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El 28 de junio se celebra el día internacional del orgullo LGBT+ en conmemoración a una serie de hechos conocidos como “disturbios de Stonewell” que marcan el comienzo de la lucha por los derechos del colectivo.

Una redada policial que perseguía a personas homosexuales que frecuentaban el bar Stonewall Inn de Nueva York dio lugar a las manifestaciones que, en 1969, fueron el hito más visible e icónico de la época en la lucha de la comunidad LGBT+.

Este 28J encuentra al colectivo continuando y profundizando esta lucha. Las organizaciones travestis y trans celebran esta fecha con la convocatoria a la tercera marcha nacional bajo la consigna: “Basta de travesticidios y transfemicidios”. Habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.

Dos sucesos importantes acompañan este día. En primer lugar, el fallo inédito e histórico del 18 de junio que condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen contra la activista travesti de derechos humanos Diana Sacayán. Fue la primera vez que la Justicia utilizó el  término “travesticidio” en los expedientes. En la sentencia, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió violencia de género. Por otro lado, el mismo día, la Organización Mundial de la Salud excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales, marcando un gran avance en el reclamo histórico del colectivo LGBT+ por la despatologización total de la transexualidad y de la diversidad humana.

Además, hoy a las 14 hs. se presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca la promoción del empleo formal para personas trans y travestis en el ámbito provincial. Esta iniciativa local se enmarca en Campaña Nacional por la Inclusión Laboral trans y travestis que se lanzó en el año 2016.

En un contexto sociocultural de cada vez más respeto y tolerancia hacia los colectivos oprimidos y las minorías, aún queda mucho por hacer. Si bien no hay cifras oficiales, las organizaciones cuentan más de 40 víctimas de travesticidios y transfemicidos en lo que va del año. También preocupa el promedio de vida de la comunidad trans, que roza apenas los 35 años.

“Salimos a las calles para gritar basta de travesticidios y transfemicidios, basta de crímenes de odio, basta de muertes evitables, basta de exclusión, basta de persecución y criminalización, basta de negarnos el acceso al trabajo, exigimos la ley de cupo laboral en todo el país, por la efectiva aplicación y respeto de la ley de identidad de género, sobre todo en el ámbito de la salud, porque se entregue la medicación a personas viviendo con VIH-SIDA, y por la aprobación de una ley de reparación histórica para personas travestis y trans víctimas de la violencia institucional” manifiestan las consignas en este día del orgullo.

Autora:

Mayca Balaguer

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Las organizaciones abajo firmantes repudiamos las declaraciones de ciertas instituciones de salud en relación a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El Hospital Privado Universitario de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola se oponen a los artículos de la ley que disponen su responsabilidad de garantizar la práctica y que prohíben la objeción de conciencia institucional. Adhirieron a estos comunicados tres clínicas privadas de la ciudad de San Francisco: el Sanatorio Argentino, la Clínica de Especialidades Enrique Carrá y la Clínica San Justo.

El proyecto de ley establece en su artículo 13 la responsabilidad de los establecimientos de salud de efectivizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin autorización judicial previa, sin requisitos que dificulten el acceso y debiendo garantizar a la mujer o persona gestante la utilización de la mejor práctica disponible según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además dispone que la atención debe ser ágil e inmediata, respetando la privacidad durante todo el proceso.

Por otro lado, el artículo 15 regula la objeción de conciencia. Dispone que la única forma para que el/la profesional de la salud pueda eximirse de su obligación de garantizar el acceso a la práctica es a través de la manifestación previa, individual y escrita de su objeción de conciencia. Esta objeción debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe. No rige la objeción en el caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata. Luego, dispone que cada establecimiento debe llevar un registro de profesionales objetores, y prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

Además, dentro de las modificaciones al Código Penal, se prevé el agregado de un artículo que contempla el delito cometido por las autoridades de los establecimientos salud o profesionales de la salud que dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto cuando está legalmente autorizado. Se reprime esta conducta con prisión de tres meses a un año, y se agrava la pena si como resultado se genera perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.

Los establecimientos de salud se expresaron en contra de la ley en general y de estos artículos en particular, argumentando que quieren “elegir cómo curar y cuidar a los argentinos”, que tienen el deber de defender “los derechos del más débil de la sociedad” y que su trabajo requiere el “respeto a la libertad de conciencia institucional”.

Para empezar, recordamos que los establecimientos de salud, aún los privados, deben respetar y cumplir con reglas y estándares de atención para garantizar el derecho a la salud, en general, de todos sus pacientes, incluida la salud sexual y reproductiva. Esto implica que la actividad médica y el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud son regladas, no libres.

Por otro lado, la pretendida defensa o protección “del más débil” no podría darse en el marco de la negación de una práctica médica autorizada por la ley. Menos cuando el espíritu de la ley es el de remediar el problema de las muertes maternas evitables.

El proceso democrático de sanción de esta ley, aún incompleto, fue hasta ahora ejemplar. Durante dos meses diputados y diputadas escucharon las exposiciones de cientos de expertos y expertas en la materia. Muchas de las personas expositoras pertenecen a la comunidad médica, incluido el actual Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que recomendó la legalización. Igual que él, los ex Ministros de Salud Ginés González García y Daniel Gollán dieron sus argumentos apoyando la ley.  

Por último, remarcamos que la ley aprobada en la Cámara Baja contempla la objeción de conciencia individual. Por lo tanto, profesionales de salud que consideren que la práctica del aborto está en contra de sus creencias religiosas o morales, pueden negarse a hacerla siempre y cuando respeten las disposiciones de la ley. La posibilidad de objetar sólo puede tenerla un individuo con agencia moral, es decir, un individuo que puede realizar actos y darles un significado a los mismos. Una institución, como tal, no tiene agencia moral, y por lo tanto, consideramos acertada la prohibición de la objeción de conciencia institucional que propone la ley.

El hecho de que existan centros de salud que se nieguen a realizar esta práctica de manera absoluta, constituye un obstáculo para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Con estas declaraciones de ejercicio de una pretendida conciencia basada en estatutos jurídicos, las autoridades de centros de salud, además de limitar el derechos, están ejerciendo una clara presión sobre la libertad de conciencia de su planta de profesionales

Las instituciones de salud deben asumir un compromiso con la salud sexual y reproductiva, en consonancia con el proyecto de ley -en caso de entrar en vigencia-, otras leyes relacionadas y vigentes, y las disposiciones que sobre esta materia contienen los tratados internacionales de derechos humanos en temas de salud.

