El pasado miércoles 7 de diciembre el gobierno de la provincia de Córdoba convocó a una audiencia pública, con la finalidad de dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (EDAR) y la construcción de nuevos colectores principales. La participación de FUNDEPS incluyó la presentación de un informe técnico-legal que marcó ciertas inconsistencias identificadas al analizar el EIA y conociendo los antecedentes de fuertes impactos en la zona.

on solo tres personas inscriptas representando a FUNDEPS y al Foro Ambiental Córdoba, el pasado miércoles 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba que tuvo por objeto dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Córdoba. Cabe resaltar que este proceso tuvo poca difusión y fue llevado a cabo muy lejos del área de influencia más significativa y de mayor afectación del proyecto (Barrio Chacras de la Merced). Este hecho viola lo establecido en el Art. 63 de la ley provincial 10.208 de Política Ambiental que establece que estas instancias de participación se deben realizar en la zona de mayor vinculación con la decisión pública en cuestión.

La planta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande fue construida a fines de la década del 60, a orilla del río Suquía, encontrándose  instalada en el km 2 ½ del camino llamado Chacras de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. Fue inaugurada en 1987, quedando bajo el dominio y control de la Municipalidad de Córdoba en el año 1990. A partir de finales de los años noventa, el funcionamiento de la planta de EDAR Bajo Grande fue desmejorando, logrando que al día de hoy, la misma posea una capacidad limitada el tratamiento de líquidos cloacales, lo cual genera un foco constante de contaminación.

La problemática de contaminación de dicha planta es de público conocimiento por la presentación de denuncias, demandas judiciales, noticias periodísticas e incluso reconocimientos formales por parte de los funcionarios de la provincia y de la municipalidad de Córdoba. A nivel técnico, peritajes realizados por la Universidad Nacional de Córdoba han determinado que el tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande tiene importantes fallas, tanto en el procesamiento como en el funcionamiento de los equipos que posee. Esto se traduce en altos índices de contaminación del río Suquía, que recibe directamente los efluentes generados por esas deficiencias en el tratamiento. Desde hace un tiempo, en conjunto con la organización Las Omas, venimos reclamando por información pública sobre indicadores de salud y ambiente que permitan valorar (y corregir) esta situación de contaminación. 

De lo anterior se entiende la necesidad de invertir en la actual planta y lograr que la situación sea capaz de revertirse. Empero, luego de la lectura y presentación del EIA se presentan ciertas inconsistencias que de no ser tenidas en cuenta, lejos de mejorar la actual situación de la planta, podrían agravar los ya existentes impactos ambientales negativos.

En nuestro escrito presentado durante la audiencia enfatizamos algunos puntos:

– Inconsistencias respecto de la capacidad de tratamiento de la planta.

– Inadecuado tratamiento de los riesgos ambientales, en una zona que ha sufrido históricamente las consecuencias de la contaminación del río.

– Omisión respecto del fortalecimiento de instancias de control en la ciudad para facilitar el trabajo de la planta de EDAR Bajo Grande.

– Ausencia de plan de monitoreo de la obra y de mitigación de los impactos.

Asimismo, durante la audiencia se pudieron oír frases como: “…Cerca de la planta de líquidos cloacales no hay poblaciones estables”, poniendo en duda el real compromiso de las autoridades gubernamentales para con los vecinos de Chacras de la Merced y las problemáticas en las cuales se ven inmersos a raíz del mal funcionamiento de la planta.

Desde FUNDEPS consideramos que es crucial la realización de una profunda evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente como órgano de contralor del presente proyecto, advirtiendo todas las consideraciones expuestas durante la audiencia. Asimismo, se debe disponer de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con losparámetros legales y ambientales esperados a fin de proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de Córdoba y en particular de los de barrio Chacras de las Merced.

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Agustina Palencia

Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.

La Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814. Las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto. Según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo.

