibición comprende el uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, tales como glifosato y sus metabolitos derivados, atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, imidacloprid, desetil, 2.4D; y los formulados comerciales como ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUNDUP ULTRAMAX.

El juez consideró en esta oportunidad, que no habían variado los motivos por los cuales se ordenara la resolución primigenia, donde se fijará una prohibición de 600 metros de manera provisoria, hasta tanto se realizaran estudios en la salud de la población. En este sentido, se incorporaron a la causa nuevos estudios de genotocixidad donde se confirmó la «presencia de daño genético en el organismos de las personas«. La resolución precisó que los estudios encontraron «glifosato en sangre y orina de personas, con un incremento en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico«. 

La causa se abrió por el impulso de las vecinas Florencia Morales y Sabrina del Valle Ortíz, que detectaron las intoxicaciones en el barrio Villa Alicia, ambas referentes de “Madres de Barrios fumigados”. A lo largo de la causa, se incorporaron diversas pruebas que demostraban el riesgo ambiental que acarrea el uso de estos productos y su afectación sobre la salud humana. Ante todo ello, el juez federal entendió que dichas evidencias, en principio, resultaban suficientes para tener por configurado un peligro de daño a la salud y al medio ambiente. Bajo la directriz del principio precautorio, sostuvo que “frente a la falta de certeza científica respecto a la inocuidad de los productos vertidos para la población de Pergamino justifica la ampliación de la medida ya dispuesta y en las distancias pretendidas, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de niños y adultos de esa región”. 

El Juez valoró también los resultados y evaluaciones realizadas por el Grupo de Investigación GeMA – Genética y Mutagénesis Ambiental- del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Delia Aiassa. En uno de sus trabajos, los investigadores evaluaron el nivel de daño en el material genético de niños de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Para tal fin estudiaron tres grupos de niños que residen a distintas distancias de la zona de pulverización: a menos de 500 metros, entre 500 y 1.095 metros, y a más de 3.000. No se encontraron diferencias en el daño genético entre los grupos de niños que residen a menos de 500 metros y entre 500 y 1.095 metros. Sin embargo, el daño genético de ambos grupos fue significativamente mayor al de niños residentes a distancias mayores a 3.000 metros, sugiriendo así que los 500 metros de resguardo indicado en el Art. 59 de la Ley 9.164 de la provincia de Córdoba (Ley de Agroquímicos) no son suficientes en localidades que se encuentran rodeadas de cultivos donde se pulverizan agroquímicos.

El agua en Pergamino

En el mes de abril de 2019, el mismo juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean tres barrios de Pergamino, determinando una distancia de prohibición de 600 metros de las viviendas. Allí, los vecinos habían denunciado graves problemas de salud en niños y adultos. La decisión del juez se fundamentó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, el cual arrojó como resultado la presencia de plaguicidas en el agua. Desde el Municipio solicitaron que se realice un nuevo análisis a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires que, al contrario del INTA, concluyó que el agua era apta para el consumo humano. 

Si bien se halló presencia de agroquímicos, se detalló que los mismos estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud. Frente a estos dos informes, el juez Villafuerte solicitó un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación, el cual confirmó que el agua de Pergamino está contaminada con 18 tipos de agroquímicos. Este resultado coincide con el arrojado por el INTA Balcarce. En este nuevo informe se aclara que el examen de los especialistas de la Corte se realizó en base a las pruebas líquidas y no sobre los informes ya elaborados que son parte de la causa penal. 

Los tres barrios en los que se denunció contaminación en el agua son: Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida. Villafuerte Ruzo en su fallo había exhortado al Municipio a que de manera inmediata garantice en estos barrios la provisión de agua potable. 

Impacto de la causa

El caso Pergamino y su posterior fallo a manos de la Justicia Federal, generó que en la provincia los juzgados también dictaran sentencias similares. Tal es el caso de Exaltación de la Cruz, en donde un reciente fallo de la justicia bonaerense ordenó prohibir las pulverizaciones a menos de mil metros de forma terrestre. 

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Autoras

María Laura Carrizo

Lorena Sciarini

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Lanzamos el sitio web “Emergencia Agroquímica”

Lanzamos un sitio web participativo en el cual se dan a conocer aquellos conflictos ambientales relacionados con el uso de agroquímicos en la provincia de Córdoba, brindando también herramientas legales y la posibilidad de visibilizar la existencia de otros conflictos de dicha índole.

El sitio web se estructura en base a tres objetivos. El primero de ellos orientado a la visibilización de los conflictos socio-ambientales relacionados con el uso de agroquímicos en la provincia de Córdoba. En segundo lugar, procura brindar información y recursos legales como herramientas necesarias para el empoderamiento de las comunidades y para la protección de sus derechos a la salud y a un ambiente sano. En tercer lugar, busca reforzar la visibilización de los conflictos mediante una plataforma colaborativa en la que se podrán incorporar nuevos conflictos, ampliando de tal modo el contenido.

