Listado de la etiqueta: Democracia

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Compras públicas en pandemia: un año de contrataciones directas y falta de transparencia

Hoy hizo su presentación la Red Ruido con su primera investigación sobre “Compras públicas en pandemia: 2020, el año de las contrataciones directas y la falta de transparencia”. 

Ruido es una red nacional conformada por periodistas, comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles de 15 provincias que se propone visibilizar contenidos de todo el país relacionados con temas de transparencia, acceso a la información pública, corrupción y producir investigaciones, informes y otros contenidos relacionados a esas temáticas. Desde Fundeps apoyamos la creación de la Red Ruido en alianza con FOPEA y con la colaboración de Poder Ciudadano. 

Estos son los resultados de la primera investigación de Ruido ¿Cómo se usaron en Argentina los fondos públicos para las compras relacionadas con la pandemia en 2020?

A través de relevamientos en portales públicos y pedidos de acceso a la información, investigó la información sobre las compras públicas en pandemia en 13 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre marzo y diciembre de 2020 para responder a las siguientes preguntas: ¿qué compraron? ¿cómo lo hicieron? ¿cuánto pagaron?

Datos destacados

  • El 92% de las compras en el marco de la emergencia sanitaria se realizaron de manera directa, según el relevamiento de Ruido en 14 provincias argentinas.
  • La provincia de Buenos Aires compró ambulancias por precios muy superiores a los del resto de los distritos.
  • Chaco pagó el barbijo N95 más caro del país.
  • Córdoba y Buenos Aires concentraron la mayor facturación en un solo proveedor.
  • Santa Cruz adquirió el litro de alcohol etílico con el costo más elevado.
  • Las provincias más opacas: Formosa, Santiago del Estero y Tucumán no hacen público ningún detalle de compras.
  • Las dificultades para acceder a la información en cada distrito.

Informes y datos provincia por provincia

  • Buenos Aires, con las ambulancias más caras del país

La información obtenida es parcial e incompleta pese a los pedidos de acceso a la información, que no tuvieron respuesta. El caso más llamativo: las ambulancias de más de $13 millones. Más información acá.

  • Catamarca, poca información y mucho jet

No hay portales públicos para acceder a las compras y la información recogida sobre gastos por Covid-19 es mínima. Un jet sanitario comprado en pandemia costó U$S 8.950.000. Más información acá.

  • Chaco, sin encuadre

Hay un portal de compras, pero es imposible saber cuáles corresponden a la emergencia por la pandemia. No se respondió el pedido de acceso a la información. Más información acá.

  • CABA, con 210 operaciones sin consignar

Es uno de los distritos mejor organizados, con la visualización de las compras públicas. Aunque hay 210 operaciones que no se pueden rastrear. Los proveedores para investigar. Más información acá.

  • Córdoba, con diferencias

Están disponibles on line casi todos los datos. El relevamiento de Ruido muestra 83% de adjudicaciones directas. El Gobierno tiene otra interpretación. Más información acá.

  • Entre Ríos: la disputa para investigar sobreprecios

Se amplió el límite para las compras directas en pandemia, hasta casi $5 millones. Y las Justicias ordinaria y federal se disputan una investigación por sobreprecios. Más información acá.

  • Formosa, la impenetrable

No hay portales web ni información de las contrataciones en pandemia. La única respuesta al pedido de acceso fue la cifra de cuánto fue el total gastado. Más información acá.

  • Mendoza, accesible

La provincia es una de las más transparentes en relación a la publicación de contrataciones. Más información acá.

  • Salta, la imprecisa

No es posible acceder a la información de las adjudicaciones finales. El Gobierno no respondió a los pedidos de acceso a la información de Ruido. Más información acá.

  • Respuesta incompleta en Santa Cruz

No publica datos oficiales de compras. Ruido los consiguió tras pedidos de acceso, que contestaron cinco de siete ministerios. Los “datos sensibles” que no se muestran. Más información acá.

