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El día 16 de junio participamos del WEBINAR en el que se presentó el documento: “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica ¿Riesgos y beneficios para quien?”, creado en colaboración con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye Fundeps.   

Es de amplio conocimiento que los Bancos Multilaterales de desarrollo tienen  un rol fundamental en la respuesta y recuperación al COVID – 19, esto es debido a su capacidad de rápida movilización de financiamiento para apoyar y ayudar a los países a responder a los impactos que ha generado esta situación imprevista. Dentro de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cumple un rol clave en este sentido, ya que, en 2020, aprobó 7.9 mil millones y, a junio de 2021, llevaba aprobados 597.6 mil millones de dólares.

Existe una tendencia por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a considerar a los proyectos relacionados con temáticas de salud, como de menor riesgo de daño ambiental y social, por lo que la aplicación de salvaguardas a estos proyectos tiende a ser menos rigurosa. A esto se le suma el hecho de que muchos de los proyectos fueron aprobados con una modalidad de desembolso rápido o fast track, es decir, con tiempos más cortos de preparación y de debida diligencia ambiental y social.

Sin embargo, los hallazgos del informe presentado demuestran que la implementación de este tipo de proyectos de salud y otros en el contexto de la pandemia, tienen un riesgo significativo de daño, especialmente, cuando los grupos más susceptibles de contraer COVID-19, quedan excluidos del acceso a los beneficios del proyecto. El contexto de crisis preocupa por la tendencia de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a flexibilizar los parámetros ambientales y sociales en pos de respuestas rápidas.

El documento presenta seis recomendaciones resultantes del análisis de la situación latinoamericana post-pandemia. Estas enfatizan la importancia de tener en consideración a los grupos marginados, como aquellos más susceptibles de ser afectados y relegados en una situación de crisis, y destacan la necesidad de transparencia y evaluación de riesgos para evitar que se perpetúen las medidas extraordinarias que restringen el espacio público.

Dentro de este marco, el webinar tuvo como objetivo generar un espacio de discusión sobre los principales hallazgos en relación a los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales de las inversiones del BID,  aprobadas durante la pandemia por COVID-19.

Desde Fundeps impulsamos la aplicación de los marcos normativos socioambientales, los mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la información en los proyectos vinculados al financiamiento para el desarrollo, incluso (y más aún), cuando los mismos se dan en un contexto extraordinario de pandemia.

 

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Autoras

  • Lourdes Alvarez Romagnoli
  • Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Estado de situación durante el primer año de pandemia y recomendaciones para promover medidas con perspectiva de género. 

Durante el año 2020, junto a otras organizaciones, trabajamos en la elaboración de un informe que presenta un monitoreo de las respuestas dadas por el Estado argentino para abordar la pandemia y el impacto de estas respuestas en los derechos de las mujeres. Este monitoreo busca informar sobre el estado de situación de los derechos de las mujeres en Argentina en el marco de la pandemia de COVID-19 durante su primer año, contribuir al cumplimiento de los derechos de las mujeres y la justicia de género e instar al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger los derechos desde una perspectiva de género. 

Dentro de esta Mesa de Género se ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado este informe integrado por Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Observatorio de Adolescentes y Jóvenes/Instituto de Investigaciones Gino Germani (OAJ/IIGG), Organización Feminista La Hoguera, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Xumek, A.C. para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. 

El informe describe las iniciativas y abordajes adoptados por el gobierno argentino para proteger los derechos de las mujeres y diversidades durante el primer año de pandemia desde marzo de 2020, cuando se informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país, hasta fines de 2020. Se abordan los siguientes temas prioritarios: participación política y perspectiva de género en las medidas; violencias por razones de género; el derecho al cuidado; y el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Tras la publicación en marzo de los resultados del relevamiento “Compras públicas en pandemia: 2020, el año de las contrataciones directas y la falta de transparencia”, Red Ruido suma a la investigación el primer trimestre del año 2021.