Para tales fines, se confeccionó un mapeo de conflictos que se basó en un análisis de información recopilada desde el año 2008, proveniente principalmente de artículos periodísticos y publicaciones online relacionados con 18 comunidades afectadas por la aplicación de agroquímicos.

El examen de los datos, develó características de relevancia respecto a la problemática. De tal modo, se pudo observar que la gran mayoría de estos conflictos surgen a partir de fumigaciones ilegales o irregulares, residuos de agroquímicos depositados en lugares prohibidos (terrenos baldíos y campos), máquinas fumigadoras que transitan por los centros urbanos, daños a la biodiversidad por la aplicación de productos químicos y, como consecuencia de todas las irregularidades mencionadas, los graves problemas en la salud de los miembros de las comunidades fumigadas.

Asimismo, el relevamiento puso de manifiesto similares inquietudes y exigencias por parte de las comunidades respecto a la aplicación de agroquímicos. Así, como denominador común, estas exigen: ordenanzas que establezcan zonas de resguardo ambiental respecto a las zonas urbanas; el acabado cumplimiento de la ley provincial que regula los requisitos y distancias mínimas de aplicación, la realización de estudios sanitarios, entre otros reclamos. Otras poblaciones, como es el caso de la localidad de Dique Chico, propenden a una alternativa superadora hacia una “reconversión agroecológica” orientando la producción desde una perspectiva sustentable y saludable.

El trabajo de relevamiento realizado evidencia la “emergencia agroquímica” que se vive en numerosas localidades de la provincia de Córdoba. La utilización de agroquímicos sin un adecuado control por parte de las autoridades, el incumplimiento de la normativa vigente respecto a las distancias de aplicación, las cuales además devienen ineficaces para el resguardo de las poblaciones, son factores que no solo afectan al ambiente sino que constituyen un grave problema de salud pública.

En este sentido, las estadísticas demuestran datos alarmantes en cuanto a la existencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, desde el año 2017 en adelante, más de la mitad de los fallecimientos en la localidad de Canals tuvieron origen en una enfermedad cancerígena; o el caso de la localidad Monte Maíz en la cual los casos de fallecimientos debidos al cáncer superan en tres veces la media. Además de observarse en todas las localidades relevadas numerosos casos de malformaciones, enfermedades respiratorias, abortos espontáneos y otras enfermedades poco frecuentes como lupus, artritis rematoidea, entre otras. Estos datos echan luz sobre la urgente atención que merece la problemática por parte de quienes tienen la responsabilidad de adecuar los controles en la aplicación y formular una legislación respetuosa del ambiente y la salud, atendiendo por sobre todo a las necesidades de aquellas poblaciones más vulneradas.

Accedé al sitio Emergencia Agroquímica

Autoras

Ananda Lavayén

María Laura Carrizo

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Entre Ríos: a la escuela sin agroquímicos

La Justicia de Entre Ríos anuló un decreto del gobernador que autorizaba las fumigaciones a cien metros de las escuelas rurales. Macri cuestionó el fallo.

La provincia de Entre Ríos atraviesa ya desde hace tiempo una crisis socio ambiental grave como consecuencia del modelo agroindustrial adoptado a inicios de siglo, el cual en post del  “desarrollo” arremete contra la salud y la calidad de vida de diversas comunidades. Quienes más se ven afectadas por esta idea de progreso son las comunidades agrícolas, quienes vieron modificadas sus condiciones de vida, muchos expulsados a las grandes ciudades, y otros sobreviven inmersos en campos llenos de soja y agroquímicos. Éstas, las víctimas directas del sistema, respiran, beben, comen, caminan, estudian, repletos de químicos. Entre ellos,  niños y niñas son los más afectados por ser su salud más vulnerable y por estar en pleno desarrollo. En Entre Ríos, como en otras provincias del país, como en la nuestra, Córdoba, se fumigan escuelas rurales.

A medida que aumenta la cosecha de transgénicos mayor es el uso de agroquímicos, en tanto implica el uso de millones de litros de estos productos. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la estimación de cosecha para abril de este año es de 56 millones de toneladas, 60 por ciento más que en la campaña anterior cuando se cosecharon 35 millones de toneladas. En este contexto, el uso excesivo y mal manejo de estas sustancias es cotidiano.

Además, en materia legislativa existe una diversidad normativa difícil de conciliar con respecto a las distancias de zonas de resguardo ambiental y una  inmensidad de criterios de aplicación y recomendaciones efectuadas por sectores con intereses económicos. Así, y ante la absoluta inacción por parte del Estado, la salud de miles de niños y niñas se encuentra en grave peligro.