Quien está a cargo de tutelar los derechos de toda la ciudadanía es el Estado, a través de su potestad legislativa, como en este caso, y de políticas públicas que hagan efectiva su aplicación. Las entidades de salud deben, en consecuencia, acompañar estas decisiones.

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba

Córdoba de Todos

Socorristas Córdoba Hilando

SEAP – Servicio a la Acción Popular

Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro

Alternativa por el Cambio Profesional

La Jauretche

MuMaLa – Mujeres de la Matria Latinoamericana Córdoba

Secretaría de Géneros – FUC

Católicas por el Derecho a Decidir

Federación de Estudiantes Secundarios

Corriente Política y Social La Colectiva

Programa Género y Sexualidades, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)

Mujeres Evita

Mujeres Socialistas – Córdoba Capital y Provincia

Muchachas Peronistas

Patria Grande Córdoba

Fundación Mujeres en Igualdad

Mil Flores Frente de Mujeres

CTA Autónoma de Cordoba

ISlyMA CTA (Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente)

Isadora – Mujeres en Lucha

Izquierda Socialista + independientes

Consultorio Salud Integral

Fundación ECOS

Centro Socialista de Córdoba

Martín Fresneda – Legislador Provincial

Cecilia Merchán – Diputada Nacional del Parlasur

Casa de las Mujeres de Córdoba

Colectivo Ni Una Menos – Córdoba
La Bisagra – MPE
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) 
Alianza Nacional de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres
Mujeres X Mujeres (Tucumán)
Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral
Encuentro de Organizaciones (EO)
Insgenar
Red de Profesoras de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA 

El debate parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación llegó a su fin durante la mañana del jueves, luego de una maratónica sesión, y arrojó como resultado la esperada media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.  Así fue, que a las 9.51, aparecieron registrados los números en la pantalla y tanto el recinto como las afueras del Congreso estallaron en gritos, aplausos, llanto y abrazos.

Después de 22 horas continuas de debate, con 129 votos positivos, 125 negativos y 1 abstención, lxs diputadxs presentes aprobaron el dictamen de consenso que se generó en el marco del plenario de las cuatro comisiones que se ocuparon del tratamiento del proyecto.

Durante casi dos meses, la Cámara albergó a más de 700 expositores dando un marco de gran amplitud de visiones y calidad institucional que enriqueció y dio herramientas para el debate legislativo. De esta manera, se llegó a un dictamen de consenso entre los 9 proyectos presentados, con un proyecto de ley basado en el presentado por la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

El Diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General y quien presidió las Audiencias Públicas, abrió la Sesión con un contundente discurso sobre las razones por las cuáles el aborto debe ser legal: “Es un día histórico, por primera vez se va a tratar un proyecto de despenalización y legalización del aborto en este recinto. En primer lugar, gracias al movimiento de mujeres, de las mujeres de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que vienen trabajando hace muchos años en un proyecto que legalice la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. (…) Los miles de abortos clandestinos que se hacen por año en Argentina son un problema que tenemos que resolver.  Durante las audiencias, tres ministros de salud de dos gobiernos distintos, coincidieron en que la legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas. Por lo tanto no hay ninguna duda de hacia dónde tiene que estar nuestro voto. De ninguna manera este proyecto es inconstitucional: este proyecto es absolutamente compatible con nuestra carta magna y los tratados internacionales. El dictamen que propone el rechazo propone mantener un problema de salud pública, cientos de miles de abortos clandestinos por año, al menos 43 muertes durante 2016.  Nadie legisla por la muerte, todos legislamos por la vida”.

El debate se dio en las vísperas del inicio del Mundial de Fútbol, con millones de personas depositando su atención en el evento deportivo del año. Sin embargo, esto no impidió que otrxs cientos de miles de personas centren su atención y energías sobre este proyecto.

Con un contexto político de ajuste económico y poco compromiso en materia de derechos humanos y políticas públicas de inclusión, es evidente que el feminismo es una lucha transversal que logró poner y mantener el tema en la agenda política del país.

 

La vigilia

Durante la jornada, las organizaciones de mujeres y activistas de todo el país se organizaron para ver y escuchar juntas el debate, expectantes y emocionadas con su propia semifinal del Mundial. Con tomas en las escuelas, intervenciones artísticas, homenajes a activistas históricas, pañuelazos, presentaciones musicales y mucho color verde, el movimiento feminista se encontró más hermanado que nunca.

En Buenos Aires, la vigilia fue frente al Congreso y asistieron cientos de miles de personas, locales y de todo el país. En Córdoba, el encuentro fue en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, que transmitió el debate mientras afuera se llevaron a cabo distintas intervenciones. Se estima que durante el día y la noche pasaron miles activistas. En Córdoba, los festejos se llevaron luego a la clásica esquina del Patio Olmos.

Cuando terminó la votación, la emoción desbordó: tanta lucha, tanta militancia, histórica, constante e intensificada en los últimos meses tuvo resultados en la aprobación del texto de la ley y la esperada media sanción. La emoción de hoy será la energía necesaria para continuar la lucha que sigue con la discusión del proyecto en el Senado.

 

Colegios tomados: el reclamo por la Educación Sexual Integral

La toma de los colegios da cuenta de otro reclamo que continúa vigente: el de la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y sus lineamientos. Pero lxs estudiantes también se pronunciaron a favor del aborto: en las encuestas que circularon durante los días previos a la media sanción quedó claro que en esta lucha lxs jóvenes son protagonistas, ya que el 80% de las personas consultadas con edades de entre 18 a 35 años se pronunció a favor del mismo.

Y en este sentido hay una primera conquista: el artículo 13 del proyecto de ley establece que el Estado debe asegurar la educación sexual integral, incluyendo la procreación responsable, en todos los niveles educativos y prestando especial atención al respeto por la diversidad e identidad cultural de los pueblos originarios.

 

El proyecto de ley de IVE

El documento aprobado retoma varios puntos del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de los 9 proyectos presentados por otrxs legisladorxs, pero también incorpora algunas observaciones hechas por lxs diputadxs durante las distintas instancias de debate.

Recordamos que esta es la séptima vez que la Campaña Nacional presenta un proyecto de despenalización y legalización del aborto, desde que se conformó en el 2005. Sin embargo, ninguna de las veces anteriores había atravesado las comisiones y llegado a instancias de debate. Lo que sucedió en los últimos meses es, sin dudas, fruto de una lucha histórica que se vio decididamente profundizada en los últimos años.

