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En los últimos años, Argentina adhirió a dos iniciativas impulsadas por China de gran potencial y relevancia: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este documento explicamos cómo pedir información a estas instituciones y cómo realizar quejas cuándo sus proyectos afectan los derechos de las comunidades.

En los últimos años, Argentina adhirió a dos iniciativas impulsadas por China de gran potencial y relevancia: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este documento explicamos que són y por qué nos interesa conocerlas.

Gran parte de lo que sucede en la política exterior argentina se encuentra vinculado con China, de la mano de su creciente influencia global, por lo que es importante conocer iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en las que China es su principal promotor. Desde Fundeps compartimos documentos con información básica y accesible sobre estas iniciativas, poniendo énfasis en recursos prácticos para acceder a información y a sus mecanismos de rendición de cuentas.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) representa el programa de desarrollo de infraestructura y conectividad global insignia de China que pretende impulsar el comercio y nuevos lazos políticos y económicos con las naciones participantes, principalmente los países emergentes y “en vías de desarrollo”. Por su parte, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)  es un banco multilateral de desarrollo creado en 2015 por iniciativa de China que cuenta en la actualidad con más de 100 países miembros de todo el mundo y financia proyectos en otras regiones, como América Latina y el Caribe o África.

El AIIB está estrechamente vinculado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta no sólo porque los procesos de conformación de estos dos instrumentos fueron impulsados por el Presidente chino Xi Jinping y se dieron en simultáneo, sino también porque el AIIB se constituye en la principal herramienta de financiamiento para los proyectos que se enmarcan en la IFR. Asimismo, ambos son parte de un proceso de reconfiguración geopolítica donde el centro de gravedad de la economía mundial gira hacia el Asia Pacífico. Además, ambos han sido objeto de críticas desde sus inicios en relación a los impactos ambientales y sociales negativos que han generado sus proyectos y la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el diseño e implementación de los mismos.

El rol que cumplen -y cumplirán en el mediano-corto plazo- el AIIB y la IFR en Argentina, es  mucho más cercano y tangibles de lo que creemos: si bien parecen iniciativas o actores lejanos y ajenos a la realidad local, a través de su accionar promueven o facilitan la realización de grandes proyectos de infraestructura y energía en el país que, a su vez, tienen -o pueden tener- un impacto directo o indirecto sobre la vida diaria de las personas y pueden afectar derechos sociales y/o ambientales, especialmente de las poblaciones y comunidades vinculadas a los proyectos. De hecho, ya existe un primer proyecto aprobado en Tierra del Fuego que será financiado por el AIIB por un monto de 65 millones de dólares y, en el marco de la IFR, existen diversos proyectos comprometidos en nuestro país. Por este motivo, es fundamental monitorearlos, conocer cómo acceder a información sobre los proyectos y cómo presentar una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco.

Sumado a esto y dada la frecuente falta de transparencia de la banca china y el desconocimiento generalizado sobre la misma, desde Fundeps compartimos estos folletos  actualizados con información resumida sobre el AIIB y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. También sumamos un instructivo sobre cómo realizar una queja ante el Mecanismo de Personas afectadas por el Proyecto (PPM, por sus siglas en inglés),el mecanismo de rendición de cuentas del AIIB.

¿Cómo influye la coyuntura?

Durante el actual gobierno de Javier Milei los vínculos diplomáticos entre ambos países se han tensionado a partir de la reconfiguración de la política exterior de la nueva administración, con un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y Occidente. También podemos mencionar ciertas medidas como la decisión del gobierno argentino de realizar visitas a la base espacial china en Neuquén o renunciar a la membresía de Argentina al bloque de los BRICS, el freno a obras de infraestructura con financiamiento chino o incluso declaraciones del propio Presidente o de la canciller Diana Mondino. Esto se ha visto reflejado, entre otras cosas, en las dificultades en las negociaciones para renovar el swap con China -intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países- o en el debilitamiento en el vínculo comercial, que ha desplazado a China al cuarto lugar como socio comercial de Argentina, posicionándose actualmente detrás de Brasil, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. 