Escuelas rurales: primera sentencia a favor de la salud

En este contexto y mediante el arduo trabajo y compromiso adoptado por la sociedad civil y organizaciones sociales, con una lucha que ya lleva años, en el año 2018, el Foro Ecologista de Paraná, asociación civil dedicada al cuidado del ambiente y la salud, y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, promovieron una acción de amparo en contra  de la provincia de Entre Ríos. Su fin era exhortar al Estado de manera inmediata a tomar las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes, maestros, maestras y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, aire y agua superficial y subterránea, y como consecuencia en la salud.

La justicia se expidió al respecto mediante una sentencia del 1 de Octubre de 2018 donde prohíbe la fumigación terrestre con agroquímicos alrededor de los establecimientos educativos  en un radio de 1000 metros, y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros.

El juez efectiviza el principio precautorio, el cual establece que “cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces en costos para evitar la degradación del medio ambiente”. Además, se condena al Estado Provincial a la implantación de barreras vegetales, a realizar de manera sostenida en el tiempo los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños. Este fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

El cuestionado decreto y la segunda sentencia

El pasado mes de enero, el gobernador Gustavo Bordet, tratando de frenar la situación y resolver el problema del “vacío legal”, obedeciendo a las exigencias del sector agrícola, dicta el Decreto N° 4407/18 en virtud del cual se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios en un radio de 100 metros alrededor de escuelas rurales y en un área de 500 metros para aplicaciones aéreas.

Ante estas circunstancias, a principios del mes de marzo se inicia la causa caratulada «Foro Ecologista de Paraná y otro C/Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos», tendiente a la declaración de nulidad y revocación del decreto en cuestión. La justicia provincial dictó sentencia el 28 de marzo, remitiéndose a los efectos de la sentencia dictada en octubre, en tanto el juez considera que al haberse resuelto una cuestión ambiental vinculada a la salud de un grupo humano determinado, tiene efectos erga omnes. El juez establece que “hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud del alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes queda vedada tanto al administrador (Gobierno) como a este juzgador evaluar si se puede en más o en menos cumplir con la prevención señalada.” Exige se efectúe el informe ambiental requerido en la primera sentencia, la cual debe asegurar que la práctica cuestionada es inocua a determinada distancia de las escuelas. Luego señala que “La violación de la cosa juzgada por una norma determina su nulidad por su inconstitucionalidad”. Por este motivo anula los artículos 1° y 2°, del Decreto  N° 4407/18 por vulnerar los derechos amparados por la cosa juzgada.

Por último, el magistrado reflexiona que “en definitiva acontece que estamos en presencia -como en tantas actividades industriales- de una restricción, que deben cargar ciertos particulares que encuentra fundamento en el interés de la salud -en este caso de los alumnos y personal de las escuelas rurales-, y en el cuidado del medio ambiente; pero sus origenes deben buscarse en prácticas productivas que en algún momento -o tal vez siempre- dejaron de contar con el pleno consenso social.”

Este fallo fue también apelado por el gobierno de Entre Ríos,  pasando así al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, quien deberá resolver decidiendo la constitucionalidad o no del decreto en pugna.

Polémicas declaraciones del Presidente

Mauricio Macri en una visita a Gualeguaychú a principios del mes de abril, dedicó un momento de su conferencia para referirse al conflicto. Con sus dichos interfirió en un conflicto que se dirime en el Poder Judicial violando expresamente  la independencia de poderes -esencia de cualquier sistema republicano de gobierno-.

Macri defendió el uso de agroquímicos sin control, diciendo que el fallo pone en riesgo el 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia, sin tener en cuenta el problema de salud pública que enfrenta la provincia, y todas las zonas productivas del país. En sintonía con lo anterior, dijo que se trata  de “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”, respecto al fallo judicial, el segundo en pocos meses, dictado por la justicia entrerriana. Que el gobierno actual promueve este modelo de producción extractivista quedó patente con el Informe Final del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios, presentado el año pasado por las carteras de agroindustria y ambiente.

Los dichos de Macri despertaron todo tipo de críticas y comentarios, debido principalmente a que se ignora la afectación de la salud que el uso indiscriminado de agroquímicos produce en las personas. Asimismo, se le critica que  él, como principal representante del Estado, tiene el deber de proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes que asisten a estos u otros establecimientos educativos.

Niños y niñas de zonas rurales se ven amenazados/as principalmente en aquellos sitios donde deberían estar seguros/as: hogares, escuelas, comunidades. La protección del Interés Superior del Niño es un principio y un compromiso adoptado mediante la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional. A partir de esto, es responsabilidad del Estado tomar medidas tendientes a asegurar el desarrollo de niños y niñas en un ambiente amigable.

