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Las demandas y desafíos en el acceso a la información pública ambiental

Durante los meses de octubre y noviembre, junto con la participación de  especialistas en la materia, se dictaron tres encuentros virtuales sincrónicos en donde se abordaron aspectos relacionados al acceso a la información pública ambiental y las herramientas que brinda el Acuerdo de Escazú. Habiendo finalizado y culminado el proyecto, gracias a la información brindada por las personas participantes, los intercambios y debates que se dieron, realizamos una serie de reflexiones y cuestionamientos al efectivo cumplimiento y ejercicio de este derecho.

El primero de los tres talleres, contó con la disertación de María Laura Foradori, abogada y especialista en Educación Ambiental, el segundo con Ana Di Pangracio, abogada y Directora Ejecutiva de Farn, y el tercero, eminentemente práctico, fue dirigido y acompañado por integrantes del equipo de Fundeps.

Durante los encuentros, en virtud de las expresiones y comentarios que se dieron, fue posible advertir una gran demanda insatisfecha de los grupos de personas y organizaciones de la sociedad civil que pretenden acceder a la información asociada a numerosas problemáticas ambientales. También, indirectamente, se observa una escalada en la conflictividad socio-ambiental, una creciente conciencia en relación a la importancia del cuidado del ambiente y la necesidad de involucrarse en su protección. 

Aquellas demandas, en parte, se consolidan a partir del desconocimiento de las herramientas e instrumentos que permiten acceder a la información pública en general, y ambiental en particular. Por otro lado, también pueden tener origen en el descreimiento en el funcionamiento institucional, a partir de experiencias atravesadas por un alto grado de incumplimiento a la hora de recibir respuestas. Además, la necesidad de acudir la mayoría de las veces a las a vías judiciales de reclamo repercute en la voluntad de la ciudadanía, deslegitimándose por ello el diseño institucional que garantiza el acceso a la información ambiental.

Ante este escenario, creemos que es necesario realizar ajustes institucionales mediante políticas públicas que den a conocer y acerquen las herramientas de acceso a la información ambiental a la ciudadanía. Asimismo, resulta imperioso que se realicen mejoras para garantizar que el Estado cumpla con su obligación de dar respuestas. 

Para que esto sea posible, proponemos una serie de recomendaciones y sugerencias a las autoridades, entre ellas, actualización de la ley de Acceso a la Información Pública en la provincia de Córdoba, la creación de una Agencia u Oficina con competencia en la materia, mejoras en los mecanismos de solicitud de información de modo que sean de fácil comprensión y acceso para la ciudadanía, mejora en el índice de respuesta a las solicitudes de información que se efectúan, capacitación a las autoridades sobre el acceso a la información pública como derecho humano y la implementación de órganos y entes especializados en materia ambiental para el monitoreo y fiscalización de toda solicitud de información.

A su vez, es necesaria la adecuación de la normativa de presupuestos mínimos ambientales en materia de acceso a la información a los estándares del Acuerdo de Escazú ya que este reafirma y refuerza los derechos de las personas a acceder y participar en los asuntos ambientales, la democracia ambiental y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino ante eventuales incumplimientos.

Para finalizar, también debemos destacar el rol fundamental que asume la sociedad civil organizada y ciudadanía en el ejercicio de este derecho. Por un lado, en seguir dando herramientas e  involucrarnos en ejercer responsablemente este derecho y a la vez, ofrecer alternativas de solución a las autoridades para que  garanticen los derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú.

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Autora

Ananda Lavayén

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Informe: Las demandas y desafíos en el acceso a la información pública ambiental

En el marco del proyecto “Fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil en el ejercicio del derecho a la información pública a través del Acuerdo de Escazú”, compartimos los debates y reflexiones sobre el efectivo cumplimiento de este derecho. 

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Presupuesto público: comenzó la etapa de debate y aprobación en la Legislatura

Cada año se sancionan las leyes de presupuesto que guiarán el desarrollo de las políticas públicas para el año siguiente, tanto a nivel nacional, provincial como en todos los municipios del país. A través de esas leyes se fijan las prioridades de gestión, y se determina cuánto se va a recaudar e invertir en políticas públicas. 

