La médica residente del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal (Salta), Miranda Ruiz, se encuentra imputada en una causa penal iniciada en su contra en septiembre de 2021, tras haber intervenido en la realización de una práctica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La práctica había sido solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía. Al llegar al centro de salud fue atendida por un equipo interdisciplinario, quienes constataron que su situación se encuadraba en el supuesto de “causal salud” contemplado en el art. 4 de la Ley 27.610. Este supuesto contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso, autoadministrado, y produjo efectos mientras la profesional se encontraba trabajando en otro centro de salud.

Los procedimientos que se realizaron en este caso están dentro de la ley, se configuraron de conformidad con los protocolos oficiales y cada paso fue registrado en la historia clínica. La médica que hoy atraviesa un proceso penal por un delito no cometió, es parte de un equipo interdisciplinario que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.

Los hechos deben ser analizados conforme el marco legal vigente en materia de acceso a la ILE, con el debido resguardo a las garantías constitucionales contenidas en las normas locales y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Actuar de conformidad con la Ley 27.610 no constituye un delito y por eso corresponde dictar de inmediato el sobreseimiento de Miranda.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación frente a este caso y apoyan el pedido de sobreseimiento de la defensa. La persecución penal a una profesional de la salud que garantiza el acceso a la IVE y la ILE es alarmante, y tiene un impacto directo en la implementación de una política pública que prevé el acceso a un derecho humano fundamental.

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Desde 2021, Argentina integra oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para nuestro país, el AIIB  representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros. Sin embargo, el AIIB resulta un banco poco conocido. ¿Cómo funciona y qué implicancias tiene para el país el ingreso a esta institución impulsada principalmente por China? Presentamos un nuevo informe con el análisis.

El 30 de marzo de 2021, se oficializó la membresía de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés). El AIIB comenzó oficialmente su actividad en octubre de 2014. Se trata de un nuevo banco de desarrollo multilateral impulsado principalmente por China con foco en inversiones en infraestructura, orientadas especialmente a países emergentes. Su origen asiático no limita su accionar a una única región ya que el Banco  cuenta con un gran número de países miembros en otros continentes y con proyectos financiados en América del Sur, África y Europa.

El modelo propuesto por China tiene  características distintivas. El rasgo dominante es que las inversiones se focalizan en infraestructura, conectividad e industrialización, marcando una diferencia importante con entidades de financiamiento al desarrollo occidentales que, en los últimos tiempos, han orientado sus préstamos principalmente a reformas institucionales, proyectos de salud, educación o lucha contra la pobreza, entre otras. 

De este modo, postula una alternativa interesante para el financiamiento de una infraestructura que resulta en gran medida deficitaria en América Latina y, particularmente, en Argentina. Para nuestro país, el AIIB representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos y abre una oportunidad para contribuir a resolver sus históricos déficits en materia de infraestructura y conectividad. Por su parte, con aún escueta participación de América Latina, el Banco Asiático se consolida como opción viable para la región a la luz de las metas de desarrollo. A la fecha, se reportan cinco miembros latinoamericanos efectivos: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile. 

Desde sus orígenes, el AIIB se presentó como una opción diferente a las históricas instituciones multilaterales de desarrollo occidentales como el Banco Mundial, el BID o la Corporación Financiera Internacional (CFI). Sin embargo, el AIIB ha implementado un marco normativo y operativo muy similar al de aquellas instituciones, incluyendo políticas de acceso a la información, de rendición de cuentas y de regulación ambiental y social para autorizar los desembolsos. A su vez, contempla la cooperación y el cofinanciamiento con otros bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, adhiriendo a sus marcos regulatorios.   

A pesar de ello, desde su entrada en operaciones el Banco ha recibido críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas que han cuestionado su accionar en diferentes proyectos de desarrollo e incluso ciertas debilidades en su marco normativo. 

En este sentido, las implicancias que pueda tener el ingreso al BAII para la Argentina dependen en gran medida del tipo de vinculación que el país establezca con la institución y la forma en que logre aprovechar los potenciales recursos de financiamiento para infraestructura que pueda aportar el Banco. De igual modo, se debe evitar repetir los problemas en materia de participación pública, acceso a la información e impactos socioambientales que históricamente han estado asociados a los proyectos de desarrollo financiados por la banca multilateral.

Ante el desconocimiento general que existe en el país acerca de esta institución, resulta importante analizar en profundidad en qué consiste el Banco, cómo funciona y cuáles pueden ser las verdaderas implicancias de la membresía argentina. Para contribuir a ese objetivo, desde Fundeps  presentamos un informe que analiza parte de estos interrogantes.

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Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presidente argentino irá a Beijing el 4 de febrero para participar de la apertura de los Juegos Olímpicos y luego mantendrá encuentros con Xi Jinping. La expectativa es cerrar acuerdos firmes de inversión. Se espera que el ingreso a la Iniciativa de La Franja y la Ruta sea un punto sobresaliente de la visita.

Si no hay contramarchas por razones sanitarias, el 4 de febrero Alberto Fernández participará de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Además de los Juegos de Invierno, el viaje a Beijing coincide con la celebración de los 50 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y el gigante asiático. El viaje presidencial tendrá escalas en las ciudades de Moscú, Beijing y Bridgetown. 