Para Macri no hay “rigor científico” que justifique limitar las fumigaciones, ignorando no solo el principio precautorio sino los diversos juicios que se llevan adelante en la actualidad. Sólo en Estados Unidos, Monsanto ya fue condenado en dos juicios por ser responsable por los riesgos de cáncer del herbicida Roundup a base del controvertido fármaco glifosato.

En nuestro país, ya hay antecedentes. Tenemos, por ejemplo,  el juicio de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, en el cual se llegó a condenar penalmente al productor y al fumigador. En Entre Ríos, en el 2018  también se logró condenar al productor, al presidente de la empresa de aviación y al piloto a un año y seis meses de prisión en suspenso por ser responsables por contaminación de la fumigación que causó daños a personal y alumnos de la Escuela Nº 44, en cercanías de Santa Anita.

Sin embargo, las políticas públicas no responden aún a esta problemática. La  calificación del SENASA respecto a la peligrosidad de los agroquímicos es insuficiente. El glifosato por ejemplo, herbicida del que se arrojan millones de litros en nuestros campos, en Argentina es calificado como  CLASE III, banda de color azul (poco peligroso), mientras que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la vinculación del herbicida glifosato (el más utilizado en el mundo) y el cáncer, catalogando al  glifosato como “probablemente cancerígeno”.

El Estado desconoce la batalla que se emprende en el mundo entero por proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes y de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano.  Habilitar la vulneración del derecho de esos niños y niñas a vivir en un ambiente que permita su desarrollo va en contra de sus responsabilidades. El Estado no puede ser pasivo, ni mucho menos condescendiente mientras se producen cotidianamente fumigaciones que dañan de manera irreversible el presente y futuro de esa generación.

Autora

Maria Laura Carrizo Morales

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Maria Perez Alsina, mariaperezalsina@fundeps.org

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La Comisión Interamericana presenta su informe anual 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a fines del mes pasado su Informe Anual 2018, en donde reporta el trabajo realizado durante todo el año. Este informe constituye el principal instrumento de rendición de cuentas de la CIDH, así como de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región y de seguimiento de sus recomendaciones.

El Capítulo IV consiste en un panorama descriptivo sobre la situación de los derechos humanos en los países miembros, con un especial énfasis en los derechos y temas priorizados por la CIDH, así como en ejes transversales de Institucionalidad Democrática, Institucionalidad en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Seguridad Ciudadana; y Derecho al Medio Ambiente.

Junto a Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentamos en diciembre del año pasado un informe sombra sobre estos ejes en las materias que trabajamos.

En el informe para Argentina, la Comisión tomó los asuntos reportados en el informe sombra. En las consideraciones generales, prestó particular atención a la preocupación mostrada respecto el proyecto de ley sobre procesos colectivos; la situación del derecho de protesta; las movilizaciones respecto del debate en cuanto acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, así como las posibles reformas que restringirían el alcance de la ley de educación sexual. También se hace referencia a los enfrentamientos entre autoridades públicas y comunidades indígenas; la situación económica y financiera en general y su eventual impacto en los derechos humanos, y en particular. Consideraciones especiales se hicieron sobre la situación de pobreza que afecta a la niñez; el nombramiento de un defensor/a de la niñez que sigue pendiente; las expulsiones de personas migrantes; y las condiciones de detención que prevalecen en las comisarías de policía.

A su vez, en cuanto a temas relacionados con institucionalidad en derechos humanos, la CIDH destacó nuestra preocupación por la falta de nominación de una persona titular en la Defensoría del Pueblo de la Nación, cargo que sigue vacante desde el año 2009. Asimismo, recogió nuestra preocupación sobre la situación económica y financiera del país y sus efectos en las instituciones al respecto de la asignación de recursos y al funcionamiento de las diversas entidades del Estado encargadas de la protección de los derechos humanos.

Sobre el acceso a la justicia, la Comisión tomó nota de la preocupación que expresamos respecto del Proyecto de Ley de Procesos Colectivos, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que, en caso de prosperar, podría limitar seriamente el uso y efectividad de las acciones colectivas, al restringir la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a las empresas en defensa de derechos colectivos.

En lo referido a la situación de los derechos de las mujeres, la CIDH saludó la aprobación del protocolo para la investigación y litigio de femicidios en Argentina, celebró la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Nº 27.452 “Ley Brisa” que otorga reparaciones económicas a hijos e hijas de víctimas de femicidio en Argentina y saludó la aprobación de la “Ley Micaela”, que tiene como objetivo capacitar a funcionarios y funcionarias en violencia de género.

