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Argentina y China avanzan en las negociaciones para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en nuestro país, con tecnología y financiamiento chino. Funcionarios de Estados Unidos expresaron su preocupación al Presidente de la Nación en reciente visita.

El Embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martinez, y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, mantuvieron, el pasado 6 de abril, una reunión con los directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear de China (CNNC), en la que concordaron dinamizar las negociaciones para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. 

Los representantes de Argentina y China repasaron el estado de las negociaciones para la construcción de la central nuclear en nuestro país con tecnología china. Además, exploraron la posibilidad de expandir el vínculo bilateral en otras áreas de cooperación, tales como la exportación argentina de servicios y componentes para proyectos nucleares chinos y la extensión de vida de centrales nucleares en China.

El Secretario de Energía, Darío Martinez, afirmó que “el proyecto de la IV Central Nuclear cuenta con todo el apoyo del Presidente de la Nación y se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios entre ambos países”. Asimismo, Sabino Vaca Narvaja explicó que “Argentina cuenta con una plataforma muy desarrollada en el sector  nuclear con desarrollos propios y una base científica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de ampliar nuestra soberanía energética, nos va a colocar en la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país”. 

Por su parte, el Director Adjunto del Departamento de Energía Nuclear de NEA, Qin Zhijun, remarcó la importancia de la energía nuclear en la estrategia de desarrollo chino, en particular, considerando la necesidad de tener una matriz energética diversificada, así como la importancia de la energía nuclear frente a la lucha contra el cambio climático. 

Preocupación en Washington

El pasado 14 de abril, arribaron a la Argentina dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzalez, y la Subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, compartieron un almuerzo junto con el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez en la Quinta de Olivos. Asimismo, por la noche, compartieron una cena con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los funcionarios del gobierno de Joe Biden le pidieron al gobierno argentino “prudencia” en la relación con China. De igual modo, expresaron su preocupación por el proyecto para la construcción de la central nuclear Atucha III, con financiamiento y tecnología proveniente de China. 

La preocupación por parte de Estados Unidos en la construcción de la central nuclear con tecnología y financiamiento de China refleja que la Argentina no está exenta de la dinámica política actual caracterizada por la competencia entre ambos gigantes.

Atucha III, la cuarta central nuclear del país

La construcción de este proyecto está prevista a ser emplazada en el Complejo Nuclear Atucha, ubicado en Lima, partido de Zárate, a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo complejo se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II.

Según Nucleoeléctrica Argentina S.A, en las negociaciones se contempla que el reactor a construir en la nueva central sea un Reactor de Agua Presurizada (PWR por sus siglas en inglés) Hualong HPR1000 de origen chino. ¿Cómo funcionan estos reactores? Básicamente utilizan uranio enriquecido como fuente de calor (energía térmica), que es transportada por el agua a alta presión hacia un generador de vapor, que a su vez convierte esa agua en vapor que acciona una turbina generadora de electricidad. Este es el tipo de reactor más utilizado en el mundo para generación eléctrica.

Con respecto a los riesgos, NASA asegura que “los niveles de seguridad del reactor Hualong son significativamente elevados y los riesgos de retraso durante la construcción se reducen”.

Esta nueva central sería capaz de generar 1200 MWe de energía bruta. Para poner esto en perspectiva, los reactores de Atucha I, Atucha II y Embalse generan 362 MWe, 745 MWe y 656 MWe respectivamente.

Dadas las características del proyecto en cuestión, el tipo de energía a utilizar, la controversia respecto la tecnología a usar y su impacto en el posicionamiento externo de la República Argentina en un contexto de disputa entre Estados Unidos y China, desde Fundeps planteamos la necesidad de que el Estado nacional encare el proceso de negociación de forma transparente y brinde un marco amplio de debate hacia dentro de la sociedad argentina respecto al proyecto y al uso de la energía atómica. 

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Autores
  • Mariano Camoletto
  • Andres Paratz
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El pasado 27 de abril participamos de un conversatorio con sociedad civil organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, con motivo de la reciente asunción de su nueva directora, Andrea Repetto. Participaron organizaciones de la sociedad civil, individuos y personas del sector público y académico de diferentes países. Uno de los principales puntos de discusión giró en torno a la evaluación del funcionamiento del Mecanismo recientemente realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Grupo BID.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) fue establecido en 2010 como una instancia de último recurso para que personas que se consideren afectadas por proyectos financiadas por el Grupo BID puedan acudir al mecanismo en busca de una solución. En este sentido, cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

Al inicio del conversatorio, la nueva directora se introdujo personalmente, realizó  una revisión de los hechos más destacados del 2020  e indicó cuáles serán las prioridades del mecanismo durante 2021.