En Córdoba, este proceso inició el 15 de noviembre cuando el ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley provincial de presupuesto público, y con la presentación que hizo el Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, al cuerpo legislativo dos días después. El proyecto debe estar acompañado de un “Mensaje del Ejecutivo” que es un reflejo del plan de gobierno que tiene a su cargo el gobierno provincial para la orientación de las actividades económicas. 

Luego de esto se inicia un período de debate y revisión en varias de las Comisiones Legislativas. De éstas la que tiene mayor protagonismo en este proceso es la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación ya que que es la encargada de elaborar el dictamen (o dos, uno por mayoría y otro por minoría) que se incorpora a la orden del día de la Legislatura para ser tratado en Sesiones. 

¿Cómo se aprueba en Córdoba la ley de presupuesto?

La ley de presupuesto se aprueba a través del mecanismo de “doble lectura”, previsto por la Constitución de la provincia para determinados supuestos de importancia (como la declaración de reforma constitucional, toma de préstamos, entre otros), que supone el debate en dos sesiones legislativas. Ese arreglo se previó una vez que la Legislatura de Córdoba pasó a ser unicameral, a partir del 2001. Además, está prevista la posibilidad de llevar a cabo una Audiencia pública, entre sesiones, que para el caso de la sanción de la ley de presupuesto es obligatoria.

Es decir que se aprueba en dos sesiones legislativas, entre las cuáles no pueden transcurrir más de 15 días, y en medio se lleva a cabo una Audiencia. En esta suelen participar entidades en representación de diversos sectores sociales, económicos, productivos, profesionales, así como ciudadanía en general. 

Esta Audiencia debe ser convocada por la presidencia de la Legislatura, es decir la vicegobernación, una vez que el proyecto de ley haya sido aprobado en primera lectura. Además debe publicarse la convocatoria tanto en el Boletín Oficial como en un diario de circulación de la provincia, por dos días y un día respectivamente. También se utilizan los canales de divulgación de la Legislatura, como su propia página web.   

En la audiencia puede participar cualquier persona, asociación u organización que desee dar su opinión, comentarios u observaciones al proyecto de ley presupuesto. Se puede participar haciendo uso de la palabra o bien en calidad de “simple asistente” como oyente. De cada audiencia se labra un Acta y una versión taquigráfica, donde queda plasmado todo lo dicho, material que se pone a disposición del cuerpo legislativo para su ponderación de cara a la sesión de segunda lectura. Una vez aprobado o desechado el proyecto de ley, las versiones de las audiencias quedan disponibles al público en el Portal de Datos Abiertos de la Legislatura (sección Comisiones).  

Te dejamos esta información para que puedas seguir el proceso de debate de la ley de presupuesto 2022 en Córdoba

Nota relacionada

ABC del Presupuesto Público en las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Preguntas y respuestas sobre Acceso a la Información Ambiental

En la siguiente guía encontrarás preguntas y respuestas sobre acceso a la información publica ambiental e información útil para realizar solicitudes al Estado.

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Taller: ¿Cómo pedir información pública ambiental? 

Destinado a organizaciones, asambleas, asociaciones y personas interesadas en general, los días viernes 15 y 29 de octubre a las 16h llevaremos a cabo dos encuentros virtuales, que tendrán como objetivo brindar herramientas teórico prácticas sobre el acceso a la información pública ambiental.

El primer taller, tendrá como expositora principal a Laura Foradori, abogada, investigadora, especialista en Educación Ambiental y docente universitaria. Estará centrado en la importancia del acceso a la información pública ambiental, su marco normativo y las obligaciones que tiene el Estado. Además, habrá un espacio de diálogo e intercambio de experiencias con las personas presentes.

El segundo taller, tendrá como expositora a Ana Di Pangracio, abogada, Consejera de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En la charla se abordará el Acuerdo de Escazú y las herramientas que este brinda para garantizar el derecho de acceso a la información pública como componente fundamental de una ciudadanía ambientalmente comprometida.