Ruido es una red federal de comunicadores, especialistas en datos abiertos y organizaciones de la sociedad civil que nació para visibilizar temas de interés público relacionados con el manejo de los recursos del Estado, la transparencia administrativa, la corrupción y el acceso a la información. Desde Fundeps apoyamos su creación en alianza Poder Ciudadano y FOPEA. 

En este nuevo informe la pregunta sigue siendo la misma que en el primer relevamiento de Ruido: ¿puede la ciudadanía saber cuánto pagó el Estado por cada producto comprado para paliar la pandemia?

La respuesta no solo es la misma —no—, sino que ahora es peor: hubo menos información disponible para acceder a datos del primer trimestre 2021, en relación con lo relevado en 2020. Esta es la principal conclusión del relevamiento en 13 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires y Nación.

Datos destacados

  •   El 82,3% de las contrataciones en el primer trimestre de 2021 se realizaron de manera directa, según el relevamiento de Ruido en 14 provincias argentinas.
  •   Se registraron menos operaciones que el año pasado y también hubo menos datos disponibles: el índice de acceso a la información empeoró.
  •   En muchas compras en conjunto (las que incluyen varios productos) es imposible detectar cuánto pagó cada provincia por cada elemento.
  •   Santa Cruz se sumó a las provincias sin datos.
  •   Se detectó una compra de alcohol etílico en Chaco que bate récords: 1.900 pesos el litro.

Licitaciones, en falta

El relevamiento de compras públicas relacionadas con la pandemia durante 2020 había detectado que 92% de las operaciones se habían realizado de manera directa. Ese índice mejoró un poco, pero sigue siendo muy alto: 82,3%.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández el 12 de marzo de 2020 estableció la emergencia pública en materia sanitaria por Covid-19, por lo que las contrataciones de bienes y servicios que se realicen en este marco pueden tramitarse por vía directa.

Pasó más de un año y el tiempo para planificar la prevención aumentó, pero no se redujo el uso de este atajo para contratar.

Entre las provincias con casi 100% de compras y/o adjudicaciones directas figuran Salta, Entre Ríos y Santiago del Estero, mientras que Mendoza es la responsable de que haya bajado este promedio general, ya que utilizó el mecanismo de licitación, subastas y/o concursos abiertos en el 49% de las compras. Fue la provincia de mayor mejora con relación a 2020, cuando esa cifra era de apenas 13%.

Acceso a la información

Si se compara el nivel de acceso a la información en el primer relevamiento de Ruido (compras en 2020) con el del primer trimestre 2021, la situación empeoró.

Según el índice elaborado (en el cual 1 implica acceso público total a los datos y 4, ningún acceso), el promedio general del acceso a la información en 2020 había sido de 2,3. Pero de enero a marzo de 2021, retrocedió 0,3 puntos y pasó a ser 2,6.

Esto es así porque no solo se mantuvieron igual las tres provincias que mantienen datos secretos y no dan respuesta a los pedidos de acceso (Tucumán, Salta y Santiago del Estero), en esta ocasión se sumaron Santa Fe (proporciona información ínfima) y Santa Cruz (no respondió a ningún pedido de información).

Alcohol por las nubes

En el caso de los precios de barbijos, ambulancias y alcohol etílico, en el primer trimestre de 2021 hubo muchas menos compras de estos productos que en 2020.

Se mantuvieron las amplias brechas en los precios pagados por barbijos, y no hubo compras de ambulancias.

En el caso del alcohol etílico, el récord pagado por este elemento aparece en una compra de Chaco: 1.900 pesos el litro. Esto surge en una compra realizada el 30 de marzo de 2021 (número de orden 1.865) a Ande Servicios SRL, por la cual se compraron unidades de 200 mililitros (al 70%) a 380 pesos, por un total de 91.200 pesos. La cifra representa hasta 10 veces más del valor de mercado.

No es posible tener más detalles de esta operación, ya que la provincia de Chaco no respondió ningún pedido de acceso de Ruido.

El otro elemento que aparece en algunos relevamientos es el de kits de testeos rápidos para detectar el virus. Hay un amplio rango de precios por el mismo producto que va de los 170 pesos que pagó CABA, hasta los 715 pesos erogados por Mendoza.