La integración de la Argentina como un eslabón estratégico en el Cono Sur: la Iniciativa de la Franja y la Ruta

En la parada china, la mira está puesta en que la Argentina se incorpore a la denominada  Iniciativa de La Franja y la Ruta (IFR, también conocida como la “Nueva Ruta de la seda”). El canciller Santiago Cafiero ratificó la intención argentina de adherir oficialmente a la Iniciativa. Es la primera vez que desde Cancillería hay un pronunciamiento explícito sobre el tema, aunque fue anticipado por el embajador Vaca Narvaja.

La IFR es la marca con la que se conoce a la política exterior china de promover la inversión en infraestructura en el resto del mundo, principalmente en las zonas emergentes y en vías de desarrollo. Si bien se trata de una política presente desde principios de siglo, el concepto de la Franja y la Ruta empieza a surgir en 2013 cuando Xi Jinping asumió la presidencia de China y le brindó a esta práctica un mayor contenido programático y estratégico. A grandes rasgos, la Nueva Ruta de la Seda se trata de dos grandes rutas comerciales: una Franja (como vía de comunicación terrestre) y una Ruta (como vía marítima). En esa línea, con la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha buscado mejorar la conectividad comercial en torno a China y, en el terreno geopolítico, elevar el perfil del país en el hemisferio sur.

En total, 139 países, provenientes de África, Asia, Europa y minoritariamente de América Latina y el Caribe se han adherido a la IFR. La invitación a los países latinoamericanos para incorporarse se formalizó en el Foro China-CELAC, en enero de 2018. Al momento, 19 países del subcontinente han adherido a la Iniciativa, restando las tres mayores economías (Brasil, México y Argentina). De este modo, Argentina sería la primera en incorporarse. Por su parte, Panamá fue el primer país que se incorporó al proyecto chino.

Ahora bien, cabe destacar que no es un requisito excluyente adherirse a la Franja y la Ruta para recibir inversión china en materia de infraestructura. De hecho, según el relevamiento de Red ALC-China, entre 2018 y 2020, Argentina fue el mayor receptor de inversiones chinas en infraestructura de toda la región.

Desde el año 2009, China ha venido desarrollando aceleradamente la cooperación financiera con Argentina en materia de construcción de infraestructura, por lo cual ser parte de la IFR podría brindar mayor impulso a los 16 proyectos existentes y, posiblemente, sumaría otros. Sin embargo, para que la IFR resulte beneficiosa, será esencial que las contrapartes acuerden proyectos favorables para ambos países, que no consistan exclusivamente en el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de insumos procedentes de China y se basen en el desarrollo de inversiones y transferencia tecnológica, la asociación con compañías locales, el empleo de mano de obra e insumos argentinos y la realización de evaluaciones del impacto ambiental, (entre otros).

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Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El Gobierno envió un documento a Beijing con 17 proyectos de infraestructura que propuso para ser financiados con capital chino. Se esperan avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China.

En el documento titulado «Nuevo Plan Quinquenal Integrado a proponer» figuran los 17 proyectos que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Gustavo Béliz,  y el canciller Santiago Cafiero enviaron para evaluar los potenciales de sustento económico por parte de China. El documento se presentó ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), que es el órgano planificador del gobierno de Xi Jinping.

El Nuevo Plan Quinquenal Integrado contempla las siguientes obras:

1-Central nuclear IV

2-Represas del Sur Kirchner y Cepernic

3-Obras sistema de gasoductos

4-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea San Martín

5-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea Roca

6-Rehabilitación línea de ferrocarriles Belgrano Cargas

7-Plan modernización redes ferroviarias

8-Buenos Aires Pasajeros material rodante

9-Plantas de tratamiento de agua potable y acueductos

10-Parque fotovoltáico Cauchari 4 y 5 Ampliación

11-Puentes: Chaco/Corrientes- Santa Fe/Paraná

12-Corredores viales y mejoramientos

13-Programas de conectividad y fibra óptica

14-Obras de transmisión y distribución eléctrica

15-Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas

16-Programas de vivienda y hábitat

17-Parque eólico Cerro Arauco 

Además, en el documento girado desde Buenos Aires aparece el ítem 18 bajo el rubro “otros a definir/propuesta china”. 

El primer punto de los proyectos de inversión es la construcción de la central nuclear IV y merece una mención especial ya que  lleva más de 10 años en carpeta. Este proyecto de instalación de reactores nucleares con tecnología estrictamente china empezó a moldearse en el último año del gobierno de Cristina Fernandez. Probablemente, uno de los motivos que ralentice las negociaciones se vincule con que, al utilizarse el uranio enriquecido como combustible, se dejaría afuera la tecnología canadiense que históricamente utilizó la Argentina para sus centrales nucleares y esto implicaría la importación de una tecnología que ataría su funcionamiento al país asiático. De igual modo, la central sería «llave en mano». Al respecto, desde el Gobierno Nacional se resaltó el importante rol que la energía nuclear juega en la materialización de las metas de reducción de emisiones que la Argentina sostiene en los foros internacionales y se enfatizó en la importancia de maximizar la participación de la industria local y de una adecuada transferencia tecnológica.