Durante todo el ciclo se llevarán a cabo actividades prácticas y se brindarán herramientas para realizar solicitudes de acceso a la información en asuntos ambientales, con el posterior acompañamiento de Fundeps.

La inscripción es libre y gratuita a través de este formulario  y se puede participar del ciclo completo o de cada uno de los encuentros individualmente.

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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Aportamos lineamientos generales para la Ley Yolanda a nivel provincial

En conjunto con la Fundación TierraVida y Ecohouse Córdoba, formulamos aportes para la formulación de lineamientos generales para la realización de las capacitaciones en el marco de la Ley Yolanda. 

En una nota destinada al Secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, presentamos directrices para el diseño de los lineamientos generales en el marco de la ley Yolanda. Estos lineamientos permiten direccionar la metodología y contenidos que formarán parte de las capacitaciones que reciban personas que ejercen la función pública en el marco de la normativa. 

Los aportes se centran principalmente en aquellos contenidos primordiales, asuntos de tipo procesuales y metodológicos, operativos y epistemológicos. Cada uno de los puntos aportados, presentan las razones por las cuales creemos que deben de ser tenidos en cuenta a los fines de una eficiente aplicación, que permita el abordaje adecuado conforme al objetivo propio de la ley.

Confiamos en que las instancias participativas enriquecerán los lineamientos, y por consecuencia las capacitaciones que finamente se dicten. Asimismo, resulta valioso que aquellos pilares sobre los cuales se asienten las capacitaciones gocen de la legitimidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. 

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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Compras públicas en pandemia 2021: menos transparencia y siguen las compras directas

Tras la publicación en marzo de los resultados del relevamiento “Compras públicas en pandemia: 2020, el año de las contrataciones directas y la falta de transparencia”, Red Ruido suma a la investigación el primer trimestre del año 2021.

Ruido es una red federal de comunicadores, especialistas en datos abiertos y organizaciones de la sociedad civil que nació para visibilizar temas de interés público relacionados con el manejo de los recursos del Estado, la transparencia administrativa, la corrupción y el acceso a la información. Desde Fundeps apoyamos su creación en alianza Poder Ciudadano y FOPEA. 

En este nuevo informe la pregunta sigue siendo la misma que en el primer relevamiento de Ruido: ¿puede la ciudadanía saber cuánto pagó el Estado por cada producto comprado para paliar la pandemia?

La respuesta no solo es la misma —no—, sino que ahora es peor: hubo menos información disponible para acceder a datos del primer trimestre 2021, en relación con lo relevado en 2020. Esta es la principal conclusión del relevamiento en 13 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires y Nación.

Datos destacados

  •   El 82,3% de las contrataciones en el primer trimestre de 2021 se realizaron de manera directa, según el relevamiento de Ruido en 14 provincias argentinas.
  •   Se registraron menos operaciones que el año pasado y también hubo menos datos disponibles: el índice de acceso a la información empeoró.
  •   En muchas compras en conjunto (las que incluyen varios productos) es imposible detectar cuánto pagó cada provincia por cada elemento.
  •   Santa Cruz se sumó a las provincias sin datos.
  •   Se detectó una compra de alcohol etílico en Chaco que bate récords: 1.900 pesos el litro.

Licitaciones, en falta

El relevamiento de compras públicas relacionadas con la pandemia durante 2020 había detectado que 92% de las operaciones se habían realizado de manera directa. Ese índice mejoró un poco, pero sigue siendo muy alto: 82,3%.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández el 12 de marzo de 2020 estableció la emergencia pública en materia sanitaria por Covid-19, por lo que las contrataciones de bienes y servicios que se realicen en este marco pueden tramitarse por vía directa.

Pasó más de un año y el tiempo para planificar la prevención aumentó, pero no se redujo el uso de este atajo para contratar.