Accedé al informe completo y al análisis de cada provincia acá.

Autores del relevamiento de Ruido:

Mariela Arias (Santa Cruz), María Ester Romero (Buenos Aires, Tierra del Fuego y CABA), Yamile González (Formosa), Gabriela Sánchez (Mendoza), Bárbara Maidana (Chaco y Sante Fe), Juan Manuel González (Córdoba), Natalia Buiatti (Entre Ríos), Gonzalo Guzmán (Salta Transparente), Luis María Ruiz (Tucumán), Sol Minoldo, Julieta Fantini, Andrés Vázquez, Cristian Pérez, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.

Gráficos: Diego Forti. Diseño redes: María Pía Reynoso. Redes: Daniela Reynoso. Desarrollo: Walter Kanqui.

Canales de Comunicación Ruido:

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Más información:

Contacto:

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Hoy hizo su presentación la Red Ruido con su primera investigación sobre Compras públicas en pandemia: 2020, el año de las contrataciones directas y la falta de transparencia”. 

Ruido es una red nacional conformada por periodistas, comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles de 15 provincias que se propone visibilizar contenidos de todo el país relacionados con temas de transparencia, acceso a la información pública, corrupción y producir investigaciones, informes y otros contenidos relacionados a esas temáticas. Desde Fundeps apoyamos la creación de la Red Ruido en alianza con FOPEA y con la colaboración de Poder Ciudadano. 

Estos son los resultados de la primera investigación de Ruido ¿Cómo se usaron en Argentina los fondos públicos para las compras relacionadas con la pandemia en 2020?

A través de relevamientos en portales públicos y pedidos de acceso a la información, investigó la información sobre las compras públicas en pandemia en 13 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre marzo y diciembre de 2020 para responder a las siguientes preguntas: ¿qué compraron? ¿cómo lo hicieron? ¿cuánto pagaron?

Datos destacados

  • El 92% de las compras en el marco de la emergencia sanitaria se realizaron de manera directa, según el relevamiento de Ruido en 14 provincias argentinas.
  • La provincia de Buenos Aires compró ambulancias por precios muy superiores a los del resto de los distritos.
  • Chaco pagó el barbijo N95 más caro del país.
  • Córdoba y Buenos Aires concentraron la mayor facturación en un solo proveedor.
  • Santa Cruz adquirió el litro de alcohol etílico con el costo más elevado.
  • Las provincias más opacas: Formosa, Santiago del Estero y Tucumán no hacen público ningún detalle de compras.
  • Las dificultades para acceder a la información en cada distrito.

Informes y datos provincia por provincia

  • Buenos Aires, con las ambulancias más caras del país

La información obtenida es parcial e incompleta pese a los pedidos de acceso a la información, que no tuvieron respuesta. El caso más llamativo: las ambulancias de más de $13 millones. Más información acá.

  • Catamarca, poca información y mucho jet

No hay portales públicos para acceder a las compras y la información recogida sobre gastos por Covid-19 es mínima. Un jet sanitario comprado en pandemia costó U$S 8.950.000. Más información acá.

  • Chaco, sin encuadre

Hay un portal de compras, pero es imposible saber cuáles corresponden a la emergencia por la pandemia. No se respondió el pedido de acceso a la información. Más información acá.

  • CABA, con 210 operaciones sin consignar

Es uno de los distritos mejor organizados, con la visualización de las compras públicas. Aunque hay 210 operaciones que no se pueden rastrear. Los proveedores para investigar. Más información acá.

  • Córdoba, con diferencias

Están disponibles on line casi todos los datos. El relevamiento de Ruido muestra 83% de adjudicaciones directas. El Gobierno tiene otra interpretación. Más información acá.

  • Entre Ríos: la disputa para investigar sobreprecios

Se amplió el límite para las compras directas en pandemia, hasta casi $5 millones. Y las Justicias ordinaria y federal se disputan una investigación por sobreprecios. Más información acá.

  • Formosa, la impenetrable

No hay portales web ni información de las contrataciones en pandemia. La única respuesta al pedido de acceso fue la cifra de cuánto fue el total gastado. Más información acá.