También se cuestiona el costo de financiamiento: solo la central nuclear tendría un costo estimado entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Para avanzar en las negociaciones se encuentran la NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A) y la CENEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). 

Por el contrario, sobre las líneas ferroviarias norpatagónicas existen más consensos y diálogos concretos. 

En relación a los proyectos de aprovechamiento de la energía eólica se contempla la inversión en el Parque Eólico «Cerro Arauco» de La Rioja. De igual modo, se mencionan acuerdos para la construcción del Polo Energético en Zarate (gas). 

Por último, en la minuta de proyectos se nombra  la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras y la remodelación de los puentes Chaco-Corrientes y Santa Fe – Paraná. Igualmente, en el listado aparecen rubros ambiguos como los «Programas de conectividad y fibra óptica» que según fuentes del gobierno nacional aludirian al desarrollo de la tecnología 5G (o de quinta generación) en telefonía celular. También se mencionan «obras de transmisión y distribución eléctrica» que no tienen detalle alguno.

Como observación final, cabe señalar  que al menos 9 de estos proyectos  (construcción de central nuclear IV, Parque Voltaico Cauchari, Buenos Aires Pasajeros Material Rodante, Parque eólico Cerro Arauco, Rehabilitación sistema de Ferrocarriles líneas San Martín, Roca y Belgrano Cargas, Represas Kirchner y Cepernic,Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas) ya fueron incluidos previamente en el “Plan Quinquenal Integrado China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)», aunque en muchos casos no han habido avances concretos durante los últimos 5 años

Avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China

Argentina cuenta con una larga tradición en energía nuclear, con más de 70 años de experiencia en el rubro. En la actualidad, la energía nuclear representa el 7,5% de la matriz energética argentina y el gobierno de Alberto Fernández manifiesta intenciones de aumentar este porcentaje sobre la base de cooperación con China.

Con el objetivo de profundizar las relaciones en materia de tecnología nuclear, el embajador de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, dio un discurso en la celebración del “Día de CNNC” (Corporación Nuclear Nacional de China) y mantuvo una reunión con el gerente general de la State Power Investment Corporation (SPIC), uno de los cinco grupos energéticos de China y la generadora de energía solar más grande del mundo, con quien acordó la firma de un memorándum de entendimiento (MoU) que prevé la cooperación estratégica entre SPIC y la empresa rionegrina INVAP.

Al respecto, la representación diplomática en China, explicó que el objetivo al que se apunta con estas asociaciones en materia nuclear es que el país “pueda seguir diversificando sus oportunidades con el gigante asiático, más allá de la exportación de productos primarios”, con el horizonte de tener “una agenda de cooperación que tenga como eje central la transferencia de tecnología  y capacidades hacia las empresas del país. El memorándum se firmaría durante la visita presidencial anunciada para el mes de febrero.

Los proyectos que estarían en el memorándum. En relación al memorándum de entendimiento con SPIC, Vaca Narvaja detalló que ese acuerdo formalizará una serie de iniciativas conjuntas con la empresa argentina INVAP, entre ellos un proyecto de soluciones tecnológicas en el rubro de la medicina nuclear, sector en el que Argentina tiene desarrollos valorados a nivel mundial. La cooperación con INVAP se sumará a otros trabajos en conjunto con empresas argentinas del sector energético, como NUCLEARIS, radicada en Villa Martelli, dedicada a la fabricación de componentes mecánicos para la industria nuclear, que se encuentra encarando proyectos en China y  CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) y la mendocina IMPSA que están en conversaciones para el mantenimiento de centrales de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium) en suelo chino, una tecnología en la que la Argentina se ha especializado. 

Consideraciones finales

Puede concluirse, entonces, que la relación entre la Argentina y la República Popular China se intensifica en paralelo al rol cada vez más relevante del país asiático en la economía internacional.

En este sentido, la propuesta del Nuevo Plan Quinquenal se trata de una de las mayores apuestas del Gobierno en materia de acuerdos económicos y comerciales internacionales previstos para la post pandemia. Para Argentina, estos acuerdos representan una oportunidad de desarrollo, sin embargo se debe tener especial cautela en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial y la tendencia hacia la reprimarización de la economía argentina. Inexorablemente, el monitoreo sobre los proyectos resulta una pieza fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Tampoco se debe perder de vista la opacidad y la poca transparencia: resulta necesario hacer expresa referencia a las cuestiones de transparencia y acceso a la información de la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz pero no así sus detalles ni las especificaciones en cuanto a su implementación.

 

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En conjunto con Sanar, el jueves 20 de enero enviamos una carta a la Ministra de Salud de Nación (Dra. Carla Vizzotti), a la secretaría de Acceso a la Salud (Dra Sandra Tirado) y a la Directora del Instituto Nacional de Alimentos (Lic. Monica Lopez). Solicitamos que la reglamentación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, sea reglamentada en términos de transparencia, libre de conflictos de interés y con la participación de la sociedad civil.

