,

El 8 de marzo volvemos a parar

Con una organización extraordinaria en todos los puntos del país, y en el marco de un movimiento internacional, las mujeres volvemos a reclamar por la igualdad.

En el día de las mujeres en 2017 se realizó una movilización en más de 35 países, para denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta la feminización de la pobreza, la violencia económica, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brecha salarial en relación a los sueldos masculinos, precarización laboral, vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, igual salario por igual trabajo, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos.

Este año, la movilización se multiplicó, y las organizaciones y movimientos y sindicatos de todos los lugares del país vuelven a convocar bajo la misma bandera. Miles de personas nos estamos reuniendo en las asambleas organizativas del Paro Internacional de mujeres, trans, lesbianas y de todas las identidades feminizadas, y convocamos a diversas medidas, desde el paro hasta marchas, intervenciones, campañas digitales, etc.

El despliegue de energías se da en toda Latinoamérica, y los reclamos se ajustan a las necesidades más urgentes de cada lugar, visibilizando las diversidades de nuestro continente.

Sin dudas, el colectivo Ni Una Menos, presente en todas las provincias y casi todas las ciudades del país, es el espacio que reúne a las personas que queremos visibilizar nuevamente la lucha por los derechos a la igualdad y a una vida libre de violencias. Desde estos espacios se construyen las alianzas y los vínculos de una lucha histórica e incansable que crece cada día más.

Desde FUNDEPS paramos todas las identidades que formamos parte de nuestra organización. Volvemos a adherir a la necesidad de repensar nuestras relaciones, nuestras políticas y nuestra realidad sociocultural. Acompañamos la lucha, invitamos y adherimos al Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2018.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

,

La intervención del INADI ante dichos homofóbicos en contra de Flor de la V

Tras la elección de los Premios Carlos Paz 2018, el locutor Carlos Caserta realizó una serie comentarios homofóbicos, discriminadores y despectivos en contra de Florencia de la V y de la comunidad trans. Fue denunciado por las organizaciones sociales, criticado en los medios y el INADI declaró su repudio.

El locutor Carlos Caserta, en su programa en FM 100, criticó a los Premios Carlos Paz por reconocer a la actriz y capo cómica Florencia de la V, por su actuación en la obra «Explosivos».

En sus dichos sostuvo: «Elegir a un ‘trava’ como figura destacada femenina… Discúlpenme, ustedes, pero están enfermos de la cabeza (…) Sinceramente, no lo digo de malo. ¡No es mujer! ¡Tienen que respetar a la mujer, carajo! ¿Cómo puede ser que un trava sea más importante que una mujer? Y las mujeres, encima, no hacen nada, lo toman con gracia. Le están cagando los clientes, los premios. Les cagan todo estos resentidos enfermos que son los travas, o los homosexuales«.

Las aberrantes manifestaciones de Caserta se enmarcan en una práctica violenta, en flagrante desmedro de los derechos del colectivo LGTTTBIQ, que fomentan la discriminación, la desigualdad y el odio. En estos casos es fundamental recordar la “Guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, orientación sexual e intersexualidad”,  publicada por la Defensoría del Público, que recomienda, entre otras: “Respetar el principio de autodeterminación de las identidades y orientaciones sexuales y promover discursos mediáticos que eviten juzgar o desacreditar la autonomía de las personas para definirse”.

Por otra parte, los dichos de este señor promueven una visión dicotómica de los géneros y la sexualidad, haciendo un enfoque sobre la heterosexualidad obligatoria como único modelo legítimo de cuerpos, identidades, relaciones y familias.

Muchas organizaciones realizamos denuncias por las vías correspondientes, que se encargan de velar por los derechos de las audiencias, como la Defensoría del Público, el ENACOM, el INADI, y el INAM.

La respuesta del INADI fue veloz y concreta en su rechazo a los dichos de Caserta, reafirmando que “estas manifestaciones adquieren otra dimensión e impacto cuando son difundidas en los medios de comunicación masivos”, por lo que invita a tomar conciencia a comunicadores/as frente al micrófono.

Este tipo de conductas por parte de profesionales de la comunicación es plausible de sanción y se encuentra en flagrante violación a nuestra normativa nacional, como así también a los Tratados de Derechos Humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

No debe olvidarse que, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°26.522, establece en su artículo 70: “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual (…) o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

Por otra parte, la Ley de Identidad de Género N° 26.743, en su artículo 1:

“Toda persona tiene derecho:

  1. Al reconocimiento de su identidad de género;
  2. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
  3. A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

Aplaudimos la inmediata reacción del INADI, y el seguimiento de los demás órganos competentes del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, y en garantía a los derechos que protegen nuestras leyes. Es fundamental comprender que los medios de comunicación son creadores de opinión y que ello conlleva una gran responsabilidad a quienes crean y reproducen los contenidos, en promover la igualdad y el respeto a los derechos, en pos de una sociedad más justa y equitativa.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

,

Jornada de género y tecnología en Córdoba

Te invitamos a participar de la Jornada Género y Tecnología en Córdoba, el próximo 29 de noviembre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa.

