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La Defensoría del Pueblo de Argentina presentó la Línea Nacional de Base sobre Empresas y Derechos Humanos. Este insumo servirá para el diseño del Plan Nacional de Acción en este tema.

La Línea Nacional de Base es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En este estudio se realizó un análisis de las brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los tres pilares de los Principios Rectores: «Proteger, respetar y remediar» con una visión general de los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. Entre los temas abordados se destacan: la función regulatoria y de políticas, el nexo entre el Estado y las empresas,  la coherencia política a través de la actividad estatal y el deber de las empresas de respetar y de remediar.

Con la intención de que la elaboración de esta Línea de Base sea un proceso participativo, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una serie de encuentros entre octubre y noviembre de 2022 con partes interesadas para la recolección de insumos. Buscó recabar sus experiencias, opiniones y detectar necesidades. Los encuentros contaron con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la academia, el sector privado, empresas estatales, Agencias de la Administración, sindicatos, defensorías del pueblo y autoridades públicas. Asimismo, para la elaboración de la Línea Nacional de Base, la Defensoría del Pueblo de la Nación contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante este proceso, desde Fundeps participamos activamente, enviando insumos escritos sobre brechas normativas y de políticas públicas, poniendo a disposición diferentes documentos de trabajo e investigaciones realizadas y participando en los  diversos espacios de encuentro multiactor en que hemos sido convocades.

Cabe aclarar que la Línea de Base no describe conflictos,  tampoco  realiza un estudio sobre el impacto en los derechos humanos en sectores específicos de la economía, ni estudia normativas y políticas públicas provinciales y/o municipales, sino que constituye un análisis de brechas normativas y de políticas públicas en la implementación de los Principios Rectores a nivel  nacional.

¿Qué es un Plan Nacional de Acción?

Un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es un instrumento transversal desarrollado por un Estado que tiene como objetivo ordenar y dar coherencia a las políticas públicas para cumplir con su obligación de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto a los impactos negativos de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos se comprometen a hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , así como otros estándares en la materia. 

Entre los ejes temáticos que se abordarán en el plan de Argentina se encuentran:  estándares laborales;  igualdad de género; diversidad y no discriminación; proteccion del ambiente; empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia; gobierno corporativo; debida diligencia y remediación en empresas; tecnología, datos personales y privacidad; acceso a la información y participación pública en general; promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados; y gobernanza pública.

Desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca el decisivo papel que los planes de empresas y derechos humanos pueden desempeñar para promover la aplicación plena y efectiva de los Principios Rectores. Por lo tanto, su elaboración debe realizarse de manera participativa y transparente, de forma tal que se aborden los principales problemas y afectaciones a derechos en el contexto de actividad empresarial en el país.

Accedé  al documento completo de la Línea Nacional de Base acá:  https://www.dpn.gob.ar/linea-nacional-de-base.php 

 

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Autora

Julieta Boretti

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presente artículo tiene como objetivo analizar las consecuencias del ingreso de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Se analiza la estructura del Banco, abarcando sus características y el desempeño de la institución en términos generales, se consideran las repercusiones del ingreso de Argentina, contemplando ventajas y desventajas y, por último, se consideran los efectos aparejados a la adhesión a esta institución frente a la proyección china en el escenario internacional. 

El presente documento plantea un análisis de los antecedentes y las motivaciones que llevaron a Argentina a efectivizar su membresía al AIIB y las implicancias que derivan de la misma, así como la posibilidad de que Argentina avance en su incorporación a la BRI en el corto plazo. Del mismo modo, se abordan los desafíos y las oportunidades que representan para el país ambas iniciativas.

El siguiente informe, tiene como finalidad un abordaje  actualizado sobre el primer proyecto del AIIB en Brasil, incluyendo sus dimensiones políticas, económicas y ambientales. En primer lugar, se realiza un análisis sobre las principales características del proyecto, contexto y actores involucrados; luego, se procede a analizar las implicancias para Brasil de recibir tal financiamiento; y por último, se exponen las principales consecuencias ambientales.