Mientras el proyecto de ley se trataba en las distintas cámaras del Congreso de la Nación, se hicieron visibles los intentos por parte de la industria alimentaria para disminuir la rigurosidad de la misma. Sin éxito, ahora que es momento de su reglamentación, tememos por la posible interferencia de la industria con pedidos dirigidos a entorpecer y a dilatar el proceso. Por ejemplo, el corrimiento de los plazos de la aplicación de la ley y el intento de evitar el correcto etiquetado en ciertas formas de presentación de productos bebibles y comestibles.

De dar lugar a estas posibles interferencias, se podrían debilitar otras regulaciones que integran a la normativa; especialmente las que están destinadas a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como son los niños, niñas, adolescentes, y las familias de escasos ingresos.

Es debido a esto, que desde las distintas organizaciones de la sociedad civil realizamos diferentes acciones que demuestran nuestro interés en participar en los procesos relacionados a la reglamentación de la ley; ya que al no tener ningún tipo de conflicto de interés, podemos garantizar que la misma se reglamente de forma transparente y de acuerdo a los derechos adquiridos al momento de sancionarse.

El cuidado de la salud de la población argentina todavía no está seguro, y necesitamos que desde los entes ministeriales y competentes se garanticen procesos que respeten que la reglamentación de ley va a estar basada en la evidencia científica existente sobre el tema, de forma clara y transparente.

Autora
Lourdes Aparicio

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

La Brigada de Explosivos de la Policía de la provincia de Córdoba realizará durante todo el mes de enero la detonación de ocho toneladas de explosivos en la Reserva Natural de la Defensa La Calera. Según trascendió, las explosiones fueron ordenadas por un tribunal federal en el marco de una causa judicial.

La reserva de La Calera es una Reserva Natural de Defensa. Esta categoría de área protegida no está exclusivamente destinada a la conservación como, por ejemplo, los parques nacionales. Sin embargo, por su alto valor para la conservación de la biodiversidad, se busca la preservación y protección de sus características naturales. Se trata de predios que pertenecen al Ejército Argentino, utilizados para fines de defensa, pero que por su importancia ecosistémica, patrimonio cultural o natural, ingresan en un régimen de protección. 

Estas áreas son administradas por un Comité Local Mixto, conformado por representantes de la Administración de Parques Nacionales y de las Fuerzas Armadas. En estos territorios se cumplen dos funciones. Por un lado, aquellas asociadas a las tareas militares, y por otro, las vinculadas a la conservación de la biodiversidad. Las actividades militares tienen prioridad sobre estas últimas, de acuerdo al marco normativo que regula estas áreas. Es importante aclarar que si bien estas áreas pertenecen al Estado Nacional para el desarrollo de sus funciones, no se encuentran exentas del cumplimiento de la normativa ambiental tanto de presupuestos mínimos nacional como provincial. Recordemos que las facultades de regulación, autorización y fiscalización en materia ambiental dentro del territorio provincial, pertenecen a la provincia, aun en aquellos sitios que sean de utilidad nacional, siempre y cuando las funciones de estos establecimientos no se vean afectadas por el ejercicio de aquellas facultades. 

Ahora bien, la Ley General del Ambiente N° 25.675 exige que toda actividad que pueda degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población, deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. 

Por su parte, la Ley Provincial 10.208, dispone la obligatoriedad de este procedimiento para aquellas actividades que se encuentren comprendidas en su ANEXO I, entre las que se encuentra toda actividad a ejecutarse dentro de una porción territorial comprendida en el régimen de la Ley de Áreas Naturales Provinciales o de normas nacionales similares o equivalentes, o áreas con bienes de valor arqueológico o histórico cultural (como sucede en la Reserva de La Calera). 

A partir de este análisis, es posible advertir que toda actividad que se realice en la Reserva de Defensa La Calera, deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental ante la autoridad provincial, siempre y cuando esto no interfiera con las funciones militares que allí se realizan. 

La detonación de 8 toneladas de explosivos por parte de la Policía de la Provincia, sin dudas no forma parte de la función militar propia de las Fuerzas Armadas

Ante este panorama, es posible concluir que las explosiones deberían haberse sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental previo a su realización, y obtener la correspondiente autorización por parte de la autoridad local. Pues se trata de una actividad sujeta obligatoriamente a este procedimiento por la normativa provincial, el cual no interferiría con la función militar, ya que la detonación no obedece a una actividad de las Fuerzas Armadas, sino que responde a la actividad de la fuerza policial provincial. 

Cabe destacar que las comunidades que habitan en la zona, no tuvieron oportunidad de acceder a la información sobre las detonaciones, ni brindar su opinión al respecto, tal y como lo garantiza el Acuerdo De Escazú y las leyes locales. 

Lo más llamativo del caso es que la propia Administración de Parques Nacionales, que interviene en la gestión de la Reserva, parece no haber efectuado reparo alguno en las detonaciones y sus posibles impactos negativos, como así tampoco las autoridades provinciales -Secretaría de Ambiente, Policía Ambiental-. También es posible interrogarse sobre el origen judicial de la medida y la obligatoriedad de analizar los posibles impactos de su accionar. Al respecto cabe recordar que la normativa ambiental es obligatoria para toda autoridad del Estado y es el deber de estas preservar el ambiente, como así también aplicar las normas de presupuestos mínimos ambientales.  