Como en 2009 cuando se sancionó la ley que lo creó, el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Córdoba sigue planteando diferencias irreconciliables entre el sector rural y el ambientalismo.

Este año, la Provincia convocó a una mesa para actualizar el mapa de la ley 9.814, que pinta a estos ecosistemas en tres colores, según su estado de conservación y las actividades permitidas. Pero en este espacio, las diferentes posturas de los sectores rurales y de las ONG ambientalistas y ecólogos no llegan a un acuerdo que permita elevar un proyecto consensuado para que la Legislatura lo apruebe.

Hace unos días, la Federación Agraria Argentina (FAA) dejó clara su postura de que el OTBN de Córdoba está “sobredimensionado” y que requiere un sinceramiento.

“Creemos que la cobertura vegetal ‘bosque nativo’ en la provincia no debería superar en total los dos millones de hectáreas, correspondiendo a la categoría roja entre 500 mil y 600 mil, y a la categoría amarilla alrededor de 1.5 millones hectáreas”, detalla un documento presentado en esta mesa de diálogo. Pero según estudios realizados por expertos, la provincia tiene 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo, es decir, 1,6 millones de hectáreas más que la postura de la FAA.

El trabajo fue realizado en 2009 por los ecólogos Marcel Zak y Marcelo Cabido, y es el estudio científico del bosque nativo cordobés más detallado hasta la fecha. En el recuento se incluyen el bosque abierto, matorrales en diferentes estados y ecosistemas halófitos (ambientes salinos).

El mapa provincial actual suma cuatro millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más de hectáreas que la idea de la FAA. “Las gravísimas distorsiones originadas en el mapa inicial y en toda la etapa reglamentaria de la ley más una gestión arbitraria y discrecional por parte de la autoridad de aplicación concluyeron en una errónea clasificación de las categorías de conservación”, señalan desde la FAA.

Uno de los argumentos de la FAA para reducir la superficie protegida es el mismo que el esbozado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) hace unas semanas: el ser humano debe manejar los predios con ambientes autóctonos degradados, como matorrales, para que el bosque vuelva.

Desde el ambientalismo sostienen que estos matorrales brindan la mayoría de los servicios ecosistémicos por los cuales la ley decidió proteger los bosque como mantener la fertilidad del suelo, regular el agua y el clima y secuestrar dióxido de carbono responsable de cambio climático.

“Querer excluir del OTBN estructuras de vegetación simplemente por no haber llegado a su estado de máximo desarrollo arbóreo no es correcto, según los criterios propuestos por las diferentes resoluciones”, señala un documento firmado por integrantes del Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), varios institutos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet. También sostienen que la ley no permite recategorizar hacia clasificaciones de menor valor, como proponen desde el sector rural.

Los ruralistas quieren la producción silvopastoril. Desde el ambientalismo sostienen que la actividad silvopastoril en zona amarilla debería estar sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental y que la ley no permite el desmonte selectivo ni la implantación de pasturas exóticas.

Fuentes: La Voz del Interior

Durante los días 15, 16, 27, 18 y 19 de noviembre se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la reunión global de la red por los derechos económicos, sociales y culturales (Red-DESC). Este evento que reúne a más 280 ONG, movimientos sociales y activistas de más de 75 países, se propone consolidar un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos y todas.

Los derechos humanos proveen una fuente vital de legitimidad política, moral y legal para la persecución de justicia, autodeterminación y bienestar compartido. Este marco une a los miembros de la Red-DESC en más de 75 países, donde trabajan conjuntamente para asegurar la rendición de cuentas de gobiernos y actores privados, articular modelo alternativos para el desarrollo, impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres, defender los derechos relativos a la tierra y los recursos naturales, fortalecer el litigio y la implementación guiada por las comunidades afectadas, así como facilitar el acceso y el uso estratégico de la información para promover los DESC.