El “proyecto Línea de crédito CONAFIPS COVID-19” ha convertido a Ecuador en el primer país latinoamericano en recibir un préstamo latinoamericano del  Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB). Este informe hace una revisión del proyecto, enfatizando en sus características fundamentales, contexto, estándares ambientales y sociales y  principales críticas y preocupaciones en torno al mismo. 

En el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Panamá, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el presidente de la Institución, Ilan Goldfajn, en un intento de fortalecer el vínculo entre las partes.

Entre el 16 y 19 de marzo pasados se llevó a cabo, en la Ciudad de Panamá, la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del BID Invest. Se trata de un foro de debate en el cual les integrantes de la institución, junto a quienes presiden los bancos centrales y otras autoridades de alto nivel, discuten y abordan temáticas sobre los asuntos considerados prioritarios. 

En el discurso inaugural, el actual presidente del BID, Ilan Goldfajn, expuso algunas de las prioridades de la institución, que giran en torno a problemáticas sociales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la desigualdad, la salud y la educación. A su vez, hizo hincapié en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, recalcando la necesidad de hacer frente a los desastres naturales cada vez más frecuentes en la región de América Latina y el Caribe.También se destacó la importancia de preservar la biodiversidad a través de la elaboración de un Programa Regional Amazónico. 

La Asamblea de Gobernadores encomendó la elaboración de una propuesta de ampliación de capital para BID Invest con el fin de implementar un nuevo modelo de negocio que aumente su impacto en el desarrollo a través del sector privado. Además, reiteró la importancia de elaborar una nueva propuesta de Estrategia Institucional para el Grupo BID, cuya aprobación está prevista para la próxima reunión anual en 2024.

La participación limitada de la sociedad civil

Tras reiteradas solicitudes realizadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el Banco habilitó la participación de las mismas en el evento, aunque de manera limitada y cerrada a aquellas que recibieron una invitación. Además, se logró conciliar una reunión con el presidente del BID el día 17 de marzo. En dicho encuentro se planteó la necesidad de generar espacios de diálogo y hacer expresas las demandas de la sociedad civil en relación al banco. Tanto la posibilidad de participar en el evento, como la posibilidad de reunirse con el presidente representan avances positivos, aunque resta por ver si estos son cambios reales en la institución. Por lo pronto, el banco ha invitado a continuar el diálogo en los próximos meses para lograr una participación más efectiva en las reuniones anuales de 2024.

Desde Fundeps hemos venido siguiendo y participando en este proceso junto con organizaciones de la región que conformamos el Grupo de Trabajo sobre BID, y seguiremos activamente en los procesos de diálogo planteados por el banco.

 

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Autoras

Candela Jauregui

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.

Los pasados 3 y 4 de marzo, participamos del taller sobre Beneficiarios Finales de Empresas del sector extractivo y energético de Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por Opening Extractives (programa co-implementado por EITI y Open Ownership) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 

El taller tuvo entre sus objetivos concientizar sobre la importancia de la información pública de las personas beneficiarias finales, y al mismo tiempo, brindar recursos y materiales para acrecentar las investigaciones, proyectos y análisis dentro de este campo.

En este sentido, la capacitación estuvo dividida en tres módulos: en primer lugar, se presentó contenido e información sobre beneficiarios finales, desde lo teórico hasta lo legal y también práctico, tanto a nivel nacional como internacional. Quienes disertaron en este primer módulo fueron: Andrés Knobel de la Red para Justicia Fiscal; María Eugenia Marano, especialista en derecho societario; Pamela Morales, subsecretaria de Desarrollo Minero del Gobierno de la Nación; Gonzalo Fernández de la Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación; y Lucía Cirimello de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 

En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos relacionados a la temática. De esta manera, Edgardo Livitnoff (Coordinador de Red Ruido) presentó avances del informe “Litio y transparencia en Argentina” que elaboramos en conjunto. Por su parte, Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina) compartió detalles sobre el trabajo de su organización: “Los ricos de Argentina”. 

Finalmente, el tercer módulo, consistió en un taller práctico dictado por Mariel Fitz Patricks, en el que se proveyeron herramientas y recursos para el abordaje de beneficiarios finales. La periodista nos ayudó, principalmente, a acceder a información y cómo, de esta manera, enriquecer trabajos realizados y a realizar en la temática.