Sin embargo, la Comisión manifestó que “ha continuado dando seguimiento a los diversos obstáculos que siguen enfrentando las mujeres, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la movilización y el debate legislativo para el ejercicio de los mismos.” Además, señaló que “ante el resurgimiento de la discusión sobre la reforma de la Ley de Educación Sexual (Ley Nº 6.150), han surgido igualmente propuestas para revisarla y reformarla, algunas de las cuales tendrían como objetivo limitar sus alcances y suprimir las menciones dedicadas a diversidad de género y diversidad sexual, temas que son de seguimiento de la Comisión en miras a asegurar que las revisiones se realicen en línea con los estándares interamericanos en la materia.”

Con respecto al derecho al medio ambiente, la Comisión manifestó que el Estado la informó sobre un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha desarrollado diversos canales de comunicación en el marco de la Ley  nacional No. 25.831 a fin de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental. También indicó que “se está desarrollando la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, política pública que orienta las bases para la construcción de programas intersectorial en la temática promover la acción de las personas, grupos y sociedad en su conjunto para el cuidado ambiental en su integralidad. También indicó que se ha conformado un Gabinete Nacional de Cambio climático, que está trabajando actualmente en la articulación de medidas de mitigación y adaptación sobre la implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas del país. Por último también existe la generación de indicadores para la gestión de reservas de biósfera y de iniciativas privadas de conservación de la biodiversidad.”

No obstante, la CIDH se alertó por el uso de agroquímicos, que es uno de los asuntos más preocupantes para el país, en particular por los efectos nocivos en los pulmones y la piel; así como el aumento de afecciones como la depresión, convulsiones, trastornos inmunitarios y endocrinos. Inclusive le llamó la atención el aumento del número de personas con cáncer en el pueblo cordobés de Monte Maíz en las épocas de fumigación.

Por su parte, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión presentó su propio informe, poniendo de relieve los principales datos recopilados como motivos de preocupación, respecto a la situación de los DESCA considerados en su generalidad en todos los países de la región. Allí, la Relatoría menciona nuevamente las situaciones reportadas en el informe sombra relacionadas al derecho al medio ambiente y al derecho a la salud, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Celebramos las conclusiones elaboradas por la CIDH y la Relatoría sobre DESCA y que se haya hecho eco de los reportes enviados desde la sociedad civil. Esperamos que el Estado tenga se apropie de estas recomendaciones y las incorpore en su diseño de políticas públicas para mejorar la situación de derechos humanos en nuestro país.

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Informe sobre la situación de derechos humanos en Argentina

El pasado 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado mediante el cual invitaba a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región. Dicha información será utilizada para la elaboración del capítulo IV A del informe anual de la CIDH correspondiente al año 2018 que será presentado ante la Asamblea General de la OEA.

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Presentamos informe sobre la situación de derechos humanos en Argentina ante la CIDH

El pasado 30 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado mediante el cual invitaba a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región. Dicha información será utilizada para la elaboración del capítulo IV A del informe anual de la CIDH correspondiente al año 2018 que será presentado ante la Asamblea General de la OEA.

Cada año la Comisión realiza un informe anual sobre la situación de derechos humanos en la región, en donde refleja las tendencias, retos, avances y buenas prácticas que se han dado en materia de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA durante el año.

Para el Informe Anual de 2018, la Comisión hará énfasis en los siguientes ejes: Institucionalización democrática, Institucionalidad en derechos humanos, Acceso a la justicia, Seguridad ciudadana y Derecho al Medio Ambiente.

Junto a Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentamos un informe sobre estos ejes en las materias que trabajamos:

Institucionalidad en derechos humanos

  1. Reducción jerárquica de Ministerios Nacionales de Ambiente, Cultura, Salud, Trabajo y Modernización y Comunicación
  2. Presupuesto Nacional 2019
  3. Ley de Educación Sexual Integral en peligro

Acceso a la justicia

  1. Preocupación por anteproyecto de Ley de procesos colectivos
  2. Acceso al derecho al aborto en la Argentina – Retardo de justicia en la causa de Portal de Belén (por protocolo de aborto no punible en la provincia de Córdoba)
  3. Acceso a la justicia de personas mayores

Seguridad ciudadana

  1. Violencia Institucional en Tucumán
  2. Ausencia de mecanismos de prevención de la tortura en Tucumán

Derecho al Medio Ambiente

  1. Afectaciones al derecho a la salud ocasionadas por el uso de agroquímicos
  2. Preocupación ante proyecto de modificación de la ley de semillas
  3. Incumplimiento de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de la ley provincial N° 5.915  en perjuicio del medioambiente y el derecho a la vida y el territorio de comunidades indígenas en Jujuy.
  4. Proyecto Minero Chinchillas y la Laguna de Pozuelos en Jujuy
  5. La comunidad indígena del Solco Yampa y la tala indiscriminada de árboles en la provincia de Tucumán
  6. Asesinato de Javier Chocobar en Tucumán

Los casos que se presentan en este informe dan cuenta de una situación general de retroceso del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino. Las situaciones de vulnerabilidad expuestas preocupan particularmente por inscribirse en un contexto sociopolítico regional de crisis. En vistas a evitar que el impacto de recortes, el incumplimiento de estándares internacionales y la promoción políticas públicas que no atacan las raíces de la desigualdad estructural impacten de lleno sobre las poblaciones que se ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, solicitamos a la CIDH que exprese públicamente la preocupación por el estado de cumplimiento de derechos humanos en el país.