  • Santa Fe, con datos confusos

No hay coincidencia entre las pocas operaciones que aparecen en el portal oficial de compras, relevadas por Ruido. Tampoco se aclara si corresponden a la emergencia por la pandemia. Más información acá.

  • Santiago del Estero: ni pagando

Es una de las provincias más opacas: no fue posible acceder a ninguna información pública, pese a los pedidos de acceso. Más información acá.

  • Tierra del Fuego: choferes Covid

Se accedió a datos parciales. Llama la atención la contratación de choferes de una secretaría, por razones de pandemia. Más información acá.

  • Tucumán: 5 años para acceder a la información

No se consiguió información relativa a ninguna compra pública de gastos en pandemia. Hay una causa sobre acceso a la información que la Justicia tucumana lleva cinco años sin resolver. Más información acá.

Más información

Autora/es del relevamiento de Ruido

Mariela Arias (Santa Cruz), Marcela Arce (Santiago del Estero), María Ester Romero (Buenos Aires y CABA), Yamile González (Formosa), Gabriela Sánchez (Mendoza), Bárbara Maidana (Chaco y Sante Fe), Cristian Pérez y Juan Manuel González (Córdoba), Gabriel Ramonet (Tierra del Fuego), Luciano Garro (Entre Ríos), Gonzalo Guzmán (Salta Transparente), Luis María Ruiz (Tucumán), Sol Minoldo, Julieta Fantini, Andrés Vázquez, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.

Conocé más acerca de El Ruido

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Agencia de Acceso a la Información: organizaciones pedimos una audiencia a Alberto Fernández

Luego de la audiencia pública realizada el pasado martes 23 de marzo para discutir la candidatura de Gustavo Fuertes al frente de la Agencia de Acceso a la Información, organizaciones de la sociedad civil le solicitamos una reunión al Presidente de la Nación para pedirle que proponga a un candidato idóneo al frente de este organismo clave para garantizar la transparencia en el Estado.

Junto a ACIJ,  Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, Democracia en Red, Fundación Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información le solicitamos una entrevista a Alberto Fernández con el propósito de manifestarle una serie de observaciones sobre la candidatura -propuesta por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- para el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

La audiencia pública que se realizó el pasado 23 de marzo para discutir la candidatura del abogado Gustavo Fuertes al frente de la AAIP dejó en evidencia la necesidad de que sea propuesto otro perfil para el cargo. Luego de una serie de exposiciones impugnatorias de numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil y las respuestas del candidato a las observaciones y preguntas realizadas, resultó con claridad que el candidato carece de los conocimientos y la trayectoria que demuestren su idoneidad y el compromiso que un cargo de esta relevancia requiere.

Frente a esta preocupante situación es que las organizaciones solicitamos reunirnos en forma urgente con el Presidente de la Nación, confiando en que podremos manifestarle las razones por las que debe enviarse una nueva candidatura que cumpla con los requisitos de idoneidad y autonomía para el cargo.

Accedé a la carta

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

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El Jefe de Gabinete debe proponer a otra persona para dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública

Comunicado conjunto de ACIJ, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundeps, Poder Ciudadano, Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en ocasión de la culminación de la audiencia en la que se debía discutir el conjunto de observaciones presentadas en torno al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Gustavo Fuertes.

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública para la evaluación de la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo para la Agencia de Acceso a la Información Pública, que promueve para el puesto al Abogado Gustavo Fuertes. A contrario de lo que establece la normativa vigente, y lo que incluso debería haber ocurrido por la naturaleza del cargo en discusión, la audiencia no fue transmitida en vivo para el conjunto de la ciudadanía, lo que restringió la cantidad de oyentes y el acceso por parte de periodistas.

El candidato presentó algunas propuestas de trabajo, pero sus respuestas a las preguntas realizadas -generalmente incompletas y acotadas- demostraron la falta de saberes concretos en materia de acceso a la información y protección de datos personales, lo que corrobora que su trayectoria profesional en otras áreas del sector público no lo convierten en una persona capacitada para la tarea que se le pretende encomendar. Lejos de reafirmar que sea la persona más idónea para el cargo, el candidato reconoció en varias ocasiones la necesidad de estudiar los temas sobre los que se le preguntó y la existencia de personas con mayores antecedentes en la materia.