No obstante, vale resaltar que el vínculo entre Argentina y China sigue siendo muy importante, y lo seguirá siendo a futuro, independientemente del gobierno de turno.

Una relación bilateral de carácter estratégico

La relación bilateral entre la República Popular China y la Argentina fue afianzándose en las últimas décadas y adquirió una mayor relevancia desde los años 2000, llegando a constituirse, hace casi 10 años, como una Asociación Estratégica Integral. La misma incluye una ampliación en las áreas de cooperación y abarca aspectos no sólo económicos y financieros sino también políticos, comerciales, tecnológicos, culturales, sanitarios y en materia de inversiones. Este afianzamiento en los vínculos se vio reflejado en la incorporación de Argentina a las dos iniciativas aquí mencionadas.

La firma de una Declaración Conjunta en 2004 y de la Asociación Estratégica Integral en 2014 han sido, a nivel diplomático, dos antecedentes insoslayables para comprender el ingreso de Argentina a la IFR y al AIIB. Dada la continuidad y proyección a largo plazo del vínculo sino-argentino, puede decirse que el ingreso de Argentina a la IFR (en 2022) y al AIIB (desde 2021, en calidad de miembro no regional), son coherentes con el acercamiento y afianzamiento de las relaciones bilaterales desde la normalización de las mismas en 1972 y cristalizan este vínculo de larga data entre ambos países, planteando tanto oportunidades como desafíos para nuestro país.

 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Infografía con información básica y accesible sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (o “Nueva Ruta de la Seda”).

Infografía con información básica y accesible sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Este viernes 24 de mayo, se desarrolló el encuentro «Córdoba tiene impacto: Conversatorio por los derechos en disputa» con la participación de más de 100 personas en el Museo de Antropologías. Fue organizado por Fundeps, con la adhesión de más de 30 espacios.

Durante tres horas, se desarrollaron reflexiones en torno a:

  • cómo la reducción del gasto público afecta a la educación universitaria, el sistema científico-tecnológico,  a los sectores populares y a los medios de comunicación;
  • las consecuencias de la propuesta de reforma previsional y laboral, con foco en trabajadoras de casas particulares; y la inconstitucionalidad del DNU 70/23.
  • las regresiones normativas en relación a la explotación de recursos naturales, cómo viven las comunidades estas desregulaciones y el impacto ambiental del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI)

El conversatorio reunió a referentes de diversos ámbitos, incluyendo la academia, organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación y sindicatos. 

Un evento con diversas voces y perspectivas que nos ayudan a entender algunos de los desafíos que enfrentamos y cómo construir estrategias colectivas frente a la regresión de derechos.

Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Del 25 al 26 de septiembre pasados, en Sharm El Sheikh, Egipto, se llevó adelante la octava Asamblea Anual del Banco Asiatico de Inversión en Infraestructura (AIIB), evento que reúne a sus integrantes, representantes empresariales y organizaciones civiles para discutir sobre la dirección estratégica y las iniciativas del organismo. En esta reunión, el AIIB anunció la aprobación del primer préstamo en Argentina, destinado a financiar un parque eólico en Tierra del Fuego.

La Asamblea Anual trata tiene como objetivo principal compartir los avances del Banco y recibir sugerencias en cuanto a su dirección estratégica y operaciones. Además proporciona información y fomenta intercambios sobre las políticas y los proyectos financiados por el AIIB en términos de impacto social y ambiental.

La temática central de la octava Asamblea fue el “crecimiento sostenible en un mundo desafiante» y resaltó la importancia de abordar la agenda global climática y respaldar las demandas de infraestructuras clave para los países miembros del AIIB. El programa de la reunión abarcó una variedad de temáticas  que comprenden las últimas tendencias y prioridades del Banco. Las sesiones públicas fueron agrupadas en tres corrientes temáticas: sostenibilidad, conectividad y cooperación multilateral. En las mismas se abordaron cuestiones relacionadas al desarrollo e implementación de infraestructura ambiental sostenible, así como  a la promoción y el fortalecimiento de alianzas que permitan mejorar la conectividad de la infraestructura tanto en Asia como en las demás regiones. 