Entre las provincias con casi 100% de compras y/o adjudicaciones directas figuran Salta, Entre Ríos y Santiago del Estero, mientras que Mendoza es la responsable de que haya bajado este promedio general, ya que utilizó el mecanismo de licitación, subastas y/o concursos abiertos en el 49% de las compras. Fue la provincia de mayor mejora con relación a 2020, cuando esa cifra era de apenas 13%.

Acceso a la información

Si se compara el nivel de acceso a la información en el primer relevamiento de Ruido (compras en 2020) con el del primer trimestre 2021, la situación empeoró.

Según el índice elaborado (en el cual 1 implica acceso público total a los datos y 4, ningún acceso), el promedio general del acceso a la información en 2020 había sido de 2,3. Pero de enero a marzo de 2021, retrocedió 0,3 puntos y pasó a ser 2,6.

Esto es así porque no solo se mantuvieron igual las tres provincias que mantienen datos secretos y no dan respuesta a los pedidos de acceso (Tucumán, Salta y Santiago del Estero), en esta ocasión se sumaron Santa Fe (proporciona información ínfima) y Santa Cruz (no respondió a ningún pedido de información).

Alcohol por las nubes

En el caso de los precios de barbijos, ambulancias y alcohol etílico, en el primer trimestre de 2021 hubo muchas menos compras de estos productos que en 2020.

Se mantuvieron las amplias brechas en los precios pagados por barbijos, y no hubo compras de ambulancias.

En el caso del alcohol etílico, el récord pagado por este elemento aparece en una compra de Chaco: 1.900 pesos el litro. Esto surge en una compra realizada el 30 de marzo de 2021 (número de orden 1.865) a Ande Servicios SRL, por la cual se compraron unidades de 200 mililitros (al 70%) a 380 pesos, por un total de 91.200 pesos. La cifra representa hasta 10 veces más del valor de mercado.

No es posible tener más detalles de esta operación, ya que la provincia de Chaco no respondió ningún pedido de acceso de Ruido.

El otro elemento que aparece en algunos relevamientos es el de kits de testeos rápidos para detectar el virus. Hay un amplio rango de precios por el mismo producto que va de los 170 pesos que pagó CABA, hasta los 715 pesos erogados por Mendoza.

Accedé al informe completo y al análisis de cada provincia acá.

Autores del relevamiento de Ruido:

Mariela Arias (Santa Cruz), María Ester Romero (Buenos Aires, Tierra del Fuego y CABA), Yamile González (Formosa), Gabriela Sánchez (Mendoza), Bárbara Maidana (Chaco y Sante Fe), Juan Manuel González (Córdoba), Natalia Buiatti (Entre Ríos), Gonzalo Guzmán (Salta Transparente), Luis María Ruiz (Tucumán), Sol Minoldo, Julieta Fantini, Andrés Vázquez, Cristian Pérez, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.

Gráficos: Diego Forti. Diseño redes: María Pía Reynoso. Redes: Daniela Reynoso. Desarrollo: Walter Kanqui.

Canales de Comunicación Ruido:

http://elruido.org/

https://twitter.com/RuidoRed

https://www.instagram.com/ruidored/

https://www.facebook.com/ruidored/

Más información:

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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ABC del Presupuesto Público

Junto con las organizaciones Andhes, Nuestra Mendoza y Salta Transparente elaboramos un informe que da cuenta de cómo se crean los presupuestos públicos en las provincias de Córdoba, Tucumán, Mendoza y Salta,  así como de la disponibilidad de información alrededor de los mismos y de la existencia o no de mecanismos de participación.

Dispuestas a fortalecer los mecanismos de publicidad, rendición de cuentas y participación ciudadana, las organizaciones Fundeps, Andhes, Nuestra Mendoza y Salta Transparente elaboramos un informe que explica el ciclo de formación del presupuesto público en las 4 provincias, así como su ejecución y control por parte de las autoridades públicas. 

El presupuesto es un elemento clave de la gestión pública, en él se definen las políticas públicas que llevará a cabo un gobierno, se determina cuánto se va a recaudar e invertir en políticas públicas a lo largo de un período determinado, que suele ser de un año. 