La audiencia dejó en evidencia lo que numerosas organizaciones de la sociedad civil plantearon en sus impugnaciones: el candidato carece de los conocimientos y la trayectoria que permitan mostrar su idoneidad y compromiso para el cargo. Decenas de oradores y oradoras expusieron a lo largo de casi 5 horas sus impugnaciones. Todas las personas que hicieron uso de la palabra coincidieron en la necesidad de que sea enviada otra candidatura que asegure el adecuado funcionamiento y la autonomía de este órgano fundamental, en tanto que no se presentó ninguna persona a argumentar en favor de la candidatura.

Las audiencias públicas deben ser una instancia de participación sustantiva de la ciudadanía que redunden en una mejor toma de decisiones del Estado. Caso contrario, se convierten en una mera formalidad. De los resultados de esta audiencia surge con claridad que la candidatura del Poder Ejecutivo para el cargo no cumple con los requisitos de la ley.

Le solicitamos al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, que retire esta candidatura y envíe la de una persona que demuestre su idoneidad y compromiso con el cargo, en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

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Pronunciamiento por la designación del Fiscal General de Córdoba

Un grupo de más de 30 organizaciones de Córdoba elaboramos una carta expresando nuestra preocupación por la eventual designación de Juan Manuel Delgado como Fiscal General de la provincia de Córdoba.

Hoy se vota en la Legislatura de Córdoba la postulación de Juan Manuel Delgado al cargo de Fiscal General de la provincia de Córdoba. El cargo, por mandato Constitucional es propuesto por el ejecutivo provincial y debe contar con el acuerdo de la Legislatura. 

El pasado jueves 11 de marzo asistimos a la Audiencia Pública que se llevó a cabo y presentamos observaciones en algunos aspectos que consideramos críticos. En ese sentido, destacamos la falta de independencia que consideramos que existe al postular a una persona que se desempeña actualmente en el poder ejecutivo así como la falta de formación y experiencia en material penal, derechos humanos, género y diversidades y problemáticas ambientales.

En el día de hoy, más de 30 organizaciones hicimos pública nuestras preocupaciones en relación a la designación del Fiscal propuesto. Si bien retoman algunos de los puntos planteados en la Audiencia, esta carta abierta hace especial hincapié en la amenaza que advertimos en materia de vigencia de los derechos sexuales y (no) reproductivos conquistados, dadas las vinculaciones previas del candidato y sus dichos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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Audiencia Pública por el cargo de Fiscal General de la Provincia de Córdoba

Este jueves participamos de la Audiencia Pública para tratar la postulación del abogado Juan Manuel Delgado al cargo de Fiscal General de la Provincia de Córdoba, convocada el 04/03/2021 a través del Boletín Oficial.

La misma se llevó a cabo luego de que el gobernador Juan Schiaretti remitiera a la Legislatura Unicameral de Córdoba, mediante expediente N° 32245/P/21, la propuesta formal a efectos de solicitar acuerdo para la designación de Juan Manuel Delgado como Fiscal General de la Provincia.

Juan Manuel Delgado, es abogado, y actualmente se desempeña como Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba (desde mayo de 2019). Además, fue Secretario del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2012/2018), Vocal del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2019), Secretario de la Bolsa de Comercio (2018), y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2017-2019).

En esta oportunidad, dejamos planteados los siguientes aspectos, que consideramos sumamente preocupantes: 1) En primer lugar, la grave afectación a la calidad institucional de la provincia con la postulación para ocupar el cargo más alto del Ministerio Público a una persona que viene de ejercer como abogado dentro del poder ejecutivo, precisamente como procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba, que depende de la Fiscalía de Estado de la provincia. Esto socava fuertemente el mandato constitucional de la independencia entre los poderes del Estado; 2) En segundo lugar, y de acuerdo a la única información disponible acerca de la trayectoria del postulante, surge de forma evidente su falta de conocimiento y experiencia en materia penal, ámbito de principal actuación del Fiscal General de la provincia. Sumado a ello, tampoco se advierte en el postulante formación y/o antecedentes en derechos humanos, derecho ambiental y en perspectiva de géneros y diversidades.