A lo largo de esta semana, los diferentes grupos de trabajo de la red debatirán acerca de los desafíos que el contexto global presenta para la garantía de los DESC. El creciente empobrecimiento de la ciudadanía, la captura corporativa del estado, la desigualdad creciente, la degradación de los ecosistemas y la represión a activistas de derechos humanos; son las caras de un sistema que aún tiene una deuda con los derechos humanos. El programa da cuenta de la variedad de acciones que lleva adelante la red en los muchos países en que trabaja.

El martes 15 de noviembre, la Red-DESC inauguró su Reunión Global de Estrategia junto a más de 150 participantes de más de 40 países. La jornada remarcó la gran responsabilidad de quienes integran la Red-DESC, a la luz de las condiciones globales comunes que ponen en seria amenaza la dignidad humana y el potencial de la acción colectiva en todo el mundo. Antes de definir los objetivos generales de la Red para los próximos cinco años, los participantes evaluaron el trabajo colectivo de los tres anteriores por medio de unos breves informes de los Grupos de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, Política Económica, Monitoreo, Litigio Estratégico y Mujeres y DESC, así como del Sistema de Solidaridad.

Desde FUNDEPS participamos de esta reunión buscando coordinar nuestras acciones y estrategias con las de la red global, conscientes de que sólo un esfuerzo coordinado y colectivo podrá hacer frente a los grandes desafíos de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.

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Video de la sesión final de la Reunión:

Thanks to all GSM 2016 participants! from ESCR-Net on Vimeo.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

El 17 de noviembre realizamos una presentación ante Dubravka Šimonović, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, sobre las políticas públicas implementadas por el gobierno argentino en contra la violencia mediática y simbólica frente.

En la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión para que las organizaciones que trabajamos problemáticas relacionadas a los derechos de las mujeres aportemos datos e información sobre la situación de violencia contra las mujeres en Argentina. Desde FUNDEPS, junto con Comunicar Igualdad, presentamos los resultados de nuestro monitoreo de políticas públicas de comunicación y género, y realizamos una exposición sobre la situación de  incertidumbre que sufren las políticas para erradicar los estereotipos en los medios de comunicación.

En el marco de la visita oficial que realizó al país del 14 al 21 de este mes, la experta en violencia contra las mujeres visitó Argentina, comenzando su recorrido en Tucumán, lugar simbólico por el caso de “Belén”, presa por un aborto espontáneo y recientemente liberada. Durante su visita, se entrevistó con autoridades de organismos públicos, representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

Al finalizar su visita, la relatora manifestó que “Las mujeres que han sido víctimas de violencia se enfrentan a la falta de una implementación sistemática, coherente y efectiva de estándares legales internacionales y federales en todo el país y esto resulta en diferencias significativas entre las provincias y en distintos niveles de protección para mujeres y niñas”. Además, si bien destacó el avance que representa el Plan de Acción Nacional para el período 2017-2019, expresó su preocupación por los femicidios, la falta de asistencia gratuita para casos de violencia, la no aplicación de los protocolos de aborto no punible en la mayoría de las provincias, entre otros asuntos.

Los relatores y las relatoras especiales trabajan de manera voluntaria, no son empleados de la ONU y no reciben remuneración por su tarea. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual, reportando al Consejo de Derechos Humanos sobre los resultados de sus investigaciones y monitoreos. En junio de 2017, Dubravka Šimonović presentará su informe sobre Argentina al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para continuar promoviendo y exigiendo políticas respetuosas de los derechos humanos de la mujer.

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– La Relatora Especial de la ONU insta a la Argentina a que aumente la protección de las mujeres en una “cultura machista

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

El pasado 4 de octubre se galardonó a la Defensoría del Público de Servicios de Comuncicación Audiovisual con el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, nada garantiza la continuidad de esta excelente institución y sus acciones efectivas.