Fecha: 29 de noviembre

Hora: 9 a 16 hs

Lugar: FAMAF (UNC), Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria.

Ingresá tus datos en el formulario para asegurar tu participación. Se entregarán certificados de asistencia.

Programa

9.00 a 9.30: Bienvenida + Introducción al proyecto

9.30 a 10.30: Panel – Brecha digital, género y tecnología 

La brecha digital de género es la que se refiere usualmente a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) por parte de niñas y mujeres. Según estudios de 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), está brecha se viene agrandando a nivel global. Pero no se trata solo de inequidades en el acceso a las TICs – aunque hay 200 millones menos de mujeres conectadas que hombres

La brecha digital de género hoy también hace referencia a la desigualdad en la participación plena de las mujeres en la economía digital. Hay menos mujeres trabajando en industrias TIC, estudiando carreras de programación o ingeniería, o tomando decisiones sobre políticas públicas de ciencia y tecnología. Este panel buscará discutir las implicancias de esta problemática en la Argentina, donde la revolución digital ya está trastocando las políticas de empleo, participación y desarrollo de los ciudadanos.

Moderadora: WiDE: Tamar Colodenco, WIDE

Belén Bonello (Fundación Sadosky)

Lila Pagola, Universidad de Villa Maria

Celeste Torresi, Santex

Ministerio de Ciencia y Tecnología

10.30 A 11.00 Coffee

11 a 12: Panel – ¿Oportunidades laborales para mujeres en el mundo de la tecnología? 

Son muchos los desafíos que enfrentan las mujeres para la participación plena en el ecosistema digital, pero también son muchas las oportunidades. Este panel tiene como objetivo explorar y difundir oportunidades para que niñas y mujeres se inserten en el mundo de la tecnología. Distintas panelistas explorarán, desde su experiencia, distintos recorridos y recursos que resultan de utilidad para iniciar o afianzar un camino profesional en el mundo de la tecnología.

Moderadora: ADS: Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur

Ana Laura Almada, FLISOL Córdoba

Luciana Benotti, FAMAF

Carolina Antón, Espacio Abasto

María Helena Provenzal, Incutex

Consejo Provincial de las Mujeres

Ana Figueroa (Moblar)

12.30 a 13.30: Almuerzo

13.30 a 15:30: Taller

Propuestas (dependiendo la cantidad de asistentes inscritas se realizarán posiblemente los talleres en simultáneo)

Taller sobre herramientas de desarrollo profesional para mujeres. Con uno o dos facilitadores, se proponen actividades para ayudar a las participantes a pensar en sus objetivos de carrera y a desarrollar herramientas y recursos para alcanzar esas metas. En grupos pequeños pueden reflexionar sobre su trayectoria, sus intereses y sus fortalezas y debilidades a la hora de buscar trabajo. Además podemos hacer un breve ejercicio para mejorar los CVs, afilar las búsquedas, etc. La idea es que se lleven herramientas concretas y un buen panorama de qué habilidades se demandan en el mundo de la tecnología y que oportunidades de capacitación existen.

Reflexión sobre género y trabajo. Sería un espacio más teórico y menos práctico para charlar sobre los desafíos que tienen las mujeres en el laboral, se puede trabajar también con legislación local, derechos humanos y género, etc.

Taller “Feeling para incidir políticamente en agendas de género e internet”: Feeling es una Metodología para innovar centrada en los sentimientos y experiencias de las personas.

Coordinado por:

Daniela Pardo,Women in the Digital Ecosystem – WiDE

Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur

Virginia Pedraza, FUNDEPS

15.30 a 16.00: Palabras finales | Construcción de un mural

Acerca de WiDE

Women in the Digital Ecosystem (WiDE) tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en la industria de la tecnología con un enfoque en las carreras tecnológicas no tradicionales.

Necesitamos igualdad de género en todos los sectores del ecosistema digital, y eso incluye roles no técnicos tales como analistas de políticas públicas digitales, periodistas especializadas en tecnología, investigadoras en temas de Internet y TICs, especialistas en derecho informático y más.  Para cumplir con su misión, WiDE ofrece talleres de desarrollo de carrera para mujeres jóvenes que quieren explorar la amplia gama de trabajos no técnicos demandados por la economía digital así como las oportunidades disponibles para acceder a ellos. En esta primera etapa, WiDE está dirigido a mujeres que están estudiando o se han graduado recientemente de carreras sociales, humanísticas o afines como ciencias políticas, comunicación, economía, derecho, periodismo, sociología, letras, etc.