Finalmente, dejamos expuesto que, más allá de la formación, experiencia y trayectoria en estos temas, que consideramos de gran relevancia, nos interesa que el postulante demuestre un compromiso con una labor activa en estas materias. El Plan de Trabajo del Fiscal General, en donde se definen las prioridades de la política criminal, debe ser público para toda la ciudadanía y debe incorporar estos temas.

Nota presentada en Legislatura de Córdoba

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Sin autoridad idónea en la AAIP, peligra el derecho de acceso a la información pública

Organizaciones de todo el país solicitaron una reunión urgente con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para conversar sobre el proceso de selección de la máxima autoridad de la AAIP -órgano de control al Poder Ejecutivo en materia de acceso a la información pública- dado que el candidato propuesto no cumple con los requisitos de idoneidad para el cargo, producto de la falta de antecedentes relevantes que demuestren su conocimiento y compromiso con este derecho humano.

El pasado 17 de febrero, el Jefe de Gabinete de la Nación propuso como Director de  la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) del Poder Ejecutivo al abogado Gustavo Juan Fuertes, quien no cuenta con una trayectoria vinculada temas de transparencia, acceso a la información pública o protección de datos personales –ver cv publicado-.

La Agencia de Acceso a la Información tiene una tarea que resulta insustituible en la protección de este derecho humano, que es a su vez fundamental para una democracia de calidad en la que la ciudadanía pueda saber y participar activamente de los asuntos públicos. 

Entre sus roles se destacan no sólo el de resolver los reclamos de las y los peticionarios y monitorear la publicación proactiva de información, sino también el de garantizar que se apliquen los mejores estándares en la materia y sea estimulada una práctica ciudadana y estatal que  permita contar con un Estado Abierto basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. A esto se suma que es el órgano encargado de proteger los datos personales y asegurar que en nuestro país se respete el derecho a la privacidad. 

El correcto funcionamiento de la AAIP requiere de funcionarias y funcionarios con un alto compromiso en la temática y probada idoneidad en la materia. De lo contrario, se corre el riesgo de que sean tolerados menores niveles de transparencia y apertura de la información en manos del conjunto de las instituciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo (organismos de la administración pública centralizada, descentralizada, empresas del Estado, empresas concesionarias de servicios públicos, universidades, partidos políticos). 

Por ello, y en el marco del proceso de selección abierto a la ciudadanía, es importante que las autoridades sean receptivas a este tipo de objeciones provenientes de la sociedad civil y brinden respuestas respecto de las preocupaciones planteadas. El compromiso del Poder Ejecutivo con el derecho de acceso a la información pública debe reflejarse en el tipo de perfil propuesto para ocupar este cargo, de lo contrario está en juego el derecho a saber.

Las organizaciones firmantes de la petición son: Acción Colectiva – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Datos Concepción – Democracia en Red – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Fundación Conocimiento Abierto – Fundación Directorio Legislativo – Fundación Huésped – Fundación Mujeres en Igualdad – Fundación Nuestra Mendoza – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) – Fundamentos para la Educación (FundaEdu) – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) – Laboratorio de Políticas Públicas – PARES – Poder Ciudadano – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – Salta Transparente.

Está abierta hasta el 15 de marzo la recepción de observaciones sobre la candidatura propuesta, así como el período de inscripción a la audiencia pública virtual -que se realizará el 23 de marzo a las 9 hs- para la designación de la autoridad de la AAIP del Poder Ejecutivo. Es importante que la ciudadanía participe de estos procesos, que hacen al fortalecimiento de la democracia. Link de inscripción
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Fundeps fue elegida para formar parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto

El pasado mes de noviembre de 2020 desde el colectivo de organizaciones de sociedad civil para el Estado Abierto en Argentina, llevamos a cabo las elecciones para renovar las representaciones de la sociedad civil dentro de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto. 

