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Los derechos en el Acuerdo de Escazú

El 22 de abril entró en vigor el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe- “Acuerdo de Escazú”. Con motivo del Día Mundial del Ambiente presentamos un recursero de los derechos que garantiza Escazú.

El Acuerdo tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental, siendo esto fundamental para fortalecer la democracia, el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente. Sus disposiciones incluyen la perspectiva de género, el gobierno abierto, y criterios de prioridad en su aplicación vinculada a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Finalmente incorpora un capítulo destinado específicamente a la protección de defensores/as de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Los principios, reglas y normas contenidos en el tratado, se suman al amplio y robusto abanico de leyes ambientales vigentes en la Argentina, reforzando los derechos y deberes que rigen en esta materia. La mayoría de estos pese a pese a encontrarse vigentes, son sistemáticamente incumplidos y lesionados por los poderes de las autoridades, particularmente en lo que refiere al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia.

Desde Fundeps elaboramos un recursero sobre el Acuerdo De Escazú con información sobre su contenido, principios y derechos que garantiza. Asimismo, incorpora herramientas de información legal y para el acceso a la información ambiental.

Ante un escenario de constantes vulneraciones de derecho de acceso, es importante conocer y difundir los derechos que garantiza Escazú para lograr su efectivo respeto y aplicación.

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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ACUERDO DE ESCAZÚ: Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales

Este recursero tiene como fin dar a conocer el contenido, los derechos que garantiza y las obligaciones del Estado que rigen en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – llamado Acuerdo de Escazú. Además, incorpora en sus anexos herramientas y modelos para ejercer estos derechos ante las autoridades. 

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El proceso de capacitación en asuntos ambientales municipal

La Municipalidad de Córdoba sancionó en noviembre del año 2020 la ordenanza N° 13.103. Aun cuando no se trata de la adhesión a la llamada Ley Yolanda, esta implementa a nivel municipal la capacitación permanente y obligatoria en materia ambiental.

La ordenanza obliga a todas las personas que desempeñen la función pública municipal a capacitarse en asuntos ambientales. En particular la ordenanza plantea temáticas tales como la normativa vigente, con foco en el cambio climático, calentamiento global, el cuidado ambiental y equilibrio ecológico, la gestión de residuos sólidos urbanos, la economía circular, la biodiversidad y el uso responsable de los recursos en el ámbito laboral.

Si bien la normativa prevé un mecanismo de acceso a la información para la difusión del grado de cumplimiento mediante diversos indicadores, al día de la fecha este no ha sido instrumentado. No obstante se han dado a conocer diversos eventos a través del portal municipal en los que se llevaron a cabo las capacitaciones.

En este marco, solicitamos mediante la plataforma municipal de acceso a la información, diversos puntos sobre el proceso de implementación al día de la fecha. Las leyes y ordenanzas que garantizan el acceso a la información pública ambiental, permiten solicitar este tipo de información a los fines de procurar un monitoreo de las políticas públicas.

Lo cierto es que en numerosas ocasiones este tipo de solicitudes no suelen ser contestadas, impactando tal accionar en el ejercicio de estos derechos. El acceso a la información es un pilar para la defensa de los derechos colectivos y para una adecuada gestión ambiental participativa.

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Movilización en rechazo a la autovía en Punilla

El pasado jueves 20 de mayo, acompañamos a Fair Argentina, Eco House, Asamblea por el Ambiente Córdoba, Foro ambiental y Jóvenes por el Clima Córdoba en una convocatoria para exigir el rechazo del proyecto de autovía de punilla. El reclamo se llevó a cabo en el marco del último día de audiencia pública del proyecto.

El resultado de las audiencias públicas realizadas vía web fue contundente. Un 90% de quienes participaron manifestaron su rechazo. Entre algunos de los fundamentos cabe resaltar aquel que señala que el trayecto del proyecto atraviesa 16 cursos de agua, afectando cuencas hídricas de las cuales depende el acceso al agua potable de las comunidades. Asimismo, se señaló que su traza implica la afectación de 172 hectáreas de bosque nativo -categoría roja-, impactando negativamente en sus funciones ecosistémicas y en la fauna que allí habita.