Acerca de Asuntos del Sur (ADS)

Asuntos del Sur es un centro de pensamiento independiente, sin fines de lucro que desde 2007, se dedica al análisis, debate y realización de propuestas de políticas públicas para América Latina. ADS tiene el objetivo central de constituirse en una plataforma de deliberaciones de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a nuestra región. Como resultado, ADS produce información rigurosa y de calidad que busca influenciar políticas regionales y nacionales.

​Acerca de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

FUNDEPS es una organización sin fines de lucro que trabaja en la incidencia en políticas públicas para que se respeten los derechos humanos, tanto a nivel local, nacional como internacional. Realiza actividades de investigación, construcción de capacidades, incidencia, litigio estratégico y cooperación en general. Para esto trabaja junto a todos los grupos que intervienen en el proceso de desarrollo: diferentes niveles de gobierno, comunidades concretas, la ciudadanía en general y otros/as integrantes de la sociedad civil. El objetivo es impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por derechos humanos.

,

Somos parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

En septiembre del presente año, luego de un año del llamado a convocatoria, se anunciaron las organizaciones que formarían parte del CCAH de la sociedad civil que tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un total de 48.

El 27 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de dicho Consejo, en la que además de presentarse las organizaciones, se informó sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) y sobre los planes del INAM en materia de diseño e implementación de políticas. Asimismo, se discutió sobre las funciones y el reglamento que debe dictarse el CCAH. Entre las funciones de las organizaciones, están las de participar de las reuniones anuales y monitorear la aplicación de la ley 26.485 en sus respectivas provincias, para luego presentar informes que sirvan de insumo al INAM para promover la aplicación de la ley a nivel federal.

Uno de los principales puntos de la agenda fue el cambio que sufrió este organismo, que pasó de ser el Consejo Nacional de la Mujer, a ser el INAM. Las autoridades que expusieron, mencionaron que la decisión respecto de esta modificación atiende a la necesidad de darle mayor jerarquía a las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres al tener rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a la vez que se le otorga mayor autonomía al organismo.

Por otro lado, se señaló que a futuro se planea establecer delegaciones provinciales, para territorializar las políticas del INAM y facilitar el acceso a los trámites en las distintas provincias argentinas. No obstante, no se hicieron referencias a cómo se va a transversalizar las políticas públicas en esta materia hacia las otras áreas del Estado, más allá del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

Celebramos la iniciativa del INAM para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley y por consolidar un espacio institucionalizado para que la sociedad civil participe de manera federal en materia de violencia de género. La construcción y monitoreo de las políticas públicas para una problemática tan extendida como la desigualdad de género requiere de la participación de la sociedad civil de toda Argentina, por lo que esperamos que se continúe avanzando en pos de la promoción de los derechos de las mujeres, también asegurando presupuesto y la infraestructura necesaria para que funcionen en todo el territorio nacional.

No podemos dejar de mencionar que debería reforzarse la participación de las organizaciones, además de la existencia del CCAH. Es necesaria la implementación de mecanismos para que puedan acceder a la participación otras organizaciones referentes de los derechos de las mujeres en todas las provincias, que no cumplen con los requisitos formales para pertenecer al CCAH, pero que por su experiencia y trayectoria deben considerarse a los fines del diseño e implementación de políticas públicas de género en nuestro país.

Más información

– Resolución creación del INAM y del CCAH

– Anexo de organizaciones integrantes del CCAH

Contacto

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

,

El recorte de recursos para la lucha contra la violencia de género

A comienzos de este año, se puso en evidencia el recorte para el presupuesto destinado a erradicar la violencia de género en nuestro país, lo que luego fue aclarado por las autoridades del Consejo Nacional de las Mujeres (actual Instituto Nacional de las Mujeres –INAM), recomponiéndose tal “error”. Este movimiento despertó una alerta a las organizaciones por la grave ausencia de transparencia y claridad sobre el manejo de los fondos públicos que irían destinados al Consejo.

En este marco vale destacar que nuestro país ha firmado y ratificado una serie de acuerdos y tratadosinternacionales relativos a los derechos humanos para la igualdad de género (Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), que obligan al Estado a desarrollar políticas públicas con el máximo de recursos requeridos, principalmente técnicos y económicos, para garantizar el ejercicio de derechos por mujeres en igualdad de condiciones que los varones.