El informe ABC del Presupuesto Público busca dar respuesta a los siguientes interrogantes ¿cómo es el ciclo del presupuesto público en cada una de las provincias bajo análisis? ¿Cuáles son sus tiempos y qué actores claves intervienen? ¿Está disponible esta información? ¿Cuenta la ciudadanía con espacios de participación ciudadana?

A tales fines se analizaron los marcos legales de cada provincia, las etapas de los procesos presupuestarios provinciales – de elaboración, el debate y aprobación, ejecución y control –  identificando en cada una de ellas los actores claves que intervienen, los tiempos del proceso y cuáles son los documentos más relevantes que resultan en cada instancia. Finalmente por cada provincia se analizó el nivel de publicidad y divulgación de la información presupuestaria, así como las oportunidades de participación ciudadana, dando recomendaciones adaptadas a cada situación. 

En un instrumento tan relevante como es el presupuesto público que repercute de forma directa en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, es necesario que se garanticen por una lado los mayores niveles de difusión, publicidad de modo que sea accesible para toda la ciudadanía, así como instancias y mecanismo de participación ciudadana que abonen a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

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ABC del presupuesto público en las provincias de Mendoza, Salta, Tucumán y Córdoba

El presente informe da cuenta de cómo se crean, ejecutan y controlan los presupuestos públicos en las provincias de Córdoba, Tucumán, Mendoza y Salta, así como de la disponibilidad de información alrededor de los mismos y de la existencia o no de mecanismos de participación. Fue realizado en conjunto con las organizaciones Andhes, Nuestra Mendoza y Salta Transparente.

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Agencia de Acceso a la Información Pública: organizaciones solicitan reunión al Jefe de Gabinete para impulsar nueva autoridad

Organizaciones de la sociedad civil le solicitaron al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, una reunión para discutir la necesidad de iniciar cuanto antes un nuevo proceso de selección de la máxima autoridad de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de la Nación, cargo vacante desde el 1 de enero de 2021.

Un grupo de organizaciones conformado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información, Democracia en Red, Directorio Legislativo, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Poder Ciudadano y la Fundación Vía Libre, le enviaron este 18 de junio un pedido de reunión al Jefe de Gabinete para expresar la necesidad de que la Agencia de Acceso a la Información Pública vuelva a contar con un Director o Directora formalmente designado/a para tal rol.

Luego del proceso de selección iniciado en el mes de febrero y cuya audiencia pública tuvo lugar el pasado 23 de marzo, el Poder Ejecutivo no avanzó con la primera candidatura propuesta. Ante esta situación, la Ley 27.275 establece que el plazo para volver a comenzar el procedimiento de selección es de 30 días, período que ya se encuentra superado.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es una institución fundamental para el sistema democrático, razón por la cual la ausencia de su máxima autoridad amenaza su adecuado funcionamiento y, consecuentemente, el ejercicio de sus funciones. Entre estas se destaca el rol de asegurar la plena transparencia de la totalidad de las instituciones y entidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo (lo que alcanza organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas públicas y con participación estatal, concesionarias de servicio públicos, contratistas del Estado, entre otras). A su vez, debe asegurar la protección del derecho a la privacidad y la plena aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. 

En su carta, las organizaciones destacan la importancia de que se generen instancias abiertas para discutir en torno al perfil que se requiere para la persona que resulte propuesta, y que ello derive en la pronta designación de una nueva autoridad y la consecuente normalización del funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública. 

Accedé a la carta acá.

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Agencia de Acceso a la Información: El Ejecutivo deberá presentar una nueva propuesta para designar a su autoridad

Comunicado conjunto de ACIJ, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundeps, Poder Ciudadano, Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en ocasión de la culminación de la audiencia en la que se debía discutir el conjunto de observaciones presentadas en torno al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Gustavo Fuertes.

Celebramos que, luego de la audiencia pública en la que la ciudadanía pudo expresarse respecto de la candidatura de Gustavo Fuertes para liderar la AAIP, el Poder Ejecutivo no haya avanzado en su designación. Vencido el plazo con el que contaba para confirmar dicha propuesta, es necesario ahora que se generen en forma urgente espacios de discusión abiertos respecto del nuevo perfil que debe impulsar la Jefatura de Gabinete, para cubrir mediante un proceso participativo la vacancia en la Agencia.