El proyecto propone mantener las causales que el Código Penal reconoce actualmente  para la interrupción legal del embarazo (causal violación y causal salud), suma una causal para el caso en que se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto, y además agrega una afirmación explícita de que las mujeres y personas gestantes tienen “derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”.

Para las causales, también incorpora explícitamente cuestiones que había dispuesto la Corte Suprema en el fallo FAL: para la causal violación, la interrupción del embarazo podrá hacerse “con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente”. Para la causal salud, indica que corresponde “si estuviera en riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano”.

Además, el proyecto establece disposiciones para asegurar que la interrupción del embarazo se realice de manera consentida, rápida e informada, que no pueden imponerse dilaciones u obstáculos, que debe respetarse la privacidad y la intimidad, la obligación de lxs profesionales de la salud de garantizar la práctica de manera igualitaria en todo el país (con referencia a las mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud) la limitación y la regulación de la objeción de conciencia (prohibiendo explícitamente la institucional), y la remisión al Código Civil y Comercial para el caso de menores de edad.

También dispone la creación de un registro de estadísticas e indica que el sector público de salud y las obras sociales deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda.

El dictamen que había sido firmado el martes para ser tratado en la sesión sufrió mínimas modificaciones luego de su aprobación general en el recinto. En el momento de la votación artículo por artículo se hicieron algunas concesiones a los pedidos de algunxs diputadxs, por ejemplo, la inversión de los títulos y el agregado de cuestiones aclaratorias.  

 

El Código Penal

El primer título del proyecto contiene todas las disposiciones que modifican o agregan cuestiones en el Código Penal. Primero establece penas para terceros que causaren el aborto de la persona gestante más allá de la semana 14 sin el consentimiento de la mujer y sin que medien causales.

Luego incorpora un nuevo delito y dispone una pena para la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Por último, dispone que la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince del proceso gestacional, sin que mediare alguna de las causales, será reprimida con prisión de tres meses a 1 año.

Sin embargo, no prevé ninguna pena para la tentativa, y le otorga al juez la facultad de disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a realizar la interrupción, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena. Si bien representa un avance que se contemplen las razones de la mujer, exigirá trabajar y estar atentas a lo que los jueces pudieran dictaminar y desde qué lugar y criterio lo hicieran.

 

Qué dijeron los/as diputados/as

La diputada Brenda Austin (UCR-PRO), una de las primeras firmantes del proyecto de la Campaña dijo en su intervención: “Cada dia, ahora mismo, mujeres de todas las edades y clases sociales en cada rincón de nuestro país, abortan: estudiantes, profesiones, desocupadas, empleadas domésticas, diputadas, esposas y parejas de diputados, sus hijas. Esto ocurre, negarlo es tan necio que duele. No discutimos acá nuestras opiniones, lo que estamos discutiendo es en qué condiciones lo hacen: aquellas que tienen recursos lo hacen en clínicas privadas y aquellas que no, en el medio de la desesperación y en condiciones horribles. El Código Penal actual, que fue pensado por hombres en un Congreso donde las mujeres no tenían ni siquiera derecho a votar, dijo que era un delito, pensando que con la amenaza de cárcel las mujeres íbamos a cambiar de opinión. La criminalización fracasó. No evita que las mujeres aborten y agrava el problema. Señores diputados, ¿realmente se han puesto en la piel y en los zapatos de las mujeres que toman esas decisiones? ¿Realmente se sienten ustedes acá sentados en sus bancas con el derecho a juzgarlas y obligarlas a tomar una u otra decisión? Hay dos opciones: una impone la libertad y otra obliga a las mujeres a actuar según las creencias de otro sector, minoritario, pero con mucho poder de lobby en nuestro país. Apretar el botón del NO, no salva las dos vidas, condena a las mujeres a la clandestinidad.”

Victoria Donda (Libres del Sur), otra de las firmantes e impulsoras del proyecto de la Campaña en la Cámara Baja expresó: “Los Derechos Humanos son progresivos, entonces, si esto es tan claro en los Tratados Internacionales que tienen rango constitucional, ¿por que es tan difícil sancionar una ley que le reconozca este derecho a la mujer? Acá no hablamos de aborto si o no. La clandestinidad mata: no están votando por las dos vidas, están penalizando a la mujer por ejercer la libertad”

La Diputada Araceli Ferreyra (PPV), afirmó: “El  aborto es el último delito con carga de género que queda de la época de las carretas. Claro que no hay cifras, si es clandestino. Necesitamos la legalidad para que haya cifras. El feminismo es esa idea radical de que las mujeres también somos personas y tenemos los mismos derechos. La penalización del aborto viola la mitad de los tratados internacionales que garantizan los derechos de la mujer Estamos peleando por los derechos de la mujer para que tenga soberanía en todos los aspectos de su vida, para que la maternidad sea una elección”

Por su parte, la diputada Lucila de Ponti, (PPV), aseveró: “Hoy venimos a cobrarnos una deuda. La de Ana Maria Acevedo, una piba de 19 años de Santa Fe, la de Belén, 3 años presa en Tucumán. La deuda con María Campos que murió hace poco en Santiago del Estero. La deuda con Malena. Con Cecilia, con Dora, con todas las pioneras de la Campaña a las que se le fue la vida para que hoy en este recinto estemos discutiendo este proyecto. La deuda de un Estado que eligió mirar para otro lado. La vida, todas las vidas, se defienden conquistando y ampliando derechos, no negando la realidad. Por eso el que se opone al aborto no está a favor de la vida, está a favor de la clandestinidad. Si llegamos acá, al recinto, es gracias al movimiento de mujeres que logró instalar este tema en la calle, en sus casas, en las escuelas, en las universidades. Las miles de mujeres que hoy están en las calles pidiendo al Estado que deje de estar ausente.

Nosotros no estamos haciendo historia, nosotros estamos de paso, son ellas las que están haciendo historia. El futuro ya llegó, el tiempo es ahora, que sea ley”

 

¿Ahora qué sigue?

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Ley IVE tiene media sanción. El próximo paso es el debate en el Senado. Si bien no se sabe aún una fecha precisa, según trascendidos, sería antes del receso invernal. La ley debe debatirse durante este año,de lo contrario la media sanción cae.