Pasando por alto estos compromisos, en septiembre del presente año se presentó el presupuesto para el 2018, a partir del cual, diversas organizaciones de la sociedad civil (ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Fundación Siglo 21) alertaron nuevamente sobre una reducción presupuestaria destinada al INAM, principal ente de aplicación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, y la falta de claridad y desagregación del presupuesto dirigidos a otros programas para erradicar las violencias hacia las mujeres. La diferencia es de un 17% menos que el presente año, teniendo en cuenta únicamente las previsiones oficiales de inflación para el próximo año.

La brecha presupuestaria es más significativa si se tiene en cuenta que la creación del INAM se estableció con el fin de darle mayor autonomía económica y jerarquía institucional al organismo regidor de políticas de igualdad de género.

El pronóstico presupuestario para el próximo año resulta alarmante, especialmente si consideramos que en nuestro país las mujeres reciben un salario inferior de hasta un 27% menos que sus pares varones por el mismo trabajo realizado y son las más propensas a trabajar en condiciones precarizadas, que las cifras de femicidios ascienden a uno cada 18 horas, que la violencia simbólica y mediática se reproduce a través de los medios de comunicación por la crisis de las instituciones creadas para su monitoreo y erradicación.

Remarcamos que el recorte de presupuesto y la ausencia de un panorama claro sobre los recursos que serán asignados a las políticas públicas destinadas a la promoción de la igualdad de género en diversos ámbitos, hacen peligrar todas las medidas y acciones positivas que se vienen desarrollando en este sentido y dan marcha atrás con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.

Añadimos que la falta de desagregación y especificación presupuestaria hacia políticas de género demuestran serias dificultades al momento de atender a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en asuntos relativos a los recursos asignados, y que además impiden su seguimiento y monitoreo a fin de garantizar su cumplimiento. En este sentido es cuestionable el accionar del Estado, puesto que, si se ha comprometido a luchar contra la violencia de género, las medidas y el abordaje del presupuesto para tal fin no deberían reproducir las desigualdades y violencias hacia las mujeres.

La invisibilización y falta de claridad  sobre las partidas presupuestarias destinadas a gran parte de los programas más importantes para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la violencia machista (salvo algunas excepciones como el Programa de Educación Sexual Integral y Las Víctimas contra las Violencias entre otros), crean un espacio gris que permitirían al Estado moldear y alterar los fondos públicos a favor de intereses y necesidades contingentes que podrían afectar la pervivencia y efectividad de las políticas públicas para garantizar la igualdad de género.

Por eso y una vez más, adherimos al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil contra la reducción presupuestaria y a favor de la transparencia y especificación respecto a los fondos del Estado asignados a políticas públicas orientadas a erradicar las violencias que recaen de manera insistente e incesante sobre tantas de mujeres.

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

,

32° Encuentro Nacional de Mujeres: un movimiento que resiste

Más de 50.000 mujeres se congregaron un año más para compartir experiencias, actualizar debates, expresar sentimientos y definir políticas que atiendan sus necesidades, apostando al trabajo colectivo para avanzar en la lucha. Las mujeres se acercaron desde distintos puntos del país, pero vale resaltar la presencia de mujeres originarias de El Impenetrable Chaqueño, quienes aportaron la diferencia en su primera participación en un ENM.

El encuentro estuvo marcado por una gran variedad de talleres, entre ellos mujeres y feminismos, derechos sexuales y reproductivos, femicidios, pueblos originarios, entre otros. Dos temáticas nuevas se agregaron este año: “Mujeres y Cultura de la Violación”, el cual desarrollo el rol de los medios en la construcción de la víctima y el victimario, la violencia institucional, el consentimiento sexual, afectivo y relacional, entre otros ejes. También se sumó “Activismo Gordx”, taller que trató sobre el modelo médico hegemónico, estigmatización cultural de los cuerpos gordos y nuevas formas de politización. Paralelamente, las mujeres pudieron disfrutar de numerosas actividades culturales, siendo la plaza 25 de Mayo epicentro de charlas, artesanías, música y mates “encuentreros”.

El domingo pasadas las 18h se realizó la multitudinaria marcha que recorrió más de 35 cuadras de camino al Parque de la Democracia, contando con la presencia de mujeres pertenecientes a distintas agrupaciones sociales, políticas, sindicales, organizaciones civiles, comunidades originarias, etc. La marcha culminó con una gran peña al ritmo de buena música, baile y comidas varias.

No podemos dejar de mencionar las lamentables agresiones que en la siesta del lunes sufrieron varias mujeres que asistieron al ENM, por parte de un grupo de personas que, al grito “que se vayan todas”, les tiraron piedras, las persiguieron en motos, les pegaron con palos, y las amenazaron, acorralaron e intimidaron violentamente. Una vez más, la intolerancia y la violencia tuvieron parte en el ENM. Repudiamos este episodio de este sector anti derechos, que lejos de respetar la libertad de expresión y la democracia, mancharon nuevamente un ENM. También vale destaca que, a diferencia de los previos ENM, las fuerzas de seguridad no reprimieron y actuaron con respeto a los derechos de las asistentes, resguardando toda la seguridad del encuentro.