Además, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental fue realizado con llamativas deficiencias, afectando por ello el derecho a la participación pública, requisito fundamental para la concesión de cualquier autorización. Además, ante este panorama de rechazo por parte de las comunidades, el Estado nacional dictó el 3 de mayo el Decreto N° 295/2021 mediante el cual aprobó su aval al préstamo para la construcción de la autovía. Esto sin dudas resulta al menos problemático, teniendo en cuenta que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en pleno proceso de desarrollo.

El proceso de EIA deberá de contemplar y examinar todas las observaciones. El rechazo a la autovía fue el hilo conductor de las exposiciones que se dieron en la audiencia pública, y deberá de ser evaluado al momento de emitir un acto administrativo. Pues sin licencia social no es posible conceder una licencia ambiental.

Foto: Tomás Medina

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Agencia de Acceso a la Información: El Ejecutivo deberá presentar una nueva propuesta para designar a su autoridad

Comunicado conjunto de ACIJ, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundeps, Poder Ciudadano, Vía Libre y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en ocasión de la culminación de la audiencia en la que se debía discutir el conjunto de observaciones presentadas en torno al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, Gustavo Fuertes.

Celebramos que, luego de la audiencia pública en la que la ciudadanía pudo expresarse respecto de la candidatura de Gustavo Fuertes para liderar la AAIP, el Poder Ejecutivo no haya avanzado en su designación. Vencido el plazo con el que contaba para confirmar dicha propuesta, es necesario ahora que se generen en forma urgente espacios de discusión abiertos respecto del nuevo perfil que debe impulsar la Jefatura de Gabinete, para cubrir mediante un proceso participativo la vacancia en la Agencia.

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública en la que se discutió la candidatura del abogado Gustavo Fuertes para ocupar el cargo de Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que se encuentra vacante desde el 1° de enero de 2021. La audiencia representó una oportunidad para que distintas personas y organizaciones de la sociedad civil detallaran las numerosas observaciones a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo, las cuales coincidieron en la falta de idoneidad y garantías de autonomía del candidato.

Luego de esta instancia participativa, el Poder Ejecutivo decidió no confirmar finalmente la postulación de Fuertes al cargo. Tal como indica la Ley 27.275 en su artículo 21 inciso f, la Jefatura de Gabinete contaba con un plazo de siete días desde la celebración de la audiencia para aprobar la designación. Superado este plazo, entonces, el Poder Ejecutivo debe volver a iniciar el proceso de selección a partir de la propuesta de una nueva persona para ocupar el cargo.

La decisión de escuchar los argumentos brindados por distintas organizaciones de la sociedad civil y personas en una instancia ideada para que la ciudadanía pueda participar en decisiones públicas relevantes, y con ello revisar una propuesta oficial, resulta un paso muy valioso en la construcción de una democracia deliberativa en la que las razones importen. Por ello, que el Poder Ejecutivo haya desistido de avanzar en una decisión que fue cuestionada con argumentos de suma relevancia producto de los impactos que podría tener para la vigencia del derecho humano de acceder a información pública, debe ser destacado.

Este cargo, que ya lleva vacante más de cuatro meses, es fundamental para el  sistema democrático. En primer lugar, porque tiene el rol de asegurar la plena transparencia de la totalidad de instituciones e identidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo (lo que alcanza organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas públicas y con participación estatal, concesionarias de servicio públicos, contratistas del Estado, entre otras). A su vez, tiene entre sus funciones asegurar la protección del derecho a la privacidad y la plena aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas funciones, por sus implicancias en el ejercicio de otros derechos, no pueden verse postergadas por ninguna razón, menos aún en un contexto de emergencia como el actual.

Por todas estas razones, es urgente que el Poder Ejecutivo envíe una nueva candidatura al cargo acorde a los estándares de idoneidad y autonomía recogidos en la  normativa argentina y en el derecho internacional. Esto implica, entre otros antecedentes, que la persona cuente con una amplia trayectoria en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, de forma tal que pueda corroborarse su compromiso con la efectividad de estos derechos humanos. Para ello, resulta deseable que se generen instancias abiertas para discutir en torno al perfil que se requiere para la persona que resulte propuesta, y que ello derive en la pronta designación de una nueva autoridad y la consecuente normalización del funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

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La provincia de Córdoba adhirió a la Ley Yolanda

El día de hoy la Legislatura provincial aprobó el proyecto de adhesión a la Ley Yolanda de formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública.