En resumen, la Reserva de Calera posee funciones ecosistémicas fundamentales. Su flora regula los aportes pluviales, garantiza la recarga del río Suquía, impide el impacto de las lluvias en barrios periféricos, constituye un corredor verde entre el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Pampa de Achala, además de custodiar patrimonio arqueológico y un gran cúmulo de especies de flora y fauna (325 especies nativas, 7 amenazadas). No evaluar el potencial impacto ambiental de las detonaciones, no solo viola la normativa ambiental local, sino que pone en riesgo a las comunidades que habitan las cercanías y, sobre todo, afecta seriamente los servicios ambientales que la Reserva brinda.  

Por la importancia de este tipo de áreas, es prioritario que el Estado garantice la aplicación de la normativa vigente en materia ambiental. Además,  esta categoría de áreas protegidas debe  institucionalizarse mediante la sanción de una ley que delinee con exactitud el régimen aplicable y las restricciones en su utilización, para el logro eficiente de los objetivos de conservación, tal y como lo pretenden numerosos proyectos de ley con actual estado parlamentario en el Congreso de la Nación. 

 

Links de interés:

Convenio Marco de Cooperación

Protocolo de creación de la Reserva de Defensa La Calera

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

Estado de situación durante el primer año de pandemia y recomendaciones para promover medidas con perspectiva de género. 

Durante el año 2020, junto a otras organizaciones, trabajamos en la elaboración de un informe que presenta un monitoreo de las respuestas dadas por el Estado argentino para abordar la pandemia y el impacto de estas respuestas en los derechos de las mujeres. Este monitoreo busca informar sobre el estado de situación de los derechos de las mujeres en Argentina en el marco de la pandemia de COVID-19 durante su primer año, contribuir al cumplimiento de los derechos de las mujeres y la justicia de género e instar al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos desde una perspectiva de género. 

Dentro de esta Mesa de Género se ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado este informe integrado por Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Observatorio de Adolescentes y Jóvenes/Instituto de Investigaciones Gino Germani (OAJ/IIGG), Organización Feminista La Hoguera, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Xumek, A.C. para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. 

El informe describe las iniciativas y abordajes adoptados por el gobierno argentino para proteger los derechos de las mujeres y diversidades durante el primer año de pandemia desde marzo de 2020, cuando se informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país, hasta fines de 2020. Se abordan los siguientes temas prioritarios: participación política y perspectiva de género en las medidas; violencias por razones de género; el derecho al cuidado; y el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Pese a que la venta y exposición de animales en vidrieras es una práctica prohibida en Córdoba, todavía es común verlos exhibidos en algunas veterinarias de la ciudad.

La prohibición empezó a regir luego de que se aprobara por unanimidad la ordenanza municipal N° 9575, en septiembre de 2019 en la Comisión de Salud Pública.  Comenzó a aplicarse en marzo de 2020 y las veterinarias contaron con un plazo de 180 días para adecuarse a la normativa. 

La ordenanza en su artículo 6 bis aclara que la prohibición comprende cualquier tipo de exhibición, ya sea para venta o adopción. En cuanto a las condiciones de los locales autorizados para la comercialización de animales domésticos, establece que estos deben estar aislados, con ventilación conveniente, debiendo cumplir los requisitos generales y asegurar las condiciones suficientes para su contención en óptimo estado higiénico-sanitario. En el artículo 8 determina que las jaulas que se utilicen para contenerlos deben ser las específicas de cada especie, con bandejas sanitarias, bebederos y comederos en perfecto estado de aseo. 

Además, de forma novedosa, contiene un artículo que da lugar a que los comercios dedicados a la venta de mascotas colaboren con las actividades de adopción de animales que lleve adelante el Municipio, incentivando de esta manera la adopción de animales “de la calle”.

Lamentablemente, aunque ya han pasado más de dos años de su entrada en vigor, aún existen locales que no se adecuan a la normativa configurando de esta manera una contravención y, eventualmente, un delito. Ante su incumplimiento, además de la aplicación del Código Municipal de Faltas, según lo que determina la ordenanza 9575, contamos con la ley nacional 14.346 (conocida como Ley Sarmiento) sancionada en 1954. La misma establece una pena de 15 días a 1 año para aquellas personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a animales. 

Es posible pensar que si las condiciones, establecidas por la ordenanza municipal, garantizan el bienestar físico y psicológico de los animales protegidos por la normativa, su incumplimiento constituye un serio indicio de que condiciones diferentes a las exigidas, generarán un serio perjuicio para el bienestar animal; lo que colocaría a la conducta en un supuesto de comisión del delito de maltrato animal (Art. 3, inc. 7° de la Ley Nacional 14.346). 