Celebramos estos 32 años de lucha que no claudica y nos encontraremos una vez más el próximo año en Puerto Madryn, Chubut, sede del 33° ENM.

Fotogalería en El Entramado

Fuentes

Incidentes en la marcha de repudio al encuentro de mujeres | TN24

Violenta manifestación de resistencianos contra las mujeres del Encuentro | El Diario de la Región

Autora

Mariana Cabanillas

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

,

Seguimos construyendo la igualdad desde el derecho

La realidad de las mujeres en Argentina, apremia para que las organizaciones tomen acción, se organicen y fortalecen sus vínculos. Es imprescindible generar estrategias colectivas que puedan generar impactos que visibilicen las faltas que día a día sufren las mujeres en nuestro país, como al acceso a la justicia, a la participación, a los derechos a una vida libre de violencias, a la salud, a la libertad, a la igualdad de oportunidades, entre tantos otros.

Las organizaciones y personas que formamos parte de la Alianza de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres nos reunimos para debatir los logros alcanzados en los últimos años, las conquistas y avances en el reconocimiento de derechos y su implementación. Pero también pusimos sobre la mesa los riesgos en la implementación de políticas regresivas, de estrategias que continúan reproduciendo las lógicas de desigualdad de género, y todo aquello por lo que siempre luchamos y todavía no hemos alcanzado.

Es por ello que centramos nuestros intercambios sobre dos temas centrales: derechos sexuales y reproductivos, y violencia hacia las mujeres. En ambos espacios de debate alcanzamos puntos de partida para estrategias colectivas, y generamos dinámicas de fortalecimiento mutuo para aquellas medidas y acciones que necesariamente tienen que ser diagramadas de modo local.

Los derechos humanos de las mujeres deben ser garantizados por el Estado, y cuando esto no se manifiesta en la realidad, las organizaciones continuaremos realizando acciones de incidencia colectiva para exigir que todas las personas, sin importar su género, gocen de todos los derechos y puedan vivir sus vidas sin miedo y en plena libertad.

Contacto

Virginia Pedraza <vir.pedraza@gmail.com>

,

A 70 años del voto femenino

Sin embargo, para poder empezar a ser electas el proceso fue muy diferente. Sólo a través de la Ley de Cupo Femenino en 1991, la representación de las mujeres comenzó a ser garantizada por el Estado. Esta ley permitió que las estructuras de la desigualdad de género puedan empezar superarse. Los números hablan por sí solos: antes de la ley, las mujeres electas a cargos públicos en el Congreso no superaban el 6% del total de las bancas. Hoy las mujeres ocupan el 41,7% en la Cámara de Senadores y el 38,5% en Diputados. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer.

En la actualidad, aunque las mujeres son más de la mitad de la población, la representación femenina no alcanza el 50% en ningún espacio de toma de decisión. Según una investigación realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sobre las elecciones Paso de 2017, son muy pocas las listas que incumplen con la Ley de Cupo Femenino. Sin embargo, la interpretación que hacen los partidos sobre su aplicación ha comenzado a transformarse en un techo a la participación, más que en un herramienta de garantía.

En las provincias en las que se ha implementado una ley de paridad (Salta, Buenos Aires), la representación femenina ha sido mayor, pero esto no se evidencia en el resto del país. Es por ello que se hace necesario generar mecanismos que puedan promover un compromiso real con la igualdad de género en los partidos políticos, como así también la implementación de una ley nacional de paridad que garantice una representación femenina que sea acorde a la configuración social de géneros.

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

,

Rosario nos recibió en el Tercer Encuentro sobre Mujeres y Ecología

Los movimientos sociales que enfrentan las problemáticas ambientales y de la desigualdad de género se deben una histórica vinculación para promover soluciones que sean integrales y desde una perspectiva que genere espacios de debate por la igualdad y el cuidado.

Tanto el ambientalismo como el feminismo han encausado sus luchas en contra de formas y lógicas de dominio que han generado profundas grietas en la sociedad y el mundo. Ambos espacios comparten la necesidad de generar formas saludables de cuidado colectivo, y su activismo ha sido siempre con mayoría femenina.

El Taller Ecologista de Rosario ha realizado la propuesta de adentrarnos en miradas poco difundidas, como la del ecofeminismo, para poder seguir avanzando en la búsqueda de mejores alternativas para lograr una mejor relación entre las comunidades, y la sociedad y el ambiente.