Manejo de casos en épocas de COVID-19 y prioridades en la gestión durante 2021

En 2020, el MICI adoptó acciones para mitigar los impactos de la pandemia en la gestión de reclamos. Gestionó un total de 21 reclamos de comunidades potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Grupo BID en 9 países: 17 reclamos se refieren a proyectos del BID con el sector público y cuatro a operaciones de BID Invest, con el sector privado. Además, el MICI empezó, por primera vez, un proceso de resolución de disputas de forma totalmente remota en Colombia (Ruta del Cacao).

Análogamente, con la reciente asunción de Repetto como directora, se identificaron 2 áreas prioritarias durante 2021: por un lado, la apertura del mecanismo, buscando que este sea más accesible para las comunidades que lo necesitan y, por otro, el aprendizaje institucional, con el objetivo de aportar más valor al Grupo BID y reforzar su rendición de cuentas y la sustentabilidad.

Evaluación del MICI por parte de la OVE 

La OVE realizó en 2012 una primera evaluación del MICI e identificó problemas significativos en términos de su política, estructura y funcionamiento, recomendando poner fin a la fase piloto del MICI y reformular su política y estructura. Así, en diciembre de 2014 el Directorio del Banco aprobó una nueva política y estructura para el mecanismo y desde inicios de 2016 el MICI también es responsable de gestionar las solicitudes relacionadas con operaciones del BID Invest, es decir, del sector privado. 

En la  siguiente evaluación (2015-2020) se analizaron 19 casos (entre diciembre 2014 – junio 2020) y se llegó a la conclusión que el MICI, en general, está operando de conformidad con los principios establecidos en su política: independencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y eficiencia y que  la actual política corrigió importantes temas identificados por OVE en su evaluación de 2012 como limitantes del buen funcionamiento del MICI. De igual forma, se registró una mayor consistencia entre la política, las directrices desarrolladas, y los procesos asociados. OVE también destacó la consolidación de capacidades en materia de resolución de conflictos al interior del MICI. 

Sin embargo, aún hay espacio para que el MICI profundice sus esfuerzos con miras a maximizar su contribución al sistema de salvaguardias y estándares ambientales y sociales del Grupo BID.

Un tema clave que quedó pendiente es la exclusión judicial, que sigue siendo un importante factor que limita el funcionamiento efectivo y eficiente del MICI.  

OVE también encontró que algunos requisitos para poder acceder al mecanismo son difíciles de cumplir para los solicitantes, tal como la necesidad de presentar sus inquietudes a la administración antes  de  recurrir  al  MICI.  A este respecto, cabe mencionar que la dificultad  de  cumplir  con  el  requisito  de  contacto previo con la administración tuvo que ver, en gran medida, con  la  falta  de  un  sistema  de  gestión  de  reclamos  al  interior  del Grupo  BID  durante  el  periodo  bajo  evaluación (2015-2020) y hacia ese objetivo apunta una de las recomendaciones de la evaluación de OVE. 

Promoción de acceso y riesgo de represalias

OVE indicó  que el mecanismo no es aún muy conocido a pesar de los importantes esfuerzos del MICI por darlo a conocer, incluyendo un importante trabajo en el ámbito de atención al riesgo de represalias que tiene implicaciones importantes para el acceso seguro al mecanismo. Tampoco queda claro que a nivel institucional exista consenso sobre la importancia de dar a conocer el mecanismo y la forma de lograrlo. Cuestión no menor, ya que el acceso al MICI depende del conocimiento que tengan las personas sobre la existencia del mecanismo.

Por último, otro punto que la evaluación señala que se debe fortalecer es la independencia del mecanismo, cuestión fundamental ya que la credibilidad del mecanismo depende de su capacidad de trabajar de manera independiente. Si bien el MICI es un brazo del Directorio, su valor agregado depende de la medida en que pueda presentarle informes francos y honestos sobre los reclamos asociados a los proyectos del Grupo BID.