Más información

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Realizamos talleres participativos con comunidades afectadas por agroquímicos

Durante el mes de octubre, trabajamos con las comunidades de Colonia Tirolesa y Falda del Carmen, dos localidades cordobesas que desde hace años sufren las consecuencias del uso indiscriminado de agroquímicos cercano a las zonas pobladas. Acompañamos y apoyamos su reclamo tratando de empoderar a las comunidades afectadas en la protección de derechos a la salud y a un ambiente sano.

Participamos de la Jornada «Agroquímicos, Salud y Ambiente» en Colonia Tirolesa

A principios de octubre, se realizó la jornada «Agroquímicos, Salud y Ambiente» en Colonia Tirolesa, una localidad situada a 27 km de la ciudad de Córdoba, que se dedica a actividades agrícolas, en particular a la producción de papa, soja y maíz.

La reunión fue una buena oportunidad para seguir aprendiendo de las comunidades que viven cerca de campos que son frecuentemente fumigados con agroquímicos. Durante este encuentro, miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y sentimientos acerca de esta problemática, incluyendo las enfermedades que les afectan.

Además, miembros del «Grupo de Epidemiologia de la Ciencia Digna» de Córdoba y Buenos Aires, mostraron los resultados del relevamiento realizado a través de Encuestas de Salud Socioambiental, llevadas a cabo en mayo 2017 en el barrio de la estación de Colonia Tirolesa, en alrededor de 76 hogares. El objetivo de las encuestas es contribuir a la visibilización de los problemas de salud que presentan las poblaciones expuestas a riesgos y daños socio-ambientales, fortaleciendo así la lucha contra el modelo hegemónico de producción agrícola.

Uno de los resultados más impactantes fue que, en los últimos 20 años, las mayores causas de fallecimiento en el barrio la constituyen los tumores malignos (30%) y las causas respiratorias (22%), quedando en tercer lugar las enfermedades cardiovasculares (19%), siendo que a nivel nacional esta última es la principal causa de muerte.

Participamos en el encuentro mediante el desarrollo de capacidades de la comunidad con respecto a su derecho a la salud y a un ambiente sano. María, Coordinadora del área de Ambiente, estuvo a cargo de la enseñanza de estos derechos y de los distintos modos en que los miembros de la comunidad son capaces de reclamarlos.

Un ingeniero agrónomo también estuvo presente en este evento multidisciplinario. Allí, explicó a la comunidad que existen formas alternativas de producción, que no implican un daño para la salud o el ambiente. Su charla se centró en las prácticas agroecológicas y en cómo aplicar esas prácticas en el campo.

Fue un evento muy movilizador, porque si bien vecinos y vecinas de Colonia Tirolesa sabían que el uso desmedido e incontrolado de agroquímicos podía llegar a afectar su salud y su entorno, no habían tomado real dimensión de la problemática, hasta que les mostraron los resultados de las encuestas en salud. Fue una buena oportunidad para que tomen una real conciencia de los peligros que importa estar permanentemente expuestos a estos productos químicos de uso agropecuario.

Visita a Falda del Carmen

En octubre, también nos reunimos con vecinos y vecinas de Falda de Carmen, una pequeña ciudad cerca de Córdoba Capital, que desde hace unos años viene reclamando una ordenanza municipal que cree una Zona de Resguardo Ambiental para prohibir el uso de agroquímicos en los campos linderos a zonas pobladas.

Durante la visita nos contaron sus inicios en esta lucha contra los empresarios del campo y los agroquímicos, como se organizaron en la Comisión Ambiental Vecinal y las distintas acciones tomadas para visibilizar y crear conciencia en la comuna acerca de esta problemática que les afecta.

Desde FUNDEPS nos comprometimos a ayudar a la comunidad de Falda del Carmen en el desarrollo de estrategias de incidencia y a apoyar sus reclamos en orden a fortalecer sus derechos humanos a la salud y a un ambiente sano.

Contacto

María Pérez Alsina, mariaperezalsina@fundeps.org

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Presentamos observaciones a las «buenas prácticas» de aplicación de agroquímicos

Del 20 de julio al 20 de agosto se sometió a consulta pública el Informe Final  del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios. Desde FUNDEPS presentamos nuestras observaciones y objeciones al mismo.