  • Mendoza, accesible

La provincia es una de las más transparentes en relación a la publicación de contrataciones. Más información acá.

  • Salta, la imprecisa

No es posible acceder a la información de las adjudicaciones finales. El Gobierno no respondió a los pedidos de acceso a la información de Ruido. Más información acá.

  • Respuesta incompleta en Santa Cruz

No publica datos oficiales de compras. Ruido los consiguió tras pedidos de acceso, que contestaron cinco de siete ministerios. Los “datos sensibles” que no se muestran. Más información acá.

  • Santa Fe, con datos confusos

No hay coincidencia entre las pocas operaciones que aparecen en el portal oficial de compras, relevadas por Ruido. Tampoco se aclara si corresponden a la emergencia por la pandemia. Más información acá.

  • Santiago del Estero: ni pagando

Es una de las provincias más opacas: no fue posible acceder a ninguna información pública, pese a los pedidos de acceso. Más información acá.

  • Tierra del Fuego: choferes Covid

Se accedió a datos parciales. Llama la atención la contratación de choferes de una secretaría, por razones de pandemia. Más información acá.

  • Tucumán: 5 años para acceder a la información

No se consiguió información relativa a ninguna compra pública de gastos en pandemia. Hay una causa sobre acceso a la información que la Justicia tucumana lleva cinco años sin resolver. Más información acá.

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Autora/es del relevamiento de Ruido

Mariela Arias (Santa Cruz), Marcela Arce (Santiago del Estero), María Ester Romero (Buenos Aires y CABA), Yamile González (Formosa), Gabriela Sánchez (Mendoza), Bárbara Maidana (Chaco y Sante Fe), Cristian Pérez y Juan Manuel González (Córdoba), Gabriel Ramonet (Tierra del Fuego), Luciano Garro (Entre Ríos), Gonzalo Guzmán (Salta Transparente), Luis María Ruiz (Tucumán), Sol Minoldo, Julieta Fantini, Andrés Vázquez, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.

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Presentamos un documento analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en el 2015 por los Estados Miembros de la ONU, con el propósito de finalizar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todas las personas para el año 2030. Los ODS son 17 objetivos integrados entre sí en los cuales las acciones o impactos en uno afectarán a otro/s.

La situación generada por la pandemia no es para nada alentadora, ya que se han agravado las cuestiones desfavorables preexistentes como el aumento de la pobreza y el hambre, el incremento de las desigualdades, el aumento del desempleo, la crisis sanitaria y de saneamiento, la recesión económica, el acceso restringido a la educación, el retroceso respecto a la igualdad de género, entre otros aspectos.

Así, el documento «Impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible», elaborado de manera colaborativa, analiza y reflexiona el impacto del COVID-19 en los ODS, las consecuencias positivas y negativas de la pandemia mundial sobre cada uno de los 17 objetivos.

El actual contexto ha planteado desafíos para los Estados y los organismos internacionales en la toma de decisiones, y en el establecimiento de acciones realmente efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. De esta manera, el panorama hizo que tuviéramos que repensar si el sistema es efectivo o si debemos construir otro modelo de futuro, uno más equitativo, inclusivo, justo y sostenible. Por lo que, la situación que está atravesando el mundo puede significar una oportunidad para replantearnos qué futuro queremos construir de ahora en adelante.

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La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto mundial sin precedentes en la era moderna. Muchos países se encuentran en emergencia sanitaria, económica y social debido a las consecuencias negativas que acarrea la lucha contra el nuevo coronavirus.

Sin dudas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para la Agenda 2030 de Naciones Unidas se verán afectados. En este trabajo analizamos algunos de los impactos positivos y negativos sobre los ODS, aunque adelantamos que en general el panorama es negativo, especialmente si nos enfocamos en los efectos que tendrá sobre la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.

Desde Fundeps, con el apoyo de UNICEF Argentina, llevamos adelante un análisis de las medidas que cada provincia argentina adoptó para adecuar el funcionamiento de sus comedores escolares durante la pandemia. Los datos recopilados permitieron elaborar un conjunto de recomendaciones para mejorar la calidad nutricional de los alimentos provistos y salvaguardarla transparencia de los procesos de gasto público y gestión de la política.