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública en la que se discutió la candidatura del abogado Gustavo Fuertes para ocupar el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que se encuentra vacante desde el 1° de enero de 2021. La audiencia representó una oportunidad para que distintas personas y organizaciones de la sociedad civil detallaran las numerosas observaciones a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo, las cuales coincidieron en la falta de idoneidad y garantías de autonomía del candidato.

Luego de esta instancia participativa, el Poder Ejecutivo decidió no confirmar finalmente la postulación de Fuertes al cargo. Tal como indica la Ley 27.275 en su artículo 21 inciso f, la Jefatura de Gabinete contaba con un plazo de siete días desde la celebración de la audiencia para aprobar la designación. Superado este plazo, entonces, el Poder Ejecutivo debe volver a iniciar el proceso de selección a partir de la propuesta de una nueva persona para ocupar el cargo.

La decisión de escuchar los argumentos brindados por distintas organizaciones de la sociedad civil y personas en una instancia ideada para que la ciudadanía pueda participar en decisiones públicas relevantes, y con ello revisar una propuesta oficial, resulta un paso muy valioso en la construcción de una democracia deliberativa en la que las razones importen. Por ello, que el Poder Ejecutivo haya desistido de avanzar en una decisión que fue cuestionada con argumentos de suma relevancia producto de los impactos que podría tener para la vigencia del derecho humano de acceder a información pública, debe ser destacado.

Este cargo, que ya lleva vacante más de cuatro meses, es fundamental para el  sistema democrático. En primer lugar, porque tiene el rol de asegurar la plena transparencia de la totalidad de instituciones e identidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo (lo que alcanza organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas públicas y con participación estatal, concesionarias de servicio públicos, contratistas del Estado, entre otras). A su vez, tiene entre sus funciones asegurar la protección del derecho a la privacidad y la plena aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas funciones, por sus implicancias en el ejercicio de otros derechos, no pueden verse postergadas por ninguna razón, menos aún en un contexto de emergencia como el actual.

Por todas estas razones, es urgente que el Poder Ejecutivo envíe una nueva candidatura al cargo acorde a los estándares de idoneidad y autonomía recogidos en la  normativa argentina y en el derecho internacional. Esto implica, entre otros antecedentes, que la persona cuente con una amplia trayectoria en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, de forma tal que pueda corroborarse su compromiso con la efectividad de estos derechos humanos. Para ello, resulta deseable que se generen instancias abiertas para discutir en torno al perfil que se requiere para la persona que resulte propuesta, y que ello derive en la pronta designación de una nueva autoridad y la consecuente normalización del funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

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Convocamos a organizaciones para participar de instancias de gobierno abierto

 El Gobierno de Córdoba fue seleccionado para participar en OGP Local, un piloto mundial que busca la implementación de un Plan de Acción de Gobierno Abierto mediante la co-creación de políticas públicas con diversos grupos de interés. 

El objetivo propuesto por la provincia de Córdoba es profundizar el trabajo provincial en materia de gobierno abierto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de un trabajo articulado con distintos municipios de la provincia. De esta manera, se plantea trabajar en pos de acompañar a los gobiernos locales de Córdoba en el desarrollo de una territorialización colaborativa de los ODS, con perspectiva de género y juventudes. 

Desde la provincia, el proceso está liderado por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Coordinación, se sumaron también Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Desde Fundeps y PARES estamos acompañando el proceso de co-creación de dicho Plan y convocamos a otros actores de la sociedad civil de la provincia a que quieran sumarse a potenciar este proceso de co-creación con la provincia de Córdoba. 

Si sos una organización de la sociedad civil, un colectivo o espacio que trabaja cuestiones de gobierno abierto, género o juventudes y querés ser parte del proceso de construcción de una Plan de Gobierno abierto Local completá este formulario.

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