Es importante visibilizar y tomar conciencia de que estos tipos de conductas son intolerables. Además la normativa vigente brinda herramientas para que, en el caso de que sea necesario, se realicen las correspondientes denuncias penales. Es posible formularlas en cualquier unidad judicial, frente a la policía judicial o, en su defecto, en Tribunales II en la fiscalía de turno. 

 

Autoras

Carla Bisoglio

Brenda Cuello

Ananda Lavayén

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

 

El pasado 1 de diciembre presentamos el informe “Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la Sostenibilidad de la Vida” junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur. Fue un encuentro de cierre de año en el que reflexionamos sobre Economía feminista y autogestión junto a diversas organizaciones.

En el mundo en el que vivimos predominan lógicas de producción, de organización del trabajo y de distribución de las riquezas que son injustas. Están fundadas en un capitalismo neoliberal, colonial y heterocispatriarcal que legitima y sostiene desigualdades que benefician a unos pocos: a un varón, blanco, adulto, burgués, occidental, hetorosexual, cisgénero en torno al cual se ha organizado toda la economía. 

Frente a este modelo que prioriza a los mercados y a la acumulación ilimitada de riquezas en pocas manos, se plantean las Otras Economías. Estas se constituyen, en diferente medida y forma, en alternativas reales, y son visibles en organizaciones autogestivas de la Economía Feminista, Popular, Ecológica, Social y Solidaria. Se caracterizan por poseer prácticas basadas en el apoyo mutuo; la solidaridad y sororidad; el sostén colectivo y la cooperación; la valoración no sólo del trabajo productivo sino del trabajo de reproducción social y de la vida, el reconocimiento de su indivisibilidad y de su histórica feminización e invisibilización; la inclusión y el cuidado de la vida de sus integrantes y de la naturaleza, evitando lógicas individualistas, egoístas y competitivas que atentan contra la vida. 

Con este norte, a partir del 2020 hemos realizado  diferentes actividades junto a organizaciones y espacios que apuestan por una transformación socioeconómica. 

El 2020 fue un año de mucho trabajo, junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba, centrado en la producción de conocimiento situado sobre las experiencias autogestivas y de contenido destinado a la visibilización de las mismas. Como resultado, realizamos el informe “Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la Sostenibilidad de la Vida. También llevamos adelante un ciclo encuentros virtuales sobre Economía Feminista en los que reflexionamos, junto a organizaciones y especialistas, sobre los obstáculos y posibilidades de llevar adelante y fortalecer otras lógicas de producción, distribución, consumo y de organización del trabajo más equitativas y centradas en las personas. 

Además, construimos un recursero con herramientas legales, administrativas y tributarias para la autogestión y cuatro cortos audiovisuales. Este año, junto a la Incubadora Feminista Latinoamericana, realizamos un proceso de fortalecimiento interno de 7 organizaciones autogestivas de las Otras Economías de la provincia de Córdoba, con el fin de construir herramientas que les sirvan para avanzar hacia su sostenibilidad económica desde una perspectiva de la Economía Feminista. Esto implica pensar, construir y planificar estrategias para que, con los recursos disponibles, los espacios  puedan llevar adelante procesos económicos sostenibles a mediano y largo plazo, considerando y respetando los tiempos de la naturaleza así como los tiempos y necesidades de sus integrantes y de las comunidades en las que se encuentran.

El evento

El pasado 1 de diciembre nos reunimos para hacer la presentación del  mencionado informe “Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida”. Este informe es producto de un año de investigación realizado en plena pandemia. Su objetivo es comenzar a conocer y visibilizar una pequeña parte del diverso universo de las experiencias autogestivas y comunitarias de Córdoba, desde la mirada crítica que nos brinda la Economía Feminista, en diálogo con la Economía Popular, Economía Ecológica y la Economía Social y Solidaria. Es decir, desde una perspectiva que pretende subvertir la economía y construir otra que garantice la provisión de todo lo que se necesita para la sostenibilidad de la vida humana y no humana, a través de procesos económicos que preserven el planeta y sean respetuosos de la dignidad humana. Este enfoque es el de la Sostenibilidad de la Vida y lo adoptamos porque es multidimensional, holístico ya que integra todas las sostenibilidades: económica, social, ecológica, la humana y las complejas y dinámicas interrelaciones que se dan entre todas ellas a lo largo del tiempo y en territorios y experiencias concretas. 

Creemos que esta perspectiva tiene potencia transformadora al permitirnos identificar, por un lado, las relaciones de desigualdad, como las de género, de clase, procesos de racialización, entre otras, que se sostienen a partir de lógicas biocidas y androcéntricas. Pero por el otro lado, también nos ayuda a reconocer otro tipo de experiencias que llevan adelante prácticas distintas a las de la economía dominante y que responden a lógicas propias de las Otras Economías. 

Desde este lugar, entendemos que la Economía Feminista se nos plantea como una perspectiva necesaria para pensar, desarrollar y fortalecer alternativas a favor de la sostenibilidad de la vida ya que:

  • Abre el debate en torno a cuáles son los límites de lo que entendemos por economía, el papel del género en ella y las consecuentes desigualdades.
  • Amplía el concepto de trabajo y reconoce la importancia de los trabajos que hacen a la reproducción social y de la vida, De esta manera visibiliza y pone en el centro de la escena los cuidados que hacen posible la vida, propone su distribución justa, al tiempo que nos concibe como personas interdependientes las unas con las otras. 
  • Cuestiona los fundamentos de la división sexual del trabajo.