Con la incorporación de ciertas normas particulares, la provincia de Córdoba sancionó la normativa por la cual se adhiere a la Ley Nacional N° 27.592, llamada Ley Yolanda en honor a Yolanda Ortiz, quien fuera la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la República Argentina.

Esta ley obligará a las personas que ejerzan la función pública en el Estado provincial a capacitarse en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático. En el texto cordobés se incorporan temáticas de particular interés regional, numeradas de un modo enunciativo, tales como bosque nativo, cambio climático, derecho ambiental, gestión de residuos solidos urbanos, impacto ambiental de las políticas públicas, preservación de áreas protegidas y recursos hídricos, entre otros.

Asimismo, afortunadamente se establece la autoridad de aplicación en el mismo cuerpo de la ley, siendo la Secretaría de Ambiente la encargada de su aplicación. Además, procura garantizar el acceso público a la información en torno al grado de cumplimiento de la ley, como así también le otorga a la autoridad de aplicación la facultad de celebrar convenios con universidades, instituciones científicas, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades para garantizar el cumplimiento de la norma.

A pesar de que la normativa podría haber sido superadora en relación a la Ley Nacional en torno a la conformación de una autoridad de aplicación mixta que incorpore al Ministerio de Educación, como así también la incorporación de una vía de denuncia o reclamo que permita a la ciudadanía aportar en el proceso de fiscalización, celebramos la adhesión provincial a esta importante herramienta para la protección ambiental.

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Realizamos observaciones sobre los Proyectos de adhesión provincial a la Ley Yolanda

La Comisión de Ambiente de la Legislatura Provincial se encuentra abocada al tratamiento de tres proyectos de ley para la adhesión provincial a la Ley Yolanda de capacitación ambiental obligatoria.

En el marco de dicho tratamiento, la Comisión de Ambiente ha efectuado un número de encuentros abiertos a ciertas organizaciones de la sociedad civil y personas dedicadas a la defensa del ambiente, a los fines de escuchar su opinión. Si bien la convocatoria a dichas personas no fue abierta a quienes pretendieran dar a conocer sus opiniones, lo cierto es que se generó un novedoso mecanismo de participación ciudadana limitado quizás por los tiempos que la agenda demanda. 

Dicho proceso constituye una buena práctica que ha de celebrarse. No obstante, hoy en día con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, tales espacios constituyen ya una obligación del Estado Provincial y no sólo el ejercicio de la buena voluntad política. La adecuada publicitación y convocatoria, como así también la organización y distribución  de los tiempos propiciando una amplia participación, debe de contemplarse en pos de una verdadera democracia ambiental. 

En el marco del proceso participativo, remitimos a la Comisión de Ambiente de la Legislatura Provincial, lo que consideramos resultan ajustes necesarios para una normativa superadora a la nacional. Así, se realizaron observaciones en torno al modo en que debe diseñarse una autoridad de aplicación acorde a los objetivos de la ley, al proceso de creación y valoración de los programas y contenidos de capacitación para las personas que ejercen la función pública, como así también la introducción de mecanismos de denuncia o reclamos que permitan a la ciudadanía el efectivo monitoreo y control sobre el cumplimiento de la capacitación ambiental. 

Creemos que una normativa provincial puede ser superadora, si incorpora mecanismos tendientes a garantizar mayor participación tanto en su etapa de gestación como en los procesos de monitoreo e implementación.

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org 

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Avances y estancamientos en los derechos de las personas LGBTIQA+: hacia una igualdad material

El 17 de mayo corresponde a la fecha en que la Organización Mundial de la Salud suprimió (hace 31 años, en 1990) a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es por eso que en este día se celebra el «Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género» y particularmente en la provincia de Córdoba el “Día Provincial por la Igualdad y la no discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”. Estos avances se acompañan con leyes que demuestran conquistas pero también obstáculos en su implementación. 