¿Qué es la Mesa Nacional de Gobierno Abierto?  

La Mesa Nacional de Gobierno Abierto se creó en 2018 como un espacio de coordinación entre el gobierno nacional  y la sociedad civil  en la promoción de políticas públicas de gobierno abierto, así como en las acciones a implementar por Argentina en su participación en la Alianza para el Gobierno Abierto. Está compuesta por cuatro representaciones del gobierno y cuatro representaciones de sociedad civil. 

Las participaciones de gobierno se deciden desde la titularidad del área que tenga competencias específicas sobre gobierno abierto, que en la actualidad es la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital. Desde gobierno ocupan su lugar dentro de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto: la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información Pública. 

Por parte de la sociedad civil, sus representantes se eligen por votación del colectivo de sociedad civil que conforman, en la actualidad, la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina. En las últimas elecciones Fundeps salió elegida junto con las organizaciones Democracia en Red, Acción Colectiva y Fundación Huésped. 

Desde Fundeps sentimos una gran satisfacción de poder participar de este espacio, a la vez que asumimos este desafío con gran responsabilidad. Esperamos contribuir, junto con las excelentes organizaciones que nos acompañan, en el desarrollo e implementación de más y mejores políticas de gobierno abierto, fortaleciendo la calidad de las democracias a nivel nacional y subnacionales, en sintonía con los procesos regionales y con perspectiva de derechos humanos. 

 

Más información:

 

Contacto: 

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

 

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Argentina presentó su 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto a la Alianza para el Gobierno Abierto

Tras la opción dada por la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) de posponer un año la ejecución del actual Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (PANGA) (2019 – 2022) por la pandemia del Covid-19 – Resolución de Coronavirus OGP – y la posibilidad de revisar el Plan en el primer año de implementación tras la transición política, el gobierno de Argentina envió en diciembre 2020 su Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, adaptado. 

Argentina se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012. Formar parte de esta Alianza global implica comprometerse con políticas de gobierno abierto co-creadas con sociedad civil, que se materializan a través de planes de acción nacionales, a ejecutar en dos años. Desde su incorporación a la fecha, Argentina ha presentado cuatro Planes de Acción Nacionales de Gobierno Abierto.

En septiembre 2019 Argentina presentó el 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019 – 2021) tal como lo estipulaban los plazos dados por OGP. Disposiciones de OGP permiten, de todos modos, efectuar enmiendas al Plan en el primer año de implementación del Plan (2020, para Argentina), sobre todo en caso que operen transiciones políticas en el medio como fue el caso de nuestro país. Con la irrupción de la pandemia a causa del Covid-19 que cambió todas las prioridades de la agenda pública en el año 2020, el Subcomité de Criterios y Estándares dictó la Resolución de Coronavirus de OGP en marzo 2020 mediante la cual dio la posibilidad a los países de la Alianza de posponer un año la presentación o implementación de sus Planes, según el momento en el que cada país se encontrase. Argentina como ya había presentado su Plan, podía hacer uso de esta opción, posponiendo un año su ejecución, es decir que éste concluya en agosto 2022 en vez de agosto 2021. 

Luego de consensuar esta decisión en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, y a través de ésta con el colectivo que integra la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina, se decidió tomar esta opción, fijando a su vez cuál iba a ser la metodología para efectuar cambios dentro del Plan. En ese sentido se previó la posibilidad de efectuar dos tipos de cambios: modificaciones específicas relativas a plazos, partes de hitos de los compromisos o entregables o modificaciones más sustanciales que cambiaran el alcance del compromiso. En todos los casos la opción de realizar cambios al Plan estaba en manos del Organismo responsable de su cumplimiento, y se establecieron instancias de validación o co-construcción del compromiso -según el caso- con las Organizaciones de la Sociedad Civil que formaron parte del compromiso inicial. 

De todo este proceso resultó que Argentina envíe en Diciembre 2020 su Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019 – 2022).  

¿En qué dista el Plan actual al presentado en 2019? 