Tras un largo andar, a partir del año 2009, entró en vigencia un nuevo marco normativo que protege a las mujeres de las violencias mediática y simbólica en los medios de comunicación. A ello, se sumaron las políticas públicas generadas desde la Defensoría del Público y la AFSCA, entre otros espacios, para combatir estas formas de desigualdad. Esto significó un claro avance en la función del Estado de garantizar los derechos, aunque aún era perfectible tanto en la norma como en la implementación.

Sin embargo, en diciembre del 2015, como una de las primeras medidas del gobierno nacional en gestión, se modificó mediante decretos del Poder Ejecutivo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su autoridad de aplicación, pilares del marco normativo en comunicación y género.

Sumado a ello, este 14 de noviembre culmina el período de la Defensora Cynthia Ottaviano, cuyo mandato ha sido ejemplar. Sin escuchar el apoyo del Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias y del sinnúmero de organizaciones que lo han solicitado, la Comisión Bicameral ha anunciado que ella no continuará su mandato, pero tampoco ha revelado quien será su sucesor/a.

Esta situación sólo da muestra del riesgo que está corriendo la Defensoría del Público como institución. Aún más, las perspectivas que dan los 17 Principios para una Comunicación Convergente anunciados por el ENACOM con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule las comunicaciones, y el «Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019», son poco esperanzadoras.

Es por ello, que desde FUNDEPS apoyamos y solicitamos firmemente, que continúe la Defensoría del Público como uno de los pilares que protege a las audiencias y sus derechos desde el Estado argentino.

Desde nuestro trabajo realizado en relación a la violencia de género y políticas públicas de comunicación, recordamos la necesidad de evitar medidas regresivas que disminuyan el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática.

A sabiendas del riesgo, continúan trabajando de modo ejemplar

En el programa “Ruta 840” que se emite por Radio Salta de 11 a 13 horas, el día Jueves 19 de octubre, un día después de la multitudinaria marcha por #NiUnaMenos los conductores llevaron adelante un diálogo con alto contenido misógino y homofóbico.

Durante el programa los conductores expresaron una postura discriminatoria y estigmatizante en la que abundaron conceptos negativos sobre las mujeres, haciendo hincapié en una catalogación del ser humano por cuestiones estrictas de elección sexual.

Dichos como ser “mujer -mujer” o “mujer cotidiana” refuerzan estereotipos de género que resultan estigmatizantes y reproductores de relaciones opresivas de poder. Promueven la construcción de lo que debe ser una “mujer buena”, que si protesta, se moviliza o se politiza, deja de ser “mujer-mujer”. Decir “maricas mala, resentidas”, además de ser un claro insulto a todo un colectivo, su mención excluye a las lesbianas de la categoría de mujer. A esto se suma el decir que “son agresivas naturalmente” dichos altamente ofensivos, homófobos y discriminatorios.

Todas las expresiones que han sido manifestadas son un claro ejemplo de actos de violencia mediática y simbólica, de conformidad con la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también violan la Ley 23.592, que protege en contra de los Actos Discriminatorios.

Es por  ello, el equipo de FUNDEPS realizó las denuncias correspondientes ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.

A partir de dicha denuncia, la Defensoría del Público, en un plazo no mayor a dos semanas, hizo lugar a lo solicitado y tomó inmediata acción. En este marco, se reunieron con productores/as y los conductores del programa, quienes fueron informados de las faltas en las que incurrieron y posibles formas de reparación.

El director de la emisora se comprometió a difundir información sobre los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, y acordó la posibilidad de emitir spots sobre estas temáticas, poniendo a disposición las inmediaciones de la radio para grabarlos.

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Emilia Pioletti, integrante del Eje Género.

El pasado jueves 10 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro de entidades subnacionales enmarcado en la alianza para el gobierno abierto (Open Government Partnership). Organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contó con la presencia de representantes de la OGP, autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil. 

En el marco del Programa Piloto Subnacional de la Open Government Partnership, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI México); organizaron una jornada que convoca tanto a autoridades gubernamentales de Argentina y otras naciones, como a miembros representantes de la sociedad civil.