El 17 de mayo es un día fundamental para visibilizar y concientizar sobre la violencia múltiple que padecen las personas LGBTIQ+.

En virtud de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra constitución, erradicar la discriminación por razones de género es un deber que asumió el Estado y también un compromiso de todas las personas que queremos vivir en una sociedad más justa y equitativa.

Existen diversas herramientas para erradicar violencias, una de ellas es la formación y creación de leyes, las cuales implican el reconocimiento de derechos. Entre ellas podemos nombrar la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia; la 26.743 de identidad de género; la ley 26.150 de educación sexual integral; entre otras. A pesar de su reconocimiento, en el derecho existen dos conceptos fundamentales: por un lado la igualdad formal, y por otro la igualdad material. El primero se corresponde con lo que venimos hablando, el reconocimiento y promoción de igualdad  de derechos escrita en la ley, pero el segundo es su contracara. Es decir, nos permite identificar si aquello que está escrito se refleja en la cotidianeidad y se concretan dichos derechos generando una igualdad real, o si simplemente son enunciados narrados en un papel.  

Según datos actualizados de Amnistía Internacional, las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales, o son percibidas como tales, corren más peligro de ser hostigades y víctimas de violencia por su orientación sexual o identidad de género. La expectativa de vida de la población travesti-trans en Argentina es de 35 a 41 años. En este sentido es importante recordar el caso de Tehuel De La Torre, un chico trans que desapareció el 11 de marzo del corriente año, cuando salió de su casa a una entrevista de trabajo. Hasta el día de hoy Tehuel no aparece, hay pocas pistas sobre su paradero ya que las últimas personas que lo vieron con vida no brindan información, y es un caso que no tiene suficiente repercusión y difusión en los medios de comunicación hegemónicos. El caso Tehuel pone de manifiesto la realidad de la población trans del país: la situación de extrema vulnerabilidad y de exposición a múltiples violencias de género. 

Dentro de las discriminaciones que sufren las personas por su orientación sexual o identidad de genero existen la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, que son el odio irracional hacia las personas cuya orientación sexual es diferente a la heterosexualidad y/o su identidad de género no coincide con su sexo biológico. Un ejemplo de esto es el rechazo que se generó de un sector de la sociedad cordobesa hacia la bandera LGBTIQA+ que colgó la Municipalidad de la capital en el parque Sarmiento. En dicha oportunidad se sucedieron claras reacciones de violencia y movilizaciones de odio en su contra, alcanzando incluso que en varias oportunidades se quitara la bandera hasta actos de violencia física hacia personas LGBTIQA+.

Las normativas anteriormente nombradas sufren algunas dificultades en el momento de su implementación debido a la resistencia de grupos conservadores que obstaculizan el desarrollo de esta política  en la sociedad. Ya sea por medio de litigios judiciales, campañas de mediatización, lobbies legislativos, y particularmente resistencia en espacios de enseñanza como las escuelas. Estos sitios son  intituciones importantes de socializacion y aprendizaje, donde se deben abordar temáticas de promoción de la igualdad y la no discriminación de forma temprana.

Lo expresado hasta aquí, deja en evidencia que a pesar de tener reconocidos los derechos en diversas leyes (igualdad formal), aun así las personas siguen padeciendo múltiples violencias en razón de su orientación sexual y/o su orientación de género (igualdad material) cuando no se ajustan a la heterocisnorma. Por lo que queda en manifiesto la necesidad de un plan integral para erradicar violencias. No alcanza con la sanción de una ley sino que se requieren políticas públicas integrales que brinden verdaderas respuestas a la problemática y un cambio cultural profundo.

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Autoras

  • Josefina Gelid
  • Agostina Copetti

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El Concejo Deliberante de Córdoba prohibiría la exhibición de productos ultraprocesados en líneas de caja

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobaría este jueves un proyecto que prohíbe la exhibición de productos ultraprocesados en línea de cajas de supermercados, hipermercados y farmacias.