El día viernes 21 de agosto se llevó adelante junto con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de manera virtual, el primer conversatorio sobre Interrupción Legal del Embarazo, Pandemia y Telemedicina. Este encuentro tuvo como objetivo repasar la normativa vigente, socializar los diferentes desafíos que se presentan a la hora de implementar la ILE durante la pandemia, las limitaciones que enfrentan profesionales de salud y las ventajas de la Telemedicina.

En el contexto actual de pandemia, la OMS se ha pronunciado considerando que son “servicios esenciales” distintas prácticas sanitarias, tales como la vacunación sistemática, el tratamiento de enfermedades crónicas, y los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, entre los que incluye la atención durante el embarazo, el parto y la Interrupción Legal del Embarazo. De igual manera lo hicieron las autoridades de salud nacionales y diversas instituciones especializadas en salud. Sin embargo, la falta de información y de medidas por parte de las autoridades competentes, junto a la ausencia de un marco legal claro, dificultan a profesionales de la salud poder cumplir de manera efectiva con las prácticas de la ILE, y a las personas gestantes ejercer derechos que, en la situación sanitaria actual, requieren especial atención a los fines de evitar su avasallamiento.

En el encuentro, del que participaron un total de 40 profesionales de la salud, se habló sobre el marco legal bajo el que se rige la práctica de Telemedicina en Córdoba y Argentina en general, en el contexto particular de la pandemia e independiente de él, se dieron ejemplos prácticos y paralelismos con normativas internacionales. La instancia sirvió también para poner en común distintas experiencias vivenciadas por profesionales, quienes destacaron la importancia y necesidad de espacios para el intercambio de herramientas, información y actualización de conocimientos normativos para el ejercicio de las prácticas de manera segura, tanto para pacientes como para profesionales de la salud intervinientes. 

Presentación de la cartilla “Abortar con derechos durante la pandemia: Interrupción Legal del Embarazo como servicio esencial”

Fundeps presentó en el encuentro un documento que desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la teleasistencia para la atención de estas prácticas, considerando las modificaciones impulsadas recientemente por la pandemia. El documento es una síntesis de la información actualizada para la atención de la ILE, siguiendo los principios de reducción de riesgos y optimización de recursos.

El intercambio de conocimiento como herramienta fundamental 

Celebramos estas instancias de formación e intercambio con diferentes actores que intervienen en la realización de los derechos humanos, como en este caso, los y las profesionales de la salud. Encuentros como este son fundamentales para que estas prácticas sanitarias se lleven adelante sin riesgos ni temores y de manera completa, informada y segura. 

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Autoras

Irene Aguirre

Luz Baretta

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

La siguiente cartilla desarrolla los aspectos técnicos y jurídicos que se deben contemplar a la hora de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo durante la crisis generada por el coronavirus, con referencias a protocolos y recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias. Contiene además un apartado sobre el uso de la telemedicina para la atención de estas prácticas. 

La transformación de los comedores escolares durante la pandemia por COVID-19: celeridad en la prestación y deficiencias en la calidad nutricional de los módulos alimentarios.

Desde la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC) publicamos un documento que recopila la información sobre cómo son las contrataciones públicas a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta durante el estado de emergencia. Además, se proponen recomendaciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos. 

El miércoles pasado las dos Cámaras del Congreso de la Nación llevaron adelante sus sesiones de manera remota por primera vez en la historia. En salones llenos de pantallas, con representantes presentes en el recinto – tomando la prudente distancia – y también a lo lejos, el Poder Legislativo argentino retomó su actividad luego de un mes y medio de haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Derecho constitucional en el nuevo contexto virtual

Sin dudas, la crisis originada por el coronavirus exigió que las instituciones públicas se reformulen, no sólo para enfrentar a la pandemia, sino para continuar garantizando los derechos de la ciudadanía. Durante el mes de abril, la presidenta del Senado presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia  planteando la necesidad de sesionar, sobre todo por aquellas cuestiones que no se pueden resolver por decretos de necesidad y urgencia, como son las de materia tributaria y penal. La pregunta concreta fue si era constitucionalmente posible que el Senado sesionara mediante medios digitales por encontrarse ante una situación de gravedad institucional generada por la pandemia del COVID-19, lo que se prevé como excepción a la sesiones presenciales en el artículo 30 del reglamento de la Cámara Alta. Si bien La Corte rechazó la acción porque consideró que era «improcedente» pronunciarse sobre el tema, ello no impidió que realizara algunas consideraciones adicionales al respecto. 