En este contexto, participamos del Encuentro “Mujeres y Ecología. Tejiendo redes para repensar el presente y construir el futuro” que permitió generar vínculos entre organizaciones que trabajamos con problemáticas ambientales desde una perspectiva de derechos humanos, con especial foco en la desigualdad entre géneros. De esta manera, y tejiendo redes entre organizaciones, empezamos un camino para que nuestras acciones no sean aisladas, y que cada experiencia pueda nutrir las actividades que realicemos, y así potenciarnos y organizarnos para generar mayor y mejor impacto.

Contacto

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

,

Presentación de informe sobre violencia mediática hacia las mujeres ante la CSW

La CSW es un órgano dependiente del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que comenzó sus funciones en el año 1946, como el “principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.

Se reúne de modo anual, y en dicho evento se encuentran los Estados miembros de la ONU, las organizaciones de la sociedad civil y los órganos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU. En este espacio se debate y visibiliza las acciones de los Estados para cumplir con los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995, su Declaración y Plataforma de Acción, y la 23ª Sesión Especial de la Asamblea General, celebrada en 2000 (Beijing +5). Asimismo, se tratan temas relevantes sobre la situación de las mujeres en todo el mundo

A partir de estas sesiones, los debates y acuerdos que surjan y los informes presentados, la CSW genera conclusiones y recomendaciones, que luego son enviadas al Consejo Económico y Social para su seguimiento.

El tema de revisión para la sesión 62° de la CSW, a realizarse en marzo de 2018 se centra en la “Participación y acceso de las mujeres a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su impacto y uso como instrumento para el adelanto y la potenciación de la mujer”.

Nuestro informe

Hace más de tres años, junto con Comunicar Igualdad, hemos monitoreado los órganos del Estado que deben aplicar las normas protectorias de las mujeres en los medios de comunicación.

Nuestra primera investigación se cristalizó en la publicación “Violencia de Género y Políticas Públicas de Comunicación”. Posterior a ello, las políticas relacionadas a género y comunicación sufrieron medidas regresivas, que lejos de mejorar lo ya logrado, han retrocedido en la función de garante de los derechos del Estado.

En el informe que presentamos ante la CSW, se presentaron tales medidas, como también se realizaron recomendaciones para lograr una mayor protección a las mujeres y a las audiencias de Argentina.

Entre las medidas regresivas que se mencionan en el informe, se puede mencionar:

– Defensoría del Público: No obstante la gestión eficiente y participativa del organismo, esto se ha visto interrumpido desde noviembre del año pasado, cuando la Comisión Bicameral que debería nombrar a la autoridad máxima de la Defensoría, decidió no designar a nadie al finalizar el mandato de la primera Defensora del Público, Lic. Cyntia Ottaviano. En la actualidad, la DPSCA se encuentra en situación de irregularidad y sin capacidad para realizar actividades que superen las meras comunicaciones formales y administrativas. Esto limita que se tomen medidas integrales en casos de violencia mediática por motivos de género o cualquier otro. Esta situación agrava aún más el incumplimiento de Argentina sobre las recomendaciones realizadas por el Comité de la CEDAW, en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina realizadas en 20167, especialmente en su apartado 19, punto “d”, en el que insta a que se “modifique la Ley 26.522, de 10 de octubre de 2009, sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual, a fin de empoderar al Ombudsman para que castigue las violaciones de las disposiciones relativas a los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”.

– ENACOM: A partir del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 13/2015, 236/2015 y 267/2015, se creó un nuevo órgano, el ENACOM, que desplazó a la AFSCA, quedando la misma subsumida en aquel organismo, junto con sus facultades y funciones. En flagrante violación a los compromisos internacionales, y realizando acciones regresivas en cuanto a la tutela de los derechos de las audiencias, se pasó por alto a la ley, y se desguazó el andamiaje protectorio creado.

Estas acciones del nuevo gobierno, se superpusieron con la disminución del presupuesto del ENACOM, y una preocupante incertidumbre sobre cómo quedará dispuesta la nueva política pública regulatoria de los medios de comunicación. A partir de finales de 2015, no existieron sanciones con respecto a los contenidos violentos emitidos en los medios, como tampoco respuesta formal alguna a los pedidos de información realizados por las organizaciones de la sociedad civil al respecto.

– Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión: El Observatorio como organismo tripartito fue disuelto en el 2017, aunque aparentemente no realizaba sus funciones habituales desde enero del 2016, sumándose a la desestructuración generalizada sobre las políticas públicas protectorias en género y comunicación.

– Consejo Nacional de Mujeres: A partir del año 2016, el Consejo Nacional de las Mujeres asumió un rol más activo en relación a la atención de casos de violencia simbólica y mediática y a inicios del 2017 fue creado el Observatorio para la Violencia Simbólica y Mediática -organismo bipartito integrado por el Consejo Nacional de las Mujeres y el Ente Nacional para las Comunicaciones (ENACOM)-. En lo que va del 2017, el Observatorio intervino en 17 casos de violencia mediática de oficio o a pedido de denunciantes. La intervención en la mayoría de ellos fue realizando un informe de análisis de la situación discriminatoria y estigmatizante y enviando el mismo a los medios de comunicación.

– Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual: Desde su creación, en 2011, hasta diciembre del 2015, la OM logró que el 85% de los medios gráficos monitoreados (110 de todo el territorio nacional, con cobertura nacional, regional y local) cumpliera con la normativa vigente dejando de publicar avisos de oferta sexual con expresiones degradantes y discriminatorias hacia las mujeres por parte de la totalidad de medios relevados. También realizaba capacitaciones y conferencias en todo el país visibilizando la problemática de la violencia mediática a través del soporte específico de los medios de comunicación, y colaboraba con el Poder Judicial brindando datos sobre personas y redes que publican avisos para las causas sobre trata de personas para explotación sexual.

Desde diciembre del 2015 no ha vuelto a publicar informes sobre su accionar.

Contacto

 Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

, ,

La libertad religiosa no debe ser anti derechos

Observamos con preocupación la premura y selectividad con la que se está tratando al problemático proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017. Este proyecto, pretendiendo regular la libertad religiosa, incorpora la cuestionable figura de la objeción de conciencia institucional y genera mecanismos de violencia institucional y de vulneración de derechos humanos.

Esta propuesta no sólo pone en juego la legitimidad del ordenamiento jurídico al plantear como regla la posibilidad de exceptuarse al cumplimiento de la ley, sino que además compromete seriamente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Esto es así en la medida que existe una gran potencialidad de obstaculizar el cumplimiento y garantía de numerosos derechos humanos, como la salud, la identidad, la no discriminación y vida libre de violencias, como también de afectar grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad.

Si bien el proyecto menciona a diversos tratados de derechos humanos, los desvirtúa ampliamente en su interpretación, en consideración a los múltiples antecedentes jurisprudenciales dados por los tribunales de nuestro país en la materia, como también por las recomendaciones de los comités de derechos humanos correspondientes. De esta manera, se pretende erigir como una norma garantista, pero en su redacción instituye mecanismos que imposibilitan el acceso a derechos básicos que deben ser garantizados por el Estado.

La objeción de conciencia institucional, importa en la práctica la posibilidad de realizar actos discriminatorios generalizados contra determinados colectivos, históricamente relegados. Imaginemos una persona que se encuentra en situación de solicitar una intervención quirúrgica por reasignación genital, ante instituciones que por creencias religiosas pueden violar su derecho a la identidad y a la salud psicofísica de modo institucionalizado.

La presunción de buena fe que otorga el proyecto a quien haga ejercicio de la objeción de conciencia invierte la carga de la prueba en perjuicio de la ciudadanía, logrando que cada persona deba judicializar cada caso, ya que la interpretación final de la constitucionalidad corresponde al Poder Judicial. Esto generaría mecanismos de violencia institucional graves, siendo que nuestro Estado ha adquirido compromisos internacionales a los fines de erradicar tales violencias. No dejemos de preguntarnos: ¿en qué Estado democrático una persona puede evadir el cumplimiento de la ley porque su fe lo dicta?

Asimismo, legitima a poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes, como también a las personas con discapacidad, cuando habilita que sus representantes ejerzan objeción de conciencia en su nombre. Esto podría dar lugar la negación de recibir ciertos tratamientos médicos por representación, lo que ha sido ampliamente rechazado por nuestros tribunales.

De la misma manera, en pos de resguardar los derechos de comunidades religiosas no católicas, iglesias y otras confesiones, desconoce de modo regresivo los derechos sexuales y –no- reproductivos, y los estándares internacionales al respecto. En tal sentido, es necesario recordar que la objeción de conciencia no está receptada como un derecho humano, y que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observación General N°22 marzo 2016) enunció que, en caso de que los Estados la regulen, esto debe hacerse de forma tal de que no impacte en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Esta recomendación no se observa en el proyecto y mucho menos en el tratamiento hermético que se le está dando.

Por otra parte, y lo que no es menos, es dable rescatar que por definición las personas jurídicas y/o las entidades no poseen la conciencia ni la subjetividad que busca resguardar la noción de objeción de conciencia. ¿Qué religión o creencia puede aducir una entidad jurídica?

Una norma que pretende incorporar en forma generalizada, discrecional y mediante presunciones la excepción al cumplimiento de las obligaciones jurídicas, compromete seriamente la seguridad jurídica, las bases de nuestro Estado de derecho, y el ejercicio y garantía de los derechos humanos.  La libertad religiosa ya está garantizada por nuestra Constitución Nacional, y por los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Este proyecto de ley sólo desvirtúa su ejercicio, y a su vez implica una aceptación expresa y grave de que no todos tenemos el mismo deber de obediencia ante la ley.