La iniciativa, presentada por Juan Pablo Quinteros -encuentro vecinal- y Nicolás Piloni -oficialismo- establece  la incorporación de una sanción a quien “exhibiere mercaderías que se encuentren clasificadas por la autoridad municipal competente como “productos ultra-procesados”, en supermercados, hipermercados y farmacias con horarios de funcionamiento amplio y formato de autoservicio, dentro de un radio de 3 (tres) metros de la caja registradora de pago o cualquier otra área de cobro localizada a los efectos.

Hace algunos años atrás la malnutrición por exceso era descrita como problema de los países desarrollados. En la actualidad este escenario ha cambiado radicalmente y la epidemia se ha extendido a una velocidad alarmante en los países de bajos y medianos ingresos. 

Las causas subyacentes a la malnutrición por exceso, enfermedades relacionadas con la ingesta excesiva de alimentos y el desequilibrio nutricional, son complejas y multidimensionales. La alimentación es producto de un conjunto de factores sociales, económicos y culturales que se ven influidos por la disponibilidad, el costo y la variedad de alimentos, junto con la costumbre, las creencias y la información a la que se accede sobre hábitos alimentarios, entre otros. En este marco, la publicidad juega un papel central, influyendo en las preferencias y hábitos alimentarios de la población. Existe evidencia clara sobre la influencia de la publicidad de alimentos no saludables en el tipo de alimentos que prefieren, piden y consumen los niños y niñas. En general, se trata de productos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar, grasas o sal. 

Cuando nos referimos a la publicidad quedan incluidas no sólo las formas tradicionales, medios de comunicación masivos y redes sociales; sino también, y muy especialmente en el caso de alimentos, la publicidad que figura en el embalaje, paquete o envase del producto, ya que es también concebido con la intención de despertar en el futuro adquirente las ganas de acceder al bien. Es allí donde la exhibición del producto cobra especial relevancia.

Las cifras alarmantes que rondan sobre la malnutrición por exceso resaltan la necesidad de que los Estados adopten medidas destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de alimentos. Es primordial el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan la creación de entornos saludables. El Estado argentino, de acuerdo a sus preceptos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, tiene a su cargo tres tipos de obligaciones, estas son: la de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. En esta temática puntual, la obligación de proteger es la más relevante en la medida en que exige una acción activa por parte del Estado para regular la conducta de terceros que con su actividad pueden afectar derechos fundamentales de la población.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales han publicado en los últimos años, numerosos documentos que, en base a evidencia científica libre de conflicto de interés, establecen un conjunto de medidas para regular los entornos y los productos, de modo de fomentar hábitos saludables y así detener el crecimiento de la malnutrición por exceso. Entre las medidas se encuentran: el etiquetado frontal de advertencias, medidas fiscales, el fomento del entorno escolar saludable y la restricción a la publicidad, incluyendo a la exhibición de productos como parte de ésta.

Es por ello que instamos a este Concejo Deliberante a dar un paso adelante en la restricción a la exhibición de productos ultraprocesados en las cercanías de las cajas de pago de supermercados, hipermercados y farmacias. Mediante una medida como ésta, el Estado estará protegiendo los derechos de consumidores y consumidoras, y muy especialmente, velando por la salud de niños y niñas.

Fuente de imagen: @nutricionistasderionegro

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Convocatoria a becas para el fortalecimiento de organizaciones autogestivas y comunitarias de Córdoba

Desde Fundeps y la Incubadora Feminista Latinoamericana, y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, abrimos convocatoria a organizaciones autogestivas y comunitarias de la provincia de Córdoba para participar de un proceso de construcción de capacidades para el fortalecimiento económico y organizacional. El mismo se realizará de forma virtual desde mayo a octubre del 2021.

Las organizaciones que lo deseen, podrán postularse para acceder a una de las 7 becas que cubren la inscripción, cuota, materiales y certificación al completar el proceso.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

Podrán aplicar aquellas personas que formen parte de una organización autogestiva y/o comunitaria, cercanas a la Economía Feminista, Economía Ecológica, Popular y Social y Solidaria. Deberán ser proyectos que ya estén en marcha o en instancia de consolidación, sin importar su rubro ni locación dentro de la provincia.