El programa piloto permite a OGP impulsar innovaciones exitosas desarrolladas a nivel local. El motor de este proyecto es la creencia en que la cercanía que los gobiernos locales poseen para con la ciudadanía, será capaz de potenciar las iniciativas de gobierno abierto a niveles nacionales. En abril de 2016 se anunció la selección de 15 gobiernos locales para participar del programa, entre ellos la ciudad de Buenos Aires. En los próximos dos años los gobiernos participantes trabajarán junto con organizaciones de la sociedad civil locales en el desarrollo de compromisos específicos de gobierno abierto.

A lo largo del día, diferentes expositores dieron a conocer experiencias, lecciones aprendidas y desafíos en el futuro de la implementación de políticas de gobierno abierto en espacios locales. Se trató de una jornada que permitió a los diferentes actores sociales adquirir nuevos conocimientos y debatir acerca del porvenir de las nuevas formas para construir una democracia más participativa y equitativa.

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Agustina Palencia – Coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático

agustinapalencia@fundeps.org

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo (GCE) del Mecanismo. Las candidaturas pueden realizarse hasta el próximo 30 de noviembre de 2016.

El pasado 3 de noviembre, y tras un período de consultas que se extendió a lo largo de los últimos meses, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) abrió la convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo (GCE) del Mecanismo. La finalidad del GCE consiste en apoyar el compromiso del MICI en torno al cumplimiento de su mandato de rendición de cuentas de manera creíble, eficaz y transparente.

El MICI distribuyó la Nota Conceptual del GCE a principios de junio de 2016 a una amplia gama de grupos interesados, incluyendo representantes de la sociedad civil, funcionarios de gobierno y expertos de la sociedad civil.  Desde Fundeps contribuimos en este proceso enviando comentarios y participando en una serie de consultas en relación a la Nota Conceptual. Si bien reconocimos y dimos la bienvenida esta iniciativa surgida, en parte, como respuesta a las sugerencias provistas en la publicación «Glass Half Full. The state of accountability in development finance«; también expresamos una serie de recomendaciones y sugerencias en relación a la membresía, la composición y los objetivos y funciones del GCE (para ver los comentarios completos sobre la Nota Conceptual del GCE enviados al MICI, acceder aquí)

Recientemente, el MICI difundió el Informe sobre el Proceso de Consulta para el GCE, el cual contiene toda la retroalimentación recibida y las respuestas del MICI. A su vez, esta retroalimentación se incorporó en los Procedimientos Operativos del GCE, que contienen información acerca de la composición de la membresía, la responsabilidad de los miembros y el proceso de selección de los mismos, incluyendo los criterios de selección.

Aquellos candidatos interesados en presentar su candidatura para el GCE, deberán presentar la siguiente información:

  • Curriculum Vitae.
  • Una expresión de Interés de una cuartilla expresando la razón por la que desean servir en el GCE y cómo su experiencia sumará valor al grupo.

La solicitud debe ser enviada a más tardar el 30 de noviembre a John Garrison del MICI al siguiente correo electrónico: jgarrison@iadb.org.  Los nombres y los perfiles de los seleccionados como miembros del GCE serán publicados a mediados de diciembre.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Durante el día martes 1 de noviembre se llevó a cabo el VI Foro Nuestra Córdoba, organizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. El evento reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para debatir acerca de las temáticas que mayor incidencia tienen en la agenda metropolitana de nuestra ciudad y provincia.

El evento organizado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba tuvo por finalidad reunir a representantes de la sociedad civil y a autoridades gubernamentales, para discutir acerca de aquellas problemáticas que han tenido origen en la expansión metropolitana de la ciudad de Córdoba. Con la modalidad de mesas de discusión, se trataron temas relativos al ordenamiento territorial, la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y el transporte y la movilidad. Los debates fueron más que enriquecedores, y las conclusiones obtenidas serán posteriormente amalgamadas en un documento que será compartido con las autoridades municipales y provinciales.