A través de la Resolución Conjunta N° 1/2018, los Ministerios de Agroindustria  y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación crearon un Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios.

Los objetivos del grupo de trabajo eran:

  • Elaborar los principios para ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento, y
  • Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción, control y monitoreo de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios.

El Grupo de Trabajo está integrado por representantes de ambos ministerios, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes contaron con dos representantes cada uno. Además, formaron parte el Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA), quienes participaron con sólo un representante. Se reunió en seis oportunidades entre el 5 de abril y el 5 de julio de 2018.

El resultado final fue un documento que propone 12 principios y 23 recomendaciones, el cual fue abierto a consulta pública durante un mes por medio de una plataforma web con carácter consultivo. La participación de la sociedad fue muy baja, sólo 180 personas dejaron asentados sus aportes, lo que da cuenta de la poca promoción que se le dio al informe y a la consulta pública efectuada por ambos ministerios.

Desde FUNDEPS efectuamos algunas consideraciones y objeciones al documento, entre ellas:

–  El Grupo de Trabajo Interministerial está integrado en su mayoría por representantes del agro;

– Ausencia de participación en el proceso de trabajo de profesionales técnicos idóneos, universidades, ONGs y de la sociedad civil en general.

– No se analiza la necesidad de una ley como un cuestión de salud pública;

– No se tiene en cuenta que las pulverizaciones no se pueden controlar. Por más que se adopten «buenas prácticas agropecuarias» y se tengan en cuenta las condiciones climáticas los productos químicos que se utilizan tienen persistencia en el medio y se movilizan a través del agua y del aire aún después de realizada la aplicación;

– No hay claridad respecto a los criterios técnicos que se utilizarían para delimitar las «zonas de amortiguamiento», ni cómo harían para que se respeten;

– No se asegura de manera efectiva la realización de relevamientos epidemiológicos desde el Ministerio de Salud para saber cuál es la situación de las poblaciones cercanas a zonas de cultivo;

– No considera los principios de la Ley General del Ambiente N° 25.675 que rige toda política ambiental nacional, en particular los principios de prevención y precautorio;

– No contempla un régimen sancionatorio inescindible al control y monitoreo de las «buenas prácticas agropecuarias», entre otras.

Una de las propuestas que presenta el informe, es impulsar una ley nacional sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios. Desde FUNDEPS apoyamos el dictado de una ley nacional de presupuestos mínimos referida a la aplicación de agroquímicos guiada por el principio de precaución y que permita establecer un marco de referencia que resguarde los derechos fundamentales al ambiente, a la salud y calidad de vida de las personas.

Mas información:

Observaciones al informe sobre buenas prácticas en aplicaciones de Fitosanitarios

Grupo_Interministerial_Fitosanitarios

Autores:

Lourdes Aparicio, Juan Bautista López y María Pérez Alsina

Contacto:

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

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Ley de presupuestos mínimos sobre agroquímicos. Una cuenta pendiente

En el presente documento se abordan los fundamentos jurídicos y  socio-ambientales que hacen necesaria la sanción de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de agroquímicos.

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Autoconvocados contra la fumigación

Los habitantes de la localidad crearon la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Denuncian que entre los productores que fumigan se encuentra el intendente Carlos Peiretti.

En el mapa cordobés, Canals está ubicado al sudeste, a 161 kilómetros de Villa María (por la ruta 4 hasta La Carlota y por la ruta 8 hacia Alejo Ledesma y Arias), sobre una llanura con lagunas que favorecen la ganadería y la agricultura como actividades principales. Sin embargo, sobre sus tierras prima esta segunda actividad acompañada por el uso de agroquímicos.

“La de Canals y sus 8.645 habitantes no es una situación aislada en los pueblos de Córdoba. A solo 64 kilómetros de distancia está Monte Maíz, donde un estudio realizado en 2014 por miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) determinó que el cáncer era la principal causa de muerte”, recordó la periodista Consuelo Cabral para La Nueva Mañana.

Fue tras ese informe que los vecinos de Monte Maíz se organizaron y consiguieron la aprobación de una ordenanza que regula el espacio público procurando disminuir la exposición a los agrotóxicos por parte de la población, recordó la comunicadora.

Teniendo en cuenta ese antecedente, los habitantes de Canals se pusieron de pie para luchar por una ordenanza similar en su pueblo. Un grupo de médicos envió una carta a las autoridades municipales reclamando el cese de las fumigaciones, pero la respuesta del secretario de Gobierno fue que “Canals es un pueblo agrícola con glifosato y que no va a cambiar”.