En la selección tendrán prioridad aquellas organizaciones lideradas y compuestas mayoritariamente por mujeres, personas travesti-trans y/o no binarias. Se valorará aquellas que en sus equipos de trabajo presenten paridad de género y trabajo en territorio.

¿En qué consiste el proceso?

Durante el año 2020 se llevó adelante un proyecto para visibilizar las experiencias autogestivas de Córdoba que tuviesen prácticas de Otras economías, que apunten a la sostenibilidad de la vida humana y no humana.

Para esta instancia proponemos un proceso de fortalecimiento para espacios autogestivos enfocado en su sostenibilidad económica. A partir de la mirada de la Economía Feminista y mediante instancias de construcción colectiva, aspiramos a consolidar herramientas para la sostenibilidad que partan de las necesidades, proyectos y posicionamientos de cada organización. Nuestra línea de trabajo promueve la planificación respetando los tiempos de la naturaleza, así como las necesidades de las personas y sus comunidades, poniendo la vida en el centro.

El proceso de fortalecimiento implica una carga horaria mínima de 30 horas, distribuidas en varias instancias de formatos diferentes, que inician a finales de mayo y concluyen a finales de octubre.

Para obtener información más detallada, te invitamos a descargar el programa completo acá.

Fecha límite y requisitos:

  • La convocatoria estará abierta desde el 6 hasta el 14 de mayo inclusive.

Las personas interesadas deberán:

  • Completar el este formulario.
  • Los resultados se comunicarán el 21 de mayo.

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Continuan las negociaciones entre Argentina y China para la construcción de Atucha III

Argentina y China avanzan en las negociaciones para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en nuestro país, con tecnología y financiamiento chino. Funcionarios de Estados Unidos expresaron su preocupación al Presidente de la Nación en reciente visita.

El Embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martinez, y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, mantuvieron, el pasado 6 de abril, una reunión con los directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear de China (CNNC), en la que concordaron dinamizar las negociaciones para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina. 

Los representantes de Argentina y China repasaron el estado de las negociaciones para la construcción de la central nuclear en nuestro país con tecnología china. Además, exploraron la posibilidad de expandir el vínculo bilateral en otras áreas de cooperación, tales como la exportación argentina de servicios y componentes para proyectos nucleares chinos y la extensión de vida de centrales nucleares en China.

El Secretario de Energía, Darío Martinez, afirmó que “el proyecto de la IV Central Nuclear cuenta con todo el apoyo del Presidente de la Nación y se encuentra dentro de la lista de proyectos prioritarios entre ambos países”. Asimismo, Sabino Vaca Narvaja explicó que “Argentina cuenta con una plataforma muy desarrollada en el sector  nuclear con desarrollos propios y una base científica única en la región. Lograr nuestra cuarta central nuclear, además de ampliar nuestra soberanía energética, nos va a colocar en la vanguardia de un sector con desarrollo histórico en nuestro país”. 

Por su parte, el Director Adjunto del Departamento de Energía Nuclear de NEA, Qin Zhijun, remarcó la importancia de la energía nuclear en la estrategia de desarrollo chino, en particular, considerando la necesidad de tener una matriz energética diversificada, así como la importancia de la energía nuclear frente a la lucha contra el cambio climático. 

Preocupación en Washington

El pasado 14 de abril, arribaron a la Argentina dos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzalez, y la Subsecretaria interina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, compartieron un almuerzo junto con el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez en la Quinta de Olivos. Asimismo, por la noche, compartieron una cena con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

Los funcionarios del gobierno de Joe Biden le pidieron al gobierno argentino “prudencia” en la relación con China. De igual modo, expresaron su preocupación por el proyecto para la construcción de la central nuclear Atucha III, con financiamiento y tecnología proveniente de China. 

La preocupación por parte de Estados Unidos en la construcción de la central nuclear con tecnología y financiamiento de China refleja que la Argentina no está exenta de la dinámica política actual caracterizada por la competencia entre ambos gigantes.

Atucha III, la cuarta central nuclear del país

La construcción de este proyecto está prevista a ser emplazada en el Complejo Nuclear Atucha, ubicado en Lima, partido de Zárate, a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo complejo se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II.