El pronunciamiento de las organizaciones

Adherimos a la carta de rechazo al proyecto de ley 0010/PE/2017 elaborada por la Alianza Nacional de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres, y a la que se suman más de 100 organizaciones e instituciones reconocidas de todo el país, y más de 400 personas expertas y especialistas del derecho.

Esta carta será presentada ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, a fin de hacer conocer la gravedad institucional que importa la consideración de este proyecto, y la preocupación por su tratamiento selectivo.

Autora

María Julieta Cena

Más información

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

, ,

Los cupos femeninos SÍ son necesarios

Se encuentra en debate la reciente resolución dictaminada de oficio por el juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Reinaldo Rubén Rodríguez, quien impugnó la lista de 15 candidatas diputadas nacionales, presentada por el espacio político Ciudad Futura. El magistrado dispuso que la ley 24.012 garantizaba una igualdad de oportunidad y trato hacia las mujeres, que también tiene que ser garantizada para los hombres. Esa afirmación genera un inmediato cuestionamiento: ¿Cuál es la falta de oportunidad de acceso que tienen los hombres en los espacios políticos, con relación a las mujeres? 

Lamentablemente, en el vaivén de la interpretación de nuestra Constitución Nacional, y en particular el Art. 37, se siguen pasando por alto las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que goza de jerarquía constitucional y debe ser obligatoriamente tomada como norma vigente y complementaria de nuestra Carta Magna.

La CEDAW, en su Art. 4  Inc, 1, dispone: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Las leyes de cupo femenino no son otra cosa que estas “medidas especiales de carácter temporal” establecidas en este cuerpo normativo, que deberán cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. De allí surge el interrogante: ¿Ya hemos alcanzado tal igualdad entre hombres y mujeres?

Recientemente, y tras el fallo santafesino, algunos artículos periodísticos han tildado a la ley N° 24.012 como “discriminatoria para los hombres”. Pero, si aunque las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿Cómo es posible que en ningún espacio de toma de decisión en nuestro país hemos alcanzamos el 50% de representación?

La desigualdad entre géneros es manifiesta en todos los espacios, y el político está incluido de modo claro. Más aún cuando se reproducen de modo incansable los discursos que deslegitiman las leyes de cupo. La representación femenina obligatoria por cupo es el primer paso para garantizar la igualdad de oportunidades. Los partidos políticos deben encontrar representantes femeninas, con cualidades e idoneidad suficiente para ocupar estos puestos representativos, para que realmente hablen por las mujeres que forman parte de tales espacios.

No son las leyes de cupo las que obligan a los partidos a que las candidatas sean las “esposas de” o “figuras del espectáculo o del deporte sin vocación por la política y candidatos ficticios o testimoniales que «estafan sonriendo«, como afirman algunas notas periodísticas. Son los propios mecanismos machistas que no reconocen a las mujeres con la suficiente autonomía y mérito, como aptas para ocupar tales puestos de fundamental importancia democrática.

Sigue siendo difícil entender el debate alrededor de las leyes de cupo, cuando no se han escuchado ni leído propuestas alternativas que garanticen espacios reales a las mujeres, quienes han sido históricamente relegadas a lo privado, lejos de la política. No olvidemos que hace sólo 69 años que las mujeres han accedido al derecho al voto, y que la ley 24.012 fue promulgada recién en 1991.

Antes de la vigencia de la Ley de Cupo Femenino, las mujeres representantes de sus partidos en el Congreso no superaban el 6% del total de las bancas. Luego de su promulgación, en el año 2005, la participación femenina alcanzó el 36% en la Cámara de Diputados y el 42% en el Senado. En la actualidad, las mujeres ocupan el 41,7% en la Cámara de Senadores y el 38,5% en Diputados.

Las leyes de cupo son necesarias, y la sociedad y la comunidad política argentina siguen en deuda con la democracia, porque la paridad todavía no es real. No sigamos retrocediendo, y avancemos para dejar lugar a la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres.

Fuentes

– Periodistas y mujeres de políticos, un boom en el armado de listas. Editorial. Diario Clarin. Buenos Aires, 25/06/2017.

– Los cupos femeninos no son necesarios. Editorial. Diario La Nacion. Buenos Aires, 09/07/2017.

– Gabriel Sued. Las mujeres se unen en el Congreso por una ampliación del cupo femenino. Diario La Nación, Buenos Aires, 16/08/2016.

– Marcela Ríos Tobar (Ed.) Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina. Catalonia. Santiago, Chile, 2008.

Más información

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org