A partir de estas y otras observaciones, OVE realizó 5 recomendaciones, dirigidas tanto al MICI como a la administración y a los Directorios del Grupo BID. Estas incluyen: 1) implementar el sistema de gestión de reclamos ambientales y sociales de la administración del Grupo BID de manera que se articule con el MICI, 2) dejar sin efecto la exclusión judicial, 3) reforzar la independencia del MICI, 4) asegurar la adopción de medidas correctivas cuando existan hallazgos de incumplimiento con las políticas y daños relacionados y, por último, 5) fortalecer las capacidades internas del MICI.

Cabría preguntarse, no obstante, si las limitaciones de la actual política pueden remediarse incorporando las recomendaciones de la OVE o si estas limitaciones, por el contrario, hacen necesaria una nueva revisión integral de la política, una medida que OVE ha descartado en su evaluación.

Desde Fundeps, creemos que este tipo de instancias es fundamental para intercambiar opiniones y posturas en relación a cómo el Mecanismo pudiera ser aún más eficiente y efectivo en sus intervenciones a las problemáticas que se presentan en nuestra región. Asimismo, consideramos que un robustecimiento del mecanismo, se traduce en una mejora del  sistema de rendición de cuentas del Grupo BID en su conjunto.

 Esperamos que se sigan repitiendo estas instancias con el transcurrir del tiempo y celebramos que el MICI esté dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo, siendo capaz de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener. 

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Autora
  • Camila Victoria Bocco
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Andrea Repetto ha sido nombrada por el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) para el periodo 2021–2026 e inició funciones el pasado 16 de marzo de 2021.

El pasado 5 de febrero, el BID comunicó el nombramiento de la chilena Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI para el periodo 2021–2026.  Repetto Vargas  es abogada y cuenta con más de 15 años de experiencia en  mecanismos de rendición de cuentas, promoción de derechos humanos y mediación. Fue Especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajó como especialista en resolución de conflictos para la CAO, el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial. También ha dirigido procesos de mediación y diálogo para abordar complejos problemas de proyectos ambientales y sociales en América Latina y África del Oeste. 

Al asumir el cargo el pasado 16 de marzo, Repetto Vargas manifestó su compromiso de trabajar por un MICI «aún más abierto a todas las personas y comunidades de la región que nos necesiten» enfatizando su voluntad de «potenciar el aprendizaje institucional, que permita aportar aún más valor a la institución y reforzar así la rendición de cuentas y la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos del Grupo BID». A su vez, destacó el trabajo realizado por la directora saliente, Victoria Márquez-Mees, y de todo su equipo señalando que permitió robustecer el Mecanismo y posicionarlo como referente. 

Desde Fundeps saludamos la designación de Andrea Repetto Vargas como nueva Directora del MICI y esperamos que esta elección permita continuar el proceso de fortalecimiento y difusión del Mecanismo que ha venido teniendo lugar desde su creación en 2010.

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  • Julieta Boretti

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En vísperas del próximo viaje a China, el gobierno de Argentina negocia acuerdos de inversión en infraestructura por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará al Presidente de China, Xi Jinping, el próximo 5 de mayo. Uno de los ejes troncales del encuentro serán las negociaciones por el ingreso de la nación sudamericana al proyecto de la Ruta de la Seda y el desembarco de la tecnología 5G de la mano de Huawei. Además, se espera que se discutan otros acuerdos importantes para la relación bilateral como la ampliación del parque Caucharí de energía solar en Jujuy, proyectos de infraestructura, ganadería, inversiones y financiamiento.

Tras un 2020 caracterizado por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del covid-19, el gobierno argentino avanza en acuerdos de inversión con China por un valor cercano a los 30 mil millones de dólares. Argentina tiene en lista 15 proyectos de infraestructura para presentarle a China. Estos acuerdos revisten gran importancia para el gobierno nacional, principalmente, en vistas a la necesaria reactivación de la economía argentina. 

Los proyectos que Argentina da prioridad para la inversión proveniente de China son el plan de rehabilitación del sistema Ferroviario San Martín, mejoras en la línea del Ferrocarril Roca, obras de infraestructura en el ferrocarril Mitre y Urquiza, la redefinición de la red ferroviaria Belgrano Cargas y la incorporación de material rodante para pasajeros. En paralelo se discute la instalación de granjas porcinas inteligentes. Se calcula que el valor de la inversión rondaría los 3800 millones de dólares por un plazo de cuatro años, además del objetivo de producir 882 mil toneladas de carne por un valor de 2500 millones de dólares. 