Esta instancia fue muy fructífera, en términos no sólo de conocimientos y aprendizajes, sino también en cuanto a la posibilidad de conocer a pares de otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se podría trabajar conjuntamente en un futuro cercano.  

 

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Autora

Maitén de los Milagros Fuma

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María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Más de veinte organizaciones de América Latina y Estados Unidos dirigieron una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn. Piden que el Banco fortalezca su trabajo comprometiéndose con el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente y que se generen espacios para una mayor articulación con la sociedad civil.

Las organizaciones, miembros y aliadas de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, aludieron en la carta al compromiso asumido por Goldfajn en su discurso inaugural como presidente del Banco con «aprovechar todas las oportunidades de diálogo» y de colaboración con gobiernos, sector privado, la academia y la sociedad civil para resolver los problemas regionales.

Para robustecer la articulación con la sociedad civil, las organizaciones exhortaron al Banco a que abra un espacio de diálogo con la sociedad civil en sus Reuniones Anuales, no solo por tratarse de una buena práctica que implementan otros organismos multilaterales, sino porque es una oportunidad única para incluir a las comunidades afectadas por los proyectos.

Desde 2017, el grupo de organizaciones signatarias de la carta hace un trabajo de seguimiento y enriquecimiento de las políticas y proyectos del Banco que espera seguir realizando.  Las organizaciones han contribuido al Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID, a las actualizaciones de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y al proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

Las organizaciones buscan que el BID asegure en sus prácticas y operaciones la promoción y el respeto de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos indígenas,  y la protección de ecosistemas clave en la lucha contra el cambio climático.

La próxima Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest se celebrará en Panamá del 16 al 19 de marzo. 

Organizaciones firmantes:

  1. Accountability Counsel
  2. AMATE El Salvador
  3. Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)
  4. Asociación Ambiente y Sociedad
  5. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  6. Bank Information Center
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
  9. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)
  10. Conectas Direitos Humanos
  11. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  12. Ecoa – Ecologia e Ação
  13. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
  14. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista. (Argentina)
  15. Gender Action
  16. International Rivers
  17. International Accountability Project
  18. Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)
  19. Plataforma Internacional contra la Impunidad
  20. Protection International Mesoamérica
  21. Sociedad y Discapacidad – SODIS (Perú)
  22. Sustentarse (Chile)
  23. Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)

Leé aquí la carta completa: Carta a Presidente BID

 

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Contacto 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Nota publicada originalmente en la página de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.

Este mapa interactivo presenta 9 casos de proyectos que cuentan con la participación y el financiamiento de empresas chinas, a las cuales hacen seguimiento el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación en Perú, Argentina, Colombia y Brasil.

El objetivo es dar a conocer la información básica de los proyectos, la ubicación, la situación actual y los impactos socioambientales que han generado o que podrían generarse si es que se implementan.

Desde el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) realizamos del 2021, el taller : “El seguimiento a las relaciones entre China y América
Latina: intercambio de experiencias”. Este espacio reunió a diferentes organizaciones de sociedad civil (OSC), la academia, dirigentes indígenas y periodistas de la región que hacen seguimiento a la relación entre China y América Latina, o se han visto impactadas por las inversiones del país asiático.

El objetivo del espacio fue identificar cuestiones comunes y elementos claves de discusión, a partir del trabajo y la experiencia de seguimiento e incidencia  que sirva para promover una mayor articulación entre los actores, identificar las diferencias, limitaciones y oportunidades de trabajo conjunto.

Tras participar en una serie de consultas públicas presenciales y virtuales, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región enviamos comentarios y sugerencias al BID en el marco de la revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.

El pasado 28 de diciembre de 2022 finalizó el plazo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el envío de comentarios sobre el borrador de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI) de la institución. Así concluyó la Segunda Fase del Proceso de Consulta Pública aprobado por el Banco y que se extendió por 90 días.  

En ese marco, junto con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil  de la región, enviamos  un documento con comentarios y recomendaciones en relación al Borrador de Política elaborado por el Banco, el cual si bien incorpora algunos avances positivos no logra ser suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información de forma efectiva en relación al accionar por parte del Banco y sus clientes.