Primer proyecto del AIIB en Argentina

Un hecho particularmente relevante para Argentina fue el anuncio, durante el evento,  de la aprobación del proyecto denominado “Transición energética de la provincia de Tierra del Fuego” por un monto de 65 millones de dólares. Este proyecto marca un hito, ya que representa la primera financiación otorgada a Argentina como miembro del Banco, al cuál se sumó oficialmente en marzo de 2021. Los fondos se destinarán a la construcción de un parque eólico en las proximidades de la ciudad de Río Grande. Según el AIIB, el principal objetivo del proyecto es establecer la capacidad de generación de energía eólica en la provincia de Tierra del Fuego y el mismo “se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Argentina, por lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable”. Esta iniciativa surge por la necesidad de aprovechar los recursos eólicos con los que cuenta la provincia y la falta de interconexión en las redes locales para la materialización de proyectos de tal magnitud.

Sin embargo, resulta importante destacar que ante la escasez de información sobre el  proyecto, es imprescindible analizar en profundidad cómo se llevará adelante el proyecto, y cuáles podrían ser las verdaderas implicancias en términos de impactos socioambientales. Por eso, desde Fundeps estamos realizando un seguimiento de este proyecto y hemos realizado una solicitud de información al  AIIB sobre   detalles que aún no resultan claros. Por ejemplo, si bien se han publicado en la página web del Banco un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), aún no se encuentra disponible la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social o la información relativa a las audiencias públicas planificadas para el proyecto, entre otra documentación relevante. 

Esta información resulta clave para identificar los impactos reales del proyecto y constatar si efectivamente se asegura el acceso a la información sobre el proyecto y la  participación de la población local. A su vez, otro aspecto que genera dudas es el rol que tendrá la CAF (actual Banco de Desarrollo de América Latina) en relación al proyecto, ya que ha sido presentado como un proyecto co-financiado entre ambas instituciones multilaterales.

Autora

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Durante la semana pasada, acontecieron en Marruecos las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Asimismo, se organizó una contra cumbre que dio espacio a sociedad civil y movimientos sociales para discutir las políticas neoliberales impulsadas por estas instituciones. A continuación, algunas reflexiones sobre estos eventos, sus limitaciones y potencialidades, y la situación particular de Argentina.

Las Reuniones Anuales, que este año se dieron entre el 9 y 13 de octubre en la ciudad de Marrakech, son espacios donde se organizan paneles con directores y staff del FMI, a la par que sociedad civil tiene su propios foros y espacios de exposición y discusión. Al mismo tiempo, ocurren innumerables reuniones cerradas y en paralelo a toda la agenda oficial. Todo esto tiene por objetivo poder discutir cómo se organiza la arquitectura financiera internacional, que determina bajo qué condiciones se prestan fondos principalmente a los países del sur global. El rol de la sociedad civil en estos espacios es traer sus preocupaciones y representar las voces de las personas afectadas por esta compleja infraestructura de préstamos.

Por ejemplo, la Coalición para los Derechos Humanos en Desarrollo, presentó un informe donde de 38 proyectos evaluados, en 36 se identificaron represalias a personas que defendían derechos y reclamaban en contra de dichos préstamos. Esto demuestra que, aunque las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) hacen proclamas de alto nivel al respecto de la importancia de los derechos humanos, no hay medidas ni un abordaje real de las consecuencias negativas sobre defensores y defensoras que sufren el abuso de las fuerzas de seguridad y la policía, la persecusión judicial, el uso desproporcionado de la fuerza, vigilancia, y violencia de género y acoso sexual en el caso particular de las defensoras.

Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso en un panel sobre la estrategia climática del FMI  acerca del caso argentino. Se visibilizó cómo la necesidad de divisas provenientes de la exportación están empujando al modelo extractivista de combustibles fósiles y yendo en contra de las metas de mitigación del cambio climático del país. El ejemplo emblemático es el de Vaca Muerta, que de explotarse en su totalidad usaría el equivalente al 11.4% del presupuesto de CO2. En este caso, se puede ver cómo las necesidades de balanza comercial exterior a corto plazo pasan por encima de cualquier análisis de impactos ambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental del planeta.