En este sentido, en el voto mayoritario (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti votaron en un mismo sentido y Carlos Rosenkrantz rechazó in limine) fue que el tribunal manifestó que:

llevar adelante las sesiones del Senado bajo una modalidad remota en lugar de la tradicional forma presencial orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley […] la posibilidad de que el Senado sesione de manera remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a esa Cámara ejercer sus atribuciones” (Cons. N° 16).

Es decir, la Constitución no indica nada sobre “la modalidad física o remota de sus sesiones”.  

Más adelante, la sentencia agrega que “… la continuidad de la tarea de legislar del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina”, correspondiéndole entonces al Senado “arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la realización de su más alta razón de ser, que es la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de sus asuntos” (Cons. Nº 17). Finalmente, la Corte resuelve que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”.

¿Será suficiente para cerrar el camino a futuros planteos de inconstitucionalidad sobre el modo de sesionar? ¿Qué sucederá en el caso que se traten proyectos de ley conflictivos y que requieren amplio debate? 

 Las primeras sesiones

La sesión del miércoles tuvo como primer paso el de votar el protocolo que establece la nueva modalidad, con una vigencia de 60 días, prorrogables si se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Luego, se votó la validez de veinte Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente de la Nación para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. El debate se extendió durante cinco horas y media (se recomienda que las sesiones virtuales no duren más de 6 horas, para evitar problemas técnicos), con exposiciones de más de 20 oradores/as y sin mayores inconvenientes, salvo dos interrupciones técnicas breves. 

Unas horas más tarde fue el turno de la Cámara de Diputados, que sesionó con 193 representantes de manera remota y 47 en el recinto. Primero se aprobó con mayoría especial el protocolo que establece el mecanismo de sesiones virtuales mientras dure el aislamiento social y obligatorio. Luego, se aprobó por unanimidad un proyecto de exención del pago de Impuesto a las Ganancias destinado a profesionales de la salud pública y privada, al personal de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, la actividad migratoria, la actividad aduanera y los bomberos, entre otras actividades esenciales. Finalmente, también por unanimidad, se aprobó un Programa de Protección al personal de salud ante la pandemia de COVID-19. 

No obstante, tras el estreno del sistema telemático en ambas cámaras del Congreso, surgieron dudas en torno a si esta modalidad virtual resultaría viable para discutir proyectos de ley controversiales y más complejos en materia de consensos. En este sentido, representantes de la oposición expresaron que en la primera sesión sólo se le permitió a la décima parte de las y los legisladores realizar discursos, debiendo los demás permanecer en silencio. También se ha expresado cierto temor por que la modalidad remota pueda cercenar algunos derechos políticos de legisladores y legisladoras, e insisten en hallar la manera de retomar la dinámica presencial. Sin embargo, de parte del oficialismo señalan que no hay dudas que la tecnología debe comenzar a formar parte de la vida cotidiana del Congreso.

¿Qué es la democracia digital?

Se entiende que democracia digital o e-democracia es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, para que contribuyan en la consolidación del sistema democrático. La revolución tecnológica lleva varios años presente en los temas que conciernen a la gestión pública y a la ciudadanía, y ha redundado en grandes beneficios para prácticas ciudadanas como la participación, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario entender que Internet tiene un rol fundamental en todos estos procesos, ya que permite el empoderamiento ciudadano y romper barreras que los sistemas tradicionales presentan, lo que genera posibilidades impresionantes y sin precedentes históricos . 