El 4° Plan de Acción presentado en Diciembre 2020 se compone de 18 compromisos, es decir que a los 15 iniciales, se agregaron tres:

  • Uno relativo a Educación Sexual Integral (ESI), en virtud del cual se dispone crear  un Observatorio Federal de Implementación de la ESI, que se reunirá bimensualmente con actores de la sociedad civil y gubernamentales, así como la publicación de datos abiertos sobre la implementación de la ESI. Siendo el órgano responsable del cumplimiento la Subsecretaría de Educación Social y Cultura del Ministerio de Educación de la Nación. 
  • Y dos sobre Plan de Acción de Congreso Abierto. Es decir que el anexo del Plan 2019 sobre el Plan de Acción de Congreso Abierto, se desdobló en dos compromisos, uno por cada Cámara del Congreso de la Nación. En este caso, cada Cámara del Congreso hizo su propia adecuación de plazos y deberá presentar su propio Plan de Acción de Congreso Abierto. 

En relación a los compromisos iniciales, solo uno – sobre Acceso a la Justicia – cambió su contenido, pasando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a comprometerse a crear de Observatorios Provinciales de Acceso a la Justicia, así como operativos territoriales locales en en zonas rurales, pueblos originarios, barrios populares y zonas postergadas, entre otros hitos (ver versión anterior página 83- versión actual del compromiso). En ese caso, se sumaron además otras organizaciones de la sociedad civil como XUMEK, CELS, INECIP y ANDHES. Los otros compromisos sólo tuvieron adecuaciones sencillas, sobre plazos de cumplimiento fundamentalmente, dada a la extensión de un año en el cumplimiento total del Plan. 

En algunos compromisos se sumaron otras ONG que no estaban inicialmente previstas, como fue el caso del compromiso sobre Acceso a la Justicia, ESI donde se sumaron Amnistía Internacional y Fundeps, en el compromiso de Mujeres en el Mundo del Trabajo se sumó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad como otro actor de colaboración y seguimiento del mismo, y en el Sexualidad y Derechos se sumó la organización FUSA. 

Finalmente se agregó al 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, un documento anexo elaborado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad denominado Incorporación de la Perspectiva de Género y Diversidad que constituye un aporte desde este Ministerio para promover la transversalidad de la perspectiva de géneros y diversidad en el ámbito de las políticas de gobierno abierto generadas en el 4° Plan de Acción. 

Desde Fundeps, formamos parte de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto (2020-2022) y del colectivo que integra Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para un Estado Abierto en Argentina. 

Finalizadas las instancias de co-creación (2019) y revisión (2020) del Plan, es momento de colaborar desde la ciudadanía y la sociedad civil en el seguimiento de los compromisos asumidos en el Plan, a los fines de contribuir en su efectivo cumplimiento con el objetivo de de seguir consolidando las políticas de gobierno abierto en todo el país, tanto a nivel nacional como federal, y en todas las áreas en las que las políticas gobierno abierto se fueron abriendo camino. 

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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org. 

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¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Presentamos un documento analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en el 2015 por los Estados Miembros de la ONU, con el propósito de finalizar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad para todas las personas para el año 2030. Los ODS son 17 objetivos integrados entre sí en los cuales las acciones o impactos en uno afectarán a otro/s.

La situación generada por la pandemia no es para nada alentadora, ya que se han agravado las cuestiones desfavorables preexistentes como el aumento de la pobreza y el hambre, el incremento de las desigualdades, el aumento del desempleo, la crisis sanitaria y de saneamiento, la recesión económica, el acceso restringido a la educación, el retroceso respecto a la igualdad de género, entre otros aspectos.

Así, el documento «Impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible», elaborado de manera colaborativa, analiza y reflexiona el impacto del COVID-19 en los ODS, las consecuencias positivas y negativas de la pandemia mundial sobre cada uno de los 17 objetivos.