 

Frente a esto, en general las autoridades y staff de las IFIs presentes en los paneles insisten en que las políticas existentes son las que funcionan, desestiman a los planteos de la sociedad civil con sus propios datos y se muestran poco receptivos a cualquier crítica. Por esto mismo, es que aparecen espacios como la Contra Cumbre, dónde la conversación fluye de manera más crítica y sincera al respecto de qué está pasando con los impactos de los préstamos y proyectos, permitiendo un espacio para unir voces en miras a cambiar las injusticias que hoy afectan a tantos países y comunidades.

La Contra Cumbre se inauguró el 12 de octubre con una marcha, y durante los dos días siguientes hubo tanto sesiones de discusión en grupos pequeños así como plenarios. Finalmente, el domingo 15 en plenario se cerró con una lectura de las conclusiones, entre las cuales se incluían las cancelaciones de las deudas ilegítimas, políticas que respeten los límites planetarios, la justicia climática y social y promuevan la soberanía alimentaria.También, que se termine el colonialismo financiero, que haya financiamiento para proyectos que permitan adaptación al cambio climático, cobertura de seguridad social y salud universal, y una especial proclama por los derechos de las mujeres que son quienes más se ven impactadas negativamente por las políticas de austeridad.

Argentina y su vínculo con el FMI

Según Noemí Brenta, Argentina tiene una relación muy particular con el FMI, ya que es el país de ingresos medios que más tiempo ha estado bajo sus acuerdos dirigiendo las políticas económicas y fiscales. Hoy no sólo tiene casi el 30% de la cartera de préstamos del FMI, sino que es una buena alumna: a lo largo de todos estos años y de 22 acuerdos, solo 5 fueron suspendidos por el organismo. Por ende, se puede afirmar que los lineamientos recomendados por este organismo han tenido gran influencia en las decisiones de los distintos gobiernos. 

Sin embargo, el cumplimiento de las políticas ha implicado una notoria desmejoría para la calidad de vida de las personas. Por un lado, las condicionalidades imponen que los ingresos que el país tiene se destinen a pagos a los acreedores (es decir, al FMI y a otros deudores también), lo cual implica a su vez que se recorten gastos sociales y no haya inversión para el desarrollo. Por otro lado, se profundiza el modelo extractivista a través de la producción agroindustrial de commodities, la explotación de combustibles fósiles y la minería –hoy muy en boga la de litio por su potencial de contribución a una transición energética hacia otras fuentes renovables. Esto tiene consecuencias negativas en el ambiente, no contabiliza los impactos en el uso de recursos escasos y no renovables como el agua, y limita el desarrollo de las comunidades que habitan en los territorios explotados.

Mariano Féliz plantea que los impactos en el mercado de trabajo remunerado tienen claros sesgos de género, ya que son las mujeres quienes tienen que hacer frente a las tareas no remuneradas y reproductivas intensificadas, al mismo tiempo que reciben menos servicios públicos. Las políticas del FMI que impulsan la participación de las mujeres en la actividad económica, lo hacen desde una perspectiva instrumental porque mejora indicadores macroeconómicos y provee mano de obra que suele aceptar peores condiciones laborales. No obstante, a la par que aumentó la tasa de empleo para mujeres adultas, se redujo la tasa de empleo para varones, especialmente jóvenes. Todo esto, solo redunda en la tendencia capitalista de sobrecargar a las mujeres con tareas de cuidados para sus propios hogares y sus comunidades, por ejemplo, a través de la organización de ollas populares.

Para las lógicas de los acuerdos de financiamiento y los gobiernos, los derechos humanos son un ideal difícil de cumplir antes que una obligación.  El panorama entonces en Argentina hace que tengamos que pensar en cómo se construye un movimiento político contra las deudas insostenibles e ilegítimas, contra las condicionalidades abusivas que van en detrimento de los derechos fundamentales y las vidas de las personas.También nos obliga a reflexionar cómo estos niveles de endeudamiento y de precarización de las vidas se vinculan con el crecimiento de las opciones electorales de extrema derecha, que en última instancia promueven también discursos y prácticas antidemocráticas.