El informe que presentamos, es una síntesis que incluye nuestro posicionamiento y también las líneas de acción en relación a la agenda de Economía Feminista que estamos construyendo. Agenda que la concebimos como estratégica y transversal a todo Fundeps ya que toca y problematiza todos los aspectos de nuestra vida; y a partir de la cual generamos y potenciamos alianzas y redes de trabajo conjunto. 

La sostenibilidad de la vida como un camino de transformación

Creemos que este tipo de experiencias autogestivas, pueden brindarnos herramientas y prácticas para resolver de una manera más equitativa las desigualdades que se sostienen a costa de la invisibilización y explotación de los cuerpos y las vidas principalmente de identidades feminizadas y disidencias sexogenéricas, que se profundizan en este contexto de crisis que estamos viviendo: crisis climática, sanitaria, social, económica, civilizatoria y de cuidados. 

Su existencia, estrategias y formas de organización, producción y consumo, han cobrado una esencial importancia en las economías locales, y se presentan en mayor o menor medida y de diferentes maneras, como una alternativa real a un sistema fundado en la violencia, la opresión, el empobrecimiento y en las desigualdades de género, de clase, étnico raciales, de edad, etc.

Esto no ocurre sin tensiones o matices ya que existen diferentes posturas y acciones tomadas por estos espacios en relación al Estado y a las lógicas capitalistas predominantes. El universo de la autogestión es sumamente amplio y heterogéneo. Estos espacios, como cualquier otro, no quedan exentos de las lógicas de desigualdad estructural que incluso pueden reproducirse en su interior. Sin embargo, poseen condiciones propicias para llevar adelante diversas prácticas orientadas a la Sostenibilidad de la Vida, al subvertir dichas situaciones de saqueo y desigualdad. 

Si queremos una salida democrática y más equitativa, es urgente y necesaria una transformación, un cambio de paradigma y un cambio de sistema que reconozca y fortalezca espacios autogestivos con lógicas de las Otras Economías que emprenden identidades feminizadas y disidencias, para que sus vidas y las de sus comunidades sean dignas y sostenibles. Esto implica una apuesta por propuestas profundamente transformadoras que comprometa a todos los actores sociales. 

Para esto, es relevante la articulación de iniciativas locales y regionales que apunten a este fin, y que permitan la generación de datos, relevamiento de información, visibilización, organización, articulación y potenciación de sus actividades. Sabemos que lo que nos sostienen son las redes, entonces las ampliemos, potenciemos y fortalezcamos.

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Durante los meses de octubre y noviembre, junto con la participación de  especialistas en la materia, se dictaron tres encuentros virtuales sincrónicos en donde se abordaron aspectos relacionados al acceso a la información pública ambiental y las herramientas que brinda el Acuerdo de Escazú. Habiendo finalizado y culminado el proyecto, gracias a la información brindada por las personas participantes, los intercambios y debates que se dieron, realizamos una serie de reflexiones y cuestionamientos al efectivo cumplimiento y ejercicio de este derecho.

El primero de los tres talleres, contó con la disertación de María Laura Foradori, abogada y especialista en Educación Ambiental, el segundo con Ana Di Pangracio, abogada y Directora Ejecutiva de Farn, y el tercero, eminentemente práctico, fue dirigido y acompañado por integrantes del equipo de Fundeps.

Durante los encuentros, en virtud de las expresiones y comentarios que se dieron, fue posible advertir una gran demanda insatisfecha de los grupos de personas y organizaciones de la sociedad civil que pretenden acceder a la información asociada a numerosas problemáticas ambientales. También, indirectamente, se observa una escalada en la conflictividad socio-ambiental, una creciente conciencia en relación a la importancia del cuidado del ambiente y la necesidad de involucrarse en su protección. 

Aquellas demandas, en parte, se consolidan a partir del desconocimiento de las herramientas e instrumentos que permiten acceder a la información pública en general, y ambiental en particular. Por otro lado, también pueden tener origen en el descreimiento en el funcionamiento institucional, a partir de experiencias atravesadas por un alto grado de incumplimiento a la hora de recibir respuestas. Además, la necesidad de acudir la mayoría de las veces a las a vías judiciales de reclamo repercute en la voluntad de la ciudadanía, deslegitimándose por ello el diseño institucional que garantiza el acceso a la información ambiental.

Ante este escenario, creemos que es necesario realizar ajustes institucionales mediante políticas públicas que den a conocer y acerquen las herramientas de acceso a la información ambiental a la ciudadanía. Asimismo, resulta imperioso que se realicen mejoras para garantizar que el Estado cumpla con su obligación de dar respuestas. 