Desde FUNDEPS consideramos que las consecuencias de la expansión territorial y urbana de las ciudades – devenida en procesos de metropolización – necesariamente requieren del buen gobierno y gestión de las ciudades para su progreso social y económico. Asimismo, el contexto es complejo y requiere de la articulación entre actores para la generación de políticas lo suficientemente holísticas y efectivas.

El crecimiento periférico de las ciudades extiende el área urbanizada más allá de los límites de los términos municipales, generando un gran espacio urbano que obliga a extender las redes de infraestructura, aumenta los costos del desplazamiento de la población y mercaderías y los costos de producción y mantenimiento de los servicios públicos. En escenarios de descentralización hacia niveles locales – como ha ocurrido en nuestro país – la compleja tarea de traspasar funciones y recursos a instituciones generalmente débiles, se ve apabullada con los problemas de coordinación interjurisdiccional en la provisión de servicios y la gestión del desarrollo de los recientes conglomerados urbanos. Estos problemas se manifiestan en una gran variedad de áreas que son de relevancia crucial para el desarrollo económico y el bienestar de la población. Muchos de ellos fueron debatidos en la jornada del 1 de noviembre.

Los debates en torno al eje de ordenamiento territorial resultaron en la identificación de la urgencia para lograr una concreta determinación de los ejidos municipales y planificar la expansión urbana de la ciudad. Asimismo, se sumó a la discusión una arista de corte ambiental en la que se detectó la necesidad de mitigar los impactos de la expansión, resguardar el patrimonio (bosques nativos) y establecer una clara regulación en cuanto a la disposición de los suelos.

En cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos, se recalcó la complejidad para la articulación interjurisdiccional e intersectorial, a la vez que es necesario regular la normativa vigente respecto de los RSU.

Los resultados del debate han sido el espejo de las preocupaciones de la sociedad civil en torno a la gestión de la ciudad de Córdoba y su área metropolitana. La planificación urbana y el desarrollo sustentable de las ciudades van de la mano, y en consonancia con ello, la buena calidad en infraestructura y servicios básicos se vuelve crucial.

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Agustina Palencia – Coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático

agustinapalencia@fundeps.org

La empresa Massalin Particulares informó que la suba responde a hacer frente a una escalada en sus costos.

Este martes la empresa Massalin Particulares informó que, con el objeto de hacer frente a la suba de sus costos, decidió aumentar un 5% en promedio los precios de sus productos. «La compañía sigue buscando la forma de dar sustentabilidad a sus operaciones en el país, fuertemente golpeadas por el drástico aumento de impuestos que entró en vigencia en mayo pasado y el consecuente recorte de sus ventas», indicó la dueña de Marlboro en un comunicado.

Hoy la carga fiscal alcanza el 80% del precio de venta de los cigarrillos (la más alta de la región), agregó la firma. Entre las principales marcas que la empresa comercializa se encuentran Marlboro, que costará $46 en su versión KS y $47 en su versión box; Philip Morris, que costará $43 en su versión KS y $44 en su versión box, y la marca Chesterfield que quedará a $33 en su versión ks y $35 en su versión box.

Otras marcas como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims se venderán a $52 en su versión box de 20 cigarrillos.

Organizaciones sociales presentaron ante el Comité CEDAW un reporte que refleja las falencias del Estado Argentino en la protección de las mujeres de las consecuencias del tabaquismo

En el marco del 65° período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que se desarrolla en Ginebra, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), O’ Neill Institute for National and Global Health Law, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR) presentaron un reporte sombra donde le solicitan al Comité que recomiende al Estado argentino avanzar con medidas que prevengan y reduzcan el consumo de tabaco entre las mujeres.