Entre las principales recomendaciones y sugerencias resaltadas en el documento destacan,  las siguientes:

  • Compromiso con el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El Banco debe establecer compromisos claros para garantizar el respeto del acceso a la información como derecho humano fundamental. El derecho a la información es también un derecho de acceso clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la consulta, participación e involucramiento de las personas y comunidades impactadas por proyectos en las decisiones que afectan o pueden tener impacto en sus formas de vida.
  • Directrices de Implementación. Preocupa que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI se dejen para ser abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de las Directrices de Implementación que no requieren obligatoriedad de cumplimiento como sí lo requiere la misma PAI. A su vez, dichas Directrices deberían ser consultadas a través de un proceso participativo significativo con la sociedad civil.
  • Ambigüedad de lenguaje. La PAI contiene mucho lenguaje ambiguo y compromisos vagos y difusos, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves. Asimismo, impide establecer exigencias claras para con los prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco. La Política debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje para prevenir el uso de la discrecionalidad y el incumplimiento respecto de sus lineamientos. 
  • Especificación de qué información se va a publicar de manera proactiva, tiempos de divulgación, en qué formatos, canales y plazos. La PAI debe establecer claramente qué información va a publicar proactivamente, por qué canales o medios, en qué formatos y en qué plazos. A su vez, los plazos de respuesta a los pedidos de información son excesivos, reservándose el BID el derecho a extender estos plazos indefinidamente. El Banco debe definir plazos más abreviados y claros en cuanto a sus respuestas de pedidos de información, debiendo alinearse como mínimo con los estándares internacionales de aplicación actual.
  • Información de propiedad del país o del cliente. Si bien se celebra la eliminación de la “Excepción información específica de países” preocupa que otros puntos de la política puedan terminar socavando el principio de máxima divulgación y la apertura que se pretende con tal eliminación. 
  • Excepciones. Las excepciones deben ser más precisas y se deben establecer  criterios claros para su aplicación, así como la identificación de los documentos específicos o información a la que no se dará acceso en el marco de la excepción. 
  • Valoración de daño. Se celebra la inclusión de la valoración del daño para la aplicación de las excepciones. Sin embargo, se deben especificar criterios y escalas claras para delimitar su aplicación. Si no se hace un esfuerzo para definir estos criterios y procedimientos en el cuerpo de la Política (y se los deja para las Directrices de Implementación), existe el riesgo de que durante su aplicación termine primando la discrecionalidad en el uso de las excepciones por parte del Banco y  prestatarios. Se recomienda incorporar el criterio de interés público en la valoración del daño, como contrapeso al daño, y hacer públicos los resultados de la valoración de daño en cada caso en específico.
  • Datos abiertos, lenguaje simple, formatos accesibles y usabilidad de la información. La información que se divulga y se publica debe tener utilidad para quienes la solicitan, en especial para las comunidades afectadas por proyectos del BID, prestando atención a los grupos marginalizados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros. El formato accesible, el lenguaje simple y la generación de datos abiertos están relacionados con la usabilidad de la información. Se recomienda al BID abordar el tema de formatos accesibles, lenguaje simple y datos abiertos de manera más detallada y de manera transversal en toda la PAI, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en especial para grupos marginalizados. 

Cabe destacar que gran parte de las recomendaciones y sugerencias contenidas en el documento fueron previamente planteadas en el marco de las consultas públicas llevadas adelante por el BID, tanto de carácter virtual como presencial en Montevideo, Bogotá y Washington DC. Precisamente, desde Fundeps participamos en la consulta pública presencial en Montevideo, Uruguay el pasado 15 de noviembre de 2022.

Esperamos que los insumos vertidos por la sociedad civil sean considerados por el Banco y contribuyan a fortalecer el borrador de Política de Acceso a la Información propuesto por la institución, que dista mucho de incorporar los más altos estándares en la materia. 

Para acceder al documento completo con comentarios y sugerencias enviados al BID acceda aquí

Más información

Actualización de la Política de Acceso a la Información – BID

Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org