Para que esto sea posible, proponemos una serie de recomendaciones y sugerencias a las autoridades, entre ellas, actualización de la ley de Acceso a la Información Pública en la provincia de Córdoba, la creación de una Agencia u Oficina con competencia en la materia, mejoras en los mecanismos de solicitud de información de modo que sean de fácil comprensión y acceso para la ciudadanía, mejora en el índice de respuesta a las solicitudes de información que se efectúan, capacitación a las autoridades sobre el acceso a la información pública como derecho humano y la implementación de órganos y entes especializados en materia ambiental para el monitoreo y fiscalización de toda solicitud de información.

A su vez, es necesaria la adecuación de la normativa de presupuestos mínimos ambientales en materia de acceso a la información a los estándares del Acuerdo de Escazú ya que este reafirma y refuerza los derechos de las personas a acceder y participar en los asuntos ambientales, la democracia ambiental y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino ante eventuales incumplimientos.

Para finalizar, también debemos destacar el rol fundamental que asume la sociedad civil organizada y ciudadanía en el ejercicio de este derecho. Por un lado, en seguir dando herramientas e  involucrarnos en ejercer responsablemente este derecho y a la vez, ofrecer alternativas de solución a las autoridades para que  garanticen los derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú.

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Autora

Ananda Lavayén

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

Rumbo al festejo de los 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, los vínculos entre ambos países se continúan intensificando. El pasado 30 de octubre, el canciller argentino Santiago Cafiero mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en el marco de la cumbre del G20. Allí, acordaron trabajar de manera conjunta en áreas estratégicas: energía, comunicaciones y Antártida.

Mientras los jefes de Estado y de  Gobierno del G20 se reunieron en Roma para celebrar una cumbre crucial hacia la consolidación de un pacto de cero emisiones, el canciller argentino aprovechó la oportunidad para reunirse con su par de China, Wang Yi. En dicho encuentro, el gigante asiático se comprometió a continuar con la venta de vacunas y material sanitario al gobierno argentino, y a concretar lo antes posible un Memorándum de Entendimiento de cooperación para promover la sinergia de sus respectivas estrategias de desarrollo en áreas como las comunicaciones (5G), minería, energía, la explotación de la Antártida y los mares, y en materia aeroespacial.

El ministro chino destacó el trabajo conjunto entre ambos países. De acuerdo con Wang, dicha labor se enmarca en relaciones diplomáticas de larga data caracterizadas por el respeto mutuo, equidad y el firme apoyo en temas de interés central para cada una de las partes. Asimismo, dió cuenta de la fortaleza del vínculo sino-argentino luego de resistir una situación internacional volátil.

Esta intensificación de las relaciones se da de manera concomitante con dos situaciones, por un lado,  un rol cada vez más protagónico de China en el comercio internacional y, por otro lado, un proceso de transformación del orden internacional caracterizado por el declive hegemónico de los Estados Unidos y el ascenso sostenido de China. Las instituciones internacionales son escenarios donde se deliberan, proponen y acuerdan reglas y normas. También se les proporciona o confían algún tipo de autoridad hacia sus miembros. Esto explica la motivación de las potencias por tener un papel de liderazgo en las instituciones internacionales y, en caso de no lograrlo, suelen decidir no unirse a ellas, salirse, o crear nuevas instituciones como lo viene haciendo China en el transcurso del último tiempo, pasando de ser un tomador de normas a un generador de normas, donde la creación de instituciones  se convirtió en una herramienta central de la diplomacia China. 

En ese sentido, en el encuentro entre las autoridades chinas y argentinas, Wang propuso, en vistas a cumplirse en 2022 los 50 años de relaciones diplomáticas, conformar una Comisión Binacional Permanente para favorecer el diálogo bilateral. Así, China garantizaría sus acuerdos estratégicos con el gobierno argentino y promovería la radicación de empresas chinas en territorio argentino.

Por último, cabe destacar que ante la intranquilidad de Estados Unidos sobre los acercamientos entre China y Argentina, y la necesidad de contar con el apoyo del hegemón en las negociaciones con el FMI, desde el gobierno argentino se está evaluando con cautela no sólo el contenido de estos acuerdos con China sino también cuándo sería el momento oportuno para concretarlos. 

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Autora

Clara Labat 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Las organizaciones de la sociedad civil Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompañaron hoy
consideraciones de derecho en el marco del proceso penal de una médica residente de Salta que realizó una ILE en el marco de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como parte del equipo de salud del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.

La práctica había sido solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía. Cuando la recibieron en el centro de salud fue atendida por un equipo interdisciplinario, quienes, con aval del director del hospital, constataron que se trataba de la causal salud y que estaba debidamente justificada. Se trata de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.

Los procedimientos que realizó el equipo médico están dentro de la ley y cada paso fue registrado en la historia clínica. La médica que hoy atraviesa un proceso penal es la única profesional no objetora, que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.

Resulta fundamental que este caso sea analizado a la luz de las normas locales y en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Un embarazo puede legalmente interrumpirse cuando cualquier dimensión de la salud está en riesgo, ya sea la salud física, psíquica o social.

Asimismo, se debe tener particular consideración por el interés social que rige en esta materia, así como el impacto que tiene cualquier decisión judicial en relación a la implementación de una política pública que prevé el acceso a un derecho humano fundamental como es el acceso a la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo.

#SobreseimientoAMirandaYA