El pronóstico a principio de año, cuando se comenzó a debatir el tema, no era positivo. Se hablaba de una mayoría de Senadores en contra. Sin embargo, el desarrollo de las audiencias informativas junto con la gran movilización social que acompañó todo el debate sin dudas cambiarán las cosas. Los dos bloques mayoritarios del Senado, coincidieron en que el contexto es favorable para la sanción de la ley de despenalización y legalización del aborto. De hecho, circuló por las redes sociales un mensaje afirmando que la totalidad del bloque de Senadoras y Senadores del Frente Para la Victoria – PJ votará a favor, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres.

La sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo significa un avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, fundamentalmente de los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva y al reconocimiento de su libertad y autonomía. Pero también significa brindar un marco de legalidad no sólo a los cuerpos gestantes para poder decidir con seguridad y con garantías, sino a lxs profesionales de la salud para desenvolverse en sus actividades de manera segura, sin perder de vista su obligación de respetar y garantizar derechos.

Esta conquista del movimiento de mujeres con su marea verde es un hito histórico y no hay vuelta atrás. Es una cuestión de salud pública. Es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de deseo. De cuerpos libres. Con la vergüenza a otra parte: el derecho al aborto, ¡será ley!

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Emilia Pioletti

Fuente de imágenes

Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Córdoba

Las mujeres alzaron su voz en todo el país. En Córdoba, este 4 de junio, más de 60 mil mujeres llenaron las calles en una nueva movilización.

Como desde hace cuatro años, ayer se realizó la movilización más emblemática del movimiento de mujeres en nuestro país.
Este año el grito de Ni Una Menos se dio en el marco del debate sobre la legalización del aborto en Argentina y la consigna principal fue el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue la última movilización masiva antes del debate en la Cámara de Diputados, que tendrá lugar el próximo 13 de junio: el último gran pañuelazo.
Pero además de reclamar que no haya ni una menos por abortos clandestinos, las mujeres reforzaron el reclamo histórico de esta fecha: basta de femicidios y de violencia machista. Este mismo día la Corte Suprema de Justicia hizo público el informe del Registro Público de Femicidios de la Justicia Argentina, que establece que se relevaron 251 víctimas directas de femicidios en todo el país durante el año 2017. En lo que va del 2018, la provincia de Córdoba ya contabiliza 9 víctimas.
Otras tantas luchas estuvieron también presentes, luchas de otras latitudes: se reconoció la conquista reciente de Irlanda por el referéndum que abrió las puertas a la legalización del aborto, se recordó a la Concejala brasileña Marielle Franco, se celebraron las masivas movilizaciones en contra de la justicia española que absolvió a “la manada” y se homenajeó a la defensora ambiental hondureña, Berta Cáceres.
Dentro de los reclamos locales, se exigió mayor presupuesto para las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, mejores condiciones laborales para las trabajadoras de este sector, acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género y educación sexual laica, científica y con perspectiva de género.
Junto al reclamo por el aborto legal, se denunció la dilación de la justicia cordobesa al no expedirse en torno a la judicialización del protocolo provincial para el acceso al aborto no punible, que se encuentra suspendido parcialmente desde hace 6 años, obstaculizando profundamente el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
También se reclamó enfáticamente por los derechos del colectivo de la diversidad sexual, exclamando a viva voz: basta de machismo, misoginia y homolesbobitransodio.
Por último, las mujeres cordobesas, en clara desventaja debido a la brecha salarial, alzaron su voz en contra de los tarifazos y las reformas previsionales y laborales que profundizan esta desigualdad.

El revolucionario movimiento de mujeres volvió a llenar las calles y su grito fue rotundo: ¡Vivas, libres y con todos los derechos nos queremos!

Foto: Asamblea NiUnaMenos Córdoba

Autora

Mayca Balaguer

Contacto

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

El pasado 9 de mayo se llevó a cabo la 14° Audiencia del Período N°168 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana.

El tema a tratar fue el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Argentina. La audiencia fue impulsada por iniciativa de la sociedad civil, y a pedido de las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Su objetivo fue presentar a la comisión información sobre los problemas que afectan a las mujeres en torno al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país.

En representación del Estado argentino hablaron Claudio Avruj (Secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural) y Gabriela Perrotta (Coordinadora técnica de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud).

La exposición de las referentes de las ONG’s se centró en presentar a la comisión el doble desafío que enfrenta nuestro Estado: el de implementar las causales para el acceso a la interrupción del embarazo ya previstas en nuestro marco jurídico y el de la legalización de la práctica de manera segura y gratuita.

Las expositoras resaltaron el papel central que tiene la Comisión en el abordaje de esta situación, pidiéndole que acompañe y oriente el debate en el Congreso, estableciendo y reforzando lo estándares de Derechos Humanos que rigen en la materia.

Sociedad civil: el cambio legislativo es imperativo

Edurne Cárdenas, del CELS, denunció el “uso espurio” del derecho internacional que hacen algunos de los expositores denominados “provida” al mencionar el artículo 4 de la Convención Americana. Y es que dicho artículo protege la vida “desde la concepción”, pero esta protección es progresiva e incremental, como ya lo había dejado claro la Corte Interamericana en el caso “Artavia Murillo y otros c/ Costa Rica. Por eso, no puede alegarse la protección absoluta del embrión, anulando otros derechos, en especial, los derechos de la mujer. Ya no se puede seguir discutiendo sobre este argumento.

Por su parte, Noelia Garone, de Amnistía Internacional, llevó a la Comisión el problema de las altas tasas de mortalidad materna y los numerosos obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a los servicios de salud. Julia Roitman, del grupo de jóvenes de Amnistía, se centró en la situación de niñas y adolescentes, el embarazo adolescente no deseado y la deficiente aplicación de la ley de Educación Sexual Integral.

Por último, Zoe Verón, de ELA, resaltó que la obstaculización del derecho a decidir es un tipo de violencia contra las mujeres: “constituye un acto de violencia institucional”. Cerró su presentación resumiendo el pedido de las organizaciones afirmando que “el sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene hoy la oportunidad de fijar líneas concretas respecto al aborto legal”.

La respuesta de la delegación argentina

Llegado el turno de la delegación oficial, tomó la palabra el Secretario Claudio Avruj. En el momento de exponer acerca de las políticas que se están implementando en Argentina en materia de salud sexual y reproductiva, Avruj se centró en el debate parlamentario. Celebró la decisión presidencial de abrir las discusiones y el proceso informativo que se está dando en la Cámara de Diputados, en donde alrededor de 700 expertos están exponiendo sus posiciones, a favor y en contra, ilustrando al cuerpo legislativo desde distintas disciplinas. Resaltó que se trata de un tema delicado y difícil, y que hasta ahora la mayoría de las exposiciones resultan bien fundadas, respetables y valiosas.