El pasado 27 de noviembre, Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, estuvo presente en la asamblea que llevaron a cabo los vecinos de Canals y contó que la situación es complicada para los vecinos porque el actual y dos veces intendente, Carlos Peiretti, “no sólo tiene campos, sino que es uno de los que fumiga y contamina el pueblo con sus mosquitos y enormes depósitos de donde entran y salen miles de bidones de agrotóxicos”.

“Además, la actual presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Conte, también es una actora directa en el negocio de la agricultura con venenos”, comentó Avila Vázquez, para agregar a la lista de fumigadores a “Fernando Wingeter, el anterior intendente que duró ocho años en funciones, y Mencho Ferreyra, actual presidente del Club Atlético Libertad”.

La mayoría de los vecinos dijeron que sus familiares y vecinos “padecen y mueren de cáncer y viven entre depósitos de agrotóxicos y máquinas aplicadoras mosquitos que circulan como hormigas gigantescas por todos los sectores del pueblo”.

Presentes

Durante el Encuentro Socioambiental por la Salud y por la Vida, Avila Vázquez, el médico Adolfo Estrella (oriundo de Canals), el ingeniero agrónomo Claudio Demo (de la Universidad Nacional de Río Cuarto), el veterinario Marcelo Frías, de la estancia Las Dos Hermanas, y la abogada de Fundeps, María Pérez Alsina, hablaron hasta llegada la madrugada.

“El problema de esta comunidad es la salud de sus miembros, en años de gran prosperidad económica no dejan de aparecer nuevos casos de cáncer, que parece ser la principal causa de muerte, como ya lo manifestó el Registro Provincial de Tumores para todo este departamento en su informe del año 2014”, explicó Avila Vázquez a LNM.

La gran mayoría de los vecinos que tomaron la palabra dijeron que sus familiares y vecinos “padecen y mueren de cáncer y viven entre depósitos de agrotóxicos y máquinas aplicadoras mosquitos que circulan como hormigas gigantescas por todos los sectores del pueblo”.

El médico de la Red de Pueblos Fumigados contó que “los dramas familiares que se relataron conmovían a los presentes, niños enfermos gravemente, varones jóvenes con cánceres comunes en ancianos, cánceres de páncreas, mama, colon y pulmón por doquier”.

Fuentes:

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Denuncia por actividades ambientales ilegales en Alta Gracia

El pasado jueves 19 de octubre, realizamos una presentación ante la Dirección de Policía Ambiental denunciando supuestas actividades ilegales desarrolladas en el Country Club Potrerillo de Larreta ubicado en la ciudad de Alta Gracia. Aparentemente, durante las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre se han realizado en el sector de la hostería del country, acciones de lesión geomorfológica de gran envergadura en el cauce del Arroyo “Los Paredones”; consistentes en dragado, profundización y ampliación del embalse con la finalidad de aumentar la explotación del agua del arroyo por parte del Country.

Las mismas significan una clara violación a la ley de política ambiental provincial, ya que para llevar a cabo este tipo de obras es necesario cumplimentar previamente el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), previsto en el Anexo I inciso 31 de la ley 10.208, el cual incluye la realización de audiencias públicas en forma previa al otorgamiento de la correspondiente licencia ambiental, procedimiento que no se ha cumplimentado en este caso.

Cabe recordar que desde el año 2012 el Country Club Potrerillo de Larreta se encuentra involucrado en un proceso judicial contra la provincia de Córdoba, por el cercamiento de casi 4 km del mismo arroyo restringiendo el libre tránsito a terceros y el aprovechamiento del mismo por parte de toda la comunidad, alegando principalmente razones de seguridad. En dicha instancia, junto con el colectivo «Todos por Nuestros Arroyos» presentamos un Amicus Curiae invocando el carácter de bien público del arroyo y la ilegitimidad de los alambrados, encontrándose la causa próxima a dictar sentencia.

Sin perjuicio de ello, las acciones ilícitas continúan y se enmarcan en una problemática de larga data en Alta Gracia que involucra intereses particulares en desmedro de derechos fundamentales de todos los habitantes. El cercamiento de ríos, arroyos y lagos de dominio provincial por parte de propietarios/as de los fundos colindantes con los mismos, constituye un claro acto ilegítimo que viola entre otros el derecho al libre tránsito, el uso, goce y aprovechamiento de aguas dominio público y el constitucionalmente reconocido derecho humano de acceso al agua.

Desde FUNDEPS realizamos esta presentación esperando contribuir a una adecuada protección del ambiente como bien colectivo y de garantizar el respeto de los derechos de incidencia colectiva por encima de los derechos individuales.

Más información

Presentación para proteger el ambiente frente a intereses individuales en Alta Gracia | FUNDEPS

Autora 

Noelia Salvia

Contacto

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org