El actual contexto ha planteado desafíos para los Estados y los organismos internacionales en la toma de decisiones, y en el establecimiento de acciones realmente efectivas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. De esta manera, el panorama hizo que tuviéramos que repensar si el sistema es efectivo o si debemos construir otro modelo de futuro, uno más equitativo, inclusivo, justo y sostenible. Por lo que, la situación que está atravesando el mundo puede significar una oportunidad para replantearnos qué futuro queremos construir de ahora en adelante.

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Impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto mundial sin precedentes en la era moderna. Muchos países se encuentran en emergencia sanitaria, económica y social debido a las consecuencias negativas que acarrea la lucha contra el nuevo coronavirus.

Sin dudas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para la Agenda 2030 de Naciones Unidas se verán afectados. En este trabajo analizamos algunos de los impactos positivos y negativos sobre los ODS, aunque adelantamos que en general el panorama es negativo, especialmente si nos enfocamos en los efectos que tendrá sobre la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.

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Amparo por mora en el acceso a la información ambiental

El 1 de diciembre, presentamos un acción de amparo por mora de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba en brindar en información pública ambiental. A través de esta acción solicitamos a los tribunales que exija a la Provincia cumplir con su deber de brindar la información solicitada.

Durante los meses de octubre y noviembre solicitamos a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, información pública vinculada a las políticas y acciones puestas en marchas por el Estado Provincial en torno a medidas de prevención, mitigación y adaptación al fenómeno. Ante la falta de respuesta dentro del plazo previsto por la normativa provincial vigente, solicitamos nuevamente el pronto despacho de la administración.

A falta de una respuesta concreta, y encontrándose los plazos vencidos, presentamos una acción de amparo por mora. Esta consiste en poner en conocimiento de los Tribunales Provinciales la demora en el cumplimiento de los plazos ordenados por la ley para contestar el requerimiento, para que luego el órgano judicial exija a la autoridad en cuestión el cumplimiento de su deber.

Cabe recordar que el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado en el sistema normativo argentino y es reconocido en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1994, el Acuerdo de Escazú ratificado por Ley Nacional N° 27.566, en el art. 41 de la Constitución Nacional, como así también en las Leyes 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental y 25.675 General del Ambiente. Este derecho resulta un presupuesto fundamental propio de la convivencia democrática y necesario para una adecuada gestión ambiental.

En el cumplimiento de sus obligaciones, las autoridades deben de brindar dicha información, sin que sea necesario acreditar interés o razón alguno, de modo gratuito y en los plazos ordenados. En caso de incumplimiento, la acción de amparo por mora se perfila como el modo de garantizar el goce de tan fundamental derecho.

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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Nos capacitamos en «análisis presupuestario y estrategias de incidencia para la transparencia»

En el marco de un proyecto que busca fortalecer la rendición de cuentas a nivel federal, junto con las ONG Nuestra Mendoza, Andhes y Salta Transparente nos capacitamos en «Análisis Presupuestario y Estrategias de Incidencia para la Transparencia» a los fines de generar herramientas comunes y alinear nuestro trabajo en esta materia. 

El presupuesto público es el principal mecanismo de política económica que define cómo y cuánto se van a recaudar e invertir los recursos públicos en todo un año. A través de éste, el gobierno define sus prioridades en atención a las políticas públicas y por tanto en la garantía de derechos. 

El objetivo de la capacitación fue generar herramientas y alinear nuestro trabajo en materia de presupuesto público, a los fines de poder llevar adelante una estrategia conjunta en la temática. Si bien, en líneas generales, todos los presupuestos públicos siguen un esquema similar tanto a nivel nacional como subnacional, tanto nación como cada jurisdicción tiene sus propias especificidades. En este sentido se fijaron pautas de análisis de cada proceso presupuestario provincial, con identificación de sus actores claves, tiempos del proceso y existencia o no de mecanismo de transparencia y participación ciudadana. 

En un año especialmente complejo, donde se declaró la emergencia y se destinaron grandes fondos para la atención de la pandemia – situación que se estima continuará al menos por un tiempo más – consideramos clave adentrarnos en esta temática. En ese sentido, abogaremos por una mayor visibilización del presupuesto público, a la vez de que éstos sean más transparentes, participativos y garantes de los derechos humanos.