Gabriela Perrotta, del Ministerio de Salud, hizo un repaso por las políticas públicas vigentes en materia de salud sexual y reproductiva. Destacó el uso de las guías desarrolladas por el Ministerio: la Guia para la atención integral para las mujeres que cursan un aborto, el Protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Señaló que la mayoría de las provincias que no cuentan con un protocolo utilizan el protocolo nacional, y que todas estas guías son el eje central de las capacitaciones que ofrece el organismo en todas las provincias. Además, afirmó que hay disponibilidad de anticonceptivos en todo el país, distribuidos de manera gratuita y mencionó los frustrados intentos del Ministerio de incorporar el misoprostol a la canasta de insumos básicos.

Integrantes de la Comisión remarcan la obligación del Estado de cumplir con los estándares internacionales

La primera comisionada en tomar la palabra fue la panameña Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez. Fue categórica respecto a los embarazos no deseados de niñas y adolescentes: “el embarazo no es precoz. Cuando decimos precoz le cargamos a la niña la precocidad. No es un embarazo no intencional. Es un embarazo forzado.”

Por su parte Luis Ernesto Vargas Silva, el Relator para la Argentina, no se mostró muy optimista. “No tengo mucha esperanza con la discusión legislativa. Confío más en órganos como la Corte, que tiene que tomar decisiones muchas veces contra lo que piensa la mayoría y contra lo que deciden los parlamentos. Pienso en la posibilidad de que la Corte vuelva a ocuparse del tema. Que el Estado cumpla cabalmente las responsabilidades que ya marcó la Corte en el fallo FAL”, sentenció.

Luego le llegó el turno a Flavia Piovesan, Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Piovesan interrogó a la delegación argentina y preguntó cómo hace el Estado para garantizar la igualdad en todo el territorio y cuál es la efectividad del protocolo nacional para exhortar la nacionalización de los estándares. También inquirió sobre la objeción de conciencia, ya que “hay una obligación del Estado de garantizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, y ahí tenemos estándares, sobre todo del Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y del Comité de DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU) que establecen que en nombre de la libertad religiosa no se pueden obstaculizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva”. Por último, destacó la importancia de impulsar la discusión legislativa por la despenalización del aborto..

La comisionada Antonia Urrejola Noguera abordó el trabajo y el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir”, y reivindicó que no hay contraposición entre la vida y el aborto, porque se trata de mejorar la vida de las mujeres.

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión insistió en discutir avances, y no retrocesos. En este sentido, señaló que la Comisión ya ha fijado estándares muy claros, y ha recalcado en cada comunicado dirigido a los Estados de la región “que todos los poderes tienen la obligación de revisar detalladamente sus legislaciones, sus prácticas y sus políticas públicas para que se elimine todo tipo de discriminación y obstáculo para el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y que esas medidas deben tener en cuenta la situación específica de desprotección de niñas y adolescentes y mujeres en situación de exclusión.”

Sobre la objeción de conciencia, destacó que “es interesante la discusión alrededor del tema. Argentina tiene que avanzar en ese sentido, progresivamente. Debemos preguntar si el tema de la objeción institucional de conciencia por parte de profesionales puede estar por encima de los derechos de las mujeres. No podemos oponer derechos en ese sentido. No se puede arbitrariamente a partir del juicio íntimo de un funcionario público dejar de atender los derechos que las personas tienen en sus estados. El ejercicio de los derechos no puede estar sometido a la conveniencia o a disposición de un juicio personal. Es un debate que vale la pena emprender y desarrollar con profundidad, porque eso significa dar un paso adelante para el reconocimiento de derechos que están más o menos consolidados en el orden jurídico del país a partir del fallo FAL pero que necesariamente deben expandirse.”

Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, fue contundente al dirigirse al Estado argentino. “No sé si han aclarado a los miembros del Congreso, que como oficiales del Estado, ellos deben cumplir los estándares de todos los instrumentos internacionales que el Estado ha ratificado, y al hacerlo ellos pueden usar su conciencia y todo eso para pensarlo, pero al final del día su decisión en relación a la legislación y el contenido de la ley debe incorporar esos estándares que el Estado ha ratificado y está obligado a seguir, porque es un contrato en el cual ha entrado el Estado”, señaló. “Los estándares son claros, las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir cómo utilizar sus cuerpos, y el Estado tiene que asegurar esos derechos de la mujer.”

Su cierre fue rotundo: “Por favor le pido al Estado que le recuerde a los miembros del Congreso antes de que entren al debate de esta ley que recuerden que están obligados legalmente a cumplir con los estándares de los instrumentos internacionales, y si tienen que deletrearlo HAGANLO.”

Luego de varias semanas de audiencias en el Congreso, que ya dieron lugar a más de 300 expositores y faltan aún otros tantos, es necesario saldar algunas cuestiones para poder avanzar en el debate: la prohibición del aborto no aparece en ninguna de las convenciones internacionales de derechos humanos ni de los órganos que las interpretan. Incluso hay numerosas observaciones y recomendaciones en donde los órganos que deben monitorear la vigencia de los tratados han establecido que los Estados deben despenalizar el aborto y asegurar el acceso. Ya lo dijo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su exposición, para luego pedir a sus colegas que “no hagan posverdad convencional”. También lo sostuvimos en nuestro posicionamiento institucional y hoy la Comisión Interamericana vuelve a reforzarlo.

Es muy valiosa la iniciativa que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil al llevar el tema ante la Comisión. También lo fueron las distintas intervenciones de cada uno de los comisionados. Ahora queda esperar que continúen las audiencias en el Congreso hasta el 31 de mayo, el dictamen y la votación en el recinto, que será el 13 de junio.

La delegación argentina aseguró que el Ministerio de Salud participará próximamente de las exposiciones y dijo que “lo que la Presidenta de la Comisión marcaba tan específicamente, es eso lo que estamos comprometidos a transmitir”.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

Apoyamos y acompañamos el proceso que promueve la legalización del aborto. En esta nota presentamos nuestro documento de posicionamiento institucional y fundamento de las razones por las que entendemos que garantizar el acceso legal seguro y gratuito a la interrupción del embarazo, es una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos.