En este sentido, es indudable que las sesiones virtuales de los Poderes Legislativos son una expresión de estas posibilidades inimaginables que nos da la tecnología. En muchos casos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las legislaturas ya venían teniendo mesas de trabajo, reuniones de comisiones y capacitaciones por este medio. Además, son varias las provincias cuyas Legislaturas vienen sesionando de esta manera (por ejemplo, Mendoza, La Rioja y Córdoba). A nivel regional, los primeros países en sesionar de forma virtual fueron Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay. 

Sin embargo, estos mecanismos presentan una serie de dificultades que no se dan en la presencialidad, por ejemplo, a la hora de garantizar la estabilidad de las vías de comunicación (y que no haya desconexiones o problemas técnicos que puedan invalidar los procesos de debate y votación), de acreditar la identidad de quienes participan y de garantizar condiciones mínimas de seguridad informática y protección de datos personales e información sensible. Sin olvidar, además, que en muchos casos el uso de estas tecnologías requirió de capacitaciones previas y de alfabetización tecnológica. 

A pesar de estos desafíos, sabemos que estos procesos han llegado para quedarse, y que continuarán implementándose más allá de la pandemia. Como el teletrabajo, la telemedicina y la educación virtual, el uso de las nuevas tecnologías en la administración pública es cada vez más frecuente, lo que requiere de un Estado ágil, moderno, eficiente e innovador, que además no pierda de vista la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. 

¿Qué sucede con la actividad estatal más allá del legislativo?

Entendemos que es imprescindible que el Estado promueva el pleno funcionamiento de todas las instituciones públicas, y no sólo para atender las soluciones específicas que este contexto demanda. La suspensión de la actividad administrativa por largos períodos puede entorpecer el acceso a derechos básicos, por lo que es clave que se retome la actividad cuanto antes, y por medios digitales si es necesario. 

En el mismo sentido, el Poder Judicial, si bien en muchas jurisdicciones en donde hay mayor flexibilidad en las medidas de aislamiento ya retomó el trabajo de forma presencial, en aquellas con mayor densidad habitacional aún se encuentra con los plazos suspendidos y cursando una suerte de feria judicial extraordinaria. Sin embargo, se vienen garantizando servicios esenciales y de urgencias. Teletrabajo, recepción de escritos electrónicos, incorporación de firma digital, audiencias por videoconferencia y transmitidas por redes sociales, recepción de denuncias por sistemas de mensajería instantánea, habilitación de líneas telefónicas de atención permanente y mediaciones online son algunas de las iniciativas implementadas. Hay incluso algunos juzgados que ordenaron notificar las demandas por WhatsApp

Más tecnología, pero para más derechos 

Las sesiones virtuales del Congreso durante los próximos días seguramente serán el escenario de discusión de cuestiones que tienen que ver, justamente, con el uso de la tecnología. Ya sea para regular y limitar sus consecuencias negativas, con el reconocimiento de lo que se conoce como derecho a la desconexión digital ante las modalidades cada vez más expandidas de teletrabajo, o bien, para facilitar el acceso a ciertos derechos, como es el caso de las recetas médicas digitales, cuyo proyecto ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Salud y Acción social de la Cámara de Diputados y será discutido próximamente.

Si la tecnología llegó para quedarse y va a intensificarse su uso en las instituciones públicas, sobre todo el Congreso, se deben intensificar también políticas de disminución de la brecha digital. De este modo, se habilitará a que toda la ciudadanía pueda gozar de sus beneficios, al poder presenciar, por ejemplo, las sesiones legislativas. La tecnología no debe convertirse en un mecanismo más de exclusión social y privilegio de alguno/as. 

Seguramente queda mucho por reflexionar a la hora de pensar los desafíos en relación con la ciudadanía y la democracia en entornos tecnológicos. Con su enorme complejidad, las nuevas tecnologías son siempre medios al servicio de los fines que cada persona y cada sociedad decidan seguir. Por eso, creemos que es necesario aprender a usar el mundo digital para la promoción de valores como la apertura, la tolerancia, la democracia, el debate y los derechos humanos.

Fuentes

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