Los desafíos son muchos, son complejos e implican mucha articulación política. No obstante, el contexto urge, ya que no hay sostenibilidad de la vida posible bajo las políticas de austeridad, empobrecimiento y extractivismo. Nos toca seguir construyendo narrativas colectivas, movilizar y dar soporte a las comunidades defendiendo sus territorios.

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Carolina Tamagnini, carotamagnini@fundeps.org

Del 22 al 24 de agosto se llevó adelante la XV Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, Jefes de Estado de los países miembro (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas siglas forman el acrónimo) se reunieron en un foro de alto nivel para discutir asuntos claves para las economías emergentes más destacadas.

Durante la XV cumbre, se reunieron los Jefes de Estado con integrantes del sector empresarial en diálogo con el Nuevo Banco del Desarrollo, para delinear los ejes principales que guiarán la política del BRICS. Entre los temas de agenda este año se incluyó la potencial “desdolarización” del comercio global, con China y el yuan a la cabeza de esta ambición, así como los posibles efectos de la guerra ruso-ucraniana sobre la cooperación entre los países miembros. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto sobre la expansión de los BRICS para incluir a los países que han presentado solicitudes oficiales de membresía: Argentina, Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto. 

Finalmente, durante la cumbre, Argentina, al igual que el resto de los países mencionados, fue invitada formalmente a participar de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Por tratarse de un foro internacional que no implica un proceso de integración supranacional, la decisión de ingresar quedará a discrecionalidad del Poder Ejecutivo que asuma el 10 de diciembre. Parte de les candidates presidenciales, como Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) han manifestado posturas críticas frente a la adhesión, alegando una fuerte diferencia con el accionar internacional de los países pertenecientes a los BRICS, especialmente en referencia a sus violaciones al derecho internacional, como durante la guerra en Ucrania. 

En este sentido, es posible identificar algunos elementos claves sobre las implicancias que tendría la participación Argentina en los BRICS. Principalmente, se hace referencia a la dimensión cuantitativa del grupo BRICS, que concentra el 40% de la población mundial y el 25% del PBI del mundo, un porcentaje que, en conjunto, iguala al de Estados Unidos (World Bank Data Center). A estos números se suman aquellos que vinculan a Argentina específicamente con los países fundadores: los principales receptores de exportaciones argentinas incluyen a Brasil, China e India; mientras que sus principales importaciones provienen de China y Brasil (OEC). 

El rol del Nuevo Banco de Desarrollo

El factor económico toma más relevancia si se tienen en cuenta las posibilidades de financiamiento por parte del Nuevo Banco del Desarrollo (NBD). El banco de desarrollo de los BRICS fue fundado por las naciones integrantes del bloque en 2014, durante la sexta cumbre celebrada en Fortaleza, Brasil. Este banco internacional se posiciona como alternativa al FMI y el Banco Mundial, con créditos orientados principalmente a proyectos de infraestructura y que, según el sitio oficial, priorizan “operaciones de alto impacto que son ambientalmente inteligentes, resilientes, integradas tecnológicamente y socialmente inclusivas”. 

Actualmente, el Nuevo Banco de Desarrollo financia proyectos en sólo 6 países (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y Bangladesh) por un total de 32,8 mil millones de dólares. Según fuentes como Ámbito Financiero, Argentina ya se encontraría negociando con Dilma Rousseff, quien ocupa la presidencia, una posible línea de crédito que ayudaría a aliviar la presión sobre las deudas con el FMI. Para concretar su incorporación al NBD, Argentina debe hacer un aporte de capital de “US$250 millones en bonos soberanos en manos del Tesoro, procedentes del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de otras vías” (La Nación). Un elemento clave de la participación en el NBD es que en su estrategia general se comprometen a otorgar el 30% de sus préstamos en moneda local del país receptor, para mitigar el riesgo de la inversión extranjera (NBD). En el caso de Argentina, esto podría diversificar las fuentes de financiamiento y reducir la dependencia al dólar y al FMI. Sin embargo, continúa preocupando la transparencia del banco y la posibilidad de acceso a consultas públicas o información sobre el proceso de inversión (Diálogo Chino). 