Presentamos el documento institucional que fundamenta el posicionamiento de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables con relación a la necesidad de que el Estado legalice la interrupción del embarazo, y garantice su acceso seguro y gratuito, en el marco de la promoción y efectivo cumplimiento de políticas de salud sexual y reproductiva, garantizando la educación sexual integral, acceso a métodos de anticoncepción y a la interrupción del embarazo, como plena realización de los derechos involucrados.

El objeto de nuestra organización es el de aportar a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, buscando garantizar la vigencia de los derechos humanos (art. 2 de nuestro estatuto). Uno de nuestros principales ejes de trabajo es la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Entendemos que la interrupción legal del embarazo, como parte de los derechos sexuales y reproductivos, es una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de género. Asuntos que son de gran relevancia en nuestra misión y objetivo como organización.

Consideramos que necesario que en nuestro país se generen las condiciones de legalidad para que las mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a prácticas médicas que garanticen la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita en el respeto de su voluntad en el sistema de salud.

Insistimos, además, en que el Estado garantice la implementación de la ley de Educación Sexual Integral y de políticas públicas dirigidas al acceso a la anticoncepción (como el Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), como pilares fundamentales para la realización del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas.

Una cuestión de salud

  • Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en Argentina.
  • Las muertes y complicaciones de salud vinculados a abortos afectan desproporcionadamente a mujeres en condiciones económicas más vulnerables.

Una cuestión de derechos humanos e igualdad

  • A pesar de que la Corte Suprema decidió un caso estableciendo criterios para el acceso a aborto en ciertas circunstancias, la práctica es muy restrictiva y de nuevo afectando desproporcionadamente a mujeres en condiciones económicas más vulnerables.
  • En los últimos años, diversos comités de derechos humanos han realizado recomendaciones concretas a Argentina para que modifique su regulación del aborto.
  • En los países en que se ha legalizado el acceso a la interrupción del embarazo no hubo un incremento en el número de abortos. Al mismo tiempo, hubo drásticas reducciones en índices de mortalidad materna.
  • La interrupción del embarazo debe ser el último recurso en un plan integral de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

Más información: 

Posicionamiento institucional sobre la legalización del aborto bit.ly/posicionamientoinstitucional

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

El presente documento fundamenta el posicionamiento institucional de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables con relación a la necesidad de que el Estado legalice la interrupción del embarazo, y garantice su acceso seguro y gratuito, en el marco de la promoción y efectivo cumplimiento de políticas de salud sexual y reproductiva, garantizando la educación sexual integral, acceso a métodos de anticoncepción y a la interrupción del embarazo, como plena realización de los derechos involucrados.

Con una organización extraordinaria en todos los puntos del país, y en el marco de un movimiento internacional, las mujeres volvemos a reclamar por la igualdad.

En el día de las mujeres en 2017 se realizó una movilización en más de 35 países, para denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta la feminización de la pobreza, la violencia económica, trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, brecha salarial en relación a los sueldos masculinos, precarización laboral, vacantes universales en jardines maternales, ampliación de licencias por maternidad y paternidad, salarios para víctimas de violencia de género, igual salario por igual trabajo, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos.

Este año, la movilización se multiplicó, y las organizaciones y movimientos y sindicatos de todos los lugares del país vuelven a convocar bajo la misma bandera. Miles de personas nos estamos reuniendo en las asambleas organizativas del Paro Internacional de mujeres, trans, lesbianas y de todas las identidades feminizadas, y convocamos a diversas medidas, desde el paro hasta marchas, intervenciones, campañas digitales, etc.

El despliegue de energías se da en toda Latinoamérica, y los reclamos se ajustan a las necesidades más urgentes de cada lugar, visibilizando las diversidades de nuestro continente.

Sin dudas, el colectivo Ni Una Menos, presente en todas las provincias y casi todas las ciudades del país, es el espacio que reúne a las personas que queremos visibilizar nuevamente la lucha por los derechos a la igualdad y a una vida libre de violencias. Desde estos espacios se construyen las alianzas y los vínculos de una lucha histórica e incansable que crece cada día más.

Desde FUNDEPS paramos todas las identidades que formamos parte de nuestra organización. Volvemos a adherir a la necesidad de repensar nuestras relaciones, nuestras políticas y nuestra realidad sociocultural. Acompañamos la lucha, invitamos y adherimos al Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de marzo de 2018.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Más de 50.000 mujeres se congregaron un año más para compartir experiencias, actualizar debates, expresar sentimientos y definir políticas que atiendan sus necesidades, apostando al trabajo colectivo para avanzar en la lucha. Las mujeres se acercaron desde distintos puntos del país, pero vale resaltar la presencia de mujeres originarias de El Impenetrable Chaqueño, quienes aportaron la diferencia en su primera participación en un ENM.

El encuentro estuvo marcado por una gran variedad de talleres, entre ellos mujeres y feminismos, derechos sexuales y reproductivos, femicidios, pueblos originarios, entre otros. Dos temáticas nuevas se agregaron este año: “Mujeres y Cultura de la Violación”, el cual desarrollo el rol de los medios en la construcción de la víctima y el victimario, la violencia institucional, el consentimiento sexual, afectivo y relacional, entre otros ejes. También se sumó “Activismo Gordx”, taller que trató sobre el modelo médico hegemónico, estigmatización cultural de los cuerpos gordos y nuevas formas de politización. Paralelamente, las mujeres pudieron disfrutar de numerosas actividades culturales, siendo la plaza 25 de Mayo epicentro de charlas, artesanías, música y mates “encuentreros”.

El domingo pasadas las 18h se realizó la multitudinaria marcha que recorrió más de 35 cuadras de camino al Parque de la Democracia, contando con la presencia de mujeres pertenecientes a distintas agrupaciones sociales, políticas, sindicales, organizaciones civiles, comunidades originarias, etc. La marcha culminó con una gran peña al ritmo de buena música, baile y comidas varias.

No podemos dejar de mencionar las lamentables agresiones que en la siesta del lunes sufrieron varias mujeres que asistieron al ENM, por parte de un grupo de personas que, al grito “que se vayan todas”, les tiraron piedras, las persiguieron en motos, les pegaron con palos, y las amenazaron, acorralaron e intimidaron violentamente. Una vez más, la intolerancia y la violencia tuvieron parte en el ENM. Repudiamos este episodio de este sector anti derechos, que lejos de respetar la libertad de expresión y la democracia, mancharon nuevamente un ENM. También vale destaca que, a diferencia de los previos ENM, las fuerzas de seguridad no reprimieron y actuaron con respeto a los derechos de las asistentes, resguardando toda la seguridad del encuentro.