El reporte sombra “Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres”, concluye que la legislación de control del tabaco vigente en Argentina no cumple con las obligaciones suscriptas en la Convención CEDAW en lo que refiere a la protección de la salud de las mujeres y niñas. Entre las recomendaciones se enfatiza sobre la necesidad de que Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco para tener a disposición más herramientas que busquen proteger la salud de las mujeres. A su vez, las organizaciones recomiendan que se prohíba toda forma de publicidad de tabaco y que se aumenten los impuestos al tabaco por medio de una política efectiva y sostenible en el mediano y largo plazo. También sugieren que el gobierno prohíba el uso de aditivos y saborizantes en los cigarrillos y que promueva la adopción de políticas de control de tabaco a nivel sub nacional con el objetivo de que las provincias tengan un estándar mínimo de protección de la salud de las mujeres.

En esta línea, Belén Rios, abogada de FIC Argentina e integrante de la delegación argentina junto a referentes de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), entre otros, señaló: “Desde 2010, la cantidad de mujeres que mueren por año a causa del tabaquismo está en aumento.

Esto refleja la falta de políticas de control de tabaco que protejan la salud y la vida de las mujeres. Esperamos que el Comité recoja nuestras recomendaciones e inste al Estado Nacional a adoptar medidas que protejan a las mujeres y niñas de las consecuencias del tabaquismo. A su vez, esperamos que avance con la prohibición de manera completa de la publicidad de tabaco para poner un límite a las empresas tabacaleras que apuntan muchas de sus campañas de marketing a las niñas y mujeres”.

Y agregó: “Además, durante el día de ayer tuvo lugar una presentación formal oral de ONGs ante el Comité donde se repasaron algunos de los temas prioritarios incluidos en los reportes elaborados por la sociedad civil. Por primera vez en la historia el control del tabaco fue uno de los temas destacados, lo que refleja la necesidad de avanzar con medidas que protejan la salud de las mujeres de las consecuencias de esta epidemia”.

FIC Argentina también participó en la elaboración y presentación de otro reporte realizado junto a 18 organizaciones que da cuenta de los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención CEDAW. FIC Argentina colaboró en el desarrollo del apartado de salud para reflejar la situación actual en nuestro país respecto a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y sus consecuencias en las mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados Parte, como Argentina, están obligados a presentar informes periódicos que reflejen cómo se han ido aplicando medidas que protejan los derechos de la Convención.

Luego de la presentación del informe, el Comité realiza recomendaciones a las Partes sobre los puntos que considere que necesitan más atención. En paralelo, el Comité recibe informes paralelos (reportes sombras) de organizaciones que ayudan a evaluar los informes periódicos presentados por los Estados Parte.

La situación de las mujeres en relación al consumo del tabaco En nuestro país, 11.731 mujeres mueren por año a causa del consumo de tabaco. Argentina tiene uno de los índices de consumo más altos de América Latina y, entre los adolescentes, las chicas fuman un 20% más que los varones. Esto refleja que la epidemia del tabaquismo se está desplazando de varones a mujeres y además, a igual consumo, el tabaco provoca mayor daño en la salud de las mujeres que presentan más susceptibilidad que los varones a padecer eventos coronarios así como también mayor gravedad y precocidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). A su vez, la mortalidad femenina por cáncer de pulmón está en constante crecimiento.

Por otra parte, las mujeres presentan más barreras psicosociales para dejar de fumar y tienen menores porcentajes de éxito en la cesación que los varones. Además tienen mayores dificultades para acceder al diagnóstico y los tratamientos adecuados para las complicaciones que padecen como consecuencia del consumo de tabaco. De no avanzar con políticas públicas de control de tabaco con perspectiva de género que se propongan frenar esta tendencia y reducir la brecha de inequidad, el costo se verá en la mortalidad prematura creciente que se espera en las mujeres adultas de las próximas décadas.

Fuente: cba24n.com.ar

Acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales en la región del Gran Chaco Argentino. Participamos y apoyamos la elaboración de un informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, contemplando su vinculación con otros derechos interrelacionados. El mismo fue presentado en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.