Asimismo, se discute el desembarco de inversiones chinas en la minería, especialmente en la producción de cobre y litio en el norte argentino. Respecto al litio, Argentina firmó un acuerdo con Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) para la producción de vehículos y baterías en el país. En el listado de proyectos se agregan la remodelación del puente Chaco-Corrientes, la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras, corredores viales y el desarrollo de un polo logístico en Tierra del Fuego. 

Respecto a las inversiones en energía, el presidente tiene en carpeta cinco obras troncales que requieren de grandes inversiones que pedirá al gigante asiático. Este plan elaborado por el Secretario de Energía, Darío Martinez, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, se destaca por la no inclusión de una de las obras más reclamadas por China: la construcción de la cuarta central nuclear en el país con tecnología china. Este plan de obras incluye la construcción del gasoducto del sur, la red eléctrica en AMBA, red eléctrica en la Patagonia, el gasoducto de la mesopotamia y la construcción de una central térmica. 

La construcción de la cuarta central nuclear empezó a moldearse durante el gobierno de Cristina Fernández por un valor de 12 mil millones de dólares. Con Mauricio Macri en el poder se logró bajar el costo a los 9 mil millones. No obstante, con la crisis económica y la derrota electoral de Macri el proyecto se paralizó. El arribo de Alberto Fernandez significó para China la posibilidad de discutir la concreción del proyecto. Otra obra que no aparece en este plan es la construcción de la represa hidroeléctrica de Chihuido en Neuquén. Esta obra reclamada por Rusia y China quedaría en manos de Alemania.

A un año del inicio de la pandemia en Argentina y las medidas que se han adoptado para actuar en consecuencia, el vínculo con China se ha profundizado. El mercado chino se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de carne bovina provenientes de Argentina. El comercio bilateral entre ambos países, que en el 2000 rondaba los 2 mil millones de dólares, cerró en el año 2019 en un valor cercano a los 16300 millones de dólares, con exportaciones argentinas por 7 mil millones de dólares e importaciones por 9 mil millones de dólares. Además, el gobierno argentino cerró un acuerdo con la empresa farmacéutica Sinopharm a principios de febrero para el envío de un 1 millón de dosis y se espera el arribo de otras 3 millones de dosis a finales de marzo.  

  Se espera que este nuevo impulso a la relación con China, sea estratégico, comercialmente equilibrado y que esté acompañado de la necesaria responsabilidad en materia ambiental y social.

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Mariano Camoletto 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

A través de una sesión virtual, el pasado 25 de febrero el BID Invest presentó la última versión revisada del Manual de Implementación para su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. El documento resulta clave para alcanzar una correcta y efectiva implementación de la política aprobada en abril de 2020 y que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.

Tras ser aprobada por el Directorio Ejecutivo el 10 de abril de 2020, el pasado 15 de diciembre entró en vigencia la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. La última versión revisada del Manual de Implementación para dicha política  fue presentada el 25 de febrero a través de una sesión virtual en la que participaron más de 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El nuevo Manual de Implementación se sustenta en el Marco de Sostenibilidad del Banco compuesta por las Política de Sostenibilidad y las políticas y normas que la acompañan como la Política de Acceso a la Información, las Normas Desempeño de la CFI, la Política del MICI, entre otros. El propósito de este Manual es orientar a clientes en su accionar de acuerdo a los diferentes factores y entornos que pueden presentarse, teniendo en cuenta los principios y requisitos del Marco de Sostenibilidad del BID Invest. También, el Manual aborda de manera general, las actividades que contempla el ciclo de un proyecto y los mecanismos de rendición de cuentas a los que las personas y comunidades pueden acceder en caso de que el proyecto las afecte. 

Por otra parte, contempla los factores de riesgo que se pueden presentar o que ya se presentan en el entorno donde se realiza el proyecto. Entre los temas y  factores de riesgo que el Manual menciona se encuentran los grupos vulnerables, derechos humanos, la inclusión y participación de las partes interesadas en el proyecto, condiciones laborales, entre otros. 