Celebramos estos 32 años de lucha que no claudica y nos encontraremos una vez más el próximo año en Puerto Madryn, Chubut, sede del 33° ENM.

Fotogalería en El Entramado

Fuentes

Incidentes en la marcha de repudio al encuentro de mujeres | TN24

Violenta manifestación de resistencianos contra las mujeres del Encuentro | El Diario de la Región

Autora

Mariana Cabanillas

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Observamos con preocupación la premura y selectividad con la que se está tratando al problemático proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 12 de junio bajo el número 0010/PE/2017. Este proyecto, pretendiendo regular la libertad religiosa, incorpora la cuestionable figura de la objeción de conciencia institucional y genera mecanismos de violencia institucional y de vulneración de derechos humanos.

Esta propuesta no sólo pone en juego la legitimidad del ordenamiento jurídico al plantear como regla la posibilidad de exceptuarse al cumplimiento de la ley, sino que además compromete seriamente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Esto es así en la medida que existe una gran potencialidad de obstaculizar el cumplimiento y garantía de numerosos derechos humanos, como la salud, la identidad, la no discriminación y vida libre de violencias, como también de afectar grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad.

Si bien el proyecto menciona a diversos tratados de derechos humanos, los desvirtúa ampliamente en su interpretación, en consideración a los múltiples antecedentes jurisprudenciales dados por los tribunales de nuestro país en la materia, como también por las recomendaciones de los comités de derechos humanos correspondientes. De esta manera, se pretende erigir como una norma garantista, pero en su redacción instituye mecanismos que imposibilitan el acceso a derechos básicos que deben ser garantizados por el Estado.

La objeción de conciencia institucional, importa en la práctica la posibilidad de realizar actos discriminatorios generalizados contra determinados colectivos, históricamente relegados. Imaginemos una persona que se encuentra en situación de solicitar una intervención quirúrgica por reasignación genital, ante instituciones que por creencias religiosas pueden violar su derecho a la identidad y a la salud psicofísica de modo institucionalizado.

La presunción de buena fe que otorga el proyecto a quien haga ejercicio de la objeción de conciencia invierte la carga de la prueba en perjuicio de la ciudadanía, logrando que cada persona deba judicializar cada caso, ya que la interpretación final de la constitucionalidad corresponde al Poder Judicial. Esto generaría mecanismos de violencia institucional graves, siendo que nuestro Estado ha adquirido compromisos internacionales a los fines de erradicar tales violencias. No dejemos de preguntarnos: ¿en qué Estado democrático una persona puede evadir el cumplimiento de la ley porque su fe lo dicta?

Asimismo, legitima a poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes, como también a las personas con discapacidad, cuando habilita que sus representantes ejerzan objeción de conciencia en su nombre. Esto podría dar lugar la negación de recibir ciertos tratamientos médicos por representación, lo que ha sido ampliamente rechazado por nuestros tribunales.

De la misma manera, en pos de resguardar los derechos de comunidades religiosas no católicas, iglesias y otras confesiones, desconoce de modo regresivo los derechos sexuales y –no- reproductivos, y los estándares internacionales al respecto. En tal sentido, es necesario recordar que la objeción de conciencia no está receptada como un derecho humano, y que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observación General N°22 marzo 2016) enunció que, en caso de que los Estados la regulen, esto debe hacerse de forma tal de que no impacte en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Esta recomendación no se observa en el proyecto y mucho menos en el tratamiento hermético que se le está dando.

Por otra parte, y lo que no es menos, es dable rescatar que por definición las personas jurídicas y/o las entidades no poseen la conciencia ni la subjetividad que busca resguardar la noción de objeción de conciencia. ¿Qué religión o creencia puede aducir una entidad jurídica?

Una norma que pretende incorporar en forma generalizada, discrecional y mediante presunciones la excepción al cumplimiento de las obligaciones jurídicas, compromete seriamente la seguridad jurídica, las bases de nuestro Estado de derecho, y el ejercicio y garantía de los derechos humanos.  La libertad religiosa ya está garantizada por nuestra Constitución Nacional, y por los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Este proyecto de ley sólo desvirtúa su ejercicio, y a su vez implica una aceptación expresa y grave de que no todos tenemos el mismo deber de obediencia ante la ley.

El pronunciamiento de las organizaciones

Adherimos a la carta de rechazo al proyecto de ley 0010/PE/2017 elaborada por la Alianza Nacional de Abogadxs por los Derechos Humanos de las Mujeres, y a la que se suman más de 100 organizaciones e instituciones reconocidas de todo el país, y más de 400 personas expertas y especialistas del derecho.

Esta carta será presentada ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, a fin de hacer conocer la gravedad institucional que importa la consideración de este proyecto, y la preocupación por su tratamiento selectivo.

Autora

María Julieta Cena

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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Como fue noticia en los pasados meses, “Belén”, la mujer tucumana que había estado presa durante dos años acusada del homicidio de su bebé recién nacido en un hospital, fue absuelta por la Corte Suprema de Tucumán el 23 de marzo de este año.

En primera instancia, “Belén” había sido acusada de “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía”. La Cámara Penal la condenó a 8 años de prisión considerando como atenuante su estado de puerperio. Dicha condena se basó en testimonios de médicos, enfermeros y policías que estaban en el hospital ese día, que afirmaron que “Belén” había tenido un parto prematuro en el baño del hospital y había arrojado al bebé al retrete.

Sin embargo, el trámite judicial adoleció de graves violaciones a la garantía al debido proceso, entre las cuales pueden mencionarse: nunca se comprobó que el cuerpo encontrado fuera efectivamente hijo de “Belén” porque no se realizaron pruebas de ADN; ella no contó con una defensa letrada adecuada, la que se mantuvo pasiva en el reconocimiento de los hechos en contra de los dichos de su defendida; las mayor parte del cuerpo probatorio fue obtenido en una grave violación al secreto profesional, entre otras.

Desde que la abogada Soledad Deza, coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, tomó su caso en el 2016, cientos de organizaciones sociales que luchan por los derechos de las mujeres se hicieron eco y pidieron la libertad de la joven, que se concretó el 16 agosto de 2016, luego de haber estado más de dos años en prisión.

Celebramos la resolución de la Corte Suprema de Tucumán que fines de marzo de este año, el dictó la absolución de “Belén”, en tanto sienta las bases sobre las cuales deben apoyarse las garantías de derechos humanos para toda mujer que concurre a un centro médico para ser atendida.