BRICS se ha posicionado desde su creación como un foro de cooperación multilateral alternativo para las economías emergentes, que enfatiza la multipolaridad y un posicionamiento “desideologizado” priorizando el diálogo informal y el intercambio comercial. En este sentido, el ingreso de Argentina al foro presenta un espacio de acercamiento con las grandes economías del mundo que están disputando un modelo alternativo de financiamiento al desarrollo.

 

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Autora

Lourdes Álvarez Romagnoli

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

*Fuente de la imagen: El Cronista

«Desmitificando la financiación del desarrollo» ofrece una visión reveladora de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y su profundo impacto en el mundo. Desde el dinero que invierten hasta las normas que establecen, estos bancos influyen en nuestras vidas y en el bienestar del planeta de un modo que a menudo subestimamos.

En los últimos años, los BPD han abogado por desempeñar un papel aún más importante para hacer frente al cambio climático, la pobreza mundial y otras crisis. Sin embargo, los estudios de casos y la evidencia presentada en este informe demuestran que, en realidad, los BPD están agravando problemas que dicen resolver. El empuje hacia la privatización, el enfoque extractivista y de arriba hacia abajo, y las limitaciones de las salvaguardias sociales y medioambientales a menudo profundizan las desigualdades, provocan violaciones de derechos humanos, alientan el cambio climático y aumentan la deuda.

Elaborado por más de 100 activistas de la sociedad civil, este análisis conjunto pretende abrir un debate muy necesario sobre el papel que desempeñan los bancos de desarrollo en la economía mundial actual y sobre lo que podemos hacer para que rindan cuentas.

El pasado 27 de junio el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, y BID Lab) anunció la apertura del proceso de consulta pública para la preparación de su nueva Estrategia Institucional. El proceso se llevará a cabo a través de colaboraciones y consultas presenciales y virtuales con partes interesadas, entre ellas, la sociedad civil. 

De acuerdo con el mandato de revisión y elaboración de la Estrategia Institucional cada cuatro años, el Grupo BID anunció una nueva apertura de proceso de consulta pública. El  Grupo BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe y está compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); BID Invest, que trabaja con el sector privado; y BID Lab, que se enfoca al desarrollo de formas innovadoras para impulsar un crecimiento inclusivo. 

La consulta tiene como principal objetivo recibir opiniones e insumos de las partes interesadas, entre las cuales se encuentran representantes de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la elaboración de una nueva Estrategia Institucional. El proceso inicia luego del acuerdo de los lineamientos principales que establecen los Directorios Ejecutivos tanto del BID como del BID Invest. Una vez establecidos, el procedimiento se divide en dos fases: la primera fase se compone de consultas con representantes del gobierno, sector privado y sociedad civil, ya sea de forma virtual o presencial, en los 26 países miembros prestatarios. A su vez, se incluye también la posibilidad de que toda parte interesada pueda aportar insumos mediante un formulario en línea que se encuentra disponible hasta el próximo 15 de agosto de 2023. La segunda fase inicia luego de la aprobación de la nueva Estrategia por parte de la Asamblea de Gobernadores, en marzo de 2024, en la que se reportará a quienes participaron en la consulta pública acerca de los insumos recibidos y se les compartirá la nueva Estrategia Institucional del Grupo BID que tendrá vigencia hasta 2030.

En Argentina son tres las fechas establecidas para las consultas públicas: con sociedad civil (04/08/23), con el sector privado (10/08/23) y con el gobierno (16/08/23). Para acceder a las fechas de consultas públicas de los demás países consultar aquí. Por comentarios o más información puede contactarse al siguiente correo electrónico: consultaspublicas@iadb.org

Desde Fundeps consideramos la apertura de dicho proceso como una oportunidad de fortalecer el diálogo del Banco con la sociedad civil. Es por esto que participaremos en el mes de agosto enviando contribuciones para fortalecer la próxima estrategia institucional. 

 

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Autora:

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org