Un avance importante es la incorporación de la Lista de Exclusión que enumera las actividades que el BID Invest no financiará por los efectos adversos ambientales y sociales. 

Sin embargo, la aplicación del Manual no es obligatoria para el Banco o para sus clientes ya que  se constituye más bien en una hoja de ruta que contempla los requisitos del Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social, y las buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas que sus clientes pueden o no aplicar. Además, si bien aborda las opciones con las que cuenta el Banco en caso de incumplimiento de la Política de Sostenibilidad por parte de sus clientes, hay poca precisión respecto a la forma y los requisitos en los que se aplicarían dichas opciones.

De esta forma, resta por verse si este manual termina resultando realmente efectivo para llenar los vacíos que ha dejado la Política de Sostenibilidad en vigencia. Para ello resultará clave no solo un fuerte compromiso por parte del Banco y sus clientes, sino también un trabajo de monitoreo y seguimiento a la efectiva implementación de la política por parte de la sociedad civil.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

Presentamos un documento analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en el 2015 por los Estados Miembros de la ONU, con el propósito de finalizar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todas las personas para el año 2030. Los ODS son 17 objetivos integrados entre sí en los cuales las acciones o impactos en uno afectarán a otro/s.

La situación generada por la pandemia no es para nada alentadora, ya que se han agravado las cuestiones desfavorables preexistentes como el aumento de la pobreza y el hambre, el incremento de las desigualdades, el aumento del desempleo, la crisis sanitaria y de saneamiento, la recesión económica, el acceso restringido a la educación, el retroceso respecto a la igualdad de género, entre otros aspectos.

Así, el documento «Impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible», elaborado de manera colaborativa, analiza y reflexiona el impacto del COVID-19 en los ODS, las consecuencias positivas y negativas de la pandemia mundial sobre cada uno de los 17 objetivos.

El actual contexto ha planteado desafíos para los Estados y los organismos internacionales en la toma de decisiones, y en el establecimiento de acciones realmente efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. De esta manera, el panorama hizo que tuviéramos que repensar si el sistema es efectivo o si debemos construir otro modelo de futuro, uno más equitativo, inclusivo, justo y sostenible. Por lo que, la situación que está atravesando el mundo puede significar una oportunidad para replantearnos qué futuro queremos construir de ahora en adelante.

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La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto mundial sin precedentes en la era moderna. Muchos países se encuentran en emergencia sanitaria, económica y social debido a las consecuencias negativas que acarrea la lucha contra el nuevo coronavirus.

Sin dudas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para la Agenda 2030 de Naciones Unidas se verán afectados. En este trabajo analizamos algunos de los impactos positivos y negativos sobre los ODS, aunque adelantamos que en general el panorama es negativo, especialmente si nos enfocamos en los efectos que tendrá sobre la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo sobre la implementación de la Política de Género en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como principal objetivo indagar sobre dicha implementación a partir de las debilidades y fortalezas identificadas en la política de género del Banco, a fin de que continúe avanzando en la incorporación de elementos y herramientas garantes de los derechos de las mujeres y de la diversidad.

 El 15 de diciembre comenzará a regir la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Organizaciones de la Sociedad Civil de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre las debilidades que presenta la nueva Política.  

El 10 de abril el BID Invest aprobó  la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social que entra en vigencia mañana, 15 de diciembre. Luego del proceso de consultas públicas presenciales y virtuales que el Banco realizó el año pasado donde participaron organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, a fines de mayo se presentó  la nueva política del brazo privado del Grupo BID. 

A pesar de la participación, a través del envío de comentarios,  de las partes interesadas en el período de consultas públicas presenciales y virtuales, en la nueva Política se observa la escasa y hasta nula incorporación de cuestiones consideradas relevantes.  Por tal motivo, y frente a las debilidades y limitaciones que presenta la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, las OSC de la región emitimos una Declaración Pública alertando sobre la precariedad de la política, las consecuencias que traería a los países de la región y el retroceso que significa en comparación con la Política anterior. 

Entre los puntos principales que destacamos en la Declaración sobre las limitaciones de la nueva Política se encuentran, en primer lugar, la adopción directa de las Normas de Desempeño Ambientales y Sociales de la Corporación Financiera Internacional -CFI- que datan del año 2012, sin incluir cambios o adaptaciones a las nuevas realidades, por lo que resultan  obsoletas para el contexto actual de desafíos ambientales y sociales a los que se enfrenta América Latina y el Caribe. 