En este sentido, en el fallo señalado y en el voto del Dr. Daniel Oscar Posse, se entiende que la situación que “Belén” sufrió en el hospital fue violencia institucional,

“ya que a la ruptura del compromiso de reserva profesional se sumó una sucesión de hechos que nada se condice con el trato que debe recibir una persona en claro estado de vulnerabilidad, en este caso una mujer, que fue al Hospital para recibir atención médica urgente: se la incriminó de ser autora del hecho acusándola desde un primer momento de mentir sobre su alegada ignorancia de su estado de embarazo; se le exhibió dentro de una caja el cuerpo del niño muerto como una suerte de castigo moral; se la sometió a tratamiento médico sin brindárse explicación alguna sobre la causa y alcance del mismo; se violaron todos sus derechos a la confidencialidad y a su privacidad, en franca vulneración de la obligación del equipo de salud de mantener el secreto médico, habiéndose permitido incluso la presencia de personal policial en medio de la práctica del legrado. Es decir que la encartada fue absolutamente relegada de su estado de paciente, dispensándosele a partir de allí un trato directo como rea”.

Asimismo, afirmó en relación a la deficiente defensa letrada que recibió “Belén” en las primeras instancias del juicio, que “no obstante asumir que la acusada se encontraba en una clara situación de indefensión, el Tribunal (recurrido) no actuó en consecuencia para asegurar las garantías del debido proceso y defensa en juicio, sino que, por el contrario, se valió de tales deficiencias o desvíos defensistas para apuntalar la condena de la imputada” (la negrita es nuestra).

Por otra parte, reconoce que

“todo el material probatorio de cargo -aparte de ilegal tanto en su origen e incorporación, tal cual lo expuse al tratar la cuestión de la violación al secreto médico profesional- es confuso, ambiguo y contradictorio, lo que enerva cualquier posibilidad de que pueda arrimar certeza. No hay un sólo elemento de prueba de cargo que no presente alguna falencia”.

Seguidamente, menciona una tras otra, las falencias de la prueba aportada por la Fiscalía y valorada por el Tribunal que condenó injustamente a “Belén”. Sobre este aspecto, volvemos a felicitar la aclaración de la Corte tucumana cuando aclara que el “útil expresar que en el caso se advierte otra fase de verificación de violencia institucional contra la imputada, ahora en el ámbito judicial, que se suma a la que mencionara anteriormente ocurrida en el marco de la asistencia médica brindada a la joven”.

Por último, en el voto señalado, se determina que

“esta violencia institucional acaecida en el ámbito médico y judicial se enanca inmediatamente con la cuestión de género, porque probablemente muchas de las graves falencias apuntadas no se hubieran verificado en un caso con un hombre como presunto autor. Para saber si los estereotipos de género estuvieron presentes en este proceso, sólo hace falta preguntarse: ¿se hubiese llegado a una condena de homicidio agravado por el vínculo de un hombre en una causa donde el cuerpo del delito se perdió y no hay datos que permitan conocer la efectiva relación entre víctima y victimario? ¿con una autopsia con incongruencias tales como el sexo de la víctima o su edad gestacional y con una causa de la muerte no determinada de forma clara y precisa? ¿se hubiese avalado que la defensa no realizara planteo alguno frente a estas situaciones y ni propusiera prueba de descargo? ¿Se hubiera permitido que la defensa ocurriera en sentido contrario a la posición de inocencia sostenida en las declaraciones y palabras del acusado en todo momento?”.

Entendemos como un pilar fundamental para el avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, los reconocimientos expresos de la violencia institucional de género por parte de las/os operadores jurídicos. Esta clase de resoluciones fundadas en los derechos humanos y las recomendaciones y observaciones de los Comités que los tutelan, visibilizan la gravedad de estos hechos y aportan a la construcción de conductas despojadas de estereotipos denigrantes, vulnerantes y violatorios a la ciudadanía.

Por último, es válido mencionar el voto del Dr. Antonio Gandur, cuando señala que

considera pertinente y necesario realizar un profundo proceso formación a través de disertaciones, encuentros y talleres a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de esta Corte en coordinación con los organismos del Siprosa (Sistema Provincial de Salud) para informar a los operadores de la medicina provincial el actual marco legal así como el adecuado el modo de actuación en temáticas relacionadas con la de la presente causa”.

Esperamos que tales instancias de formación se realicen con el principal objetivo de garantizar los derechos de las ciudadanas, logrando prevenir y erradicar la violencia de la vida de las mujeres, y el pleno goce de sus derechos sexuales y reproductivos.

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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Mayca Irina Balaguer

El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) votó, a comienzos del mes de mayo, la incorporación de una materia optativa que aborde la práctica de la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, como problemática de salud pública. Desde FUNDEPS, celebramos la resolución.

La Facultad de Medicina de la UNR será la primera que cuente con una cátedra sobre la interrupción del embarazo. Por unanimidad, el Consejo Directivo aprobó la incorporación de una materia que atienda la interrupción legal del embarazo (ILE), es decir en los casos permitidos por la ley, desde una perspectiva de salud pública, con el objetivo de formar y capacitar a los/as futuros/as profesionales de la salud.

La asignatura será optativa y buscará, entre otras cuestiones, problematizar a las/os estudiantes de Medicina sobre el marco legal vigente en Argentina, la reglamentación de la objeción de conciencia y el proceso de atención y cuidado de las mujeres en diferentes niveles de la situación de la interrupción del embarazo. Incluirá una Consejería en métodos anticonceptivos y la enseñanza del uso de las tecnologías médicas disponibles para garantizar una ILE.

La interrupción del embarazo es un problema de salud pública dado que representa la principal causa de muerte materna. Según el Informe Sombra presentado por ANDHES, CELS y FEIM, entre otras organizaciones, ante el Comité Contra la Tortura, en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año. Durante los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna y han representado un tercio del total de esas muertes. En este sentido, es urgente que el Estado garantice una formación acorde al derecho vigente, que capacite a las/os profesionales de la medicina en un abordaje de la problemática desde una perspectiva de derechos humanos.

Desde FUNDEPS apoyamos la iniciativa. Es deber del Estado garantizar las condiciones para que las mujeres accedan al pleno goce de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, y consideramos que es esencial la formación de nuestras y nuestros profesionales de la salud en la materia.

Autora

Antonela Vanini

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Virginia Pedraza, <vir.pedraza@fundeps.org>