Según Nucleoeléctrica Argentina S.A, en las negociaciones se contempla que el reactor a construir en la nueva central sea un Reactor de Agua Presurizada (PWR por sus siglas en inglés) Hualong HPR1000 de origen chino. ¿Cómo funcionan estos reactores? Básicamente utilizan uranio enriquecido como fuente de calor (energía térmica), que es transportada por el agua a alta presión hacia un generador de vapor, que a su vez convierte esa agua en vapor que acciona una turbina generadora de electricidad. Este es el tipo de reactor más utilizado en el mundo para generación eléctrica.

Con respecto a los riesgos, NASA asegura que “los niveles de seguridad del reactor Hualong son significativamente elevados y los riesgos de retraso durante la construcción se reducen”.

Esta nueva central sería capaz de generar 1200 MWe de energía bruta. Para poner esto en perspectiva, los reactores de Atucha I, Atucha II y Embalse generan 362 MWe, 745 MWe y 656 MWe respectivamente.

Dadas las características del proyecto en cuestión, el tipo de energía a utilizar, la controversia respecto la tecnología a usar y su impacto en el posicionamiento externo de la República Argentina en un contexto de disputa entre Estados Unidos y China, desde Fundeps planteamos la necesidad de que el Estado nacional encare el proceso de negociación de forma transparente y brinde un marco amplio de debate hacia dentro de la sociedad argentina respecto al proyecto y al uso de la energía atómica. 

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Autores
  • Mariano Camoletto
  • Andres Paratz
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El día del animal en Argentina

El 29 de abril se celebró en Argentina el día del animal, en homenaje a Ignacio Lucas Albarracin, un abogado cordobés que desde la Sociedad Protectora de Animales, veló por sus  derechos y propulsó la primera Ley de Protección Animal en el país.

El actual contexto de crisis ambiental y climática, exige la protección animal en tanto componente fundamental de los diferentes ecosistemas desde una mirada integral. La degradación de los bosques nativos, ríos, humedales y otros biomas, necesariamente afecta a las diferentes especies que los habitan y que cumplen importantes funciones ecosistémicas. 

Además del impacto animal que ocasiona la degradación ambiental, existen hoy en día sistemas de producción, de consumo y de desarrollo científico, que asientan sus prácticas en la utilización de ciertas especies no humanas. Estos aplican métodos tortuosos que ocasionan un gran padecimiento en la corporalidad animal. Existen además ciertas prácticas o tradiciones que por su propia naturaleza se construyen sobre el sufrimiento animal. 

La visión antropocéntrica -el ser humano como centro de todas las cosas– pareciera ser el fundamento de tales prácticas, ya que ha ubicado al ser humano en la cúspide de la pirámide de especies y a los animales no humanos subordinados a su propia satisfacción.Su principal amenaza es el modelo de apropiación de la naturaleza que la especie humana ha concebido.

Al respecto, existen alternativas de producción y consumo que promueven la adopción de hábitos sustentables y no crueles para los animales. Un ejemplo de esto es la agroecología, cuyas prácticas parten de una interrelación tendiente a evitar el sufrimiento innecesario de las especies, bajo la aplicación de ciertas prácticas que liberan al animal de dolor, hambre, miedo, incomodidad y permiten expresar su comportamiento normal. 

Finalmente, algunos Estados reconocen a los animales y ecosistemas el estatus de sujetos de derechos no humanos garantizandoles cierto grado de protección jurídica. Casos judiciales como el de la Chimpancé Cecilia en Mendoza o la orangutana Sandra en Buenos Aires, han abierto en nuestro país esta línea de reconocimiento de derechos a entes no humanos. 

Sin dudas, el día del animal permite concientizar sobre la importancia del respeto y el cuidado que se merecen, de proteger a las especies en peligro de extinción o promover el aprendizaje sobre su rol como parte del ambiente. Además se trata de una oportunidad para generar interrogantes en torno al modo en que la sociedad se relaciona con otras especies, poniendo en tensión estructuras y concepciones dadas, en pos de garantizar la integridad de aquellos que en el conjunto conforman la naturaleza. 

Autoras

  • Débora Sabrina Cuello
  • Quimey Comba
  • Lucrecia Busso

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org