Otra limitación importante es la ausencia de responsabilidad subsidiaria y solidaria por parte del BID Invest respecto del accionar de los actores sobre los que tiene influencia, es decir se desliga de responsabilidad institucional ante los posibles impactos negativos que puedan ocasionar las actividades que financia donde la responsabilidad recaerá únicamente sobre el cliente. Esto, significa el debilitamiento de las protecciones en el ambiente y en lo social creadas con el fin de evitar los impactos adversos que ocasionan los proyectos. En esta línea, el BID Invest omite su deber de “hacer cumplir” lo que significa que se reserva el derecho a decidir en qué casos va a aplicar medidas correctivas y en cuáles no. 

Además, en la Declaración Pública se resalta la vaguedad y ambigüedad del lenguaje utilizado en la nueva Política ya que favorece a que el Banco actúe de acuerdo a lo que considere pertinente así como incrementa el riesgo de incumplimiento por parte de los  clientes. 

Por último, uno de los puntos más alarmantes son los vacíos que hay en los compromisos respecto al ambiente y a lo social. Respecto al medio ambiente, el compromiso con la mitigación es frágil ya que no se establecen restricciones expresas a las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, solo por mencionar un caso. En lo relativo a lo social, si bien la política deja en claro su compromiso de promover buenas prácticas internacionales, en cuestiones como Derechos Humanos, Represalias, Gestión de Riesgo de Género e Igualdad así como en Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información, se evidencia un compromiso superficial y débil al abordarlas. Por ejemplo, en relación a los derechos humanos, no se mencionan derechos esenciales como los económicos, sociales y culturales o el derecho a un ambiente libre de contaminación. 

Luego, en lo relativo a la participación de las partes interesadas, no se establece compromiso alguno para asegurar la participación oportuna, significativa y culturalmente apropiada. La Política se compromete a establecer un sistema de recepción y seguimiento de denuncias de represalia, no se detalla un procedimiento para resolverlas como tampoco sigue las recomendaciones de la guía especializada elaborada por el MICI para la gestión de represalias y protección de defensores ambientales y activistas. 

Por último, en gestión de riesgo del género e igualdad, la Política sí incorpora la promoción de buenas prácticas pero excluye a la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del Grupo BID, un retroceso significativo que aumentará la desigualdad y los riesgos para las mujeres y personas LGBTQ+.

Entre muchas otras cuestiones que se abordan en la Declaración Pública, es sumamente necesario que el BID Invest sea implacable al momento de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de transparencia  a sus clientes si realmente pretende  promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y la desigualdad de la región. Con el actual contexto de pandemia y mirando a la situación pospandémica, BID Invest  no puede ser flexible en los procedimientos de evaluación social y ambiental y debida diligencia en las aprobaciones de operaciones de financiamiento ya que ésta es la única manera de lograr el desarrollo sostenible y reducir la crisis ambiental y social en la que se encuentra América Latina y el Caribe.  

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Autora 

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presente documento analiza el funcionamiento del mecanismo del Banco Interamericano de Desarrollo: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación -MICI-. Para ello, se tiene en cuenta no solo la política del MICI, sino también la cantidad de casos sometidos al mecanismo, cuántos han sido registrados y considerados elegibles y cuántos no, porqué no se los ha considerado, los países que más quejas poseen, los motivos por los que las quejas han sido rechazadas, entre otros parámetros. Todo ello con el objetivo de observar qué tan clara y precisa es la Política del MICI para las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el BID y el BID Invest.

El presente documento propone un análisis descriptivo y valorativo de la recientemente publicada (2020) “Herramienta de Evaluación de Riesgos de Género” (HERG) del BID Invest, la cual es un plan de género para que las empresas evalúen el impacto de sus proyectos en materia de género y estructuren procesos de prevención de estos.

En el presente documento se analizan aquellas cuestiones que han sido incorporadas y los aspectos que no se han incorporado y/o modificado a partir del proceso de consulta pública que llevó adelante el BID. Especialmente, se hace énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTTTQ+ para que efectivamente se respeten y se garanticen los derechos humanos de todas las personas.